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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020220012201-74432-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el incumplimiento no obedecería a la culpa del deudor"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-08-10"
radicado: "25000233600020220012201"
numero: "74432"
ponente: "JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ"
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# Consejo de Estado: el incumplimiento no obedecería a la culpa del deudor

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-08-10
- **Radicado:** 25000233600020220012201
- **Número interno:** 74432
- **Ponente:** JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** Controversias contractuales
- **Actor:** HAGGEN AUDIT S.A.S, QBE SEGUROS SA, COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., LIBERTY SEGUROS S.A., GERENCIA, INTERVENTORA Y CONSULTORA SAS GIC SAS
- **Demandado:** ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020220012201-74432-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020220012201/4A32F66A5DECE780FF607D68B6B0B630FB560D843F6BB4B94965B6FE49377FAA/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202200122011100103

## Regla de decisión

El numeral 12 del artículo 25 dispone que antes de abrir el proceso de selección o de celebrar el contrato deben elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos.

## Problema jurídico

¿Las circunstancias relacionadas con el esquema de remuneración pactado y con las condiciones técnicas anunciadas por la entidad estatal durante el proceso de selección, no verificadas o alteradas durante la ejecución del contrato, constituyen una infracción del principio de planeación que exonera al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Es vinculante para el contratista la metodología de muestreo y el umbral de error empleados para evaluar la calidad de los paquetes auditados…
- ¿Configura un vicio de nulidad del acto administrativo sancionatorio la irregularidad alegada en la valoración de un dictamen pericial rendido en el procedimiento administrativo…
- ¿Exonera al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales la entrega tardía, por parte de la entidad estatal, de la metodología de evaluación del contrato…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993, arts. 25 núm. 12, 27 y 4 núm. 8
- Ley 84 de 1873, arts. 1604, 1609 y 1613

## Extracto

La Sala parte por resaltar que este conjunto de argumentos de los apelantes sobre la falsa motivación de las resoluciones demandadas no se basa en que las obligaciones señaladas como incumplidas hubieran sido satisfechas.… Lo que sostienen las Aseguradoras y los Auditores es que el incumplimiento de las obligaciones señaladas en los actos administrativos no es imputable a la Unión Temporal. Según los apelantes, el incumplimiento no obedecería a la culpa del deudor, sino a circunstancias atribuibles a la ADRES relacionadas con la planeación del contrato que lo "asfixiaron" financieramente y que, por estar fuera del control de la Unión Temporal, lo eximen de responsabilidad (Código Civil, arts. 1604 y 1616).… El principio de planeación no está expresamente nominado en la Ley 80 de 1993.

## Síntesis temática

El contratista no puede eximirse de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales basándose en infracciones del principio de planeación por parte de la entidad estatal, ya que este principio no exonera al contratista de cumplir con las obligaciones específicas del contrato, salvo que se demuestre que la entidad estatal dejó de ejecutar una obligación contractual o que la alteración del equilibrio económico del contrato impidió efectivamente el cumplimiento de las obligaciones del contratista. La Sala establece que las condiciones técnicas anunciadas durante el proceso de selección no constituyen obligaciones contractuales propiamente dichas, sino supuestos o hipótesis para la ejecución, por lo que su alteración no exime al contratista de responsabilidad. Esta decisión reitera y matiza la interpretación del principio de planeación y sus implicaciones en la responsabilidad contractual, lo que implica que el contratista debe cumplir con las obligaciones específicas del contrato, independientemente de las circunstancias externas no controlables por él.

