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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020150181301-61546-sentencia"
titulo: "Medio de control de controversias contractuales: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-08-23"
radicado: "25000233600020150181301"
numero: "61546"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-08-23
- **Radicado:** 25000233600020150181301
- **Número interno:** 61546
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** DARIO MONTOYA MIER
- **Demandado:** -EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150181301-61546-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020150181301/4C54105F2AC23BB3C5A8977543A8D4B2206B03BF3AB901ACB875BEB9A701DFFA/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201501813011100103

## Problema jurídico

¿De acuerdo con la exigencia del contenido de la demanda respecto a los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones, la parte que alega la nulidad del contrato tiene la carga procesal de sustentar las razones por las cuales persigue la invalidez contractual?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Las cláusulas acusadas por el demandante, contenidas en los contratos 1339/2013, 1387/2013, y 1425/2013, adolecen de nulidad absoluta o de ineficacia de pleno derecho por ser abusivas y/o contrariar…
- ¿Se produjo un desequilibrio económico adverso para el actor por las prórrogas de los contratos de interventoría 1339/2013, 1387/2013, y 1425/2013…
- ¿Hay lugar a proferir pronunciamiento acerca de la condena por agencias en derecho proferida en primera instancia, al exceder los límites previstos por el Acuerdo que las rige?

## Extracto

La jurisprudencia ha sostenido que, de acuerdo con la exigencia del contenido de la demanda respecto a los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones, la parte que alega la nulidad del contrato tiene la carga procesal de sustentar las razones por las cuales persigue la invalidez contractual. Empero, también ha admitido la jurisprudencia que, en el estricto marco del juicio de los actos administrativos, el juzgador debe efectuar la interpretación conjunta de la demanda, con el propósito de hacerla inteligible y procurar una decisión de fondo en la que prevalezca el derecho sustancial.

## Síntesis temática

El contratista que alega la nulidad de un contrato tiene la carga procesal de sustentar las razones que fundamentan su pretensión, incluyendo la identificación de los preceptos violados y las razones para pedir la invalidez del contrato. Sin embargo, el juez debe interpretar la demanda de manera conjunta para procurar una decisión de fondo que prevalezca el derecho sustancial. En este caso, aunque la parte demandante no cumplió con su carga argumentativa respecto a la nulidad parcial del contrato por violación de principios de la contratación estatal, sí demostró suficientemente que algunas cláusulas eran abusivas al vincular la vigencia de los contratos de interventoría a la ejecución de los contratos de obra, sin reconocer adecuadamente los efectos económicos de las prórrogas. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reafirmando que las cláusulas abusivas son aquellas que causan un desequilibrio importante y violan la buena fe objetiva, y que en contratos de obra, el EGCAP prohíbe las exenciones de responsabilidad derivadas de datos, informes y documentos suministrados en el proceso de selección. Esta decisión implica que los contratistas deben presentar demandas bien fundamentadas y que los jueces deben interpretar las pretensiones de manera integral para garantizar el derecho sustancial.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA, INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ, CONTENIDO DE LA DEMANDA, FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA, FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA, FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA, NULIDAD DEL CONTRATO, CARGA PROCESAL, INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA, CLÁUSULA ABUSIVA, CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO DE OBRA, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, BUENA FE CONTRACTUAL, PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PRÓRROGA DEL CONTRATO, ETAPA PRECONTRACTUAL, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO, FALTA DE PRUEBA, EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO, CONDUCTA LEGÍTIMA DEL INTERVENTOR, OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR, RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL, IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL, CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS, CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS, MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, REDUCCIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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- [Consejo de Estado — Es improcedente el estudio del enriquecimiento sin justa causa en esta controversia y carece de objeto cualquier análisis de los argumentos de apelación dirigidos a desvirtuar la aplicación de esta figura.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:08001233300020160027601-65349-sentencia.md)

## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / CONTENIDO DE LA DEMANDA / FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA / NULIDAD DEL CONTRATO / CARGA PROCESAL / INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / CLÁUSULA ABUSIVA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA
Problema jurídico:
¿De acuerdo con la exigencia del contenido de la demanda respecto a los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones, la parte que alega la nulidad del contrato tiene la carga procesal de sustentar las razones por las cuales persigue la invalidez contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia ha sostenido que, de acuerdo con la exigencia del contenido de la demanda respecto a los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones, la parte que alega la nulidad del contrato tiene la carga procesal de sustentar las razones por las cuales persigue la invalidez contractual. Empero, también ha admitido la jurisprudencia que, en el estricto marco del juicio de los actos administrativos, el juzgador debe efectuar la interpretación conjunta de la demanda, con el propósito de hacerla inteligible y procurar una decisión de fondo en la que prevalezca el derecho sustancial. En este caso, es cierto que la parte demandante no satisfizo su carga argumentativa acerca de las razones que soportaban la acusación de invalidez parcial de los contratos por violación de principios de la contratación estatal, toda vez que dejó de identificar los preceptos que concretamente encontraba desconocidos, y las razones para pedir la invalidez de los negocios; pero satisfizo con suficiencia argumentativa la carga de denotar el carácter abusivo de algunas de las cláusulas contractuales. Vista esta pretensión en formas integrada con la fundamentación fáctica de la demanda, resulta fácil comprender la protesta porque las estipulaciones contenidas en los contratos 1339, 1387 y 1427 de 2013 ataban su vigencia a lo que ocurriese en los contratos de obra que eran objeto de la interventoría, de manera que si -por cualquier razón- los contratos vigilados ampliaban su plazo, también lo harían los negocios jurídicos de interventoría celebrados, sin que estas prolongaciones fueran reconocidas económicamente por la entidad, e incluso se difiriera el pago de los saldos que la Administración adeudara al interventor durante el tiempo de las prórrogas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la interpretación de la demanda, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2014, rad. 27507, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 29 de agosto de 2016, rad. 34097, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
CLÁUSULA ABUSIVA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
[L]a jurisprudencia administrativa ha denotado las cláusulas abusivas como aquellas que no fueron negociadas individualmente y que, “en contra de las exigencias de la buena fe cause[n] un desequilibrio importante”. Una actuación que conlleve ese desequilibrio se opone a la buena fe objetiva, aplicable en materia contractual, ya que este postulado impone “desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”. En línea con ello, en la jurisprudencia administrativa han sido anuladas cláusulas abusivas, con las cuales: (i) el ente contratante decidía, por sí y ante sí, si, durante la ejecución del contrato, prevalecían las disposiciones del pliego de condiciones o del contrato; (ii) se denegaba, anticipadamente, toda reclamación del contratista por cualquier sobrecosto; y (iii) el contratista de una obra renunciaba, de forma anticipada, a toda reclamación por el reajuste de precios. (…) [E]n los contratos de obra, el EGCAP prohíbe las exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren en el proceso de selección y, en caso de que sean estipuladas, se prevé que son ineficaces de pleno derecho. De esta forma, el EGCAP sanciona la omisión del deber de planeación, del cual se deriva la subregla que le impone a la Administración contar con los estudios y diseños que hagan posible y viable el proyecto que se propone realizar a través del contrato de obra que incluya su diseño, además de prever su impacto social, económico y ambiental; deber que, como de antaño lo ha precisado esta Corporación, busca evitar dilaciones y tropiezos futuros que impidan la oportuna y adecuada ejecución del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las cláusulas abusivas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de agosto de 2022, rad. 67959, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; auto de unificación de 28 de abril de 2014, rad. 41834, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; auto de 29 de enero de 2014, rad. 46482, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 25 de junio de 2014, rad. 28067, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 25 de julio de 2011, rad. 19481, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012, rad. 24897, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 18 de julio de 2012, rad. 21573, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 14 de marzo de 2013, rad. 20524, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 29 de abril de 2015, rad. 21081, C. P. Hernán Andrade Rincón. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 14 de diciembre de 2011, rad. C-1100131030142001-01489-01; sentencia de 13 de diciembre de 2002, rad. 6462; sentencia de 25 de agosto de 2021, rad. 19142-31-89-001-2013-00032-01; sentencia de 2 de febrero de 2001, rad. 5670; y sentencia de 19 de octubre de 2011, rad. 2001-847.