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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020200029801-72346-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-04-17"
radicado: "25000233600020200029801"
numero: "72346"
ponente: "FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ"
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# Consejo de Estado: deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-04-17
- **Radicado:** 25000233600020200029801
- **Número interno:** 72346
- **Ponente:** FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección B)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CONSORCIO RENOVACIÓN Z5, INGEAGUAS S.A.S., DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO SUCURSAL EN COLOMBIA
- **Demandado:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020200029801-72346-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020200029801/64EECCEC686B8CC661CE04AE022739F814FEE99366D4D74CAED4D8554DE5B5EC/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202000298011100103

## Regla de decisión

Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994.

## Problema jurídico

¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su…
- ¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras…
- ¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 142 de 1994, arts. 31 y 32
- Constitución Política

## Extracto

En el presente caso, el proceso de selección adelantado por parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB ESP), empresa pública prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, pluvial y aseo, estuvo regido por el derecho privado de acuerdo con lo expresamente dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, toda vez que la entidad contratante tiene por objeto para prestación de los servicios públicos domiciliarios. Adicionalmente, como en la demanda se formularon pretensiones de incumplimiento del contrato… , y de liquidación judicial del mismo, negocio jurídico suscrito como resultado del referido proceso de selección, el fondo de la controversia se desatará con aplicación del artículo 90 de la Constitución Política en concordancia con las disposiciones del Código de Comercio y del Código Civil.

