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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020140058501-59411-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-05-22"
radicado: "25000233600020140058501"
numero: "59411"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-05-22
- **Radicado:** 25000233600020140058501
- **Número interno:** 59411
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGRGADO Y TELEFONICOS - COVALTEL S.A. E.S.P
- **Demandado:** CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020140058501-59411-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020140058501/DB8914E9146B24C7F903B1C469947CA134919DE87918E8DF109C62EF3F984E0B/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201400585011100103

## Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo dentro de un proceso de controversias contractuales?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿La Contraloría vulneró el debido proceso de Colvatel, por omitir la cuantificación de los perjuicios en la citación a la audiencia que da inicio al procedimiento administrativo de declaración de…
- ¿Se desconocieron las garantías procedimentales de Colvatel por no incluir, dentro del análisis fáctico y probatorio contenido en las resoluciones impugnadas…
- ¿La Contraloría, al negar las pruebas que Colvatel solicitó en la audiencia, violó sus derechos y garantías?

## Extracto

Como esta Sala es competente para conocer del asunto… Porque la apelación fue interpuesta contra una sentencia de primera instancia, proferida por un Tribunal Administrativo, en el marco del medio de control de controversias contractuales, en un asunto en el cual se juzgan actos administrativos contractuales de la Contraloría, y por superar la cuantía para conocer del asunto toda vez que la cifra estimada de las pretensiones de la demanda ($443.083.513,13) excede el tope legal de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la demanda ($308.000.000), por ende, el proceso es de doble instancia.

## Síntesis temática

Cuando se apela una sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo en un proceso de controversias contractuales relativo a actos contractuales de un órgano de control, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación si la cuantía de las pretensiones supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la demanda. La regla se sostiene en dos razones: la controversia contractual de una entidad pública corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y la vocación de doble instancia depende del valor de la pretensión estimada en la demanda frente al tope legal. En el caso, la cifra estimada de las pretensiones excedía el tope legal para la fecha de la demanda, por lo que el proceso es de doble instancia y la sala asumió la competencia. El documento también aborda la regla sobre la cuantificación de perjuicios en la citación a audiencia de un procedimiento de declaración de incumplimiento, que no vicia el acto si el interesado no demostró la incidencia de la omisión; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia se determina por la cuantía estimada en la demanda.

