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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020220029201-71894-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se ha concluido que dichas manifestaciones no pueden analizarse como actos administrativos"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-10-24"
radicado: "25000233600020220029201"
numero: "71894"
ponente: "FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ"
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# Consejo de Estado: se ha concluido que dichas manifestaciones no pueden analizarse como actos administrativos

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-10-24
- **Radicado:** 25000233600020220029201
- **Número interno:** 71894
- **Ponente:** FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** KEVIN ANDRES GUTIERREZ GOMEZ, CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO, EDICSON RODRIGUEZ ACOSTA
- **Demandado:** FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINARMARCA - FONDECUN
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020220029201-71894-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020220029201/D712B6660ABFD934BF1687A31F6E88DDEA923297F064A52A37070321983E9A92/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202200292011100103

## Problema jurídico

¿Puede afirmarse que, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 —modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011— y a la jurisprudencia reiterada de la Sala, el contrato No. 1298 de 2017 celebrado por el Fondecun, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades en competencia con el sector privado, se encuentra sometido al régimen de derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de manera que las decisiones adoptadas por la entidad en ejercicio de las facultades pactadas contractualmente (como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria) constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿El Tribunal desconoció que la cesión de la posición contractual pactada entre la Unión Temporal Centros Día y Construir XXI S.A.S. produjo efectos de cara al contrato No. 1298 de 2017?
- ¿Conforme a lo pactado en la cláusula decimosegunda del contrato No. 1298 de 2017 y al procedimiento seguido por el Fondecun, la entidad contratante estaba facultada para declarar el incumplimiento…
- ¿Se debió reconocer en favor de los demandantes el pago de la suma pretendida por la ejecución de la fase 1 del citado contrato, que habría realizado la Unión Temporal Construir Día?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1150 de 2007, art. 14
- Ley 1437 de 2011, art. 137
- Ley 1474 de 2011, art. 93

## Extracto

La Sala debe señalar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 -modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011-, las empresas industriales y comerciales del Estado se encuentran sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirían por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Con ello, se reitera que el Fondecun fue constituido como Empresa Industrial y Comercial del Estado y entre sus objetivos misionales se encuentra el de efectuar captaciones de recursos, prestar asesoría y capacitación administrativa de sus clientes de naturaleza pública y también adelantar operaciones de financiación para el desarrollo de proyectos públicos.

## Síntesis temática

Las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no quedan sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino a las disposiciones aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Por ello, las decisiones que la entidad adopta en ejercicio de las facultades pactadas en el contrato, como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria, constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos. La regla se apoya en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, y en que el objeto misional de la entidad, al efectuar captaciones, prestar asesoría y adelantar operaciones de financiación, la coloca en competencia con el sector privado. La providencia reitera la jurisprudencia de la subsección, según la cual esta clase de entidades no se rige por el estatuto general. Como consecuencia práctica, las controversias sobre esas decisiones deben tramitarse como asuntos contractuales de derecho privado y no como impugnaciones de actos administrativos.

