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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020190053901-70890-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la entidad demandada evaluó de manera indebida la oferta del actor al no otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-11-07"
radicado: "25000233600020190053901"
numero: "70890"
ponente: "JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ"
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# Consejo de Estado: la entidad demandada evaluó de manera indebida la oferta del actor al no otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-11-07
- **Radicado:** 25000233600020190053901
- **Número interno:** 70890
- **Ponente:** JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CONSORCIO GISC -FUNDASOL, FUNDACIÓN ACCIÓN SOLIDARIA – FUNDASOL, GRUPO IS COLOMBIA SAS
- **Demandado:** SECRETARIA DE EDUCACIÓN, C&M CONSULTORES
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020190053901-70890-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020190053901/AFB79F754F0711F2CD2250EF9288881CECCFDBC5DDFE394618E0CAFAA6C74950/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201900539011100103

## Regla de decisión

La entidad incurre en indebida evaluación de la oferta al omitir puntos de apoyo a la industria nacional a pesar de los documentos aportados.

## Problema jurídico

¿La entidad demandada evaluó de manera indebida la oferta del actor al no otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo a la industria nacional, aun cuando existían documentos que acreditaban el origen nacional de los servicios ofertados?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿La entidad al evaluar de forma errónea la propuesta del actor, evitó la aplicación de los criterios sucesivos y excluyentes de desempate previstos en el pliego y en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del…
- ¿Puede el juez examinar la responsabilidad por pérdida de oportunidad en la etapa precontractual cuando las pretensiones se presentan mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del…
- ¿Puede la pérdida de oportunidad en la etapa precontractual configurarse como un daño indemnizable cuando la Administración, mediante actos u omisiones en el proceso de selección…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.1.3.1
- Ley 1437 de 2011, art. 175

## Extracto

El problema jurídico que concentra la atención de la Sala se contrae a determinar si en el proceso de selección sub-lite hubo una indebida calificación de la propuesta del actor respecto del factor de apoyo a la industria nacional, y sus efectos frente a la escogencia realizada como fundamento del daño aducido.… Conforme al Anexo 15 –APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL–, los oferentes debían señalar el origen del personal ofrecido. En la nota 1 de la cláusula 5.2.4 se hizo énfasis en que el ofrecimiento de incorporación de recurso humano nacional en el citado formato, no asignaría puntaje al oferente en proporción al porcentaje de participación del integrante nacional, pues un mismo servicio no podía aplicar a ambos puntajes.

## Síntesis temática

El juez determina que la entidad estatal incurre en indebida evaluación de propuestas cuando omite otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo a la industria nacional a pesar de existir documentos que acreditan el origen de los servicios ofertados. En el presente proceso, al verificarse la falta de correcta valoración del Anexo 15 y de los elementos probatorios presentados por el actor, la Sala revoca la decisión absolutoria de primera instancia y ampara los derechos del proponente afectado bajo la prevalencia del derecho sustancial.

## Descriptores temáticos

PROPUESTA DEL PROPONENTE, CONCEPTO SOBRE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE, REDUCCIÓN DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE, REDUCCIÓN DE PUNTOS EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, OFERTA, EVALUACIÓN DE LA OFERTA, SUBSANACIÓN DE LA OFERTA, REQUISITOS DE LA OFERTA, PUNTAJE ASIGNADO, CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE, EMPATE ENTRE OFERENTES, PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, BIEN DE ORIGEN NACIONAL, SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, INDUSTRIA NACIONAL, CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, INTERPRETACIÓN DE LA NORMA, CARGA DE LA PRUEBA, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, PLIEGO DE CONDICIONES, FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES, REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES, ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL, PROCESO PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL, SORTEO, MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, DAÑO PRECONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL, ACTIVIDAD PRECONTRACTUAL, ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL, INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ETAPA PRECONTRACTUAL, SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA, PROPONENTE, DAÑO INDEMNIZABLE, PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, CONCEPTO DE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL, ERROR, DAÑO ANTIJURÍDICO, INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO, LIQUIDACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, ACTUALIZACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE, ELIMINACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE, PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, REVOCATORIA DE LA SENTENCIA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, ACREDITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, PRIVACIÓN DEL DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN, ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL, VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