## Descriptores temáticos

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL, INIMPUTABILIDAD, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CONTRATO DE CONSULTORÍA, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO, ACTA DE CONCILIACIÓN, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRUEBA IRREGULAR, DICTAMEN PERICIAL, IRREGULARIDAD EN EL DICTAMEN PERICIAL, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, RELACIÓN DE CAUSALIDAD, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, MORA DEL CONTRATANTE, CARGA DE LA PRUEBA, CONTRATO ESTATAL, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, PRESUNCIÓN LEGAL, PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, REDUCCIÓN DE LA PENA, PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, IUS PUNIENDI, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO, ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PRINCIPIO DE AUTOCOMPOSICIÓN, ARREGLO DIRECTO, COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, INTERÉS GENERAL, FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, DERECHOS SUBJETIVOS DE LA PERSONA, RESERVA DE LEY, MANUAL DE CONTRATACIÓN, UNIÓN TEMPORAL, ACTIVIDAD ASEGURADORA, INTERVENTORÍA, SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, FALSA MOTIVACIÓN, ACTO ADMINISTRATIVO, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, CONTRATO DE OBRA, LICITACIÓN PÚBLICA, CONFLICTO DE INTERESES, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, INFORME DEL INTERVENTOR, PLIEGO DE CONDICIONES, CARGO DE NULIDAD, DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA PRUEBA, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, PRUEBA TESTIMONIAL, PRUEBA POR INFORME, CONDUCENCIA DE LA PRUEBA, UTILIDAD DE LA PRUEBA, CITACIÓN DEL TESTIGO, CONDUCCIÓN DEL TESTIGO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, CONTRATO DE SEGURO, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, RIESGO ASEGURABLE, SINIESTRO, VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO POR OBLIGACIÓN ADUANERA, VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO, OBLIGACIONES DEL CONTRATO, CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, AGRAVACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, CLÁUSULA DE GARANTÍA DEL CONTRATO ESTATAL, ORDEN PÚBLICO, CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO, CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA, RECURSO DE APELACIÓN, RECURSO DE REPOSICIÓN, GASTOS DEL PROCESO, CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, SEGUNDA INSTANCIA

