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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020160077002-71393-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-08-24"
radicado: "25000233600020160077002"
numero: "71393"
ponente: "FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ"
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# Consejo de Estado: pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-08-24
- **Radicado:** 25000233600020160077002
- **Número interno:** 71393
- **Ponente:** FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección B)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** SICIM COLOMBIA SUCURSAL DE SICIM S.P.A.
- **Demandado:** ECOPETROL SA, CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020160077002-71393-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020160077002/A868201441E76DED8F059F953AE8A1B81A20AA7316552D25A875DC29CFFACD7E/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201600770021100103

## Problema jurídico

¿Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado, como Ecopetrol S.A., pactar cláusulas de terminación y liquidación unilateral de los contratos, sin que su ejercicio constituya el uso de potestades excepcionales de la administración ni dé lugar a la expedición de actos administrativos?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿Procede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal sometido al derecho privado cuando se acredita, mediante prueba indiciaria…
- ¿Procede condenar en costas a la parte demandante cuando se revoca integralmente la sentencia de primera instancia y aquella resulta vencida en el proceso?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1118 de 2006
- Ley 1150 de 2007, arts. 13 y 14
- Ley 80 de 1993

## Extracto

La Ley 1118 de 2006 “por la cual se modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol S. A. y se dictan otras disposiciones” reguló en su integridad el régimen jurídico de Ecopetrol SA y lo sujetó, en forma exclusiva, al derecho privado, lo cual descarta la aplicación de las potestades exorbitantes contenidas en el Estatuto General de Contratación de Administración Pública; sin embargo, nada impide que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad puedan acordar estipulaciones de esa índole como la terminación y la liquidación unilaterales del contrato en favor de la entidad estatal contratante, pero, no sobre la base de la competencia para expedir actos administrativos.… La norma citada regula el régimen jurídico aplicable a los actos, contratos y actuaciones de Ecopetrol como “exclusivamente” privado, circunstancia que pone en evidencia, se reitera…

## Síntesis temática

Una entidad estatal sometida por ley especial a un régimen exclusivamente privado puede pactar en el contrato cláusulas de terminación y liquidación unilaterales a su favor, pero el ejercicio de esas cláusulas no constituye el uso de potestades excepcionales de la administración y no da lugar a la expedición de actos administrativos. La regla se sostiene en tres razones: la ley especial regula en forma exclusiva el régimen jurídico de la entidad y descarta la aplicación de las potestades exorbitantes del Estatuto General de Contratación; la autonomía de la voluntad permite a las partes acordar esas decisiones unilaterales como estipulaciones contractuales; y la decisión unilateral genera actos contractuales y no actos administrativos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que impone los principios de la función administrativa. En consecuencia, la terminación y la liquidación unilaterales se producen por la vía contractual. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.

## Descriptores temáticos

ECOPETROL, NATURALEZA JURÍDICA DE ECOPETROL, REGÍMENES DE ECOPETROL, REGULACIÓN DE ECOPETROL, DERECHO PRIVADO, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, ACTO ADMINISTRATIVO, CONTRATACIÓN ESTATAL, ACTIVIDAD COMERCIAL, LIBRE COMPETENCIA, DERECHO A LA IGUALDAD DE CONDICIONES, FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, CAUSA ILÍCITA, ACTO JURÍDICO, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE ECOPETROL, CONFLICTO DE INTERESES, ALCANCE DEL CONFLICTO DE INTERESES, CONFIGURACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES, TRANSPARENCIA PÚBLICA, CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL, INTERÉS GENERAL, PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL, PRUEBA INDICIARIA, PROCEDENCIA DE LA PRUEBA INDICIARIA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA, INDICIO GRAVE, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, TERMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, ORDEN PÚBLICO, PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, MORALIDAD ADMINISTRATIVA, ALCANCE DE LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA, VIOLACIÓN DE LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, RESTITUCIONES MUTUAS, IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, CONDENA EN COSTAS, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