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PRÓRROGA DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / ETAPA PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO / FALTA DE PRUEBA / EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO / CONDUCTA LEGÍTIMA DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Las cláusulas acusadas por el demandante, contenidas en los contratos 1339/2013, 1387/2013, y 1425/2013, adolecen de nulidad absoluta o de ineficacia de pleno derecho por ser abusivas y/o contrariar los principios de la contratación estatal?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a prórroga de los contratos de interventoría en forma paralela a la del plazo del contrato objeto de vigilancia se encuentra permitida por la ley ─ art. 85 de la Ley 1474 de 2011─, de modo que, en principio, aquella en una eventualidad previsible y materia de consideración por las partes desde la fase precontractual, en un diáfano ejercicio de autonomía negocial. En el presente caso, esa eventualidad fue objeto de consideración en esa fase, y con el beneplácito de los contratantes fue pactada una fórmula determinada de regulación previo ejercicio de distribución de riesgos. Por tanto, aun cuando, en cada uno de los tres contratos, esa convención entre el Ejército y el Interventor surgió de la iniciativa de la administración a quien por ley le corresponde hacer la planeación de los términos, condiciones y minuta del contrato, así como de los riesgos asociados a la relación y a su correspondiente asignación ─artículos 20.6, 22.8 y 22.11 del Decreto 1150 de 2013─, lo cierto es que esa información estuvo al alcance del contratista de manera antelada a la suscripción del contrato, y más aún, en la etapa pre contractual debió tener la oportunidad de advertir y ponderar las implicaciones económicas que traía supeditar las prórrogas a un precio único y sin reajuste, preconfigurado a partir del tiempo que tomara la ejecución de la obra que debía vigilar y asociado a un componente plasmado en la matriz bajo la denominación de “riesgo de permanencia en la ejecución del proyecto”, con una probabilidad calificada como “alta”, una valoración del 100% y asignada al Interventor. (…) En este contexto, convenir que el plazo de las interventorías dependa del término de los contratos vigilados no contraviene, por sí solo, el ordenamiento jurídico que tipifica el contrato de interventoría. Un pacto de estas características sería, en ese orden de ideas (…), un elemento puramente accidental, en el que las partes, en desarrollo de la potestad derivada de la autonomía negocial, regulan los plazos de uno y otro negocio, conforme al artículo 85 de la Ley 1474 de 2011; y a su vez, conforman una coligación voluntaria, funcional y genética entre ambos negocios jurídicos. (…) [L]a orfandad probatoria en cuanto a los documentos que conformaron la etapa pre contractual, impide determinar si, las cláusulas sobre la modalidad de pago y la sujeción de los efectos económicos de las prórrogas a la asignación de un precio único se definieron a partir de reglas justas y claras. No obstante, una vez insertas como fueron dichas cláusulas en los contratos, aquellas se asumieron por el contratista sin reparo alguno y, valga decir, en este específico caso, el Interventor tenía una amplia trayectoria en contratos similares, de forma tal que podía formarse un juicio claro sobre el alcance de los pliegos, de su oferta y, del contrato. De ahí que, desde esa arista de análisis, la prórroga de los contratos de interventoría en forma de espejo de las prórrogas del contrato vigilado, sin una contraprestación adicional al precio fijo acordado por las partes, en el caso bajo examen no se percibe como una manifestación de un abuso de poder y, por lo mismo, la primera de las pretensiones de la demanda no está llamada a prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la regla de causación del precio fijo pactado en función de la ejecución del contrato y no de su duración o sus prórrogas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de junio de 2022, rad. 56399, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1150 DE 2013 - ARTÍCULO 20.6, DECRETO 1150 DE 2013 - ARTÍCULO 22.11, DECRETO 1150 DE 2013 - ARTÍCULO 22.8, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 85
RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se produjo un desequilibrio económico adverso para el actor por las prórrogas de los contratos de interventoría 1339/2013, 1387/2013, y 1425/2013, con ocasión de la prolongación del plazo de los negocios que fueron objeto de la vigilancia del interventor?