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## Texto del documento

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / INIMPUTABILIDAD / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONTRATO DE CONSULTORÍA
Problema jurídico:
¿Las circunstancias relacionadas con el esquema de remuneración pactado y con las condiciones técnicas anunciadas por la entidad estatal durante el proceso de selección, no verificadas o alteradas durante la ejecución del contrato, constituyen una infracción del principio de planeación que exonera al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala parte por resaltar que este conjunto de argumentos de los apelantes sobre la falsa motivación de las resoluciones demandadas no se basa en que las obligaciones señaladas como incumplidas hubieran sido satisfechas. (...) Lo que sostienen las Aseguradoras y los Auditores es que el incumplimiento de las obligaciones señaladas en los actos administrativos no es imputable a la Unión Temporal. Según los apelantes, el incumplimiento no obedecería a la culpa del deudor, sino a circunstancias atribuibles a la ADRES relacionadas con la planeación del contrato que lo "asfixiaron" financieramente y que, por estar fuera del control de la Unión Temporal, lo eximen de responsabilidad (Código Civil, arts. 1604 y 1616). (...) El principio de planeación no está expresamente nominado en la Ley 80 de 1993. Sin embargo, varias de sus disposiciones permiten asegurar que orienta la actividad contractual del Estado en la etapa previa a su perfeccionamiento. El numeral 12 del artículo 25 dispone que antes de abrir el proceso de selección o de celebrar el contrato, deben elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos. La planeación impone a las entidades el deber de establecer la necesidad y conveniencia de la contratación y verificar previamente su viabilidad técnica, económica y jurídica. También exige definir, con apoyo en estudios suficientes, las condiciones de ejecución, la forma de remuneración y la distribución de los riesgos. (...) La Sala estudiará individualmente los supuestos de ejecución señalados por los apelantes para determinar si constituían obligaciones contractuales de la ADRES o si correspondían, en los términos de la Ley 80 de 1993, a las "condiciones técnicas existentes al momento de proponer" o a los "supuestos o hipótesis para la ejecución" (art. 4.8). Si se trataba de obligaciones contractuales propiamente dichas, debe establecerse si la entidad dejó de ejecutar la prestación respectiva y, por ello, el contratista no estaba en mora de cumplir las suyas (Código Civil, art. 1609), o si la cumplió defectuosamente y ese hecho impidió que la Unión Temporal atendiera las obligaciones a su cargo. (...). Si no constituían obligaciones contractuales, entonces no se podría aducir el incumplimiento de la entidad como causa de exoneración, porque ese concepto —incumplimiento— presupone la existencia de una obligación exigible. (...) La distinción es relevante por sus consecuencias jurídicas. La alteración del equilibrio económico causada por el incremento de los costos o la disminución de los ingresos no produce, por regla general, una imposibilidad absoluta de cumplimiento con efecto liberatorio. Hace más difícil la ejecución del contrato, ya sea por el incremento de los costos necesarios para cumplir las obligaciones o por la disminución del valor de la contraprestación, pero no justifica el incumplimiento de las obligaciones. En estos eventos, el contratista tiene derecho a reclamar la adopción de las medidas necesarias para restablecer la equivalencia económica del contrato, como el pago de un suplemento sobre el precio. Por tanto, la demostración de una alteración del equilibrio no excluye necesariamente la imputabilidad de los incumplimientos declarados por la ADRES. Para ello, debía acreditarse que las circunstancias alegadas impidieron efectivamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. (...) [L]a interoperabilidad de los sistemas y módulos de información no era una obligación de la ADRES ni una condición ajena a la gestión de la Unión Temporal. Al contratista le correspondía proveer e implementar un sistema de información con capacidad para interoperar con los sistemas del FOSYGA o de la ADRES y con los aplicativos web empleados en la recepción y el trámite de los recobros y reclamaciones. La entidad estatal debía facilitar el acceso a los servicios y módulos de información previstos en el anexo técnico. Por tanto, la interoperabilidad no constituía una condición de ejecución dada de antemano e independiente de la actividad de las partes. En consecuencia, los inconvenientes presentados en su implementación no permiten afirmar el incumplimiento del deber de planeación. (…) Los documentos contemporáneos a la ejecución no acreditan que la Unión Temporal hubiera informado fallas en el procesamiento de la información durante la preradicación ni su incidencia en la preauditoría y la auditoría. La verificación de ese hecho requería conocimientos técnicos especializados, pero los demandantes no aportaron ni solicitaron un dictamen pericial sobre ese punto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la distinción entre obligaciones contractuales propiamente dichas y las condiciones técnicas o supuestos de ejecución previstos en el artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993, y sus consecuencias para la imputabilidad del incumplimiento contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de mayo de 2025, exp. 70.671, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de abril de 2024, exp. 67.446, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de febrero de 2026, exp. 72.407, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1609, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1613, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1616
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / ACTA DE CONCILIACIÓN / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO DE CONSULTORÍA
Problema jurídico:
