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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020150254901-61604-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-12-11"
radicado: "25000233600020150254901"
numero: "61604"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-12-11
- **Radicado:** 25000233600020150254901
- **Número interno:** 61604
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** I C M INGENIEROS S.A.
- **Demandado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150254901-61604-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020150254901/358621AE7E0C3BB56B9CD050521D8250BA7D87F2C007E286FE17C039821106BE/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201502549011100103

## Problema jurídico

¿El Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de controversias contractuales?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato?
- ¿Las demandas en los procesos acumulados fueron presentadas oportunamente?
- ¿Procede la valoración de documentos en copia simple?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152 núm. 4
- Ley 80 de 1993, art. 2 núm. 1

## Extracto

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, vigente a la fecha de radicación de las demandas y, por lo mismo, aplicable al presente proceso, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato de obra No. 032 de 2011 que fue suscrito entre ICM y el IDU. Como el IDU es un establecimiento público, al tenor de lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 ostenta la calidad de entidad estatal y, por ende, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde decidir las controversias en las que sea parte.

## Síntesis temática

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un medio de control de controversias contractuales, dado que la controversia involucra a un establecimiento público y la cuantía de las demandas acumuladas supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, el medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato, y las demandas fueron presentadas oportunamente dentro del plazo de dos años desde la ejecutoria de los actos cuestionados. La Sala también admite la valoración de documentos en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsedad por las partes y no existan disposiciones legales que exijan copias auténticas. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y confirma la procedencia del medio de control de controversias contractuales para resolver disputas relacionadas con contratos estatales.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, DOBLE INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, ACUMULACIÓN DE PROCESOS, APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO, VALOR PROBATORIO DE LA COPIA AUTENTICADA DE DOCUMENTO, PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL, PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN, INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO, COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, TASACIÓN DE LA SANCIÓN, TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LA SANCIÓN, CÁLCULO DE PROPORCIONALIDAD, PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN, PROPORCIONALIDAD DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA, EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PENA PECUNIARIA, DERRAME DE HIDROCARBUROS, SANCIÓN POR DERRAME DE HIDROCARBUROS, CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONDUCENCIA DE LA PRUEBA, IDONEIDAD DE LA PRUEBA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, PRUEBA TESTIMONIAL, REQUISITOS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, NEGACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, REQUISITOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, DEBERES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL, FALTAS DEL CONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, BUENA FE, BUENA FE CONTRACTUAL, CLASIFICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, CONCEPTO DE BUENA FE, CONTRATANTE CUMPLIDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE, FUNCIONES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, CONTRATO DE OBRA, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / ACUMULACIÓN DE PROCESOS
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, vigente a la fecha de radicación de las demandas y, por lo mismo, aplicable al presente proceso, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato de obra No. 032 de 2011 que fue suscrito entre ICM y el IDU. Como el IDU es un establecimiento público, al tenor de lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 ostenta la calidad de entidad estatal y, por ende, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde decidir las controversias en las que sea parte. Por su parte, esta Sala del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 12 de abril de 2018 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 y el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia de los procesos acumulados, en razón de que la pretensión mayor de las demandas acumuladas exceden los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición de los respectivos libelos .
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A
APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. Dado que la controversia formulada en la demanda bajo el proceso 2015-2549 en este caso se refiere, en términos generales, a la declaratoria de nulidad de unos actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual e hicieron efectiva la cláusula penal pecuniaria, el medio de control procedente es el de controversias contractuales, vía procesal que, igualmente, también es la adecuada en relación con la pretensión de incumplimiento contractual planteada en la demanda que interpuso ICM bajo el proceso 2026-2074.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACUMULACIÓN DE PROCESOS / EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Las demandas en los procesos acumulados fueron presentadas oportunamente?