---
clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020190022401-68181-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la contratación estatal se erige como uno de los instrumentos por medio de los cuales el Estado cumple sus fines esenciales"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-09-17"
radicado: "25000233600020190022401"
numero: "68181"
ponente: "ADRIANA POLIDURA CASTILLO"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020190022401-68181-sentencia"
---

# Consejo de Estado: la contratación estatal se erige como uno de los instrumentos por medio de los cuales el Estado cumple sus fines esenciales

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-09-17
- **Radicado:** 25000233600020190022401
- **Número interno:** 68181
- **Ponente:** ADRIANA POLIDURA CASTILLO
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CONSORCIO VIAL P&P, PROMOTORA PUGA LTDA, PROMCIVILES S.A.S
- **Demandado:** BOGOTA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020190022401-68181-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020190022401/BCD8A69D0B8CEED9BB67ECBEBCE34DD1A682E39F2ACF7332DED60DF9031A2810/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201900224011100103

## Regla de decisión

Viene bien anotar que la Ley 80 de 1993, tal y como lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia es una ley eminentemente de principios que deben guiar la actuación de la Administración Pública en el marco del procedimiento de selección, pero también cuenta con reglas que prescriben parámetros de conducta tendientes a permitir, mandar o prohibir.

## Problema jurídico

¿Para garantizar los principios de transparencia, eficiencia y selección objetiva en la contratación pública, las entidades estatales solo pueden solicitar la subsanación de los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, ante un error propio en la verificación de los requisitos del pliego de condiciones…
- ¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos desconoció el principio de igualdad, al permitir que algunos oferentes subsanaran, durante la audiencia de adjudicación…
- ¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, con fundamento en las reglas previstas en el pliego de condiciones y en las orientaciones de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 222 de 1983
- Ley 1150 de 2007, arts. 5, 5 par. 1 y 32
- Ley 1882 de 2018, art. 5

## Extracto

De conformidad con lo prescrito en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal se erige como uno de los instrumentos por medio de los cuales el Estado cumple sus fines esenciales. Para lograr la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, el Estado requiere de bienes y servicios que obtiene a partir de la colaboración de los particulares, quienes deben ser contratados a través de los procedimientos de selección regulados en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. El proceso de formación de la voluntad de la Administración Pública, a diferencia de lo que ocurre en la contratación entre particulares, supone el agotamiento de un procedimiento eminentemente reglado.

## Síntesis temática

El contratista puede solicitar la subsanación de los requisitos no esenciales para la comparación de propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación, en cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y selección objetiva en la contratación pública. Esta regla se fundamenta en la necesidad de evitar la arbitrariedad en la evaluación de propuestas y en la obligación de las entidades estatales de concentrarse en los requisitos indispensables para determinar la oferta más favorable, en lugar de rechazar las propuestas por errores menores. La Sala reitera esta posición, matizando que la subsanación debe limitarse al término de traslado del informe de evaluación, lo que implica que las entidades estatales no pueden solicitar correcciones fuera de este plazo, garantizando así la transparencia y la objetividad del proceso de selección.

## Descriptores temáticos

CONTRATACIÓN ESTATAL, FINALIDAD DEL ESTADO, PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, IMPARCIALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ENTIDAD ESTATAL, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, HERMENÉUTICA JURÍDICA, REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL, SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA, OFERTA, OFERTA MÁS FAVORABLE, PLIEGO DE CONDICIONES, PROPONENTE, PROPUESTA DEL PROPONENTE, RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE, CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE, INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, SUBSANACIÓN DE LA OFERTA, TÉRMINO PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA, REGLAS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA, REQUISITOS DE LA OFERTA, AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, VACÍO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL, PLAZO PERENTORIO, PLAZO PRECLUSIVO, ETAPA PRECONTRACTUAL, DEBIDO PROCESO, APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, OMISIÓN ADMINISTRATIVA, DERECHO SUSTANCIAL, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA, OFERENTE, PRINCIPIO DE ECONOMÍA, PRINCIPIO DE EFICIENCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA, PRINCIPIO DE IGUALDAD, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD, FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD, PRINCIPIO DE IGUALDAD PRECONTRACTUAL, INHABILIDAD DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE, CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES, CIRCULAR EXTERNA, AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, PUNTAJE ASIGNADO, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, INTERÉS PÚBLICO, PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE, CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES, TERMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, FALTA DE PRUEBA, PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, TRABAJADOR DISCAPACITADO, PLANTA DE PERSONAL, VINCULACIÓN LABORAL, SUSTITUCIÓN DEL EMPLEADOR, CONCEPTO DE SUSTITUCIÓN DEL EMPLEADOR, PRESUPUESTOS DE LA SUSTITUCIÓN DEL EMPLEADOR, CONSORCIO, DOCUMENTO, CONTRATO INTUITO PERSONAE, CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO INTUITO PERSONAE, INCENTIVOS, COSTAS PROCESALES, IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

