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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020190058903-71667-sentencia"
titulo: "Imprescriptibilidad del bien público: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-02-27"
radicado: "25000233600020190058903"
numero: "71667"
ponente: "DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020190058903-71667-sentencia"
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# Imprescriptibilidad del bien público: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-02-27
- **Radicado:** 25000233600020190058903
- **Número interno:** 71667
- **Ponente:** DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección B)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** ALEJANDRO MONTAÑA PRADILLA, SALCOL S.A.
- **Demandado:** MINISTERIO DE MINA, AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020190058903-71667-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020190058903/E84B43F72BF81955D12C4AD70E0CC858DD8622A6680CD8A1A570BA366BE269E4/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201900589031100103

## Problema jurídico

¿Los litigios relacionados con actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado están sujetos al término de prescripción?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿La demanda interpuesta en relación con un contrato liquidable fue presentada dentro del término de caducidad?
- ¿Se configura la desviación de poder o la vulneración del principio de planeación como causales de nulidad del acto administrativo por causa u objeto ilícito?
- ¿El deber de planeación en la contratación estatal impone exclusivamente a la administración la carga de información sin exigir obligaciones correlativas a los particulares?

## Extracto

La Sala, en esta oportunidad, acogerá la línea de pensamiento del Tribunal debido a que en algunos pronunciamientos anteriores de esta subsección se ha considerado que los litigios sobre actos o contratos surgidos a partir de un bien imprescriptible o inajenable del Estado, “como ocurre con los contratos de concesión minera”, no prescriben.

## Síntesis temática

Los litigios sobre actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado no están sujetos al término de prescripción. La regla se sostiene en dos razones: la línea de pensamiento que la subsección reitera, según la cual los litigios sobre actos o contratos surgidos de un bien imprescriptible o inajenable del Estado no prescriben, como ocurre con los contratos de concesión minera; y la naturaleza de los bienes de dominio público, que no pueden adquirirse por prescripción ni enajenarse, lo que impide que su régimen de controversias se someta a esa figura. Por ello, el tribunal debe aplicar esa regla al resolver la excepción de prescripción propuesta en litigios de esa naturaleza, y no declarar extinguido el derecho por el transcurso del tiempo. Esa solución se mantiene cuando el acto o el contrato se vincula directamente con el bien de dominio público, y la providencia de primera instancia se modifica en los aspectos que aplicaban la prescripción al caso.

## Descriptores temáticos

IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL BIEN PÚBLICO, BIEN INALIENABLE, CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, DESVIACIÓN DE PODER, NULIDAD DEL CONTRATO, CAUSA ILÍCITA, OBJETO ILÍCITO, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, ACTO ADMINISTRATIVO, LICITACIÓN PÚBLICA, TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, PRINCIPIO DE ECONOMÍA, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL, FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRATACIÓN ESTATAL, ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, BUENA FE, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, ETAPA PRECONTRACTUAL, RELACIÓN CONTRACTUAL, CONTRATISTA, PROCESO DE LICITACIÓN, OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN, RIESGO CONTRACTUAL, ACTIVIDAD MINERA, CONCESIONARIO, EXPERIENCIA TÉCNICA, PLIEGO DE CONDICIONES, INTERVENTORÍA, PERITAJE, OBLIGACIONES DEL CONTRATO, RIESGOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA, DEBER DE DILIGENCIA, OFERTA, MARGEN DE RENTABILIDAD EN ACTIVIDAD ECONÓMICA, PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, CASO FORTUITO, DERRUMBE, RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, ÁREAS DE RESERVA MINERA, RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, LEY 658 DE 2001, VIABILIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LICITACIÓN, CONTRATO DE CONCESIÓN, SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO, DERECHO DE PETICIÓN, ACTO ADMINISTRATIVO FICTO, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, AUTORIDAD MINERA, TÉRMINO PERENTORIO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, PRINCIPIO DEL EFECTO ÚTIL DE LAS NORMAS, ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR, FALTA DE COMPETENCIA, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE LEGALIDAD, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR, GRADO DE BENEFICIO DE LA OBRA PÚBLICA, CONDENA EN COSTAS, RECURSO DE APELACIÓN, SEGUNDA INSTANCIA, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO, COSTAS PROCESALES