## Síntesis temática

Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EMPRESA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, ACTO PRECONTRACTUAL, INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO UNILATERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL, BUENA FE CONTRACTUAL, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, RED ACUEDUCTO, CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN, RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, PRINCIPIOS DE VERACIDAD E IMPARCIALIDAD EN LA INFORMACIÓN, PRINCIPIO DE NECESIDAD, RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL, RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO, RED DE ALCANTARILLADO, RIESGO PREVISIBLE, DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, PRIMA DE COORDINACIÓN, AUSENCIA DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, DAÑO DERIVADO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, PLANIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, CONTROL DE GESTIÓN FISCAL, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DEBERES DEL CONTRATISTA, ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL, MORA DEL CONTRATANTE, MORA DEL CONTRATISTA, FALTA DE PRUEBA, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL, INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO, NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO, EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, PERSONERÍA JURÍDICA, AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD ESTATAL, REVISIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, OBLIGACIONES DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO, PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIDUCIARIO, CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA, CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL, EFECTOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL, OBJETO DEL CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, COSTOS FINANCIEROS, RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO, CORRECCIÓN MONETARIA, INDEXACIÓN, UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, FIDEICOMISO, NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA, UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA, ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA, PAGO AL CONTRATISTA, OBTENCIÓN DE UTILIDAD PARA EL CONTRATISTA, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS, TARIFA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS, BASE GRAVABLE DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS, LIQUIDACIÓN DE INTERESES, ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA, INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA, PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ / EMPRESA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTO PRECONTRACTUAL / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO UNILATERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RED ACUEDUCTO / CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO / VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Problema jurídico:
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el presente caso, el proceso de selección adelantado por parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB ESP), empresa pública prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, pluvial y aseo, estuvo regido por el derecho privado de acuerdo con lo expresamente dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, toda vez que la entidad contratante tiene por objeto para prestación de los servicios públicos domiciliarios. Adicionalmente, como en la demanda se formularon pretensiones de incumplimiento del contrato (…), y de liquidación judicial del mismo, negocio jurídico suscrito como resultado del referido proceso de selección, el fondo de la controversia se desatará con aplicación del artículo 90 de la Constitución Política en concordancia con las disposiciones del Código de Comercio y del Código Civil. En línea con lo decidido por el tribunal de primera instancia, la Sala analizará la controversia planteada desde la perspectiva que los actos precontractuales de las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos, y que el contrato para la construcción y renovación de las redes locales de acueducto para la optimización del servicio (…) se rigen por el derecho privado. Sobre ese punto en concreto para la Sala es claro que, actualmente, se cuenta con una posición unificada sobre la naturaleza jurídica privada de los actos precontractuales, pues, se trata de una decisión reiterada considerar que los actos de una entidad, en cuyo régimen contractual se aplican las reglas del derecho privado, no constituyen actos administrativos y, en ese sentido, se trata de un análisis respecto de los incumplimientos de las obligaciones derivados de la aplicación del negocio jurídico, de la garantía de la buena fe y de la autonomía de la voluntad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza jurídica de los actos precontracuales emitidos por las empresas prestadoras de servicios públicos, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 13 de mayo de 2021, exp. 2456, C.P. Álvaro Namén Vargas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2020, exp. 42003, C.P. Alberto Montaña Plata. Sobre el régimen aplicable a los contratos celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de julio de 2018, exp. 54688, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 19 de junio de 2019, exp. 39800, C.P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 20 de febrero de 2017, exp. 56562, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 19 de julio de 2017, exp. 57394, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 19 de junio de 2018, exp. 61132, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 5 de julio de 2018, exp. 59530, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas (E).
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 32
