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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020170139703-68273-sentencia"
titulo: "Contratación estatal: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-10-04"
radicado: "25000233600020170139703"
numero: "68273"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Contratación estatal: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-10-04
- **Radicado:** 25000233600020170139703
- **Número interno:** 68273
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPARACION DIRECTA
- **Actor:** CLARA HELENA JIMENEZ MARULANDA, CLARA CATALINA MEJIA JIMENEZ, LUIS FERNANDO MEJIA BORJA, JUAN FERNANDO MEJIA JIMENEZ, UBICA INTERNACIONAL S.A
- **Demandado:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION, MOVISTAR TELEFONICA, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. TELECOM, EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. -ETB-, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020170139703-68273-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020170139703/59E75883935F829C1D7A18A65E8F719F1ABDB3D6E9A9956213EB64CE18938854/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201701397031100103

## Problema jurídico

¿La actuación desplegada por la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional y, en particular, por las empresas que la componen, dentro del proceso penal por el supuesto delito de acceso o prestación ilegal del servicio de telecomunicaciones, en contra del actor, le ocasionó un daño a la parte actora que pueda catalogarse como antijurídico?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿La competencia para conocer las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad le corresponden en…
- ¿El término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de 2 años?
- ¿Los documentos aportados en copia auténtica serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica?

## Fundamentos jurídicos

- Resolución 087 de 1997, arts. 2.4.3 y 2.6
- Resolución 1732 de 2007, art. 66
- Resolución 1879 de 2008

## Extracto

Para efectos de resolver el presente caso, debe establecerse, antes que nada, si se produjeron los daños alegados en la demanda, y si aquellos revisten las características de ciertos, presentes o futuros, determinados o determinables, para luego, definir si resultan antijurídicos, en cuanto afectan una situación jurídicamente protegida. Dicho daño, conforme a las pretensiones de la demanda, como al objeto del recurso de apelación, se traduce en el detrimento patrimonial que padeció la empresa UBICA INTERNACIONAL S.A. de un lado, (i) por el deterioro de los equipos incautados dentro del proceso penal, que aunque fueron restituidos, lo fueron en un estado inservible; y, del otro, (ii) la pérdida de oportunidad de desarrollar el objeto social por la parálisis de su actividad comercial… .

## Síntesis temática

El contratista no puede obtener reparación directa por daños antijurídicos derivados de la actuación de la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional en un proceso penal, ya que no acredita el daño cierto, presente o futuro, ni su relación causal con la acción de la entidad, además de no probar adecuadamente la afectación de garantías procesales o la pérdida de oportunidades comerciales. La Sala confirma la sentencia que rechaza la demanda por falta de pruebas, lo que implica que el contratista debe demostrar con claridad y certeza el daño y su origen para obtener indemnización.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO, DAÑO CIERTO, DAÑO FUTURO, DAÑO ANTIJURÍDICO, DETRIMENTO DEL PATRIMONIO, BIEN INCAUTADO, ENTREGA DE BIEN INCAUTADO, PROCESO PENAL, DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, ACTIVIDAD COMERCIAL, DAÑO INMATERIAL, AFECTACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES, GARANTÍA PROCESAL, FALTA DE PRUEBA, PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, DAÑO AUTÓNOMO, INEXISTENCIA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, INCAUTACIÓN, REGISTRO MERCANTIL, RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, SUSTRACCIÓN DE MATERIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL, DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN PRIMERA INSTANCIA, FUERO DE ATRACCIÓN, ENTIDAD PÚBLICA, ENTIDAD PRIVADA, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, DAÑO, CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, PRUEBA DOCUMENTAL, DECRETO DE PRUEBA DOCUMENTAL, INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO, CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, EXISTENCIA DEL DAÑO, CONCEPTO DE DAÑO, CLÁUSULA GÉNERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, ERROR JURISDICCIONAL, PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CONCEPTO DE DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO, REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, DAÑO INDEMNIZABLE, RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, GASTOS DEL PROCESO, HONORARIOS DEL AUXILIAR DE LA JUSTICIA, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