## Descriptores temáticos

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, FACULTADES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CONCESIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO, UNIÓN TEMPORAL, NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIÓN TEMPORAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL, CONTRATO INTUITO PERSONAE, CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO INTUITO PERSONAE, SENTENCIA, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AMPARO AL DEBIDO PROCESO, LÍMITES DEL DEBIDO PROCESO, OBJETO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CONCEPTO DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL, RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL, ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA, CONDENA EN COSTAS, CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, OBJECIÓN A LA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / FACULTADES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Puede afirmarse que, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 —modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011— y a la jurisprudencia reiterada de la Sala, el contrato No. 1298 de 2017 celebrado por el Fondecun, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades en competencia con el sector privado, se encuentra sometido al régimen de derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de manera que las decisiones adoptadas por la entidad en ejercicio de las facultades pactadas contractualmente (como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria) constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala debe señalar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 -modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011-, las empresas industriales y comerciales del Estado se encuentran sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirían por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Con ello, se reitera que el Fondecun fue constituido como Empresa Industrial y Comercial del Estado y entre sus objetivos misionales se encuentra el de efectuar captaciones de recursos, prestar asesoría y capacitación administrativa de sus clientes de naturaleza pública y también adelantar operaciones de financiación para el desarrollo de proyectos públicos. Bajo ese supuesto, la Subsección en anteriores ocasiones ha precisado que el Fondecun no está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, dado que, se reitera, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado, como aquél, se rigen por las disposiciones legales aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Así, una vez examinada la naturaleza jurídica del Fondecun se encuentra que, en su actividad misional, está sometida a las normas del derecho privado . Adicionalmente, se constata que el referido acuerdo se soportó en una de las funciones que desarrolla el Fondo y que consiste en celebrar contratos y/o convenios con entidades del orden distrital para gerenciar y administrar recursos destinados a la ejecución de proyectos. Así las cosas, se concluye que el contrato No. 1298 de 2017 se sometió a las normas propias del derecho privado y a las disposiciones especiales que hubieren acordado las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad, siempre y cuando, con ellas no se contraríen normas de orden público, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función administrativa, la gestión fiscal y del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Ahora, una vez precisado el régimen jurídico del negocio, es posible indagar por la caracterización de las manifestaciones de voluntad cuestionadas en este proceso (decisiones del 27 de julio de 2020 y 26 de agosto del mismo año). Para tal efecto, se destaca que, tratándose de contratos estatales sometidos a las normas de derecho privado, esta Corporación ha precisado que los actos contractuales emitidos por la respectiva entidad pública en el desarrollo negocial no pueden reputarse como el ejercicio de potestades administrativas, comoquiera que los contratantes se encuentran en un plano de igualdad que impide la aplicación de tratos diferenciados o prerrogativas a favor del organismo estatal. En ese sentido, se ha concluido que dichas manifestaciones no pueden analizarse como actos administrativos, y ellos no pueden adolecer de los vicios de nulidad que se predican de las declaraciones de la Administración, según lo previsto en el inciso segundo del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, también se ha precisado que es posible que los contratantes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, convengan el ejercicio facultades unilaterales, tales como la imposición de multas, declaratoria de incumplimiento o la liquidación del negocio con el fin de declararse a paz y salvo, siempre y cuando la autorregulación de sus intereses se encuentre dentro de los límites que impone la ley, el orden público y las buenas costumbres. Para el caso del contrato No. 1298 de 2017, la facultad para declarar el incumplimiento se pactó en la cláusula decimosegunda del negocio, en la que las partes acordaron de manera expresa, y sin lugar a equívocos, le otorgaron competencia a la entidad contratante para declarar el incumplimiento de la Unión Temporal Centros Día y hacer efectivo el cobro de la cláusula penal pecuniaria, bajo el respeto del debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa en un término de 3 días posteriores a la comunicación de los motivos en que se sustentara el quebrantamiento de las obligaciones contractuales. En el caso sub examine, el Fondecun, en ejercicio de la potestad contractual, profirió las Resoluciones [sin número] del 27 de julio de 2020 y 26 de agosto del mismo año, a través de las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de amparo de cumplimiento y buen manejo y correcta inversión del anticipo e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria. Sobre estas decisiones, la Sala precisa que, de acuerdo con la equivalencia e igualdad en que actuaron las partes según el régimen jurídico aplicable al negocio, se trata de actos jurídicos contractuales expedidos en el marco del acuerdo de voluntades y que no revisten las características de los actos administrativos que expide la Administración. En el caso, los instrumentos por medio de los cuales se declaró el incumplimiento del contrato no correspondieron a actos administrativos, por lo que los cargos de la apelación serán abordados desde la óptica de responsabilidad contractual alegada por la Unión Temporal Centros Día.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14 , LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 93