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala examinará la caducidad teniendo en cuenta lo previsto en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, según el cual el medio de control de controversias contractuales caducará al vencimiento de dos años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. Pues bien, en vista de que los actos administrativos cuestionados quedaron ejecutoriados el 19 de junio de 2015 y teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 9 de noviembre de 2015, fuerza concluir que se interpuso dentro de la oportunidad legal prevista, con independencia del lapso de suspensión del término de caducidad por el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación. A su vez, en el proceso 2016-2074, en el cual se pretende el incumplimiento del contrato de obra No. 032 de 2012, así como el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero de la Resolución No. 26617 del 14 de abril de 2015, confirmada por la Resolución No. 43817 del 18 de junio de 2015, el cómputo de la caducidad también se hará a partir del 19 de junio de 2015 -motivo de hecho y de derecho que sirve de fundamento-, día en que quedaron ejecutoriados los actos en mención y respecto de los cuales una de sus órdenes se estima incumplida. Es así que, como la demanda se presentó el 6 de octubre de 2016, la Sala concluye que también se interpuso dentro de los dos años establecidos en la ley, independiente del tiempo que permaneció suspendido el plazo de caducidad en virtud del trámite de conciliación extrajudicial que adelantó ICM.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DE LA COPIA AUTENTICADA DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Procede la valoración de documentos en copia simple?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el expediente reposan unos documentos en copia auténtica y otros en copia simple. Frente a estos últimos la Sala advierte que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 246 del CGP, los documentos aportados en copia simple serán analizados; además, se precisa que aquellos no fueron tachados de falsedad por alguna de las partes en la oportunidad procesal pertinente, y tampoco existe alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 246
PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / ACUMULACIÓN DE PROCESOS
Problema jurídico:
¿Las pruebas aportadas en los distintos procesos acumulados pueden ser apreciadas en conjunto?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as pruebas allegadas a los procesos acumulados se valorarán conjuntamente, de acuerdo con lo previsto en el inciso 4 del artículo 150 del CGP, que establecía: “Los procesos o demandas acumuladas se tramitarán conjuntamente”.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de las pruebas aportadas en los procesos acumulados, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de octubre de 2020, rad. 47271, C. P. Guillermo Sánchez Luque y sentencia de 23 de abril de 2021, rad. 53870, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 150 INCISO 4
AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN / INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO
Problema jurídico:
¿Las Resoluciones Nos. 26617 del 14 de abril de 2015 y 43817 del 18 de junio de 2015, por medio de las cuales el IDU declaró el incumplimiento contractual de ICM e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, se encuentran viciadas de nulidad por desconocimiento del derecho de contradicción por no darse traslado al contratista de unos memorandos internos y de unos oficios de la interventoría?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n el presente caso se encuentra probado que, el 16 de julio de 2014 y mediante oficio (...) radicado ante ICM, el subdirector general de infraestructura del IDU le informó sobre el inicio del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, tendiente a la declaratoria de incumplimiento, citándolo para la respectiva audiencia de descargos previa indicación de los hechos constitutivos de los supuestos incumplimientos, con señalamiento de las respectivas pruebas que los soportan, de las obligaciones y las normas presuntamente incumplidas, así como de la posible sanción a aplicar. (…) [S]i bien en la Resolución No. 26617 se trajo a colación el contenido de los memorandos Nos. 20143360561463, 20123360631813 y 2014336066152, lo cierto es que esos documentos, que fueron simplemente comunicaciones internas entre funcionarios del IDU, no constituyeron pruebas del incumplimiento endilgado a ICM (...), de ahí que carezca de fundamento el argumento de la parte recurrente consistente en que se violó el debido proceso (...) En conclusión, no es cierto que el IDU haya desconocido el debido proceso al no dar traslado al contratista de los memorandos Nos. 20143360561463, 20123360631813 y 2014336066152, porque aquellos no eran pruebas acreditativas del incumplimiento endilgado a ICM –pues las pruebas que demostraban el incumplimiento fueron puestas en conocimiento desde el inicio del procedimiento administrativo-, sino simplemente comunicaciones internas de la entidad, en los que, por demás, se le dio alcance a los descargos de la contratista. (...) En relación con el oficio de la interventoría No. 20145261381622 (...) sucede algo similar a lo expuesto en precedencia, en el sentido de que simplemente constituyó un pronunciamiento interno sobre los descargos presentados por la contratista, mas no una prueba acreditativa o demostrativa de los incumplimientos endilgados a ICM de la cual debió correrse traslado en el procedimiento administrativo. Ahora, frente al oficio No. 201452620100732 (...), también de la interventoría (...), la Sala destaca que aquel tampoco constituía un medio
probatorio a partir del cual se demostraba el incumplimiento de ICM, sino que, simplemente, constituía un documento en el que se le dio alcance al ya mencionado oficio de la interventoría No. 20145261381622 (...). Por todo lo expuesto, la Sala concluye que el cargo de nulidad analizado, sobre el cual se insistió en la apelación, no tiene vocación de prosperidad, dado que no se advierte el desconocimiento del debido proceso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / TASACIÓN DE LA SANCIÓN / TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LA SANCIÓN / CÁLCULO DE PROPORCIONALIDAD / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN / PROPORCIONALIDAD DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PENA PECUNIARIA
Problema jurídico:
¿Se acreditó una indebida tasación de la cláusula penal pecuniaria al no haberse hecho oponible previamente a ICM el análisis de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]e conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, las entidades que se rigen por la Ley 80 de 1993 pueden declarar el incumplimiento, “cuantificando los perjuicios del mismo”, imponer multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. (…) [L]a cuantificación o tasación del perjuicio al advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del contratista debe hacerse en el mismo acto administrativo que declare tal situación, previo agotamiento del procedimiento administrativo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