## Guías prácticas relacionadas

- [Liquidación del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/liquidacion.md): Qué hacer para cerrar un contrato y cuándo la liquidación queda firme.
- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
- [Equilibrio económico del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/equilibrio-economico.md): Cuándo procede restablecer la ecuación financiera y qué debe probar quien reclama.
- [Terminación unilateral](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/terminacion-unilateral.md): Cuándo puede la entidad terminar el contrato por sí misma y cómo se diferencia de la caducidad.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: a las acciones de controversias contractuales sobre contratos de concesión minera les son inaplicables las normas de caducidad](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020130179401-56414-sentencia.md)
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- [Consejo de Estado — Medio de control de controversias contractuales: Sentencia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020130178801-57278-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020190078801-67537-sentencia.md)

## Texto del documento

IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL BIEN PÚBLICO / BIEN INALIENABLE / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA
Problema jurídico:
¿Los litigios relacionados con actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado están sujetos al término de prescripción?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [L]a Sala, en esta oportunidad, acogerá la línea de pensamiento del Tribunal debido a que en algunos pronunciamientos anteriores de esta subsección se ha considerado que los litigios sobre actos o contratos surgidos a partir de un bien imprescriptible o inajenable del Estado, “como ocurre con los contratos de concesión minera”, no prescriben.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la imprescriptibilidad de los litigios sobre actos o contratos surgidos a partir de bienes inajenables del Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de agosto de 2020, C. P. Alberto Montaña Plata, rad. 25000-23-36-000-2013-01639-01 (58710).
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿La demanda interpuesta en relación con un contrato liquidable fue presentada dentro del término de caducidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
La caducidad, en este caso, por tratarse de un contrato liquidable, se debe computar de conformidad con las reglas del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. En este caso, (…) el contrato terminó el 5 de mayo de 2016 debido al silencio administrativo positivo; posteriormente, y en virtud de la disposición contractual contenida en la cláusula decimonovena del contrato, la ejecución contractual finalizó el 5 de mayo del 2017. A esta fecha deben adicionarse los seis meses para la liquidación del contrato, establecidos en la cláusula vigesimotercera del negocio analizado, es decir que la fecha máxima para la liquidación era el 6 de noviembre del 2017. Por ello, la caducidad debe computarse entre el 7 de noviembre del 2017, y el 7 de noviembre del 2019. Teniendo en cuenta lo anterior, la demanda interpuesta el 14 de agosto del 2019 se presentó dentro del término legal.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
DESVIACIÓN DE PODER / NULIDAD DEL CONTRATO / CAUSA ILÍCITA / OBJETO ILÍCITO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO / LICITACIÓN PÚBLICA / TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Problema jurídico:
¿Se configura la desviación de poder o la vulneración del principio de planeación como causales de nulidad del acto administrativo por causa u objeto ilícito?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [E]sta Sala analizará si hubo desviación de poder, que justifique la nulidad por causa ilícita, o afrenta al principio de planeación, que motive la nulidad por objeto ilícito. Recuérdese que esta Corporación ha señalado que la desviación de poder es un vicio que se presenta cuando una “autoridad toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que obedece a un propósito particular, personal o arbitrario”. (…) En ese orden de ideas, esta Sala encuentra que en el acervo probatorio no hay prueba alguna orientada a demostrar que la administración, concretamente el MME, hubiese expedido los actos administrativos que dieron lugar a la licitación con un propósito arbitrario o distinto del demarcado por el orden público.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la desviación de poder Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2013, rad. 13001-23-31-000-2007-00052-01 (2010512), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