PROPUESTA DEL PROPONENTE / CONCEPTO SOBRE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / REDUCCIÓN DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / REDUCCIÓN DE PUNTOS EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / OFERTA / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / REQUISITOS DE LA OFERTA / PUNTAJE ASIGNADO / CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE / EMPATE ENTRE OFERENTES / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / BIEN DE ORIGEN NACIONAL / SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA / INDUSTRIA NACIONAL / CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / CARGA DE LA PRUEBA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES
Problema jurídico:
¿La entidad demandada evaluó de manera indebida la oferta del actor al no otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo a la industria nacional, aun cuando existían documentos que acreditaban el origen nacional de los servicios ofertados?
Respuesta al problema jurídico: Si
El problema jurídico que concentra la atención de la Sala se contrae a determinar si en el proceso de selección sub-lite hubo una indebida calificación de la propuesta del actor respecto del factor de apoyo a la industria nacional, y sus efectos frente a la escogencia realizada como fundamento del daño aducido. (...) Conforme al Anexo 15 –APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL–, los oferentes debían señalar el origen del personal ofrecido. En la nota 1 de la cláusula 5.2.4 se hizo énfasis en que el ofrecimiento de incorporación de recurso humano nacional en el citado formato, no asignaría puntaje al oferente en proporción al porcentaje de participación del integrante nacional, pues un mismo servicio no podía aplicar a ambos puntajes. En cualquier caso, era deber de todos los participantes diligenciar el citado anexo. (...) Respecto al pliego de condiciones no se presentaron observaciones referentes al anexo 15 y a las reglas de puntaje por apoyo a la industria nacional (...) La Sala precisa que si bien no reposan en el expediente las observaciones al pliego de condiciones y al anexo 15, ni las respuestas de la entidad contratante, al consultar esos documentos en el SECOP II se verificó que no hubo observaciones sobre la cláusula de apoyo a la industria nacional ni al contenido del anexo (...) El examen de dicha plataforma virtual es procedente, porque es el mecanismo de publicidad de la contratación estatal en Colombia, entre otras características, y de acuerdo con su reglamentación la demandada debía publicar allí los documentos y actos administrativos de la etapa precontractual, así como los relativos al desarrollo y finalización del negocio jurídico, como en efecto aparece registrado. (...) Esta Subsección, en recientes oportunidades, ha señalado que en casos como el sub examine la carga de la prueba se matiza en virtud del deber de las entidades demandadas de “allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder” establecido en el parágrafo primero del art. 175 del CPACA; además, como en el presente asunto el a quo ofició en curso de la audiencia inicial a la SED, para que allegara los antecedentes administrativos y los documentos contentivos del proceso de selección SED-CM-A-DBE-001-2019, sin que la entidad atendiera el mandato de remitir la información relativa al concurso de méritos, la Sala está habilitada para acudir a los medios electrónicos de divulgación de la información de los procesos contractuales de las entidades públicas, particularmente al SECOP que posee las piezas del expediente administrativo necesarias para fallar. (...) En el informe de evaluación preliminar publicado el 14 de febrero de 2019, se determinó que la propuesta del actor no estaba habilitada por omitir requisitos jurídicos de su integrante Fundasol (certificaciones de pago de aportes al sistema de seguridad social integral e inscripción y antecedentes disciplinarios legibles del revisor fiscal que suscribió tal certificación) (...) El 26 de febrero siguiente se publicó el informe final de evaluación que señaló que el demandante subsanó la oferta, y ocupó el segundo orden de elegibilidad, pues