¿Es vinculante para el contratista la metodología de muestreo y el umbral de error empleados para evaluar la calidad de los paquetes auditados, cuando dicha metodología no fue definida expresamente en el contrato de auditoría, pero el contratista aceptó sin reservas su aplicación práctica en las actas de conciliación suscritas durante la ejecución?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) Los documentos contractuales contemplaron la revisión por muestreo de los paquetes auditados y la Unión Temporal aceptó su aplicación y los resultados consignados en las actas de conciliación suscritas durante la etapa de precierre. Además, no se demostró que las deficiencias atribuidas a la metodología de muestreo o al umbral de error hubieran incidido en el conjunto de incumplimientos declarados por la ADRES. (...) Los documentos del contrato no eran diáfanos sobre si la selección de la muestra y la evaluación de la calidad de los paquetes auditados se efectuarían con arreglo a los parámetros del contrato suscrito con la interventoría (...). Sí eran claros en el sentido de que las conciliaciones sobre los resultados de la revisión de la muestra se efectuarían con el interventor. En consecuencia, para esclarecer la intención común de las partes la Sala examinará los documentos del contrato de interventoría y, después, la aplicación práctica que las partes del contrato objeto de esta controversia hicieron de sus estipulaciones. (...) La lectura conjunta de los documentos despeja la ambigüedad del anexo técnico y el estudio previo. El contrato 080 de 2018 contempló la revisión de muestras, pero no definió su metodología ni el criterio para aceptar o rechazar los paquetes. La metodología para calcular y seleccionar las muestras estaba regulada en el anexo técnico del contrato de interventoría 103 de 2012. (...) Esta aplicación, aceptada sin reservas por la Unión Temporal, permite concluir que las partes entendieron que la metodología del contrato de interventoría regía el control de calidad de los paquetes auditados. (...) La Sala repara especialmente en que la Unión Temporal aceptó los resultados consignados en las actas y se comprometió voluntariamente a reprocesar los paquetes antes de su cierre. (...) En consecuencia, la Sala no considera de recibo que la Unión Temporal atribuya ese resultado a que la ADRES la "ahogó financieramente" por una indebida planeación del contrato o una decisión arbitraria durante su ejecución.
NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRUEBA IRREGULAR / DICTAMEN PERICIAL / IRREGULARIDAD EN EL DICTAMEN PERICIAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Configura un vicio de nulidad del acto administrativo sancionatorio la irregularidad alegada en la valoración de un dictamen pericial rendido en el procedimiento administrativo, cuando no se demuestra que dicho medio de prueba tenía la aptitud de modificar el sentido de la decisión?
Respuesta al problema jurídico: No
Independientemente del peso probatorio asignado al dictamen pericial en la motivación fáctica de la decisión administrativa, la irregularidad alegada respecto de esta prueba no tiene trascendencia para la configuración de un vicio invalidante. Como ha señalado la Subsección, quien formula cargos de nulidad estructurados sobre decisiones probatorias adoptadas durante el procedimiento administrativo debe demostrar su trascendencia, esto es, que el medio de prueba omitido o apreciado erróneamente tenía la aptitud de modificar el sentido de la decisión. En este caso, al margen de las cuestiones relativas a la imparcialidad e idoneidad de la perito, así como del contenido mismo del dictamen, la Sala considera que la decisión de la ADRES de no acoger sus conclusiones no tuvo incidencia determinante en el sentido de la decisión administrativa. Primero, porque la perito no estudió si la Unión Temporal cumplió las 43 obligaciones declaradas incumplidas, que no se limitaban a la calidad de la auditoría sobre los recobros y reclamaciones. Segundo, porque más allá de sus apreciaciones generales sobre los aspectos estadísticos de la metodología de muestreo, la resolución también se apoyó en las actas de conciliación en las que se dejó constancia de que la Unión Temporal aceptó errores en la aplicación de los criterios de auditoría. El dictamen no estableció que las deficiencias generales que identificó en la metodología de muestreo hubieran determinado los hallazgos en los que se fundó la decisión administrativa en punto a la falta de calidad de la auditoría.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 141, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 232, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 235
RELACIÓN DE CAUSALIDAD / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / MORA DEL CONTRATANTE / CARGA DE LA PRUEBA / CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Exonera al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales la entrega tardía, por parte de la entidad estatal, de la metodología de evaluación del contrato, cuando no se demuestra una relación causal entre esa demora y los incumplimientos declarados?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala desestimará estos reparos, porque no se probó que la entrega tardía de la metodología de evaluación contribuyera causalmente al incumplimiento de las 43 obligaciones que motivaron la expedición de los actos demandados ni a la situación de iliquidez alegada como determinante de la inejecución de las actividades a cargo de la Unión Temporal. (...) Aunque la obligación se cumplió tardíamente, la Sala constata que no se probó que ese hecho incidiera causalmente en los incumplimientos de las 43 obligaciones que motivaron la expedición de las resoluciones demandadas. (...) [L]a entrega de la matriz de criterios e indicadores para evaluar el cumplimiento de todas las obligaciones de la Unión Temporal era independiente del cumplimiento de las demás obligaciones declaradas incumplidas. Ninguna de ellas tenía como condición precedente la entrega de ese documento. (...) la temporalidad de los hechos identificados en el informe del grupo supervisor tampoco respalda la relación causal alegada. Algunos de los incumplimientos que motivaron la expedición de las resoluciones se presentaron antes de que venciera el plazo para entregar la metodología (...). Otros incumplimientos se produjeron o continuaron varios meses después (...), cuando la metodología ya había sido comunicada. (...) Por las anteriores razones, no prosperan los reparos formulados por las Aseguradoras y los Auditores sobre la entrega tardía de la metodología de evaluación.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRESUNCIÓN LEG