PRINCIPIO DE ECONOMÍA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / BUENA FE / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿El deber de planeación en la contratación estatal impone exclusivamente a la administración la carga de información sin exigir obligaciones correlativas a los particulares?
Respuesta al problema jurídico: No
En referencia al deber de planeación, se debe recordar que desde el artículo 209 de la Constitución política establece que uno de los principios con base en los cuales debe desarrollarse la función administrativa es el de economía. En desarrollo de lo anterior, los estatutos de procedimiento administrativo (CCA y CPACA) han dispuesto que las actuaciones administrativas deben desarrollarse en observancia de los principios constitucionales, y han replicado el principio de economía como uno de los derroteros de la actuación administrativa. Concretamente, la jurisprudencia de esta corporación ha explicado que el contenido del principio de economía, en el marco de la función administrativa, se relaciona con la agilidad en la toma de decisiones en los procedimientos de selección contractual, busca la celeridad de la actuación administrativa y la reducción de gastos económicos y trámites dispendiosos. Particularmente, en materia de contratación estatal, ha señalado que una de las manifestaciones esenciales del principio de economía yace en el deber de planeación, con base en el cual la administración debe “asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar”. (…) Así, para la Sala es claro que, si bien el Estado, en el marco de sus relaciones contractuales y particularmente en los procedimientos de selección, asume deberes de información sustentados en los principios de transparencia, buena fe y planeación —lo que implica comunicar a los interesados las circunstancias relevantes que puedan incidir en el cumplimiento de los fines del contrato—, ello no exonera a los particulares de sus propias cargas y obligaciones negociales.
NOTA DE RELATORÍA:
[Respecto del principio de economía y sus manifestaciones esenciales, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2007, rad. 1100-103-26-000-2005-000-50-01 (31447), C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B sentencia del 28 de mayo de 2012, rad. 07001-23-31-000-1999-00546-01 (21489), C. P. Ruth Stella Correa Palacio.] [El deber de planeación está conjuntamente a cargo de las entidades estatales y de los oferentes en los procesos de selección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de junio de 2024, rad. 25000-23-36-000-2018-00308-02 (69775), C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez.]
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, DECRETO 01 DE 1984, LEY 1437 DE 2011
BUENA FE / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ETAPA PRECONTRACTUAL / CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / RELACIÓN CONTRACTUAL / CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿El incumplimiento del deber de información por parte del Estado exonera a los particulares de su obligación de informarse en la etapa precontractual en virtud del principio de buena fe?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [D]el principio general de buena fe se derivan diversos deberes para la etapa precontractual, entre otros, el deber de información, que atañe a todas las partes de la relación contractual en formación. El paradigma del deber de información tiene su aposento en el ámbito de la contratación estatal, en donde la información resulta relevante para la determinación acerca de la participación, las condiciones de la oferta y la decisión final de con quién se contratará. Por ello, la información que las partes deben brindar debe ser precisa, veraz, autentica y completa. Sin embargo, no debe dejarse de lado que el deber de obrar de buena fe hace referencia a la denominada ‘buena fe objetiva’, esto es, una conducta activa y diligente de todas las partes, que no solo deben conformarse con la información provista por su contraparte, sino que, tienen a su cargo el deber de auto informarse de manera suficiente, de todo aquello que