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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020150217803-62238-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-08-22"
radicado: "25000233600020150217803"
numero: "62238"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-08-22
- **Radicado:** 25000233600020150217803
- **Número interno:** 62238
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE
- **Demandado:** MIGUEL EFRAÍN ROSERO POLO, CONSORCIO COLECTIVO DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150217803-62238-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020150217803/296A4D2937EB88932BEA678E7A989B40A37F0DAA15BC9C975E8603FB650F73D0/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201502178031100103

## Problema jurídico

¿Está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿El Consejo de Estado es competente para conocer el asunto porque se trata de una apelación interpuesta contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco de un medio de…
- ¿Es procedente el medio de control de repetición porque se solicita declarar a los integrantes del Consorcio Colectivo de Ingeniería patrimonialmente responsables del pago realizado por FONADE en…
- ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición cuando el proceso se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo…

## Extracto

FONADE manifestó que el Consorcio Colectivo de Ingeniería incurrió en culpa grave al haber incumplido la obligación de hacer seguimiento y control adecuado a la ejecución del contrato de obra y al haber firmado el acta final No. 12 incluyendo ítems de obra adicionales que superaban el valor del contrato de obra, sin haber informado oportunamente a la entidad que se estaban superando las cantidades y valores contractuales.… Concluye la Sala que en el sub examine no se encuentra demostrada la culpa grave que FONADE atribuyó al consorcio interventor y, principalmente, se advierte que, contrario a lo aducido por la actora en el libelo introductorio, no fue esta la causa de los intereses moratorios pagados por la entidad como consecuencia de la condena que le fue impuesta en el proceso ejecutivo.