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ / RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIOS DE VERACIDAD E IMPARCIALIDAD EN LA INFORMACIÓN / PRINCIPIO DE NECESIDAD / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RED ACUEDUCTO / RED DE ALCANTARILLADO / RIESGO PREVISIBLE / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / PRIMA DE COORDINACIÓN / AUSENCIA DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DAÑO DERIVADO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PLANIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTROL DE GESTIÓN FISCAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / BUENA FE CONTRACTUAL / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / MORA DEL CONTRATANTE / MORA DEL CONTRATISTA / FALTA DE PRUEBA / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su responsabilidad, así como acreditar que cumplió adecuadamente sus deberes de planeación, información, coordinación interinstitucional y suministro de estudios técnicos suficientes para la correcta ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as pruebas que conforman el expediente soportan y acreditan idónea y puntualmente el incumplimiento del deber de información real y debida sustentación de la necesidad de contratar que tenía en su cabeza la EAAB ESP. (…) [L]a falta de seguimiento y debido control de las intervenciones en redes propias de la EAAB ESP no puede corresponder a una situación imprevisible y que escape a su manejo, pues, se trata de las ejecuciones de presupuesto, personal y obra adelantadas por la misma entidad en el terreno de ejecución de su objeto, esto es, en la ciudad de Bogotá, y específicamente para la zona 5, que, además, cuenta con una división especial dentro de la organización de su planta de personal. Al respecto, debe observarse que si bien no todos los tramos de imposibilidad de ejecución correspondían a contratos previamente suscritos por la misma EAAB ESP, lo cierto es que, era deber de esta indagar con las demás entidades distritales con quienes pudiera verse afectado el objeto contractual correspondiente, por tratarse de los mínimos de indagación y corresponsabilidad de las demás entidades cuyas ejecuciones son igualmente en la ciudad de Bogotá. La referida falta de coordinación y comunicación de la EAA ESP con otras entidades distritales es la demostración del incumplimiento de los principios de la función administrativa y de gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, aplicables al caso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 (…). De otra parte, en aplicación de los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, se advierte que cuando la entidad se obligó a suministrar los planos, estudios técnicos y cantidades de obra para que el contratista pudiera desarrollar su labor, se obligó a hacerlo de conformidad con la calidad media de las prácticas del sector correspondiente; así las cosas, para la Sala es claro que de acuerdo con la obligación derivada de la buena fe, la información suministrada por la entidad debía estar conforme con las prácticas del sector en términos de suficiencia y calidad y, en consecuencia, debía acreditarse que la información no satisfizo esos estándares como en efecto ocurrió en el presente asunto. (…) [L]a entidad contratante tampoco acreditó de forma alguna el retardo o mora en la ejecución contractual adelantada por parte del contratista, al punto que permitiera excusar su propio incumplimiento; por el contrario, lo que se logró demostrar fue precisamente que el contratista en forma diligente puso en conocimiento la imposibilidad de ejecución completa del objeto contratado en los tiempos de revisión de alcance del mismo. En tales circunstancias, para la Sala es evidente que la entidad demandada no demostró que las actividades que dice haber adelantado en cumplimiento de su deber de planeación estuvieron ajustadas a la realidad de la necesidad actual de la misma ni tampoco que hubieran surgido con ocasión de un evento ajeno a la voluntad de las partes, razón por la cual este preciso cargo de apelación no está llamado a prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber de información en la contratación estatal conforme al principio de buena fe, ver: Consejo de Estado, de la Sección Tercera, sentencia de 8 de mayo de 2019, exp. 59039, C.P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 23 de noviembre de 2022, exp. 66661, C.P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 267, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO / EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS / PERSONERÍA JURÍDICA / AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD ESTATAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO / REVISIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras entidades distritales, pese a tratarse de circunstancias relacionadas con actividades ya ejecutadas y respecto de un contrato regido por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]omo la entidad contratante es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, de carácter oficial, prestadora de servicios públicos domiciliarios, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyas actuaciones se rigen por el derecho privado de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, pues, “[l]os contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y por la presente Ley, salvo en lo que la presente Ley disponga otra cosa”. En esa perspectiva, la norma aplicable para el caso de un eventual desequilibrio económico del contrato es la prevista en el Código de Comercio (…). En tales condiciones, para la Sala es evidente que no procede el reconocimiento del desequilibrio económico solicitado por la entidad demandada, pues, según lo dispuesto en el artículo 868 del Código de Comercio (…), los supuestos de hecho sobre los cuales se fundamenta la petición son la ejecución de actividades ya ocurridas, sin que en modo alguno estas se refieran a obligaciones de futuro cumplimiento. Por lo tanto, en las condiciones en las que la entidad demandada enmarca su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto, motivo por el cual este preciso punto de la controversia debe resolverse desfavorablemente.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 1
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / FIDUCIARIO / CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / EFECTOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / OBJETO DEL CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / RENDIMIENTOS FINANCIEROS / COSTOS FINANCIEROS / RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / CORRECCIÓN MONETARIA / INDEXACIÓN / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FIDEICOMISO / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo, pese a que el contrato de obra y el contrato de fiducia mercantil únicamente previeron la restitución de los rendimientos financieros generados, los cuales fueron efectivamente consi