atañe al negocio a celebrar, sus derechos y obligaciones. Sin embargo, no debe dejarse de lado que el deber de obrar de buena fe hace referencia a la denominada ‘buena fe objetiva’, esto es, una conducta activa y diligente de todas las partes, que no solo deben conformarse con la información provista por su contraparte, sino que, tienen a su cargo el deber de auto informarse de manera suficiente, de todo aquello que atañe al negocio a celebrar, sus derechos y obligaciones. (…) No resulta admisible invocar la omisión estatal como argumento para relevarse de esta carga, pues no corresponde al principio de buena fe ni a la planeación contractual convertir tales deberes en un régimen de protección excesiva a favor del contratista.
NOTA DE RELATORÍA:
[Sobre el deber de información derivado del principio general de buena fe para la etapa contractual, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de septiembre de 2013, radicado 25000-23-26-000-1999-00330-01(23827), C. P. Hernán Andrade Rincón.] [Sobre la relevancia de la información para la determinación acerca de la participación, las condiciones de la oferta y la decisión final de con quien se contratará, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, radicado 25000-23-26-000-1998-00324-01(22043), C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.] [Respecto de la buena fe objetiva, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, radicado 25000-23-26-000-1998-00324-01(22043), C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.] [No se puede confundir el principio de buena fe y de planeación con un proteccionismo a favor del contratista. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2022, rad. 05001233100020070327901 (56449). C. P. José Roberto Sáchica Méndez.] [Sobre la vulneración del deber de planeación como causal de nulidad por objeto ilícito, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección B, sentencia del 8 de septiembre de 2021, radicado 25000-23-36-000-2015-02527-01(61583), C. P. Alberto Montaña Plata.]
PROCESO DE LICITACIÓN / OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / RIESGO CONTRACTUAL / ACTIVIDAD MINERA / CONCESIONARIO / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / EXPERIENCIA TÉCNICA
Problema jurídico:
¿La administración suministró información falsa u omitió información relevante en el proceso licitatorio que afectara la viabilidad del contrato de concesión minera?
Respuesta al problema jurídico: No
De antemano se debe indicar que, para la Sala no es de recibo la aseveración acerca de que los documentos licitatorios entregaron información falsa acerca de las actividades mineras en el área, pues, (…), en varios apartados de la documentación precontractual se puso de presente que las actividades mineras se llevaban a cabo mediante la disolución de sal y que en el área a conceder se desarrollaba un negocio en marcha. (…) De los (…) testimonios se puede concluir que el fenómeno de las subsidencias y la existencia de pozos anteriores que habían colapsado era conocido por los trabajadores que operaban en el área minera de Upín, que algunos de esos trabajadores continuaron prestando servicios en la operación del a cargo demandante y de quienes este recibió asesoría. Sin embargo, de los relatos de los testigos no se puede concluir, como lo pretende el actor, que las subsidencias en el área minera implicaran una situación de inusitada gravedad que hiciera inviable la operación, pues, los testimonios indican que las subsidencias eran conocidas, que la extracción de salmuera contribuía al hundimiento del terreno y que el área minera de Upín venía siendo productiva desde varias décadas atrás. Ahora bien, contrario a lo afirmado por el actor, la información presentada en el proceso licitatorio permitía conocer la situación geológica y la viabilidad de la actividad minera en la zona en concesión, así como los riesgos que se asumirían. (…) [E]l concesionario contaba con información relevante sobre las condiciones geológicas del área a concesionar y el riesgo que asumiría en relación con las características del área de explotación, sin perjuicio del especial conocimiento que le es exigible para acometer una actividad como la que era objeto del contrato celebrado, respecto de la cual debía contar con la suficiente y comprobada experticia y capacidad técnica. (…) En el expediente no se acredita que durante el periodo de operación a cargo del demandante se hubieren efectua

