---
clave: "consejo_estado:providencia:41001233100020050156801-52501-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-10-17"
radicado: "41001233100020050156801"
numero: "52501"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:41001233100020050156801-52501-sentencia"
---

# Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-10-17
- **Radicado:** 41001233100020050156801
- **Número interno:** 52501
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** ESGAMO LTDA INGENIEROS CONSTRUTORES
- **Demandado:** MUNICIPIO DE NEIVA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:41001233100020050156801-52501-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/41001233100020050156801/464BC07015ACA68B95E4E40CB7C4B7C5E2A8C95318B4C4AEE9D50547139B1F65/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=410012331000200501568011100103

## Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón a la cuantía?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que dieron lugar a la reclamación?
- ¿El incumplimiento contractual de la entidad demandada da lugar al rompimiento del equilibrio económico del contrato?
- ¿La ausencia de reclamaciones en las adiciones, prórrogas o suspensiones del contrato, es impedimento para analizar los argumentos del demandante y para denegar las pretensiones?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto Ley 01 de 1984, arts. 129 núm. 1 y 132 núm. 8

## Extracto

El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 132 y numeral 1 del artículo 129 del C.C.A., toda vez que el monto de la mayor de las pretensiones indemnizatorias ascendió a $330.089.063.44 por concepto del valor del suministro de material de Terraplén para los Ítems de obra No. 3, 18 y 19, suma que excede la cuantía establecida para que un proceso de controversias contractuales fuera de doble instancia a la fecha de la presentación de la demanda .

## Descriptores temáticos

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PROCESO DE DOBLE INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ORDEN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL, AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL, BUENA FE CONTRACTUAL, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA, ALCANCE DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, DEBERES DEL JUEZ, DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, EXAMEN DE FONDO, PRÓRROGA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE, SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA, SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, PRECIO UNITARIO, INEXISTENCIA DEL HECHO IMPREVISIBLE, INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, MAYOR VALOR DE LOS COSTOS, SERVICIO DE TRANSPORTE, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE, PAGO DE ESTAMPILLA, ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, OBTENCIÓN DE UTILIDAD PARA EL CONTRATISTA, UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA, ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA, ARBITRIO JUDICIAL, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

## Guías prácticas relacionadas

- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
- [Equilibrio económico del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/equilibrio-economico.md): Cuándo procede restablecer la ecuación financiera y qué debe probar quien reclama.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.
- [Adición y prórroga del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/adicion-prorroga.md): Hasta dónde puede modificarse un contrato en valor y plazo, y por qué vía.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020130011901-55055-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020030084001-37630-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:41001233300020150067201-66669-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020180038201-66529-sentencia.md)