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n relación con el estudio de una posible fractura del desequilibrio económico, debe indicarse que, bajo el esquema de asunción de riesgos que contrajo el Interventor en los tres contratos, y en armonía con lo ya expuesto, habrá de decirse, que el sinalagma de la relación negocial no se rompe por el solo hecho de que el contrato se haya prorrogado a costa del precio único establecido y convenido por las partes, y que tal circunstancia, por sí misma no revela una asimetría de información que haya impedido al contratista una adecuada previsión de las contingencias con capacidad para afectar el cabal desarrollo de las actividades objeto del contrato vigilado, pues, para ello habría de demostrar, antes que nada, que la razón de los sobrevenidos alargues en el plazo de los contratos obedeció a situaciones imprevistas, ya fuera porque el contratante no las hizo explícitas o, porque no estaban al alcance de ser advertidas por las partes al momento del contrato. Si bien, enfilado a ese propósito el demandante en su interrogatorio de parte aludió a que la extensión del plazo tuvo su origen en problemas de diseño que dieron lugar a la reconfiguración de algunos componentes de la obra, y en una serie de redes de servicios públicos que se encontraban en el sitio y que fue necesario trasladar, especialmente los relacionados con la fibra óptica, el solo dicho del Interventor resulta insuficiente para probar tales asertos. En cambio, lo que sí se encuentra probado es que cuando se advirtió un alcance de obra no previsto se procedió a realizar el correspondiente contrato adicional con la contraprestación económica debida, tal como sucedió en el marco del contrato de interventoría 1387 de 2013 (…). Menos aún probó la demandante un evento de incumplimiento contractual por parte del Ejército, pues, como ya se indicó, el hecho de que no se hubiera reajustado el precio del contrato a merced de las prórrogas que se suscitaron en el transcurso de la ejecución de la obra objeto de vigilancia, obedeció, precisamente, al apego a las estipulaciones del negocio. En ese orden de ideas, la demandante no honró la carga probatoria que le asistía en pro de sus pretensiones y, por consiguiente, se confirmará la decisión denegatoria de primera instancia.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / REDUCCIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Hay lugar a proferir pronunciamiento acerca de la condena por agencias en derecho proferida en primera instancia, al exceder los límites previstos por el Acuerdo que las rige?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s importante tener en cuenta que la demanda se interpuso en vigencia del CPACA y, comoquiera que el artículo 188 de esa codificación (...), impone un régimen de costas (…) que se determina objetivamente en la sentencia, por ministerio de la ley respecto de la parte vencida en juicio, ha de concluirse que las costas, en vigencia del CAPACA, constituyen una cuestión de mero derecho, y por tanto, su imposición no tiene vocación de recurribilidad. Empero, como el demandante no está protestando la imposición de las costas, que es donde se despliega el carácter objetivo que prevé el CPACA, sino que su reparo reside en la cuantificación, la Sala entiende que ese aspecto sí es recurrible, no porque se pretenda desconocer el arbitrio iuris de que dispone el fallador al momento de tasarlas, sino, porque esa potestad encuentra sus límites en los topes establecidos por los Acuerdos que en la materia expide el Consejo Superior de la Judicatura y, ese aspecto, al estar reglado sí puede ser objeto de revisión en sede de apelación. Dicho esto, en consideración al momento en que se interpuso la demanda ─3 de agosto de 2015─ al presente asunto le es aplicable el el Acuerdo No.1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, dado que era el que se encontraba vigente para esa época. En este punto se advierte que la primera instancia no concretó el Acuerdo a partir del cual estableció el monto de la condena en agencias en derecho, sino que se limitó a referir que aquellas ascendían a (…), en función de las pretensiones de la demanda que eran de (…). Al aplicar la regla para establecer el porcentaje que aplicó para determinar el monto de las agencias en derecho, se obtuvo un 7.78%. En ese sentido le asiste razón al apelante, dado que el artículo 3.1.3. del Acuerdo No. 1887 de 2003, dispone para las agencias en derecho lo siguiente: “Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”, por manera que, se ajustará el rubro de esa condena al equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones, suma que se liquidará por la secretaría de la primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la condena en costas en vigencia de la ley 1437 de 2011, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 21 de noviembre de 2022, rad. 15001-23-31-003-2011-00399-01(60629), C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3.1.3., LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte que interpuso el recurso de apelación, el cual se resolvió desfavorablemente?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que “la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. En ese orden de ideas, el numeral 1° del artículo 365 del CGP prevé que “[s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”. De acuerdo con las anteriores consideraciones y en atención a que se resolverá desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo de primera instancia, resulta procedente condenar a la parte actora a pagar las costas causadas en la segunda instancia; erogación económica que deberá ser liquidada de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con el artículo 366 del CGP. Ahora bien, esta Sala fija agencias en derecho por 0.001% de lo pretendido, de acuerdo con las tarifas establecidas en el Acuerdo No.1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en favor de la parte demandada, en razón a que con la presentación de alegatos de cierre, generaron su causación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-08-23. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 25000233600020150181301. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150181301-61546-sentencia).