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

de la renuncia, la ANM se pronunció hasta el 12 de julio de 2017, más de un año después de haber operado el silencio administrativo positivo, mediante la resolución demandada en el presente proceso, a pesar la existencia del acto ficto que surgió a la vida jurídica producto de su omisión. Lo antes advertido, permite concluir a la Sala que las resoluciones VSC 000731 de 12 de julio de 2017 y VSC 001138 del 1 de noviembre de 2017 expedidas por la ANM, en las cuales se adoptan decisiones sobre la renuncia al contrato de concesión y la terminación del contrato
NOTA DE RELATORÍA:
[Sobre la nulidad de actos administrativos por falta de competencia al momento de su expedición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 1999, exp. 10196, C. P. Ricardo Hoyos; y, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 12 de julio del 2012, exp. 850012331000199500174 01 (15024), C. P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 73001-23-31-000-2011-00512-01. C. P. Alberto Yepes Barreiro.] [Sobre la competencia como elemento de validez de los actos administrativos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 22 de julio de 2021, C. P. William Hernández Gómez, rad. 23001-23-33-000-2013-00163-02(478918)].
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / ÁREAS DE RESERVA MINERA / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La terminación del contrato de concesión minera por silencio administrativo positivo exonera al concesionario del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la restitución del área?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [L]as reglas derivadas de la disposición contractual (…) se orientan a que, entre el momento de la terminación del contrato por renuncia del concesionario y el momento de la restitución del área minera en concesión, el contratista siga desarrollando la explotación minera y cumpliendo con las obligaciones contractuales correspondientes, pues interesa a la administración que los recursos minerales concedidos sean aprovechados al máximo. Si bien en este caso el efecto de la renuncia se dio por virtud del silencio administrativo positivo contemplado en la ley, ello no le resta efecto y validez al contenido de la disposición contractual. Así, a pesar de la terminación del contrato, el concesionario debía cumplir con las obligaciones principales del contrato, esto es, el pago de las contraprestaciones económicas en favor de la administración, hasta el momento de la restitución del área en concesión al concedente o en el término máximo de un año, periodo en el cual la administración debía seleccionar otro concesionario o clausurar las actividades mineras. De acuerdo con lo anterior, debe precisarse que, si bien las obligaciones principales del contrato se hallaban suspendidas entre el 29 agosto de 2012 y el 28 de agosto de 2016, por virtud de lo previsto en la cláusula 19 antes referida y de la indubitada legalidad de la resolución ANM VSC 000190 del 29 de marzo de 2017, antes referida, tales obligaciones fueron nuevamente exigibles entre el 29 de agosto de 2016 y el 5 de mayo de 2017, fechas comprendidas entre el levantamiento de la suspensión de las obligaciones y el término de un año para la restitución del área minera a la administración. Vale aclarar que esta última fecha se toma ante la ausencia de otra prueba sobre la fecha cierta de restitución y ante los indicios probatorios de que la restitución se dio en un momento posterior, debido a la renuencia de la ANM en recibir.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / INTERVENTORÍA / GRADO DE BENEFICIO DE LA OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Procede la liquidación judicial del contrato de concesión minera con base en las pruebas obrantes en el expediente?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [E]n tanto que no obra prueba en el expediente acerca de otras sumas dinerarias pendientes por pagar, la Sala procederá a liquidar el contrato de conformidad con lo probado. Para ello, resulta útil tomar en cuenta los cálculos llevados a cabo en Resolución ANM VSC 000731 del 12 de julio de 2017, (…). Así, al verificar tales cálculos, se encontró que en ellos se contempla un saldo a favor del concesionario referido en el concepto técnico 003 del 07 de abril de 20171, el cual corresponde al pago anticipado e incausado de la obligación de pago fijo anual y al pago por obras en beneficio del municipio de Restrepo respecto del periodo de suspensión del contrato entre agosto del 2012 y enero del 2013. No obstante, se corrobora que en tales los cálculos se resta el valor adeudado en favor del concesionario sin llevar a cabo la actualización monetaria correspondiente, por lo cual la Sala llevará a cabo dicha corrección y, posteriormente, hará la compensación con las sumas monetarias que el concesionario adeuda a la ANM. (…) Advierte la sala que los cálculos respecto del pago fijo anual y el pago por obras en beneficio común del Municipio de Restrepo para la vigencia 2017 deben ajustarse hasta la fecha establecida contractualmente para el término máximo de la restitución del área minera a la ANM, es decir, el 5 de mayo del 2017, lo cual se hará con base en la información provista por los informes técnicos de interventoría, (…). [L]a liquidación final del contrato arroja un balance general en favor de la ANM. En ese sentido, el actor adeuda a la ANM, con valor actualizado a enero del 2026, la suma de $70.400.577,07 de pesos por concepto del pago fijo anual total y $23.561.897,21 de pesos por el pago por obras en beneficio común del Municipio de Restrepo. De modo que el total adeudado por el actor a la ANM es de $93.962.474,28. Finalmente, (…) la planta de evaporación que remplazó al horno 5, es un activo que debe revertirse al proyecto. Como consecuencia de ello, y de la liquidación aquí elaborada, que corresponde a todos los conceptos relacionados con el contrato, procederá la Sala a declarar el contrato HIQL-01-Upin liquidado en tales términos.
CONDENA EN COSTAS / RECURSO DE APELACIÓN / SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia cuando el recurso de apelación prospera parcialmente?
Respuesta al problema jurídico: No
Debido a que el recurso de apelación prosperó parcialmente, al declararse la ocurrencia del silencio administrativo positivo que puso fin al contrato y al concederse la liquidación judicial del contrato, de conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del CPACA y en el 365 del CGP, no se condenará en costas de esta instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-02-27. C.P. DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA. Rad. 25000233600020190058903. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020190058903-71667-sentencia).