## Síntesis temática

La responsabilidad de la interventoría por culpa grave no se configura cuando los intereses moratorios pagados por la entidad no se originaron en su actuación, sino en la decisión de la entidad de no pagar el acta de obra. La regla se apoya en tres razones. Primera, el pago tardío del acta que dio lugar a los intereses no provino de la interventoría, sino de la decisión de la entidad de abstenerse de pagarla. Segunda, la causa del daño no reside en la actuación de la parte demandada, por lo que no se acredita el nexo que requiere la repetición. Tercera, aunque hubo improvisación y falencias de planeación en la ejecución de las obras, la entidad recibió las obras necesarias, contaba con recursos para pagarlas y debía reconocer lo adeudado en sede administrativa. En consecuencia, se niega la repetición y se confirma la decisión. La Sala reitera que los intereses moratorios no fueron resultado de actuaciones u omisiones de la interventoría.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONSORCIO, RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO, INTERVENTOR, INTERVENTORÍA, SUPERVISOR DEL CONTRATO, RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CULPA GRAVE, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, PRESUPUESTO PROCESAL, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, PAGO DE SENTENCIA, PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL, PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, MIEMBROS DEL CONSORCIO, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, OBLIGACIONES, PAGO DE LA OBLIGACIÓN, PAGO DE CONDENA JUDICIAL, PAGO DE LA CONDENA, CONDENA, CONDENA CONTRA EL ESTADO, CONDENA JUDICIAL, ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA, PAGO DE INTERESES, PAGO DE INTERÉS MORATORIO, IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CONDENA A LA NACIÓN, INTERESES, INTERÉS MORATORIO, MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO, SERVIDOR PÚBLICO, EXSERVIDOR PÚBLICO, PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PERSONA JURÍDICA, ATRIBUTOS DE LA PERSONA JURÍDICA, CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA, CONTRATISTA, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, PERSONA NATURAL, DOLO, DEMOSTRACIÓN DEL DOLO, PRUEBA DEL DOLO, DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE, PRUEBA DE LA CULPA GRAVE, VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE, PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA, NEXO DE CAUSALIDAD, PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD, PRESUNCIÓN DE DOLO, CONCEPTO DE DOLO, PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE, CONCEPTO DE CULPA GRAVE, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA, PERITAJE, VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL, PRUEBA PERICIAL, OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL, OBJECIÓN POR ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL, OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL, IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL, CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, NORMATIVIDAD DEL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, PAGO DEL CONTRATO, FONADE, NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE, REGÍMENES DE FONADE, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA, PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS, CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS, MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONSORCIO / RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO / INTERVENTOR / INTERVENTORÍA / SUPERVISOR DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿Está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
FONADE manifestó que el Consorcio Colectivo de Ingeniería incurrió en culpa grave al haber incumplido la obligación de hacer seguimiento y control adecuado a la ejecución del contrato de obra y al haber firmado el acta final No. 12 incluyendo ítems de obra adicionales que superaban el valor del contrato de obra, sin haber informado oportunamente a la entidad que se estaban superando las cantidades y valores contractuales. (...) [C]oncluye la Sala que en el sub examine no se encuentra demostrada la culpa grave que FONADE atribuyó al consorcio interventor y, principalmente, se advierte que, contrario a lo aducido por la actora en el libelo introductorio, no fue esta la causa de los intereses moratorios pagados por la entidad como consecuencia de la condena que le fue impuesta en el proceso ejecutivo. En otras palabras, el pago tardío del acta de obra que dio lugar a los intereses por los que fue condenada la entidad no devino del actuar de la interventoría sino de la decisión de FONADE de abstenerse de efectuar el pago del acta mencionada, lo que significa que la causa del daño no reside en la actuación de la parte demandada. Lo anterior no quiere decir que la Sala avale la improvisación que se observa en la ejecución de las obras materia del proyecto, pues, como se dijo, una correcta planeación, junto con una adecuada gestión del contrato y de la obra habrían permitido que se determinaran con mayor claridad y oportunidad las obras extras y adicionales que fueron necesarias. Sin embargo, vistas las circunstancias que rodearon la ejecución de las obras a cargo del Consorcio Reparaciones Edificios DANE –Bogotá y el sin número de vicisitudes que en la práctica se presentaron con ocasión de la remodelación de las edificaciones, entre otras razones por falencias en la planeación del proyecto y la antigüedad de las construcciones intervenidas, y habiendo quedado establecido que las obras eran necesarias para la funcionalidad de aquellas, que las mismas fueron recibidas por FONADE y que se contaba con los recursos disponibles para su pago, lo cierto es que resultaba procedente su reconocimiento en sede administrativa, en la medida en que se trataba de la cancelación de lo efectivamente adeudado por la realización de obras que recibió la entidad y de las que se benefició. A pesar de lo anterior, la entidad, a cuyo cargo se encontraba la obligación de efectuar el pago de las obras, optó por abstenerse de realizar el pago y enfrentar el proceso promovido por el constructor, viéndose finalmente avocada a los intereses moratorios correspondientes al tiempo que transcurrió entre el abono parcial del acta No. 12 que efectuó en noviembre de 2006 y la finalización, años después, del juicio ejecutivo. Así las cosas, la Sala reitera que los intereses moratorios pagados por FONADE no fueron el resultado de actuaciones u omisiones de la interventoría, como lo sostuvo la entidad a lo largo de esta litis, ni se originaron, tampoco, ante la carencia de soporte presupuestal que permitiera cumplir esa obligación, lo que significa, en suma, que la causa del daño no se encuentra en la conduca de la interventoria. En suma, a partir de las pruebas allegadas al proceso, observa la Sala que fue la decisión de FONADE de abstenerse de pagar las obras realizadas lo que a la postre se tradujo en la causación de los intereses moratorios. En este punto, cabe recordar que tanto el Consorcio Colectivo de Ingeniería como el contratista de obra se dirigieron insistentemente ante la entidad en procura de arribar a un acuerdo en punto al pago de las obras ejecutadas, como consta en numerosas comunicaciones y oficios cruzados entre las partes, (...) Por lo anterior, como la indemnización pagada por la entidad demandante no es imputable a la culpa grave del consorcio interventor, la Sala confirmará la sentencia proferida el 18 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer el asunto porque se trata de una apelación interpuesta contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco de un medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, la Ley 1437 de 2011, norma vigente al momento de la presentación de la demanda , en sus artículos 149, 152 y 155 introdujo el factor subjetivo -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- y el objetivo por cuantía para los de doble instancia. Al respecto, el artículo 150 ejusdem, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación” (se destaca). A su vez, el numeral 11 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de “repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia”. En el caso bajo estudio, la pretensión del medio de control de repetición se estimó en $1.579.378.809, suma que superó los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año en que se presentó la demanda. En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repetición con vocación de doble instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 11, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Es procedente el medio de control de repetición porque se solicita declarar a los integrantes del Consorcio Colectivo de Ingeniería patrimonialmente responsables del pago realizado por FONADE en cumplimiento de la condena impuesta en el proceso ejecutivo que en su contra promovió el Consorcio Reparaciones Edificios Dane – Bogotá?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 , en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política , la acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a los integrantes del Consorcio Colectivo de Ingeniería patrimonialmente responsables del pago de $1.579.378.809, realizado por FONADE en cumplimiento de la condena impuesta en el proceso ejecutivo que en su contra promovió el Consorcio Reparaciones Edificios Dane – Bogotá.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA / PAGO DE SENTENCIA / PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición cuando el proceso se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011- y la providencia que impone la obligación de pago se rige por el Código Contencioso Administrativo CCA - Decreto 01 de 1984?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso de la acción de repetición, el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (CCA) establece que esta caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente a la fecha del pago total efectuado por la entidad. En similar sentido, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 establece que la acción de repetición caducará pasados dos años a partir del día siguiente a que se produce el pago de la condena y que, cuando ese pago se realiza por cuotas, “el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas”. No obstante lo anterior, mediante la Sentencia C-832 de 2001 la Corte Constitucional se pronunció frente al contenido normativo del numeral 9 del artículo 136 del CCA, cuyo texto es idéntico al primer inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001. En la mencionada providencia, esa Corporación declaró la constitucionalidad condicionada de la norma bajo una interpretación armónica con el inciso 4º del artículo 177 del CCA, el cual establece que el pago de las condenas judiciales proferidas contra las entidades públicas podrá ser ejecutable 18 meses después de ejecutoriada la sentencia. Así, la Corte indicó que en el evento en que la entidad pública no hubiere realizado el pago dentro de dicho término, la caducidad deberá contarse entonces a partir del vencimiento de los 18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia condenatoria o del auto aprobatorio de la conciliación . Cabe resaltar que con posterioridad, en Sentencia C-394 de 2002, la Corte Constitucional también estudió la exequibilidad del primer inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y dispuso que su constitucionalidad estaría sometida a la misma interpretación realizada en la Sentencia C-832 de 2001, de manera que, "el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a mas tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo." Ahora bien, en los eventos en los que la norma aplicable sea el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el literal l) del numeral segundo del artículo 164 dispone que para el ejercicio del medio de control de repetición el término de dos años se contará a partir del día siguiente al del pago de la condena o conciliación o, a más tardar, a partir del día siguiente al del vencimiento de plazo máximo con el que cuenta la entidad para efectuar el pago correspondiente. Sobre el particular, de manera pacífica y reiterada, esta Corporación ha sostenido que, cuando el