## Texto del documento

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón a la cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 132 y numeral 1 del artículo 129 del C.C.A., toda vez que el monto de la mayor de las pretensiones indemnizatorias ascendió a $330.089.063.44 por concepto del valor del suministro de material de Terraplén para los Ítems de obra No. 3, 18 y 19, suma que excede la cuantía establecida para que un proceso de controversias contractuales fuera de doble instancia a la fecha de la presentación de la demanda .
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129 NUMERAL 1, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 8
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ORDEN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que dieron lugar a la reclamación?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda que dio origen al presente proceso fue presentada el 8 de agosto de 2005, fecha para la cual la norma que consagró el término de caducidad de las acciones era el artículo 136 del C.C.A., subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que establece diferentes puntos de partida para efectos de la contabilización del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. La regla general, consagrada en el numeral 10, es que, en las acciones relativas a contratos, el término de caducidad será de 2 años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. No obstante, dependiendo de si el contrato es susceptible o no de liquidación, la norma contempla otros hitos para la contabilización del término. (...) considera la Sala que, toda vez que el contrato, aún siendo susceptible de liquidación, no lo fue ni podía serlo, por cuanto se hallaba suspendido mas no terminado, para efectos de la contabilización del término de caducidad de la acción debe regir la regla general, es decir la que establece los dos años a partir de los motivos de hecho o de derecho que dieron lugar a la reclamación (...) es claro que la administración municipal no tenía intenciones de reanudar la ejecución ni de prorrogar el contrato y, por el contrario, estaba dispuesta a liquidarlo en el estado en el que se encontraba -faltando menos de un mes para la finalización del plazo pactado-, situación que comunicó al contratista desde el 17 de diciembre de 2003, razón por la cual la Sala estima que, para efectos de la contabilización del término de caducidad, dado que el contrato se hallaba suspendido indefinidamente -situación que no se puede predicar del término legal para acceder a la administración de justicia- y no fue liquidado, esta es la fecha que se debe tener en cuenta, con fundamento en la regla general contenida en el primer inciso del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A. En tales condiciones, el término de dos años para presentar la demanda corrió a partir del 18 de diciembre de 2003 y vencía el 18 de diciembre de 2005; como la demanda fue presentada el 8 de agosto de 2005, es evidente que lo fue en tiempo.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando hay suspensión del contrato, consultar auto de 10 de mayo de 2019, Exp. 59532, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿El incumplimiento contractual de la entidad demandada da lugar al rompimiento del equilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
Como en múltiples ocasiones lo ha explicado la jurisprudencia, se trata de dos figuras jurídicas diferentes, que dan lugar a dos clases de consecuencias económicas también distintas. El incumplimiento contractual está constituido por un comportamiento antijurídico de uno de los contratantes, fundado en el desconocimiento del débito prestacional a su cargo, del que se puede derivar o no un perjuicio para el co-contratante, dando lugar, en caso afirmativo, al surgimiento de una responsabilidad contractual, con la consecuente indemnización integral de todos los perjuicios que se logren acreditar dentro del proceso; el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, por su parte, surge de la obligación legal de mantener incólume la ecuación o relación de equivalencia de las prestaciones que surgió al momento de contratar, que se puede ver afectada i) por circunstancias ajenas a las partes -teoría de la imprevisión- o ii) provenientes de la expedición de actos administrativos por la misma entidad contratante, pero no a título de culpa sino por el ejercicio de sus funciones administrativas, bien sea como parte del contrato -ius variandi- o medidas de carácter general expedidas en cumplimiento de sus propias funciones -hecho del príncipe-. Lo que da lugar, si se prueban los elementos requeridos para su procedencia, a que se restablezca dicha ecuación contractual que se vio afectada en contra de una de las partes, bien sea llevándola a un punto de no pérdida, en el primer caso, o mediante el reconocimiento de los mayores costos y la utilidad dejada de percibir por el contratista, en el segundo. Así, la responsabilidad contractual surge de una conducta culposa de uno de los contratantes, que de manera injustificada incurre en el incumplimiento de sus obligaciones, proveniente de no haber ejecutado las prestaciones a su cargo o de haberlo hecho en forma tardía o defectuosa, es decir con desconocimiento de los términos y condiciones pactados para su ejecución, todo lo cual dará lugar, en caso de haber ocasionado