## Guías prácticas relacionadas

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO / DAÑO CIERTO / DAÑO FUTURO / DAÑO ANTIJURÍDICO / DETRIMENTO DEL PATRIMONIO / BIEN INCAUTADO / ENTREGA DE BIEN INCAUTADO / PROCESO PENAL / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / ACTIVIDAD COMERCIAL / DAÑO INMATERIAL / AFECTACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES / GARANTÍA PROCESAL / FALTA DE PRUEBA / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DAÑO AUTÓNOMO / INEXISTENCIA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / INCAUTACIÓN / REGISTRO MERCANTIL / RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / SUSTRACCIÓN DE MATERIA
Problema jurídico:
¿La actuación desplegada por la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional y, en particular, por las empresas que la componen, dentro del proceso penal por el supuesto delito de acceso o prestación ilegal del servicio de telecomunicaciones, en contra del actor, le ocasionó un daño a la parte actora que pueda catalogarse como antijurídico?
Respuesta al problema jurídico: No
Para efectos de resolver el presente caso, debe establecerse, antes que nada, si se produjeron los daños alegados en la demanda, y si aquellos revisten las características de ciertos, presentes o futuros, determinados o determinables, para luego, definir si resultan antijurídicos, en cuanto afectan una situación jurídicamente protegida. Dicho daño, conforme a las pretensiones de la demanda, como al objeto del recurso de apelación, se traduce en el detrimento patrimonial que padeció la empresa UBICA INTERNACIONAL S.A. de un lado, (i) por el deterioro de los equipos incautados dentro del proceso penal, que aunque fueron restituidos, lo fueron en un estado inservible; y, del otro, (ii) la pérdida de oportunidad de desarrollar el objeto social por la parálisis de su actividad comercial […]. De igual modo, protesta el demandante que se le produjo un daño inmaterial determinado por una serie extensa, por cierto, de violaciones o desconocimiento de las garantías procesales del proceso penal […] en el que no se respetó ninguna de las garantías que el actor […] tenía a la luz del orden constitucional y legal. […] Frente al primer daño […] debe indicar la Sala que no obra dentro del plenario prueba alguna que acredite el menoscabo, […] de este suceso se tiene conocimiento por el dicho de los demandantes, así como por la copia de la providencia judicial que declaró ilegal la diligencia y dispuso la devolución de bienes, documento que resulta insuficiente para probar ese daño, pues, no se sabe, a ciencia cierta, qué equipos fueron cobijados por la medida, en qué estados se encontraban, ni en custodia de quién se dejaron, ni en qué estado retornaron a manos de los demandantes. […] Respecto del segundo de los daños invocados, […] [s]iendo considerada la pérdida de oportunidad como daño autónomo, su reconocimiento exige prueba y, a juicio de la Sala, dentro del expediente no obran los medios de convicción necesarios para determinar, con claridad meridiana, que la causa determinante de no poder seguir desarrollando el objeto social y la actividad comercial de Ubica S.A., […] proviniera del hecho de la incautación de los equipos, máxime, cuando, como ya se indicó, tan siquiera se demostró el daño proveniente de la incautación de los equipos, como tampoco se demostró que UBICA S.A., hubiera dejado de desarrollar su objeto social, es decir, hubiese cancelado su registro mercantil, o se hubiese sometido al régimen de quiebras o insolvencia. […] En lo que a los daños inmateriales atañe, […] no encuentra la Sala en el plenario probanza que los acredite o demuestre […]. Valga memorar que, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, a la parte actora incumbía probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, carga a la que se sustrajo inexplicablemente la parte accionante. […] Así las cosas, no habiéndose probado el daño, por sustracción de materia, no hay lugar al análisis de la imputación. En esos términos y como el material probatorio allegado es insuficiente para inferir cosa diferente, esta Subsección confirmará la sentencia […] proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
FUENTE FORMAL:
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, RESOLUCIÓN 087 DE 1997 - ARTÍCULO 2.4.3, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, RESOLUCIÓN 087 DE 1997 - ARTÍCULO 2.6, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, RESOLUCIÓN 1732 DE 2007 - ARTÍCULO 66, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, RESOLUCIÓN 1879 DE 2008, LEY 1341 DE 2009 - ARTÍCULO 11, LEY 1341 DE 2009 - ARTÍCULO 64, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 309, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 86, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 63A INCISO 3, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55, LEY 599 DE 2000 - ARTÍCULO 257, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCIÓN 70791 DE 2011
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN PRIMERA INSTANCIA / FUERO DE ATRACCIÓN / ENTIDAD PÚBLICA / ENTIDAD PRIVADA / DAÑO ANTIJURÍDICO
Problema jurídico:
¿La competencia para conocer las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad le corresponden en primera instancia a los Tribunales Administrativos y en segunda instancia al Consejo de Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala es competente para decidir el asunto de la referencia, en razón a su naturaleza, pues la Ley 270 de 1996 determinó que la competencia para conocer las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad le corresponden en primera instancia a los Tribunales Administrativos y en segunda instancia al Consejo de Estado […]. Así mismo, en consideración a que la demanda también se dirige contra empresas privadas, la Sala es competente en virtud del denominado “fuero de atracción”, técnica de conexidad que procede cunado de la demanda, sus hechos y pretensiones puede inferirse una razón valedera para la vinculación conjunta de entidades públicas y privadas en torno a la producción de un daño antijurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, rad. 21060, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia en razón de la cuantía, cita: Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. IJ-00009, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre la competencia del Consejo de Estado en virtud del fuero de atracción, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de marzo de 2017, rad. 38958, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 267, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328, LEY 270 DE 1996
TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO
Problema jurídico:
¿El término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de 2 años?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]e conformidad con el numeral 2, literal i) del artículo 164 del CPACA, el término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo […].
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I
VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PRUEBA DOCUMENTAL / DECRETO DE PRUEBA DOCUMENTAL / INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA
Problema jurídico:
¿Los documentos aportados en copia auténtica serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con el valor de los medios de prueba aportados al proceso, la Sala advierte que los documentos a él traídos como medios de convicción fueron decretados y aportados válidamente. Para su recepción e incorporación se respetaron los principios de contradicción y publicidad. Los aportados en copia auténtica serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DAÑO CIERTO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / EXISTENCIA DEL DAÑO / CONCEPTO DE DAÑO / CLÁUSULA GÉNERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONCEPTO DE DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO
Problema jurídico:
¿El Estado responderá por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales, bien por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ya por error jurisdiccional, ora por privación injusta de la libertad?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 preceptúa dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique. Dicho daño debe revestir condiciones o cualidades entre las que la jurisprudencia de esta Corporación ha destacado que debe ser cierto, presente o futuro, en todo caso determinado o determinable y anormal, referido eso si a una situación jurídicamente protegida. La metodología que permite en mejor forma el análisis de la responsabilidad a la luz del artículo 90 antes citado determina, al menos como regla general, la pertinencia de verificar, en primer lugar, la existencia del daño entendido como la alteración negativa a un interés lícito o situación jurídicamente protegida, porque si dicho elemento se encuentra ausente, carece de sentido cualquier juicio de imputación. […] A su turno el legislador tiene establecido en desarrollo de la cláusula general de responsabilidad prevista en el citado artículo 90 de la Carta Constitucional, que el Estado responderá por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales, bien por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ya por error jurisdiccional, ora por privación injusta de la libertad, según voces del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, al paso que el artículo 69 ibidem define residualmente el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como aquel que escapa de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de la misma reglamentación, entiéndase como aquel que no constituye error jurisdiccional ni privación injusta de la libertad. […] Rememora la Sala que el daño en cuanto cierto, presente o futuro, determinado o determinable, personal y anormal, tiene dos facetas, una en campo fáctico y otra en el jurídico, exigiendo para su reconocimiento la plena demostración.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de daño antijurídico, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2000, rad. 11945, C. P. María Elena Giraldo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 1999, rad. 11499, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de enero de 2000, rad. 10867, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Sobre la existencia del daño como primer aspecto a analizar a en los procesos de reparación directa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, rad. 16516, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2008, rad. 16643, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2002, rad. 12625, C. P. Germán Rodríguez Villamizar.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 66, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 69
REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DAÑO INDEMNIZABLE / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS
OBITER DICTUM
[P]uede sostenerse que los requisitos cuya concurrencia se precisa con el propósito de que pueda considerarse existente la pérdida de oportunidad como daño indemnizable en un caso concreto, según precedente jurisprudencial de esta Corporación, son los siguientes: (i) certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque la misma envuelva un componente aleatorio, a pesar que el bien lesionado no tenga entidad de derecho subjetivo; (ii) imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, sin que la consolidación del daño dependiera del futuro, pues se trataría de un perjuicio eventual o hipotético, no susceptible de reconocimiento; y, (iii) la víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para la consecución del resultado, fáctica y jurídicamente.
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / GASTOS DEL PROCESO / HONORARIOS DEL AUXILIAR DE LA JUSTICIA / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿La condena en costas procede en contra de la parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del CGP, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y agencias en derecho [...]. En cuanto a las reglas para la imposición de la condena, la norma procesal general establece que procede en contra de la parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y, “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Conforme a las reglas de procedencia de la condena en costas, la Sala observa que en este caso no procede su imposición por los componentes de expensas y honorarios de auxiliares de la justicia, debido a que no se encuentra demostrado en el expediente que la parte demandada hubiera incurrido en gastos por esos conceptos durante la segunda instancia. […] [T]omando en consideración que las demandadas no desplegaron actuación en segunda instancia, no impondrá condena al respecto, pues, no existe una causación material que las sustente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen de costas supeditado a la prosperidad de las pretensiones, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de noviembre de 2022, rad. 60629, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 309, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 362, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 363, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-10-04. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 25000233600020170139703. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020170139703-68273-sentencia).