## Guías prácticas relacionadas

- [Liquidación del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/liquidacion.md): Qué hacer para cerrar un contrato y cuándo la liquidación queda firme.
- [Terminación unilateral](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/terminacion-unilateral.md): Cuándo puede la entidad terminar el contrato por sí misma y cómo se diferencia de la caducidad.
- [Inhabilidades e incompatibilidades para contratar](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/inhabilidades-incompatibilidades.md): Cómo verificar si una persona puede contratar con el Estado y qué efecto tiene la inhabilidad.
- [Requisitos habilitantes, experiencia y RUP](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/requisitos-habilitantes.md): Cómo fijar y verificar la capacidad jurídica, financiera y la experiencia del proponente.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Se configura la causal de nulidad absoluta del contrato prevista en el artículo 1741 del Código Civil, aplicable conforme al inciso primero del artículo 44 del la Ley 80 de 1993.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:85001233300020140023201-55596-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: en manera alguna la norma establece una inhabilidad para contratar con el Estado](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020050466402-47156-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: se probó que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233100020010132001-40845-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Se impone denegar las pretensiones de la demanda y, confirmar la decisión del a quo.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020100132701-61297-sentencia.md)

## Texto del documento

CONTRATACIÓN ESTATAL / FINALIDAD DEL ESTADO / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / IMPARCIALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ENTIDAD ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / HERMENÉUTICA JURÍDICA / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / OFERTA / OFERTA MÁS FAVORABLE / PLIEGO DE CONDICIONES / PROPONENTE / PROPUESTA DEL PROPONENTE / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / TÉRMINO PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / REGLAS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / REQUISITOS DE LA OFERTA
Problema jurídico:
¿Para garantizar los principios de transparencia, eficiencia y selección objetiva en la contratación pública, las entidades estatales solo pueden solicitar la subsanación de los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo prescrito en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal se erige como uno de los instrumentos por medio de los cuales el Estado cumple sus fines esenciales. Para lograr la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, el Estado requiere de bienes y servicios que obtiene a partir de la colaboración de los particulares, quienes deben ser contratados a través de los procedimientos de selección regulados en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. El proceso de formación de la voluntad de la Administración Pública, a diferencia de lo que ocurre en la contratación entre particulares, supone el agotamiento de un procedimiento eminentemente reglado. En efecto, el Estatuto de Contratación de la Administración Pública establece (i) los procedimientos de selección que deben ser adelantados para la contratación de bienes y servicios; (ii) las características de cada uno de estos procedimientos, con lo que define su procedencia en cada caso dependiendo de la necesidad específica que tenga la Administración Pública; (iii) las etapas que deben surtirse para efectos de la escogencia del contratista, así como también las reglas y principios con base en los cuales debe adelantarse el respectivo procedimiento de selección y adoptarse la decisión final; y (iv) los presupuestos bajo los cuales debe suscribirse el contrato estatal. En tal sentido, resulta razonable entender, como lo ha hecho la jurisprudencia de esta Corporación, que la Administración Pública no se encuentra en una posición de libertad absoluta para seleccionar a sus contratistas, en la medida en que “[…] está sujeta a los procedimientos preestablecidos en las leyes y reglamentos, inspirados en una doble finalidad: 1º asegurar la eficiencia en el cumplimiento del contrato; y 2º evitar toda sospecha de inmoralidad en la respectiva