con su comportamiento un daño antijurídico, al surgimiento de su obligación de indemnizar, integralmente, todos los perjuicios que le hubiere causado a la parte cumplida o que se allanó a cumplir en la forma debida. En cambio, mediante la figura del equilibrio económico del contrato, se propende por conservar, durante toda la ejecución contractual, las condiciones técnicas, económicas y financieras que existían al momento de contratar y que se pueden ver alteradas por circunstancias ajenas a las partes o que, proviniendo de la entidad contratante, no corresponden a una conducta culposa de su parte. Por lo expuesto, no resulta acertado afirmar que el incumplimiento contractual de la entidad demandada da lugar al rompimiento del equilibrio económico del contrato, pues lo que de allí surge es su responsabilidad contractual, con todas las consecuencias propias que de ella se derivan, lo que hace necesario establecer, para cada una de las eventualidades alegadas por el demandante, el origen de sureclamación; es decir, si la misma proviene del desconocimiento de las obligaciones a cargo de la entidad contratante, o de una situación imprevista y ajena a las partes, o del ejercicio del ius variandi o una medida de carácter general proveniente de la contratante, que afectó de manera desproporcionada al contratista.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a las diferencias que existen entre el equilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual, consultar sentencia de 14 de marzo de 2013, Exp. 20524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y sentencia de 27 de enero de 2016, Exp. 38449, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / ALCANCE DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / DEBERES DEL JUEZ / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EXAMEN DE FONDO
Problema jurídico:
¿La ausencia de reclamaciones en las adiciones, prórrogas o suspensiones del contrato, es impedimento para analizar los argumentos del demandante y para denegar las pretensiones?
Respuesta al problema jurídico: No
Al respecto, lo primero que cabe advertir es que lo decidido por el a-quo en cuanto denegó las pretensiones atinentes a los perjuicios derivados de la mayor permanencia en la obra, fundado en que ello implicaría el desconocimiento del principio de la buena fe contractual, por cuanto el contratista no dejó salvedad alguna en los acuerdos de voluntades suscritos, no puede ser óbice para que, en esta instancia, se estudien las reclamaciones de la parte demandante sobre los alegados sobrecostos, toda vez que esta Corporación, en sentencia de unificación jurisprudencial , evidenció que ese no es un requisito exigido por la ley y, por lo tanto, no puede esgrimirse la ausencia de reclamaciones en las adiciones, prórrogas, suspensiones, etc., como impedimento para analizar los argumentos del demandante y para denegar las pretensiones, tal y como ya lo venía advirtiendo esta Subsección, sobre la base de que con ello se estaría desconociendo el principio contractual de la buena fe. Es así como el silencio del contratista, a la hora de suscribir los acuerdos de voluntades, no releva al juez de su deber de desentrañar las circunstancias que giraron en torno a los mismos, para establecer si con ellos se superaron o no las causas de reclamación planteadas por el contratista en su demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a los efectos que produce la ausencia de salvedades, cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes, consultar sentencia de unificación de 27 de julio de 2023, Exp. 39121, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE
Problema jurídico:
¿Se configuró una mayor permanencia en la ejecución de las obras debido a las prórrogas y suspensiones de que fue objeto el contrato, las cuales se presentaron por causas ajenas al contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
El análisis de estos acuerdos de voluntades y sus antecedentes deja ver que, la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato surgió (ver pie de página 11), exclusivamente, de circunstancias atribuibles a la entidad contratante, por cuanto se evidenció su falta de previsión, al no tener ni siquiera claridad, con anterioridad a la celebración del contrato, de la totalidad de las obras necesarias; igualmente, al no haber entregado en debida forma al contratista, todos los diseños y planos necesarios, y tampoco poner a su disposición todos los predios requeridos para adelantar la obra, además de la causa que quedó expresamente enunciada en el otrosí, relativa a la necesidad de establecer los precios unitarios para unos ítems que no habían sido incluidos con antelación. Todo ello, sin duda, denota una falta de planeación por parte de la contratante, que se reflejó y tuvo efectos en la etapa de ejecución del contrato, la cual se vio alterada en cuanto al plazo, que debió ser ampliado, al doble del inicialmente estimado y estipulado, para tener tiempo de suplir las falencias de la entidad, tal y como se constató al estudiar las suspensiones del plazo contractual (...) no cabe duda de que las suspensiones que afectaron la ejecución del Contrato 030 de 2002 tuvieron su origen en causas imputables a la entidad demandada, pues son reflejo de la deficiencia con la que se adelantó el proceso precontractual en la preparación de la futura contratación,