en el primer lugar se ubicó C&M Consultores. (...) Como documento anexo a tal evaluación, la SED adjuntó el oficio de respuesta a las observaciones, del que se destaca la formulada por C&M frente al Consorcio Gisc – Fundasol, relativo al diligenciamiento del Anexo 15 (...) En el anexo 15 presentado por el actor –a diferencia del diligenciado por C&M como adjudicatario– se seleccionó la casilla que indicaba que la oferta era de origen nacional, e igualmente se marcó la opción de incorporación de personal nacional en un 100% –espacio dispuesto sólo para oferentes de origen extranjero–. (...) La normatividad aplicable al sub-lite, respecto al componente de apoyo a la industria nacional, corresponde al artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 antes de la reforma que introdujo el Decreto 680 de 2021, en la medida que el proceso de selección objeto de análisis se desarrolló de enero a marzo de 2019; de manera que es aplicable la definición de servicios nacionales allí contenida. Ésta, a su vez, quedó incorporada en el capítulo V del pliego de condiciones que consagró que los servicios de origen nacional correspondían a aquellos prestados, entre otros, por personas jurídicas constituidas bajo la legislación colombiana, situación que sería acreditada con el certificado de existencia y representación legal respectivo, sin agregar datos adicionales –más allá del anexo 15 que debía registrar la información correspondiente–. (...) Al revisar los términos del citado anexo, no se encuentra que exista una redacción confusa que indujera en error a los proponentes (...) el actor cometió un error al diligenciar el anexo 15, puesto que en el primer segmento indicó que la oferta era de origen nacional; y luego, como si se tratara de un proponente extranjero, marcó la casilla que debían completar únicamente los oferentes sin trato nacional o netamente foráneos. De modo que no asiste razón al apelante al señalar que los términos del citado formato se prestaban a confusiones, pues de una lectura integral de los pliegos, que abarca las reglas de participación y sus anexos, se llega a esta comprensión sin ambigüedades; evidencia que descarta el argumento asociado a una vaguedad o ambivalencia proveniente del pliego y del anexo referido, y por lo mismo no tiene cabida la crítica del censor relacionada con la aplicación de los criterios legales de interpretación a su favor. (...) Con todo, este examen no puede pasar por alto que las personas jurídicas que conformaban el Consorcio Gisc – Fundasol eran de origen nacional, calidad que sin mayor esfuerzo es apreciable en los certificados de existencia y representación aportados con la propuesta. Así que en los términos del art. 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los servicios que ofertó debían catalogarse como nacionales. (...) La Sala no desconoce la importancia de esa clase de documentos de cara al proceso de evaluación y, por ello, no desdice de la obligatoriedad de que los anexos sean debidamente diligenciados. Lo que resalta es que esta exigencia no puede llevarse al extremo de sobreponer un yerro meramente formal por encima de la realidad sustancial, sobre todo si, como en este caso, la incorrección en el diligenciamiento del formulario era francamente apreciable –pues una casilla demarcaba el origen nacional de los servicios versus la que registraba la “incorporación de nacionales en la prestación del servicio extranjero”, lo que las hacía excluyentes–; y era fácilmente superable, comoquiera que bastaba constatar tal información en los certificados de existencia y representación de los integrantes del Consorcio, documento indicado en el pliego y establecido en la ley para su acreditación (...) La prevalencia de lo sustancial sobre lo formal ha sido un tema ampliamente tratado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, precisando que es deber de la administración interpretar las reglas de los procesos de selección, justificar debidamente el análisis de dichas cláusulas, siempre teniendo en consideración que dicha prerrogativa no es discrecional y sin que se pueda atentar o contravenir los actos propios. (...) El yerro de