CONCESIÓN / CESIÓN DEL CONTRATO / UNIÓN TEMPORAL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIÓN TEMPORAL / REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL / CONTRATO INTUITO PERSONAE / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO INTUITO PERSONAE / SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿El Tribunal desconoció que la cesión de la posición contractual pactada entre la Unión Temporal Centros Día y Construir XXI S.A.S. produjo efectos de cara al contrato No. 1298 de 2017?
Respuesta al problema jurídico: No
En este asunto, el Tribunal a quo consideró que la cesión de la posición contractual pactada entre la Unión Temporal Centros Día y Construir XX S.A.S. no produjo ningún efecto porque no se cumplió uno de los requisitos para su ejecución. A su vez, el recurrente reprochó dicha decisión con sustento en que se desconoció que la eficacia de la cesión se dio a partir de la aprobación de Fondecun -único requisito previsto por las partes-. Asimismo, estimó que, según el testimonio de la gerente del proyecto, se reconoció que el cesionario ejecutó el 3.31% de las obligaciones del contrato No. 1298 de 2017 lo que demostró la cesión material de la posición contractual. (...) Bajo ese contexto fáctico, es pertinente mencionar que la cesión de contratos se encuentra regulada en los artículos 887 a 896 del Código de Comercio, en los que se define como un mecanismo previsto en los contratos mercantiles para que cualquiera de las partes del negocio pueda hacerse sustituir por un tercero en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del negocio. Asimismo, el legislador estableció que no se requiere aceptación del contratante cedido, a menos que el negocio sea intuito personae. En cuanto a los requisitos de perfeccionamiento del contrato de cesión se estableció que podrá hacerse de manera verbal o escrita, siguiendo la misma forma bajo la que se suscribió el negocio jurídico cedido. Asimismo, esta puede ser sometida a reserva, siempre que se exija de ese modo como condición para la aprobación . Adicionalmente, por disposición normativa, este tipo de negocios produce efectos entre cedente y cesionario desde su celebración, pero respecto del contratante cedido y de terceros, sólo desde su notificación o aceptación40. En este sentido, es necesario establecer las condiciones y reservas aplicables a la aceptación del acuerdo suscrito entre la Unión Temporal Centros Dia y Construir XXI S.A.S., a fin de evaluar su eficacia. (...) De ese modo, es viable concluir que el a quo acertó al considerar que el referido negocio de cesión no produjo efectos por falta de cumplimiento de sus requisitos de ejecución, conforme a las exigencias puestas de presente por Fondecun y lo convenido en el mismo texto contractual, además se concluye que con independencia del contrayente que asumió la obligación de modificar la garantía, lo cierto es que en el análisis general ante la omisión de dicho requisito, la Unión Temporal Construir Día no perdió su condición de contratista del negocio No. 1298 de 2017. En ese sentido, los problemas jurídicos (i) y (ii) deben ser resueltos de manera negativa, comoquiera que el Tribunal sí analizó el negocio de cesión; sin embargo, al encontrar que los condicionamientos previstos no fueron cumplidos estimó correctamente que las partes del negocio jurídico y que el testimonio en que se fundó la supuesta ejecución de actividades por parte de Construir XXI S.A.S. no fue idóneo para tal fin.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 887 A 896
DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AMPARO AL DEBIDO PROCESO / LÍMITES DEL DEBIDO PROCESO / OBJETO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿Conforme a lo pactado en la cláusula decimosegunda del contrato No. 1298 de 2017 y al procedimiento seguido por el Fondecun, la entidad contratante estaba facultada para declarar el incumplimiento, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y declarar el siniestro de amparo de cumplimiento, garantizando además el debido proceso y el derecho de defensa de la Unión Temporal Centros Día y su aseguradora?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala parte por recordar que el Tribunal estimó que la entidad contratante estaba facultada para declarar el incumplimiento y exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria de parte del contratista según lo pactado en la cláusula decimosegunda del contrato No. 1298 de 2017. Además, consideró que el Fondo siguió el procedimiento establecido en las condiciones generales de la póliza de seguro que amparó el cumplimiento del acuerdo, por lo que no se vulneró el debido proceso de la Unión Temporal Centros Día. A su vez, el recurrente reprochó dichas conclusiones con fundamento en que la entidad contratante ejerció la potestad de declarar el incumplimiento del negocio con sustento en lo establecido en la póliza de seguro No. A002874 que, en su entendimiento, no estaba previsto para Fondecun, sino para la Equidad seguros S.A. (...) De lo anterior, la Sala concluye que la entidad contratante respetó el debido proceso de su contratista, la Unión Temporal Centros Día, al adelantar el procedimiento contractual previsto