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ión y financiación de la fase de preparación de proyectos de desarrollo”. La anterior disposición fue reglamentada por el Decreto 2606 de 1998, cuyo artículo 1º dispuso que el ciclo de proyectos comprendía tres etapas: la de preparación, que “incluye los estudios que sustenten de manera clara y suficiente la decisión y compromiso institucional de realizar la mejor alternativa o rechazar un proyecto de inversión previamente identificado”; la de ejecución, “consistente en el desarrollo y realización de todas las actividades para la obtención de los objetivos y metas a que hace referencia el proyecto de desarrollo”; y la de evaluación, en la que “se realizan los análisis posteriores acerca del cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el proyecto de desarrollo”. Posteriormente, a través del Decreto 288 de 2004, vigente en la fecha de celebración del contrato de obra 205188 y del contrato de interventoría 2053512, se amplió el objeto de FONADE, al disponerse en su artículo 1º que la entidad tendría por “objeto principal ser Agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas”. Por su parte, el artículo 3º indicó que, para el desarrollo de su objeto, FONADE podría, entre otras actividades, “[p]romover, estructurar, gerenciar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo financiados con recursos de fuentes nacionales o internacionales” y “[c]elebrar contratos para administrar recursos destinados a la ejecución de proyectos y para el desarrollo de esquemas de gerencia de proyectos”. En punto al objeto antes indicado, la actividad de FONADE se extiende a actividades propias de la banca de desarrollo y a la gerencia de proyectos, tal como ha sido analizado por la Jurisprudencia del Consejo de Estado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de agosto de 2017, Rad.: 52.531.
MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es el concepto de mayor cantidad de obra en los contratos suscritos a precios unitarios y cuál es la diferencia con obras adicionales o complementarias?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por su parte, la mayor cantidad de obra ejecutada, en los contratos suscritos a precios unitarios, es aquella que fue contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución , al paso que las obras adicionales o complementarias hacen referencia a actividades no previstas en el contrato, pero que se requieren para la obtención y cumplimiento de su objeto contractual.
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de noviembre de 2019, Rad. 56925.
PAGO DEL CONTRATO / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿En qué consiste la modalidad de pago del contrato de obra de precios unitarios?
Respuesta al problema jurídico: Si
Al respecto, conviene recordar que en los contratos de obra existen distintas modalidades de pago, dentro de las cuales se observa que la convenida en el contrato de obra No. 2051188 fue la modalidad de precios unitarios fijos, forma de pago según la cual el valor del contrato es el resultado de multiplicar los precios unitarios pactados por las cantidades de obra ejecutadas y de sumar todos los ítems necesarios para dicha ejecución.
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento en el que se interpuso el recurso de apelación, establece las siguientes reglas para proceder a la condena en costas: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. […] 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Bajo este entendido, se condenará en costas a la parte demandante, que interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no prosperó el recurso que formuló y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. En relación con las agencias en derecho en segunda instancia, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 6, numeral 1.1. del Acuerdo 2222 del 10 de diciembre de 2003, vigente para el momento de la presentación de la demanda, según el cual tratándose de procesos ordinarios que se surten en segunda instancia la tarifa de agencias en derecho será de hasta el cinco por ciento (5%) de las pretensiones. En este orden, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en el cero punto uno por ciento (1%) del valor total de las pretensiones, en razón de la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también de la actuación desplegada por la parte vencedora . Como las pretensiones se estimaron en $1.579.378.809 los demandados pagarán la suma de QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($15.793.788).
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 2222 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-08-22. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 25000233600020150217803. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150217803-62238-sentencia).