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ulta evidente que la parte actora incumplió con la carga de la prueba que le correspondía, a la luz de lo establecido en el artículo 177 del C.P.C., conforme al cual, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. (...) En tales condiciones, al quedar huérfana de prueba la supuesta ocurrencia de sobrecostos por concepto del transporte de material para el terraplén del separador en los términos afirmados en la demanda, resulta inane cualquier otro análisis o consideración en torno a la procedencia de su reclamación y, en consecuencia, la Sala confirmará el fallo de primera instancia que la denegó.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / PAGO DE ESTAMPILLA / ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Se afectó el equilibrio económico del negocio jurídico con ocasión del pago de la estampilla Pro-Electrificación, en virtud de la teoría del hecho del príncipe?
Respuesta al problema jurídico: No
En el presente caso la sociedad ESGAMO LTDA. contaba con una partida de $266’118.750,oo (9,5% del costo directo del contrato) para efectos de afrontar los imprevistos que se pudieran presentar durante la ejecución del contrato, suma que también resulta muy superior al monto que reclamó por concepto de desequilibrio económico del contrato (suma actualizada de $22.809.043.24), proveniente del mayor valor que debió cancelar por concepto de la estampilla Pro-Electrificación Rural. No obstante, en el plenario no se alegó ni tampoco se hallaron pruebas de que este monto resultó insuficiente para absorber el supuesto sobrecosto alegado por la parte demandante (...) considera la Sala que, en el presente caso, no se acreditó el rompimiento del equilibrio económico del contrato por cuenta del pago de la mencionada carga tributaria por parte del contratista, pues no está probado el quebrantamiento grave de la ecuación contractual establecida desde la celebración del contrato ni la asunción, por parte de ESGAMO LTDA., de una carga excesiva que la firma contratista no estaba obligada a soportar y que constituyó una alteración extraordinaria del álea del contrato. En consecuencia, la sentencia de primera instancia, que denegó esta pretensión, merece ser confirmada.
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBTENCIÓN DE UTILIDAD PARA EL CONTRATISTA / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / ARBITRIO JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento de la utilidad dejada de percibir por el contratista la última suspensión, que fue indefinida e impidió la ejecución total del objeto contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s claro que, si el contrato no se pudo ejecutar en su totalidad, fue por circunstancias imputables exclusivamente a la entidad demandada y no al contratista, que siempre estuvo presto a culminar las obras en el tiempo y la forma pactados. Esa imposibilidad de ejecutar la totalidad de las obras contratadas, derivada de la suspensión indefinida del plazo de ejecución por causas ajenas al contratista -y que, en últimas, se tornó en definitiva, puesto que se prolongó hasta la misma presentación de la demanda-, sin duda se tradujo, así mismo, en la imposibilidad de obtener las utilidades previstas a partir de la ejecución de la parte faltante, por lo que, en principio, surge un perjuicio para el contratista que la entidad está en el deber de indemnizar, mediante el reconocimiento de esa ganancia que aquel previó obtener pero que, en razón de la actuación de la administración, ya no lograría. (...) al ser evidente que, en el presente caso, el contratista no pudo ejecutar la totalidad de las obras objeto del contrato -suspendido indefinidamente por causas imputables a la entidad demandada- y que, por esta razón, se le privó de obtener las justas utilidades que se habrían derivado de tal ejecución, las consideraciones del Municipio de Neiva en su recurso de apelación en torno a la inexistencia de su obligación de indemnizar los perjuicios en la forma dispuesta en la sentencia impugnada, no están llamadas a ser atendidas. (...) Por lo tanto, considera la Sala que está llamada a prosperar esta pretensión, mediante el reconocimiento de la utilidad dejada de percibir. No obstante, se observa que en el plenario no obra prueba de cuál fue esa utilidad esperada por el contratista ni consta otra información al respecto, salvo la manifestación que hizo el demandante, en el sentido de que la misma correspondía al 6% de los costos directos. Y, dado que el dicho de la parte actora no constituye prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 deberá la Sala acudir, como ya lo ha hecho en múltiples ocasiones, al arbitrio judicial, con base en el cual se determina que, en contratos similares, la utilidad esperada asciende al 5% del valor del contrato. Por lo tanto, en este caso, el monto a reconocer será el 5% de $380’195.073,75, lo que corresponde a la suma de $19.009.753,68, debidamente actualizado a la fecha de esta sentencia, a partir de la fecha en que debió terminar el contrato de obra -por cuanto es en ese momento cuando habría surgido el derecho del contratista a obtener el pago de las obras ejecutadas-, o sea desde el 12 de noviembre de 2003, aplicando para ello la fórmula usualmente utilizada por la jurisprudencia para tales efectos: VA = VH x índice final/índice inicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la tasación de la utilidad proyecta para el contratista, consultar sentencia de 12 de noviembre de 2014, Exp. 29855, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 12 de mayo de 2016, Exp. 49025, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia de 11 de mayo de 2022, Exp. 65016, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 18
IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Se acreditó temeridad o mala fe en el actuar de las partes que conlleve a la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 - aplicable en el sub lite-, la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para resolver sobre la procedencia de la condena en costas. Toda vez que en el presente caso no se evidencia que alguna de ellas haya actuado temerariamente o que de cualquier otra forma haya atentado contra la lealtad procesal, no habrá lugar a su imposición.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-10-17. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 41001233100020050156801. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:41001233100020050156801-52501-sentencia).