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

-2017 objeto de análisis el consorcio Renovación Z5 realizó el depósito de los rendimientos financieros generados en el patrimonio autónomo mediante la consignación de los mismos a órdenes de la EAAB ESP, valor que asciende a la suma de $15.302.635. En ese entendimiento, es claro que el paso del tiempo afecta el valor nominal de las sumas de dinero, al punto que puede conllevar a su incremento o su decrecimiento, de allí la necesidad de “traer a valor presente el monto depreciado por el paso del tiempo. A este fenómeno se le conoce con el nombre de Corrección Monetaria, Actualización Económica o, simplemente, indexación” . De igual manera debe tomarse en cuenta que en el contrato de fiducia suscrito entre el consorcio Renovación Z5 y la Fiduciaria Bogotá no se previó, dentro de las obligaciones de las partes o deberes de estas, en forma alguna, el reconocimiento de intereses negativos, como lo pretende la entidad demandada por el periodo en el que se desarrolló el referido contrato, máxime si se tiene en cuenta que en forma mensual se liquidaron los rendimientos que obtuvo el valor que constituyó el patrimonio autónomo y, como se evidenció en los párrafos anteriores, tales dineros fueron consignados a órdenes de la EAAB ESP. En ese sentido, de proceder con el reconocimiento de los llamados intereses negativos generados al mismo tiempo que los rendimientos financieros sobre las mismas sumas sería una doble utilidad sobre el dinero, pues, de una parte, se reconocen en favor de la entidad los rendimientos financieros que generan las sumas de dinero en el fideicomiso y, de otra, se liquidan intereses negativos por el periodo del tiempo de la constitución del patrimonio autónomo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la corrección monetaria o indexación, ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de mayo de 2013, exp. 25000-23-24-000-2006-00986-01, C.P. María Elizabeth García González.
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DEBERES DEL CONTRATISTA / PAGO AL CONTRATISTA / OBTENCIÓN DE UTILIDAD PARA EL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Desconoció el juez de primera instancia el valor total de la utilidad esperada por el contratista al efectuar la liquidación judicial del contrato, pese a que una parte de dicha utilidad ya había sido reconocida proporcionalmente con ocasión de las actividades ejecutadas y pagadas durante la ejecución contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
Luego de la claridad en relación con las actividades ejecutadas por el contratista, el valor de la utilidad a reconocer corresponde a la suma de $180.587.603,34 y no de $186.852.132 inicialmente proyectada con la oferta económica para la ejecución de la totalidad del objeto contratado, razón por la que este preciso cargo de apelación no tiene vocación de prosperidad, pues, tal como lo señaló el apoderado de la entidad demandada, la decisión recurrida descontó del valor de la utilidad proyectada el valor de la obra ejecutada y facturada al contratista. En ese sentido, la liquidación judicial realizada en primera instancia tomó en cuenta, precisamente, el hecho de que el contratista ya había recibido, en forma proporcional con el giro del acta de pago no. 1, un reconocimiento de utilidad que debía ser tenido en cuenta. Adicionalmente, llama la atención que la diferencia en el reconocimiento de la utilidad esperada es el resultado de la operación matemática simple de restar el valor de la utilidad ya recibido con la proyectada en la oferta. Por tal razón, no es posible proceder con este cargo de apelación, pues no corresponde a la realidad el sustento de la entidad.
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS / TARIFA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS / BASE GRAVABLE DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / LIQUIDACIÓN DE INTERESES
Problema jurídico:
¿Procedía liquidar el impuesto del cuatro por mil al momento de la liquidación del contrato de fiducia, cuando dicho gravamen ya había sido causado y descontado durante la ejecución de las operaciones financieras realizadas por la fiduciaria?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]dvierte la Sala que el impuesto de cuatro por mil es liquidado al momento en el que se realizan las operaciones y movimiento financieros en el interior de la fiduciaria, por lo que, al momento de la liquidación del contrato, en esencia, no habría saldo pendiente por este impuesto, pues, se trata de la finalización de las obligaciones contractuales que no tiene que ver con los movimientos financieros a cargo de la fiducia. Por consiguiente, para la Sala es claro que la liquidación de intereses, como corresponde al cuatro por mil, objeto de pronunciamiento, fue realizada por la fiduciaria al momento de efectuarse cada giro, pago o movimiento financiero, sin que tal operación sea requerida o se imponga como obligación para el momento de la liquidación del contrato de fiducia mismo, en la medida en que se trata de la finalización de la relación contractual sin que implique un movimiento u operación fiduciaria que conlleve tal liquidación de intereses; razón por la cual no procede la liquidación del impuesto de cuatro por mil, como lo pretende la entidad demandada, y en ese sentido, este preciso cargo de apelación tampoco tiene vocación de prosperidad.
ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Procedía actualizar el valor de la condena impuesta a la EAAB E.S.P. por concepto de la liquidación judicial del contrato, al tratarse de una obligación dineraria, y excluir de dicha actualización la devolución de suministros adquiridos con el anticipo por no constituir una suma líquida de dinero?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]ebido a la no prosperidad de los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada se procede a la actualización del monto del valor resultante del balance general de las obligaciones del contrato no. 1-01-35100-1208-2017, específicamente en cuanto se refiere al valor consignado en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, pues el valor de la condena del consorcio Renovación Z5 ordinal quinto, de la parte resolutiva del fallo objeto de la impugnación, constituye la devolución de los suministros adquiridos con el desembolso del anticipo y que como no corresponde a una orden de pago de suma líquida de dinero no procede la actualización de la misma. (…) De conformidad con lo anterior, la Sala actualizará la condena impuesta a la EAAB ESP al pago de $311´382.360,52 en favor del consorcio Renovación Z5 por concepto de la liquidación judicial del contrato no. 1-01-35100-1208-2017.

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-04-17. C.P. FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ. Rad. 25000233600020200029801. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020200029801-72346-sentencia).