ECOPETROL / NATURALEZA JURÍDICA DE ECOPETROL / REGÍMENES DE ECOPETROL / REGULACIÓN DE ECOPETROL / DERECHO PRIVADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATACIÓN ESTATAL / ACTIVIDAD COMERCIAL / LIBRE COMPETENCIA / DERECHO A LA IGUALDAD DE CONDICIONES / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado, como Ecopetrol S.A., pactar cláusulas de terminación y liquidación unilateral de los contratos, sin que su ejercicio constituya el uso de potestades excepcionales de la administración ni dé lugar a la expedición de actos administrativos?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 1118 de 2006 “por la cual se modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol S. A. y se dictan otras disposiciones” reguló en su integridad el régimen jurídico de Ecopetrol SA y lo sujetó, en forma exclusiva, al derecho privado, lo cual descarta la aplicación de las potestades exorbitantes contenidas en el Estatuto General de Contratación de Administración Pública; sin embargo, nada impide que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad puedan acordar estipulaciones de esa índole como la terminación y la liquidación unilaterales del contrato en favor de la entidad estatal contratante, pero, no sobre la base de la competencia para expedir actos administrativos. (…) La norma citada regula el régimen jurídico aplicable a los actos, contratos y actuaciones de Ecopetrol como “exclusivamente” privado, circunstancia que pone en evidencia, se reitera, la imposibilidad de ejercer las potestades excepcionales consagradas en la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de la facultad de pactar en el negocio jurídico la posibilidad de adoptar decisiones unilaterales en favor de la entidad estatal, como la terminación y la liquidación unilaterales del contrato, cuyo ejercicio da lugar a la emisión de actos contractuales más no a actos administrativos, sin perjuicio de la necesaria aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 que dispone la aplicación de los principios que rigen el ejercicio de la función administrativa y de la gestión fiscal, lo mismo que el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades con independencia de la naturaleza jurídica del contrato. Asimismo, debe también tomarse en cuenta que el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 confirma la sujeción de Ecopetrol SA a un régimen contractual de derecho privado por cuanto, con independencia de la conformación de su capital, desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado, lo cual impone que sus actuaciones se surtan en igualdad de condiciones con sus competidores, despojada de prerrogativas excepcionales.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad contractual no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, revisar: : Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de mayo de 2024, Exp.. 76001-23-31-000-2006-03320-03 (53962), C.P. José Roberto Sáchica Méndez).
FUENTE FORMAL:
LEY 1118 DE 2006, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993
NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CAUSA ILÍCITA / ACTO JURÍDICO / DERECHO PRIVADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / ECOPETROL / REGÍMENES DE ECOPETROL / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE ECOPETROL / CONFLICTO DE INTERESES / ALCANCE DEL CONFLICTO DE INTERESES / CONFIGURACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES / TRANSPARENCIA PÚBLICA / CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL / INTERÉS GENERAL / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL / PRUEBA INDICIARIA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA INDICIARIA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA / INDICIO GRAVE / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / TERMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / ORDEN PÚBLICO / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / MORALIDAD ADMINISTRATIVA / ALCANCE DE LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA / VIOLACIÓN DE LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA / ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO / RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Procede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal sometido al derecho privado cuando se acredita, mediante prueba indiciaria, que su celebración estuvo determinada por intereses económicos particulares contrarios al orden público, las buenas costumbres y los principios de la función administrativa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala pone de presente que como las comunicaciones remitidas por Ecopetrol SA son actos jurídicos contractuales llamados a producir efectos jurídicos -no actos administrativos-, no podría la Sala pronunciarse sobre su validez, como lo pretende la parte actora en el recurso de apelación por alegar que el tribunal restringió indebidamente el estudio a una sola de las causales de nulidad invocadas en la demanda; en estos eventos sería preciso decidir el caso de cara al cumplimiento o no de las obligaciones contractuales y verificar si la conducta de su contraparte fue antijurídica y le causó perjuicios. No obstante lo anterior, previamente a verificar el incumplimiento o no de dichas obligaciones, la Sala advierte la necesidad de pronunciarse respecto de la validez del contrato. Debido a que el régimen jurídico de Ecopetrol SA está sujeto al derecho privado, como se explicó previamente, es menester acudir a las disposiciones del Código Civil. En este cuerpo normativo, los artículos 1741 y 1742, en relación con las causales de nulidad de los contratos y el deber del juez de declararla de oficio cuando aparezca de manifiesto, (…). [En]ntre la contratista Sicim y el funcionario “se presentaban relaciones financieras que transgreden los postulados contractuales y los fijados en el Código de Ética de Ecopetrol que hace parte integral del contrato” (…) aunado al