en la cláusula duodécima del contrato 1298 de 2017. En efecto, el trámite llevado a cabo cumplió con las garantías y etapas precisas, ya que se avisaron los cargos en incumplimiento en la citación, se otorgaron más de los 3 días previstos para ejercer la defensa, se realizó la audiencia para sustentar los descargos y se resolvieron los puntos de defensa planteados por el contratista y la aseguradora. Además, se les permitió impugnar la decisión inicial y se decidieron los recursos interpuestos por los dos intervinientes en la actuación adelantada por el Fondecun. En definitiva, se encuentra que el Tribunal de primera instancia acertó al considerar que, según lo previsto en el contrato 1298 de 2017, el Fondecun tenía competencia para resolver sobre el incumplimiento, declarar el siniestro de amparo de cumplimiento y buen manejo y correcta inversión del anticipo y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. Además, se constató, tal como lo estimó el a quo, que el procedimiento llevado a cabo garantizó el debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa del contratista y su aseguradora. En esos términos el tercer y cuarto problema jurídico también deben resolverse de manera negativa.
UNIÓN TEMPORAL / CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIÓN TEMPORAL / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Se debió reconocer en favor de los demandantes el pago de la suma pretendida por la ejecución de la fase 1 del citado contrato, que habría realizado la Unión Temporal Construir Día?
Respuesta al problema jurídico: No
En este punto el recurrente cuestionó la decisión de primera instancia porque, según su interpretación, no se tuvo en cuenta que la entrega de los estudios y diseños de la obra le otorgaban el derecho de recibir la contraprestación pactada por la ejecución de la fase 1 del negocio y que correspondía a $127’497.262. (...) En conclusión, el acta de recibo aducida por el recurrente no implicó una manifestación jurídica y definitiva del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista sino que, según lo establecido en el texto contractual, únicamente daba cuenta de la finalización de la fase 1 del negocio y permitía al contratista continuar con la etapa de construcción, Sin embargo, ello no conllevó a un derecho automático de obtener la remuneración pactada, debido a que no se demostró el cumplimiento de sus obligaciones, lo que impidió llevar a cabo la realización del Centro Día objeto del contrato No. 1298 de 2017. En definitiva, el Tribunal a quo acertó al concluir que la Unión Temporal Centros Día no tenía derecho al pago de la suma reclamada por la ejecución de la fase 1 del negocio. Esto debido a que, si bien se suscribió el acta de entrega y recibo final de dicha etapa, dicho documento, por sí solo, no demostró el cumplimiento de la obligación contractual, de conformidad con las exigencias previstas por la entidad contratante y la interventoría del negocio. Por estos motivos se desestimará lo alegado por el recurrente sobre el derecho de recibir la remuneración por la ejecución de la fase 1 del acuerdo de voluntades.
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / OBJECIÓN A LA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿El Tribunal tenía el deber de examinar la conducta desplegada por la parte demandante con el fin condenarla en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
El recurrente fundó su cuestionamiento en que no se tuvo en cuenta que la demanda contó con fundamento legal y que la conducta de la parte actora estuvo desprovista de mala fe o temeridad. La Sala destaca que, de conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA, y según lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le imponen, por lo que dicha determinación debe atender al resultado del litigio sin valoración adicional sobre la actuación de los sujetos procesales. En ese orden de ideas, no le asiste razón la parte demandante, en la medida en que, según las normas aplicables al proceso, ante la negativa de sus pretensiones, se imponía al a quo el deber de efectuar la correspondiente condena en costas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia a la parte demandante por haberse resuelto de manera desfavorable el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, “la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil” -CGP-. El numeral 3 del artículo 365 de este último estatuto prevé: “En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda”. Comoquiera que, en el presente asunto, la impugnación de la parte demandante no prosperó, E. R. A. y C. A. R. G. deben ser condenados por este rubro. Las costas procesales se componen, entre otros, de las agencias en derecho (artículo 361 del CGP). En la medida en que se acreditó la gestión de la accionada, en segunda instancia, a través de la designación de apoderado judicial que debió estar pendiente de los acontecimientos del proceso, la Sala estima que dicha circunstancia es suficiente para que se disponga ese concepto en su favor. En cuanto al monto, el Acuerdo PSAA16-10554 expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, establece que, en los “procesos declarativos en general”, en segunda instancia deben establecerse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese sentido, las agencias para este grado jurisdiccional se fijan a cargo de los integrantes de la parte accionante -derrotada en esta instancia-. Dicha suma corresponderá al equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de la presente providencia, en favor de la demandada, que deberá ser asumido, de manera solidaria, por E. R. A. y C. A. R. G. Finalmente, la liquidación de las costas será adelantada de forma concentrada por el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-10-24. C.P. FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ. Rad. 25000233600020220029201. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020220029201-71894-sentencia).