te de que se iban a requerir permisos para las obras, teniendo en cuenta, además, que en su grupo contaba con un residente experto en materia ambiental -empleado que, desde luego, ayudaría al desarrollo adecuado del manejo ambiental-.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la buena fe objetiva, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de febrero de 2024, rad. 62023, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
CONTRATANTE CUMPLIDO / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / FUNCIONES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / CONTRATO DE OBRA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Se acreditó un incumplimiento del contrato de obra por parte del Instituto de Desarrollo Urbano al no compensarse la cláusula penal pecuniaria con la retención en garantía?
Respuesta al problema jurídico: No
En el proceso consta acta de recibo final de obra que fue suscrita el 9 de diciembre de 2014, con la cual se entregó a ICM el 50% de la retención de garantía, según se desprende de la respuesta que dio el IDU al derecho de petición presentado por la aseguradora garante del contrato, aspecto este último que, por demás, no fue desvirtuado por la actora. Es cierto que en la Resolución No. 26617 del 14 de abril de 2015, concretamente en su artículo tercero, se dispuso que, en firme dicho acto administrativo, el valor de la cláusula penal pecuniaria impuesta -$485’545.718- debía descontarse de los pagos a favor de ICM, en virtud de la figura de compensación de deuda, lo cual fue confirmado por la Resolución No. 43817 del 18 de junio 2015, determinación a partir de la cual la demandante estimó que la sanción debía compensarse con la retención en garantía que tenía el IDU en favor de ICM. (…) [L]a Sala señala que el 50% de la retención en garantía fue devuelto a ICM con el acta de recibo final de obra, es decir, antes de la expedición de las resoluciones mencionadas. Ahora, si bien en los actos administrativos demandados se ordenó que el valor de la cláusula penal pecuniaria se compensara con los pagos a favor del contratista, lo cierto es que esa compensación, con el 50% restante por retención en garantía, no podía hacerse sino hasta la liquidación del contrato de obra No. 032 de 2011, pues así se pactó contractualmente en el literal c de la cláusula tercera del negocio jurídico. (…) De acuerdo con el clausulado del contrato en mención, la Sala destaca que no puede predicarse su incumplimiento por parte del IDU, primero porque el parágrafo tercero de la cláusula décima octava se refiere a multas y en este caso lo que pretende la parte actora es la compensación de la cláusula penal pecuniaria, y segundo por cuanto el numeral 8 de la cláusula vigésima hace parte del procedimiento convencionalmente pactado tendiente a declarar el incumplimiento, en caso de que no existiera un procedimiento legal al momento de iniciar la actuación administrativa, y en este asunto quedó claro que el procedimiento administrativo que adelantó el IDU contra ICM fue bajo las prescripciones del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (...). Por lo expuesto, la Sala confirma la negativa de pretensiones en relación con el proceso 2016-2074.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365-1 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. En el presente caso se observa que el IDU presentó alegatos de conclusión en segunda instancia, lo cual resulta suficiente para que, en su favor, se disponga la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, y a cargo de la parte actora que fue la que apeló la sentencia del a quo, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP. Conviene señalar que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley” .
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de las costas procesales en el proceso de lo contencioso administrativo, cita: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 25, sentencia de 6 de marzo de 2018, rad. 11001-03-15-000-2015-01542-00, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 6 de marzo de 2018, rad 11001-03-15-000-2016-02187-00, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia de 2 de julio de 2019, rad. 11001-03-15-000-2016-02929-00, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico y de la Corte Constitucional, sentencia C-157 de 2013, M. P. Mauricio González Cuervo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, estableció las tarifas de agencias en derecho. En cuanto a los criterios para la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, el artículo 3 del referido Acuerdo dispuso que debía tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes. En lo que a este caso interesa resulta oportuno anotar que, en los procesos con cuantía y que se adelantan ante esta jurisdicción, las agencias en derecho en segunda instancia deben fijarse hasta en un 5% -límite máximo- del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, según lo dispuso el numeral 3.1.3101 del artículo 6 del mencionado Acuerdo 1887 de 2003.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-12-11. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 25000233600020150254901. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150254901-61604-sentencia).
