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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020140121301-60941-sentencia"
titulo: "Medio de control de repetición: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-10-04"
radicado: "25000233600020140121301"
numero: "60941"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Medio de control de repetición: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-10-04
- **Radicado:** 25000233600020140121301
- **Número interno:** 60941
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVISIOS PUBLICOS - UAESP
- **Demandado:** FABIOLA RAMOS BERMUDEZ
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020140121301-60941-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020140121301/2F7221773A85F7C9982CE4DF04DA4E279E7557E1128180941FD671C1DE2026C8/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201401213011100103

## Problema jurídico

¿La conducta de la accionada, en condición de directora encargada de la UAESP, puede ser calificada como dolosa según la presunción prevista en el artículo 5.1 de la Ley 678 de 2001, porque el acto integrador que comunicó la supresión de un cargo, que aquella expidió, fue anulado por falsa motivación?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición?
- ¿La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos?
- ¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado demuestra, automáticamente, el dolo o la culpa grave del funcionario?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1564 de 2012, arts. 141 núm. 12, 320 y 328
- Ley 678 de 2001, art. 5 núm. 1
- Ley 909 de 2004

## Extracto

En el caso concreto, el hecho indicador es insuficiente para deducir la conducta dolosa que se presume pues, según la sentencia condenatoria, el acto de comunicación declarado nulo por falsa motivación “constituye un acto integrador del principal”, escenario que denota la configuración de una actuación administrativa compuesta por dos actos, el primero, que define la situación jurídica de manera general y, el segundo, que da “eficacia y validez a los actos definitivos” y manifiesta “expresamente la decisión”, circunstancia que hace imperativo determinar la actuación que la demandada realizó en esas etapas, con el propósito de establecer si su conducta repercutió en la configuración del vicio de nulidad, esto es…