GF no tenía la trascendencia asignada en la evaluación, ni impedía conocer si tales personas jurídicas estaban constituidas bajo las leyes colombianas. (...) La función de dicho formato era consolidar y organizar la información de los participantes para facilitar la evaluación y, puntualmente, fijar el compromiso de los oferentes extranjeros respecto a la utilización de personal nacional; pero en ningún caso podía sustituir preceptos legales ni reglas del pliego relacionadas con la acreditación del origen nacional de los servicios. (...). No podrá decirse que por ser un factor de evaluación, tal incorrección no era susceptible de constatación por la entidad, ya que en este caso el factor de apoyo a la industria nacional estaba libre de interpretaciones o incertidumbres conforme al Decreto 1082 de 2015, pues dicha normativa estableció que se debía demostrar si la persona era (i) nacional o no, (ii) residente o no, y (iii) para las personas jurídicas, si estaban constituidas o no bajo las leyes colombianas; de modo que se conferían los puntos según esta calidad, sin atravesar por un dilema subjetivo. (...) Al quedar demostrado que el demandante ofreció servicios nacionales conforme a la normatividad que le era aplicable, se concluye que la SED evaluó indebidamente la oferta del actor al no asignarle los 10 puntos por el factor de apoyo a la industria nacional, a los que tenía derecho. (...) En consecuencia, como el demandante debió obtener 100 puntos al igual que quien ocupó el primer lugar en el orden de elegibilidad, las dos propuestas deben ser evaluadas aplicando los criterios de desempate previstos en el pliego de condiciones, para determinar si Gisc – Fundasol debía avanzar hasta el sorteo por balota en punto a la adjudicación, como alega en su demanda
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el SECOP y la publicidad de la contratación estatal en Colombia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de junio de 2024, exp. 08001-23-33-000-2019-00567-01 (70198), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.1.1.3.1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 175
EMPATE ENTRE OFERENTES / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / PROCESO PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / SORTEO / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Problema jurídico:
¿La entidad al evaluar de forma errónea la propuesta del actor, evitó la aplicación de los criterios sucesivos y excluyentes de desempate previstos en el pliego y en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, lo que impidió el sorteo como último mecanismo de adjudicación, ya que los demás criterios mantenían el empate, en cuyo caso resulta incierto a cuál de los dos oferentes debía adjudicarse el concurso de méritos?
Respuesta al problema jurídico: Si
Aplicación de los criterios de desempate (...) La cláusula 5.3. del pliego de condiciones consagró las reglas de desempate para el proceso de selección objeto de estudio. De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, la SED escogería el oferente que tuviera el mayor puntaje en los siguientes factores sucesivos y excluyentes: (i) “EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE”; (ii) “EXPERIENCIA ADICIONAL DEL DIRECTOR DEL PROYECTO”; (iii) “EXPERIENCIA ADICIONAL DE LOS SUBDIRECTORES”; (iv) “EXPERIENCIA ADICIONAL DEL ASESOR DE DIRECCIÓN”, o (v) tener en cuenta el puntaje por personal en discapacidad. Se aclaró que al momento de evaluar posibles empates únicamente serían tenidos en cuenta los formatos y certificaciones presentados hasta la fecha de cierre. (...) Al permanecer el empate, el pliego estableció la aplicación de los criterios previstos en el art. 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, vigente para la época. De ahí que, bajo el primer criterio legal se prefiere la oferta de bienes y servicios nacionales frente a la oferta extranjera. Como se explicó líneas atrás, el actor probó que sus dos miembros eran de origen colombiano; y C&M acreditó haber sido constituida bajo las leyes colombianas mediante escritura pública 7990 del 27 de diciembre de 2004 bajo el nombre de C&M Consultores L