hecho de que el funcionario “ha tenido un rol de injerencia en las relaciones contractuales con Sicim” (ibidem), lo cual también viola las obligaciones de transparencia previstas en el contrato y el pacto de transparencia por motivo de los conflictos de interés involucrados. (…) [S]e trata de un monto total de más de 250 mil dólares, suma de dinero importante y significativa que no encuentra ningún respaldo jurídico comprobado entre las partes, más allá de la sola afirmación de que se trataba, supuestamente, de capital para patrocinar una actividad y carrera musical. (…) [D]entro de sus responsabilidades estaba, precisamente, la de estructurar y dirigir los procesos de contratación relacionada con los proyectos especiales a su cargo (…) En efecto, fue él mismo quien solicitó dentro de la empresa que se llevara a cabo el proceso de selección de un contratista para un específico proyecto que finalmente concluyó con el contrato objeto del presente litigio. Según el oficio a través del cual Ecopetrol SA le informó a la contratista sobre la decisión de dar por terminado el contrato, esa solicitud de apertura del proceso de selección la hizo junto con el formato de intervención en la planeación, presupuestos oficiales, definiciones de experiencia y demás particularidades del proceso. (…) [E]llo demuestra y corrobora la relación estrecha que existía entre un funcionario de la contratante y el representante legal de la contratista mucho antes de que se adjudicara el contrato. (...) Los anteriores indicios son concordantes, convergentes y graves en tanto apuntan a una misma dirección, esto es, que el señor Roberto Eladio Espriella Fernández, exgerente de proyectos especiales de Ecopetrol SA, intervino en pluricitado proceso de selección de un contratista para un específico proyecto que culminó con la adjudicación del contrato a Sicim, motivado por su estrecha relación con el entonces representante de la contratista Sicim, señor F. E., y los dineros que él le consignó en su cuenta bancaria, lo cual permite inferir por deducción lógica que hay un hecho indicado debidamente acreditado a través de la prueba indiciaria consistente en que el contrato no tuvo como finalidad la satisfacción del interés general sino, beneficiar intereses económicos particulares. En ese orden de ideas, está debidamente acreditado que el contrato tuvo una causa ilícita, Fotivo por el cual hay lugar a declarar su nulidad absoluta, en tanto que con ese comportamiento reprochable del señor Roberto Eladio Espriella Fernández, exgerente de proyectos especiales de Ecopetrol SA se desatendieron el orden público y las buenas costumbres, en los términos del artículo 1524 del Código Civil, así como también los principios que rigen la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política. De otra parte, se debe precisar que el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 establece que “[e]l juez administrativo podrá declararla [la nulidad absoluta del contrato] de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”. Como en este caso la nulidad absoluta del contrato está plenamente probada en el proceso y en este intervinieron tanto la contratante como la contratista, es decir, las partes contratantes, se impone declararla. Por último, la Sala advierte que si bien el artículo 1746 del Código Civil dispone que la nulidad judicialmente declarada da derecho a las partes a ser restituidas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el contrato nulo, dicha disposición deja a salvo lo previsto respecto del objeto o causa ilícita, esto es, lo regulado en el artículo 1525 ibidem que impide repetir lo dado o pagado a sabiendas de la ilicitud. Como en este caso hay causa ilícita a sabiendas del contratista no hay lugar a restitución alguna, sumado al hecho de que en el presente asunto no existen prestaciones ejecutadas ni sumas pagadas susceptibles de restitución porque el contrato no se ejecutó, pues, ni siquiera se firmó la respectiva acta de inicio ni tampoco se acreditó pago alguno por efecto de la cláusula penal pecuniaria. De conformidad con lo expuesto se impone revocar la sentencia de primera instancia adversa a las pretensiones de la demanda principal, lo mismo que frente a las súplicas de la demanda de reconvención, para en su lugar declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato por causa ilícita, sin lugar a reconocimiento alguno por restituciones mutuas.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1524, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1525, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746
CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede condenar en costas a la parte demandante cuando se revoca integralmente la sentencia de primera instancia y aquella resulta vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La condena en costas es procedente de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 365 del CGP porque se revocó integralmente la sentencia apelada y la parte actora fue vencida, para lo cual el tribunal de origen liquidará la condena en costas de manera concentrada, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP, con inclusión de las agencias en derecho. En primera instancia no se condenó en costas porque a ninguna de las partes les prosperaron sus pretensiones. En el recurso de apelación se solicita que se revoquen los ordinales primero (denegación de pretensiones) y segundo (no condena en costas) de la sentencia, para que en su lugar se acceda a sus pretensiones y se condene a las entidades al pago de las costas. Como en esta instancia no se accede a las súplicas de la demanda principal tampoco hay lugar a cambiar la decisión del a quo frente a este punto.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-08-24. C.P. FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ. Rad. 25000233600020160077002. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020160077002-71393-sentencia).