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

co: No
La consecuencia prevista en el inciso cuarto del artículo 1060 del Código de Comercio, consistente en la terminación del contrato de seguro por la falta de notificación de la agravación del estado del riesgo, no resulta aplicable a los seguros de cumplimiento constituidos a favor de entidades estatales, como el examinado en este proceso. La Subsección ha sostenido consistentemente que el incumplimiento de esa carga no determina la terminación del contrato de seguro. (...) [L]as conductas de la ADRES invocadas por las Aseguradoras (...) no corresponden, en los términos en que fueron alegadas, a una hipótesis de variación o agravación del estado del riesgo. En estricto sentido, esas circunstancias incidirían en la configuración del siniestro, pues el amparo de cumplimiento cubría a la entidad de los perjuicios derivados del "incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista". (...) La eventual ocurrencia de conductas de la entidad estatal que impidieran imputar el incumplimiento al contratista estaba contemplada, en abstracto, en la delimitación inicial del riesgo, pues la cobertura se restringió al incumplimiento imputable y se excluyó la causa extraña. Esas conductas habrían impedido, entonces, la configuración del siniestro o dado lugar a la aplicación de la exclusión, en lugar de constituir una agravación del estado del riesgo y producir la terminación del contrato por el incumplimiento de la carga de notificarla. En todo caso, como se concluyó anteriormente, esas circunstancias no exoneraban de responsabilidad al contratista ni impedían imputarle los incumplimientos que motivaron la expedición de los actos demandados. Por las anteriores razones, el cargo no prospera.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la inaplicabilidad de la terminación del contrato de seguro por agravación del riesgo no notificada (artículo 1060 del Código de Comercio) a los seguros de cumplimiento constituidos a favor de entidades estatales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 5 de febrero de 2024, exp. 62.324, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; reiterada en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de septiembre de 2024, exp. 70.576, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez; y en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de marzo de 2026, exp. 70.848, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1058, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1060, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 19
CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE REPOSICIÓN
Problema jurídico:
¿Está facultado el juez para fijar agencias en derecho en la sentencia de primera instancia con fundamento en el criterio objetivo de imposición de costas, aunque la liquidación de estas solo proceda una vez ejecutoriada la providencia correspondiente?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) El Tribunal estaba habilitado para fijar agencias en derecho en la sentencia de primera instancia, aunque la liquidación de las costas ―que se componen de las expensas y gastos, así como de las agencias en derecho― solo procediera una vez ejecutoriada la providencia correspondiente. La imposición de costas no exige verificar una conducta temeraria, pues en el régimen vigente responde a un criterio objetivo. De ahí que el numeral 1 del artículo 365 del CGP establezca que "se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto". Esta norma difiere de lo que establecía el artículo 171 del CCA, según el cual "en todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso". En consecuencia, la Sala desestima la solicitud de revocar la condena en costas por concepto de agencias en derecho. También se desestima la solicitud de reducir la cuantía de las agencias en derecho fijadas en la sentencia de primera instancia. (...) esta solicitud es improcedente, pues el artículo 366.5 del CGP establece: "La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / GASTOS DEL PROCESO / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Problema jurídico:
¿Procede condenar en costas a los demandantes en segunda instancia por haberse resuelto desfavorablemente sus recursos de apelación, cuando no se acreditó la causación de expensas u otros gastos procesales ni existió actuación efectiva del apoderado de la parte que sería beneficiaria de las agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 361 del CGP establece que las costas "están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho". Según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del mismo código, en principio sería procedente condenar en costas de esta instancia a los demandantes, toda vez que se resuelven desfavorablemente los recursos de apelación que interpusieron. Sin embargo, esa regla debe leerse en concordancia con el numeral 8 de la misma disposición, conforme al cual "solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación". El criterio mayoritario de la Sala es que, si no existe una actuación efectiva del apoderado de la parte que sería beneficiaria de las agencias en derecho en segunda instancia, estas no se causan. Por tanto, como en esta instancia no intervino la ADRES, no hay lugar a fijar suma alguna por ese concepto. Asimismo, dado que no se acreditó la causación de expensas u otros gastos procesales, no se condenará en costas a los demandantes en esta instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Este criterio modifica el que la Subsección venía aplicando, conforme al cual procedía condenar en costas por agencias en derecho aun sin actuación efectiva del apoderado en la instancia, con fundamento en la sola vigilancia del proceso derivada del mandato conferido. Ver el cambio de criterio en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de junio de 2026, exp. 73.143, decisión frente a la cual el ponente de la presente providencia salvó voto por disentir del nuevo criterio mayoritario.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-08-10. C.P. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ. Rad. 25000233600020220012201. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020220012201-74432-sentencia).