## Síntesis temática

En la acción de repetición, la presunción de dolo prevista en el artículo 5.1 de la Ley 678 de 2001 exige que el hecho indicador sea suficiente para deducir la conducta dolosa, y no basta con la anulación de un acto por falsa motivación. Cuando la actuación administrativa se compone de un acto que define la situación jurídica y de otro que le da eficacia y expresa la decisión, el juez debe examinar cada etapa para establecer si la conducta del agente repercutió en la configuración del daño. La primera razón es que el acto integrador por sí solo no revela la intención del agente. La segunda es que la nulidad del acto no prueba el propósito de la conducta. La tercera es que la presunción solo opera cuando el indicador está acreditado en el caso concreto. La providencia revoca la decisión de primera instancia porque el hecho indicador resultó insuficiente. En la práctica, la entidad debe demostrar cómo la actuación del servidor en cada etapa contribuyó al daño y no puede apoyarse solo en la nulidad del acto.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, LEY 678 DE 2001, DOLO, FALSA MOTIVACIÓN, HECHO INDICADOR, PRESUNCIÓN DE DOLO, SENTENCIA CONDENATORIA, ACTOS DE COMUNICACIÓN PROCESAL, ACTO ADMINISTRATIVO NULO, FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO INTEGRADOR, VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL, AUSENCIA DEL DOLO, ACTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO, FINALIDAD DEL ESTADO, REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO, PAGO DE LA OBLIGACIÓN, CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA, ELEMENTO OBJETIVO DEL MEDIO DEL CONTROL DE REPETICIÓN, ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, RECURSO DE APELACIÓN, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PAGO DE LA CONDENA, PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, APLICACIÓN DE LA LEY, VIGENCIA DE LA LEY, DEROGACIÓN DE LA LEY, RETROACTIVIDAD DE LA LEY, CULPA GRAVE, DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, JUEZ ADMINISTRATIVO, RESPONSABILIDAD SUBJETIVA, RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE, CONDENA CONTRA EL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE, FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO, SERVIDOR PÚBLICO, PRESUNCIÓN LEGAL, DAÑO ANTIJURÍDICO, CONDENA JUDICIAL, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES, INTERÉS PÚBLICO, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INTERVENCIÓN DE TERCERO PROCESAL, COADYUVANCIA, PRINCIPIO DE IMPRESCRIPTIBILIDAD, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, GASTOS DEL PROCESO, HONORARIOS DEL AUXILIAR DE LA JUSTICIA, AGENCIAS EN DERECHO, IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, SEGUNDA INSTANCIA, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEY 678 DE 2001 / DOLO / FALSA MOTIVACIÓN / HECHO INDICADOR / PRESUNCIÓN DE DOLO / SENTENCIA CONDENATORIA / ACTOS DE COMUNICACIÓN PROCESAL / ACTO ADMINISTRATIVO NULO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO INTEGRADOR / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL / AUSENCIA DEL DOLO / ACTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO / FINALIDAD DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿La conducta de la accionada, en condición de directora encargada de la UAESP, puede ser calificada como dolosa según la presunción prevista en el artículo 5.1 de la Ley 678 de 2001, porque el acto integrador que comunicó la supresión de un cargo, que aquella expidió, fue anulado por falsa motivación?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n el caso concreto, el hecho indicador es insuficiente para deducir la conducta dolosa que se presume pues, según la sentencia condenatoria, el acto de comunicación declarado nulo por falsa motivación “constituye un acto integrador del principal”, escenario que denota la configuración de una actuación administrativa compuesta por dos actos, el primero, que define la situación jurídica de manera general y, el segundo, que da “eficacia y validez a los actos definitivos” y manifiesta “expresamente la decisión”, circunstancia que hace imperativo determinar la actuación que la demandada realizó en esas etapas, con el propósito de establecer si su conducta repercutió en la configuración del vicio de nulidad, esto es, su grado de participación en la declaración unilteral de voluntad de la administración que fue anulada en el proceso adelantado en contra del ahora ente demandante. […] Al encontrarse acreditado que la actuación de la demandada se circunscribió a dar cumplimiento al acto general dictado por el Consejo Directivo, no es posible encuadrar su conducta en la definición de dolo prevista en la Ley 678 de 2001, porque el acto de ejecución que realizó no involucra la voluntad o querer del agente en la “realización de un hecho ajeno a las finalidades del Estado”, sólo ejecutó la decisión de un organismo superior de dirección. […] En el contexto descrito en precedencia no se vislumbra un actuar doloso atribuible a [la demandada], pues se encuentra suficientemente demostrado que el acto de supresión del empleo de libre nombramiento y remoción que dio lugar a la sentencia condenatoria fue expedido por el consejo directivo de la UAESP, y la competencia de la demandada en esa actuación administrativa se circunscribió a ejecutar la decisión a través del acto de comunicación “integrador del acto general”. Esta circunstancia, por sí misma, desvirtúa la adecuación del verbo rector de la conducta dolosa, porque el agente del estado acusado de actuar con dolo no expresó directamente el “querer” o voluntad con propósitos “ajenos a las finalidades del Estado” (artículo 5, inciso 1°, Ley 678 de 2001). […] Bajo esta perspectiva, resulta forzoso concluir que la respuesta al problema jurídico planteado es negativa […]. En definitiva, la Subsección revocará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, porque no se encontró acreditado el supuesto de hecho constitutivo de dolo atribuido a [la demandada], en condición de directora encargada de la UAESP.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la entrada en vigencia del Código General del Proceso, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero. Sobre los actos generales que suprimen los cargos de la planta de personal y los oficios que comunican dicha decisión, que son actos integradores, cita: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de septiembre de 2010, rad. 1712-2008, C. P. Gustavo Gómez Aranguren; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de septiembre de 2021, rad. 1136-15, C. P. César Palomino Cortés. Sobre la distribución de competencias en el marco del juicio de repetición, cita: Corte Constitucional, sentencia del 6 de agosto de 2021, SU-259/21, M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 141 NUMERAL 12, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328, LEY 678 DE 2001, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 909 DE 2004
REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / ELEMENTO OBJETIVO DEL MEDIO DEL CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
[L]a estimación de las pretensiones de repetición pende de la constatación de la concurrencia de cuatro (4) presupuestos, a saber: (i) la condición de servidor o ex servidor público de la persona contra la que se repite; (ii) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (iii) el pago efectivo de la obligación y, (iv) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público. Siendo los primeros tres elementos de carácter objetivo y el último de carácter subjetivo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos del medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, rad. 22056, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de diciembre de 2006, rad. 22099, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, rad. 24844, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2009, rad. 30329, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, rad. 25694, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de junio de 2018, rad. 54692, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2018, rad. 58789, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de enero de 2020, rad. 42037, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA
Problema jurídico:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto conforme a lo establecido por el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), así como por lo previsto en el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001. En lo concerniente al plazo para el ejercicio oportuno de la acción […] el medio de control de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años contados a partir del día siguiente a aquel en el que el organismo hubiera pagado la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del CCA.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la exequibilidad de la expresión “contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad", contenida en el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, cita: Corte Constitucional, sentencia del 8 de agosto de 2001, C-832/01, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 9, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 20, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 31, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 3
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / LEY 678 DE 2001 / APLICACIÓN DE LA LEY / VIGENCIA DE LA LEY / DEROGACIÓN DE LA LEY / RETROACTIVIDAD DE LA LEY / DOLO / CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior […].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación excepcional de manera retroactiva de la Ley 678 de 2001, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, rad. 30330, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre las normas sustanciales aplicables para dilucidar si el agente del Estado actuó con culpa grave o dolo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de junio de 2018, rad. 54692, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / JUEZ ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / CONDENA CONTRA EL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO / SERVIDOR PÚBLICO / PRESUNCIÓN LEGAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / CONDENA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado demuestra, automáticamente, el dolo o la culpa grave del funcionario?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no demuestra, automáticamente, el dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo condenatorio no ata al juez de la repetición al tratarse este último de un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del servidor, que imposibilita extrapolar las conclusiones en torno a la circunstancia que motivaron la condena del organismo, en tanto se centra en la valoración del comportamiento del agente, conforme a las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron los medios probatorios allegados al proceso judicial que sustentó la pretensión de reembolso. En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en reciente sentencia de unificación, en la que, además de reiterar que en el juicio de responsabilidad patrimonial del funcionario se excluye la extrapolación del juicio de responsabilidad del Estado, puso de presente la existencia de unos presupuestos constitucionales de procedencia de la pretensión de reembolso, que, en lo atinente al elemento subjetivo, implica que la actuación del agente, en el marco de la normatividad vigente para la época en que se presentó el daño antijurídico, pretende o “quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del Estado” (dolo), o es calificable como “una infracción directa a la Constitución o a la ley” o como “una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones” (culpa grave). En lo concerniente a las presunciones de dolo y culpa grave previstas en la Ley 678 de 2001, la Corte precisó que la acreditación del supuesto de hecho que las sustenta, exime al organismo estatal de probar la inferencia de culpabilidad por estar descrita directamente en la ley, pero no lo relevan de acreditar que la actuación del agente, por su arbitrariedad o suma negligencia, fue determinante en la ocurrencia del supuesto de la presunción, tarea en la que resulta determinante: (i) el análisis de las funciones contempladas en la ley y, (ii) el grado de diligencia atribuible al servidor público en razón de los requisitos para acceder al cargo, y (iii) la jerarquía o la retribución económica recibida. Así, la acreditación del supuesto de hecho que describen las presunciones legales de que trata la ley no genera, per se, una consecuencia jurídica inmediata y directa frente a la calificación de la conducta del agente porque, en todo caso, el juez contencioso debe analizar y calificar, en forma independiente, el comportamiento del servidor o exservidor para establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con el daño antijurídico que motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso, (ii) si fue determinante en la ocurrencia de esa afectación y, de acuerdo con ello, (iii) cuál fue el grado de participación del agente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la autonomía del juez de repetición cuya decisión no está atada al criterio del juez contencioso administrativo en el fallo condenatorio, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2007, rad. 29222, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de noviembre de 2019, rad. 43056, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre el juicio de responsabilidad patrimonial del funcionario en el que se excluye la extrapolación del juicio de responsabilidad del Estado, cita: Corte Constitucional, sentencia de unificación del 26 de agosto de 2020, SU-354/20, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / INTERÉS PÚBLICO / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INTERVENCIÓN DE TERCERO PROCESAL / COADYUVANCIA / PRINCIPIO DE IMPRESCRIPTIBILIDAD / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / GASTOS DEL PROCESO / HONORARIOS DEL AUXILIAR DE LA JUSTICIA / AGENCIAS EN DERECHO / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / SEGUNDA INSTANCIA / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿La imposición de la condena en costas procede en contra de la parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala precisa que, en esta jurisdicción, el Código Contencioso Administrativo exceptuaba la imposición de costas en las “acciones públicas” (artículo 171), mientras el CPACA exceptúa “los procesos en que se ventile un interés público” (artículo 188). De esta forma, el legislador colombiano cambió la orientación de la exoneración a la imposición de costas en lo contencioso administrativo, debido a que las “acciones públicas”, además de perseguir un interés público —sin que se discutan derechos subjetivos— tienen otros atributos, como lo son la legitimación universal (o abierta a cualquier “ciudadano”), la posibilidad de la intervención de terceros, la coadyuvancia y la imprescriptibilidad. Lo anterior, sin embargo, no implica que en cualquier asunto, con pretensiones patrimoniales, en el que el demandante sea un ente estatal se ventile un interés público. […] Ahora, el medio de control de repetición constituye “una acción civil de carácter patrimonial”, por medio del cual el organismo estatal pretende el reembolso de la condena causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes […]. Si bien, de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público, este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso. […] La Sala procede, pues, a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del CGP, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto es, a las expensas, gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y agencias en derecho […]. En cuanto a las reglas para la imposición de la condena, la norma procesal general establece que procede en contra de la parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación […]. Conforme a las reglas de procedencia de la condena en costas, la Sala observa que en este caso no procede su imposición por los componentes de expensas, porque no aparece demostrado en el expediente que la parte demandada hubiera incurrido en gastos por esos conceptos durante la segunda instancia. En lo relativo a las agencias en derecho, […] se encuentra demostrado que el apoderado de la demandada presentó alegatos de conclusión en segunda instancia. En ese orden, la Sala fijará el monto de las costas por agencias en derecho a favor [de la demandante] en cuantía equivalente al 0,25% de la pretensión de reembolso […].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la exoneración a la imposición de costas en lo contencioso administrativo por acciones públicas, cita: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 13 de junio de 2000, rad. AC-10252, C. P. Ana Margarita Olaya Forero.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 2, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 362, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 363, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 3

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-10-04. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 25000233600020140121301. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020140121301-60941-sentencia).