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

itivo o de cumplimiento. Para determinar este porcentaje se hará una ponderación inversa entre los límites mínimo y máximo de tal concepto así, a mayor valor menor porcentaje, y a menor valor mayor porcentaje; sin superar el 20% de la utilidad esperada. (iii) De existir pretensiones por otros daños, se analizarán según su comprobación y petitorio respectivo. (iv) Es improcedente una indemnización por el porcentaje probabilístico que resulte de la acreditación del vínculo causal frente a la configuración del daño final. (v) El porcentaje de la pérdida deberá establecerse a partir de la perspectiva cuantitativa indicada, sin exceder en ningún caso los anteriores límites pecuniarios. (...) Aplicando estos criterios al caso concreto, se considera que el Consorcio Gisc – Fundasol debe ser indemnizado conforme a la siguiente valoración: a) la utilidad indicada en su propuesta ascendió a la suma de Mil Quinientos Treinta y Cuatro Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Veintitrés Pesos M/Cte ($1.534´195.623); b) a este valor se aplica el 3%, que se sitúa en el primer cuarto de los extremos del umbral indicado, aplicando la ponderación inversa; y c) como resultado de esta operación los perjuicios por pérdida de oportunidad ascienden a la suma de cuarenta y seis millones veinticinco mil ochocientos sesenta y ocho Pesos M/Cte ($46´025.868), los cuales serán indexados a la fecha de esta providencia. (...) Con lo hasta aquí indicado, la Sala procede a revocar el fallo de primera instancia, y declarará la responsabilidad precontractual de la SED en los términos expuestos en esta providencia. (...) Para indemnizar la pérdida de oportunidad a la que esta Sala accede, se dictará condena contra la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá en cuantía cuarenta y seis millones veinticinco mil ochocientos sesenta y ocho Pesos M/Cte ($46´025.868), que será indexada, a favor del Consorcio Gisc – Fundascol, de conformidad con los porcentajes de participación de sus integrantes en la referida estructura plural. (...) El valor de $46´025.868 se actualizará de conformidad con los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, tomando como índice inicial el correspondiente a la fecha en que se suscribió el contrato por ser la utilidad esperada con su adjudicación y suscripción el referente económico principal para tasar la indemnización -29 de marzo de 2019- y el índice final el de la fecha de esta providencia, con base en la siguiente fórmula (donde Vp corresponde al valor presente y Vh al valor histórico o inicial) (...) Por consiguiente, la indemnización por pérdida de oportunidad que se reconoce al Consorcio Gisc – Fundasol debidamente indexada, asciende a la suma de setenta y un millones quinientos ochenta y nueve mil ochocientos veintinueve Pesos M/Cte ($71´589.829) que, como se dijo previamente, se deberá reconocer en proporción a la participación de cada integrante en la figura consorcial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la condena al Estado por la configuración de una pérdida de oportunidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de marzo de 2013, exp. 50001-23-31-000-1996-05793-01 (25.569), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2012, exp. 54001-23-31-000-1997-2919-01 (22.017), C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre las pautas trazadas por el Consejo de Estado para definir la condena por pérdida de oportunidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 4 de diciembre de 2023, exp. 54001-23-31-000-2007-00026-01 (60.000), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre la configuración de la pérdida de oportunidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de julio de 2011, exp. 20139, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 18593, C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 230, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 16
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede imponer condena en costas a la parte vencida en ambas instancias cuando la sentencia de segunda instancia revoca totalmente la decisión del inferior y se acredita su causación conforme a las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. El artículo 354 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El artículo 361 ibídem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura. (...) El numeral 4 del artículo 365 de la norma referida dispone que, cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida, en este caso la SED, será condenada a pagar las costas de ambas instancias; asimismo, el núm. 8 del citado artículo prevé que “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, para lo cual se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere (art. 365.4 ib.). (...) En ese sentido, la Sala fijará las agencias en derecho, para la primera instancia, en la suma equivalente al 3% de las pretensiones a las que se accede, esto es, dos millones setecientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y dos pesos M/Cte ($2´761.552) y, en la segunda instancia, por el valor equivalente a 1 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia. Esta determinación se efectúa de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, norma vigente en materia de tarifas de agencias en derecho para la fecha en que se presentó la demanda. (...) Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 ib.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 354, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-11-07. C.P. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ. Rad. 25000233600020190053901. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020190053901-70890-sentencia).