negociación, de lo cual se deduce que la decisión de contratar y la adjudicación de un contrato no es una facultad enteramente discrecional de las entidades públicas que integran aquella”. En este punto viene bien anotar que la Ley 80 de 1993, tal y como lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia, es una ley eminentemente de principios que deben guiar la actuación de la Administración Pública en el marco del procedimiento de selección, pero también cuenta con reglas que prescriben parámetros de conducta tendientes a permitir, mandar o prohibir. De ahí que la jurisprudencia de esta Sección haya entendido que “[…] la Ley 80 de 1993 contiene en forma sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado y, en rigor, a los cuales se encuentran sujetos los procesos de selección que adelanten las entidades públicas cuando deseen contratar bien bajo la modalidad de la licitación pública o mediante la contratación directa.” En esta línea, la Sala estima pertinente destacar que los principios son normas jurídicas de textura abierta que establecen criterios de conducta generales que rigen las relaciones jurídicas del Estado, por lo que permiten adoptar una posición específica ante una situación jurídica concreta. Los principios tienen una triple función en el ordenamiento jurídico en tanto “[…] i) Sirven de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico; (ii) actúan como directriz hermenéutica para la aplicación de las reglas jurídicas; y finalmente, (iii) en caso de insuficiencia normativa concreta y específica, se emplean como fuente integradora del derecho. […]”. Las reglas, por su parte, son normas jurídicas que prescriben parámetros de conducta específicos tendientes a permitir, mandar o prohibir, por lo que su redacción es impersonal y concreta; aspecto este que limita su aplicación a aquellos eventos en los que la situación fáctica o jurídica se ajusta a sus preceptos. Pues bien, en materia precontractual una de las reglas que representa mayor importancia para la escogencia objetiva del contratista es la relativa a la subsanabilidad de las propuestas que se presentan en el marco del procedimiento de selección. Al respecto, debe destacarse que desde la génesis del Estatuto de Contratación de la Administración Pública el Legislador pretendió impregnarle practicidad al procedimiento de selección y, en dicho contexto, apuntó a que las entidades estatales se concentraran en el estudio de “[…] los requisitos indispensables para determinar la oferta más favorable, lo que les impedía justificar el rechazo con fundamento en formalidades insustanciales”. De ahí que desde la expedición de la Ley 80 de 1993 se estableciera que no cualquier disconformidad entre el pliego de condiciones y las propuestas conducía a su rechazo, a diferencia de lo que ocurría en vigencia del Decreto 222 de 1983. En el anterior sentido, el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 disponía que “[…] La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.” De este modo, la Ley 80 de 1993 imponía de manera implícita a las entidades el deber de requerir a los participantes para que corrigieran los errores relacionados con requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas, en lugar de proceder a su rechazo de plano. Con todo, la norma comportó una dificultad no menor, en la medida en que no estableció criterios objetivos a partir de los cuales se pudieran identificar los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas, por lo que eran las entidades estatales quienes debían determinarlo en cada caso, lo que a la postre conllevó situaciones de arbitrariedad y ambigüedad en el procedimiento de selección. El numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 para, en su lugar, establecer un nuevo régimen de subsanabilidad de las ofertas que respetó las bases fundamentales contenidas en la norma derogada. En efecto, el parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 prescribió que “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización.[…]” En este punto es pertinente resaltar que el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, antes de definir los criterios relativos a la subsanabilidad de los ofrecimientos, diferenció los requisitos exigidos para participar en el procedimiento de selección que debían ser objeto de verificación por no implicar la asignación de puntaje, de aquellos requisitos que sí comportaban el otorgamiento de puntaje y, por tanto, debían sustentar el análisis de comparación para la escogencia de la propuesta más favorable para la Administración Pública. De ahí que la Ley 1150 de 2007 permitiera superar la dificultad que devino de la aplicación del derogado numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en tanto brindó parámetros objetivos para identificar los requisitos subsanables, al paso que determinó la procedencia y oportunidad para la subsanación de tales requisitos. Pese a lo anterior, el parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 fue modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, en cuya vigencia fue tramitado el procedimiento de selección, por lo que se erige como el régimen de subsanabilidad aplicable al caso concreto. El artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 definió los criterios de subsanabilidad de las propuestas (…) disposición normativa se refiere a la oportunidad para subsanar los ofrecimientos en cuanto a los requisitos que no otorgan puntaje, puesto que, en vigencia del texto original del parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, dicha oportunidad se extendía hasta la audiencia de adjudicación, siempre que la entidad a cargo del proceso lo requiriera en dicho momento. Este aspecto fue aclarado por el citado artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, con el propósito de establecer que las entidades estatales tienen el deber de solicitar los documentos referidos a los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas, al paso que los proponentes tienen el deber de presentar los documentos requeridos hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, so pena de rechazo de su ofrecimiento. Resulta importante destacar que esta modificación hizo parte de una serie de medidas adoptadas por el Legislador para evitar prácticas colusorias con el objeto de fortalecer el sistema de compras públicas. En ese sentido, el Legislador determinó la necesidad de aclarar los criterios referidos a la oportunidad para subsanar las propuestas, teniendo en consideración que existían interpretaciones efectuadas a partir del texto original del parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, que podían dar lugar a prácticas contrarias a los principios de eficiencia y transparencia que se deben observar en el proceso de selección. Así quedó consignado en la exposición de motivos de la Ley 1882 de 2018 (…) De cara a las anteriores consideraciones, la Sala entiende que lo pretendido por el Legislador fue aclarar que la oportunidad para subsanar los ofrecimientos solo procede por solicitud que haga la entidad a cargo del procedimiento de selección, con el objeto de superar las interpretaciones que sugerían que los oferentes podían hacerlo por iniciativa propia hasta la audiencia de adjudicación. Con el mismo propósito, la regla limitó la oportunidad para subsanar las propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación, aspecto en el cual el Legislador resaltó el carácter preclusivo del término para subsanar las propuestas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posición de libertad de la Administración Pública para seleccionar a sus contratistas, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 3 de diciembre de 2007, exp. 24715, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre los principios como normas jurídicas que establecen criterios de conducta frente a las relaciones jurídicas del Estado, consultar la sentencia de la Corte Constitucional, C-818 del 9 de agosto de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sobre la disconformidad entre el pliego de condiciones y las propuestas que conducen al rechazo de la oferta, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 17 de junio de 2024, exp. 48.118, C.P. William Barrera Muñoz y el 12 de noviembre de 2014, exp. 27986, C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 222 DE 1983, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5 , LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5 PARÁGRAFO 1, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 32 , LEY 1882 DE 2018 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 15, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3
AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / VACÍO NORMATIVO / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PERENTORIO / PLAZO PRECLUSIVO / ETAPA PRECONTRACTUAL / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCES

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

pacidad, por virtud de los efectos del convenio de sustitución patronal (…). En este punto, cabe anotar que la sustitución patronal es una figura jurídica regulada en el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo, que opera cuando se materializa (i) un cambio de patrono por cualquier causa, (ii) la continuidad de la empresa o afinidad en sus operaciones; y (iii) continuidad del trabajador. En relación con la procedencia de esta figura, la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que la naturaleza intuitu personae que se predica del contrato de trabajo solo opera respecto de la parte de la relación laboral que presta el servicio, motivo por el cual ha admitido que el empleador puede ser reemplazado ya sea por la vía de la sustitución patronal o por la vía de la cesión de la posición contractual. De acuerdo con lo anterior, el reemplazo de la figura del empleador de la relación laboral resulta admisible en el ordenamiento jurídico colombiano, por lo que el Fondo debió analizar los efectos jurídicos que produjo el convenio de sustitución patronal (…), así como también determinar si la suscripción de dicho acuerdo permitió el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 392 de 2018 para acceder al incentivo por vinculación de personas en condición de discapacidad, en atención a la certificación expedida por el Ministerio del Trabajo en favor del (…) [socio de la promotora], que demostraba que aquel tenía un solo trabajador y que ese trabajador estaba en condición de discapacidad. De otra parte, la Sala advierte que, contrario a lo considerado por la entidad demandada, la sociedad Promotora (…) sí aportó la experiencia exigida en el Decreto 392 de 2018, para que su planta de personal fuera tenida en cuenta para estudiar la pertinencia de asignar el puntaje por concepto de este incentivo. Ciertamente, la referida sociedad aportó una experiencia equivalente a 5.836 SMMLV, cuantía que, inclusive, representaba un porcentaje superior al 40% del presupuesto oficial estimado del procedimiento de selección. Con todo, la Sala estima que el demandante no tenía derecho al incentivo, porque no aportó una de las certificaciones que era indispensable para determinar si la sociedad Promotora (…). cumplía con el número mínimo de empleados en condición de discapacidad. Al respecto, resulta de vital importancia recordar que, para acceder al reconocimiento del incentivo, el Decreto 392 de 2018 exigía acreditar la vinculación laboral de un número mínimo de trabajadores en condición de discapacidad, el cual era determinado en función del número total de trabajadores que integraban la planta de personal del oferente. De ahí que dicho marco normativo, entre otros documentos, exigiera presentar una certificación del empleador o de su revisor fiscal que hiciera constar el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha del cierre del proceso de selección. Pese a lo anterior, el Consorcio (…) no allegó con su propuesta la certificación que debía dar cuenta del número de empleados que conformaban la planta de personal de la sociedad Promotora (…). Por este motivo, lo cierto es que, en cualquier caso, resultaba imposible para la entidad demandada verificar si la planta de personal de la sociedad Promotora (…). cumplía con el número mínimo de trabajadores en condición de discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018. Al margen de lo anterior, la Sala destaca que aun si se hubiere reconocido el puntaje por este concepto, el demandante no habría resultado adjudicatario. En este particular, basta retirar que el puntaje permitido por la vinculación de personas en condición de discapacidad era apenas de 1 punto y que el oferente mejor calificado en el orden de elegibilidad fue la sociedad Concretos (…) con un puntaje total de 89.94, mientras que el puntaje inicialmente asignado al Consorcio (…) bajó a 78.84. De ahí que el reconocimiento del puntaje por este incentivo no habría modificado el orden de elegibilidad. Vistas así las cosas, no prospera el cargo relacionado con el no otorgamiento del puntaje establecido en el pliego de condiciones por la vinculación de personas en condición de discapacidad. De igual modo, la Sala confirmará la decisión de negar el reconocimiento de los perjuicios cuya indemnización persigue la parte accionante, así como la pretensión formulada para que se declarara la nulidad absoluta del contrato estatal, en tanto estas dependían de la anulación del acto de adjudicación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la sustitución patronal, consultar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión N.° 4, Sala de Casación Laboral, proferida el 2 de abril de 2019, exp. SL1731-201, M.P. Santander Rafael Brito Cuadrado.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2663 DE 1950 - ARTÍCULO 67, DECRETO 392 DE 2018
COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente condenar en costas a la parte demandante, por haberse resuelto de manera desfavorable el recurso de apelación que impetró y abstenerse de fijar agencias en derecho, debido a que la demandada no intervino en esta instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su turno, los artículos 365 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente su causación; y su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la secretaría del a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura, y atendiendo a la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también la actuación desplegada por la parte vencedora. Bajo este entendido, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, dado que se resolvió su recurso de manera desfavorable. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la liquidación y tasación de costas. La Sala no fijará agencias en derecho en esta instancia, dado que el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos no intervino en segunda instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-09-17. C.P. ADRIANA POLIDURA CASTILLO. Rad. 25000233600020190022401. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020190022401-68181-sentencia).