## Descriptores temáticos

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PROCESO DE DOBLE INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, CITACIÓN A AUDIENCIA, CITACIÓN A PROCESO DE DESCARGOS, AUDIENCIA INICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, GARANTÍAS PROCESALES, DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, AFECTACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES, IMPUTACIÓN FÁCTICA, IMPUTACIÓN JURÍDICA, AUSENCIA DE IMPUTACIÓN, MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, NEGACIÓN DE LA PRUEBA, NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA, IMPERTINENCIA DE LA PRUEBA, PRUEBA INÚTIL, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DE LA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SOPORTE DE LA PRUEBA, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO, FALTA DE COMPETENCIA, INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo dentro de un proceso de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como esta Sala es competente para conocer del asunto (...) Porque la apelación fue interpuesta contra una sentencia de primera instancia, proferida por un Tribunal Administrativo, en el marco del medio de control de controversias contractuales, en un asunto en el cual se juzgan actos administrativos contractuales de la Contraloría, y por superar la cuantía para conocer del asunto toda vez que la cifra estimada de las pretensiones de la demanda ($443.083.513,13) excede el tope legal de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la demanda ($308.000.000), por ende, el proceso es de doble instancia.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CITACIÓN A AUDIENCIA / CITACIÓN A PROCESO DE DESCARGOS / AUDIENCIA INICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO
Problema jurídico:
¿La Contraloría vulneró el debido proceso de Colvatel, por omitir la cuantificación de los perjuicios en la citación a la audiencia que da inicio al procedimiento administrativo de declaración de incumplimiento contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011?
Respuesta al problema jurídico: No
Es cierto que en el contenido de la citación a audiencia, remitida por la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera de la CGR (en adelante, la Gerencia) a través del oficio 2012EE0082829 del cinco (5) de diciembre de dos mil doce (2012) [15] , no figura la cuantificación de los perjuicios a los que ascendería la consecuencia pecuniaria del incumplimiento derivado de las obligaciones del convenio marco y del convenio específico que allí se detallan. Empero, este sólo hecho no vicia de nulidad a los actos que concluyeron el procedimiento, toda vez que, además de no ser una exigencia especificada por la norma, el demandante no demostró la incidencia de esta omisión en la decisión adoptada, ni que esta circunstancia hubiera disminuido o aniquilado sus posibilidades de controvertir la cifra expuesta por la entidad en la audiencia, en tanto esa audiencia era el escenario en el que debía adelantarse la discusión sobre el particular. (...) Así, para esta Colegiatura, fue acertado el juicio de la primera instancia al especificar que la determinación de la cuantía tiene lugar en el desarrollo del debate jurídico y probatorio practicado en la audiencia. Según la jurisprudencia de esta Corporación, el contenido del oficio citatorio debe observar dos tipos de exigencias: las fácticas, que no podrán modificarse a lo largo del procedimiento porque soportan el debate en su integridad; y las consecuenciales referidas a las sanciones a imponer a partir del marco fáctico delimitado, dentro de las que cabría incluir la cuantificación de los perjuicios derivados del incumplimiento por el cual se imputa y sanciona al contratista. Por estas razones, los actos administrativos demandados no son inválidos por haberse omitido la mención de la cuantía de los perjuicios en la citación a audiencia, porque el artículo 86 del CPACA no contenía expresamente esa exigencia; la actora no probó que este hecho influyera en el sentido de la decisión, ni demostró la afectación de su derecho de defensa; y el escenario previsto para la discusión de la cuantificación de los perjuicios era la audiencia a la que fue citada. Así las cosas, se impone una respuesta negativa primer problema jurídico respecto al cargo por violación del debido proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a los vicios en el procedimiento administrativo, consultar sentencia de 1° de junio de 2020, Exp. 08001-23-33-000-2012-00254-01(48945), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 86
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / GARANTÍAS PROCESALES / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / AFECTACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES / IMPUTACIÓN FÁCTICA / IMPUTACIÓN JURÍDICA / AUSENCIA DE IMPUTACIÓN / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿Se desconocieron las garantías procedimentales de Colvatel por no incluir, dentro del análisis fáctico y probatorio contenido en las resoluciones impugnadas, mención alguna a la imputación de responsabilidad contractual hecha a la Compañía?
Respuesta al problema jurídico: No
En cuanto al segundo problema jurídico derivado del reproche por violación del debido proceso, relacionado con la omisión de la imputación del incumplimiento a Colvatel, durante el procedimiento de declaración del siniestro, es necesario precisar que el análisis propuesto en este proceso contencioso remitía a establecer, si en el examen de la imputación, a la Compañía se vieron afectados sus derechos y garantías derivadas del debido proceso administrativo, no a la verificación de error alguno en las apreciaciones fácticas de la imputación al predicar que las fallas en el aplicativo para liquidar las cesantías eran atribuibles a la actora. Un examen de esa naturaleza correspondería, en rigor, al desarrollo de un cargo de nulidad por falsa motivación, cargo que, en la demanda, únicamente fue empleado para glosar la ausencia de cuantificación de los perjuicios en la citación a audiencia. Otro entendimiento conduciría a la modificación de la causa petendi, mediante la alteración del concepto de la violación contenido en la demanda, variación que es inadmisible en esta etapa procesal. (...) el segundo problema jurídico relativo a la violación del debido proceso administrativo se contestará negativamente porque, al margen de lo manifestado por la directora de la Oficina Jurídica de la entidad durante la audiencia, a Colvatel sí le fue imputado el incumplimiento de los convenios marco y específico por la entrega de un producto (el aplicativo de liquidación de cesantías) en condiciones inadecuadas para el funcionamiento previsto. Dicha imputación fue expresada por la entidad demandada a lo largo del procedimiento que concluyó con las resoluciones demandadas, desde la citación a la audiencia, en la cual se explicitó el marco fáctico y jurídico del procedimiento, hasta el adelantamiento y finalización de la audiencia, en cuyo desarrollo no se desconoció ninguno de los derechos y garantías procedimentales de Colvatel, toda vez que participó en la actuación, fue oída en estrados, contó con la oportunidad de controvertir las imputaciones que se le hicieron, estas tuvieron una respuesta basada en razones de hecho y de derecho, durante la audiencia y en el texto de las resoluciones enjuiciadas; y pudo impugnar las decisiones que le fueron adversas, mediante el recurso de reposición que fue desatado y motivado en la propia audiencia. Cuestión distinta es que el demandante proteste los razonamientos fácticos y jurídicos que soportaron los actos, esto es, la motivación de las decisiones adoptadas, aspecto que no corresponde al análisis del cargo analizado, como se dijo anteriormente.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al debido proceso administrativo, consultar sentencia de 22 de abril de 2009, Exp. 19001-23-31-000-1994-09004-01(14667), C.P. Myriam Guerrero Escobar y sobre la improcedencia de variar la causa petendi en segunda instancia, consultar sentencia de 4 de diciembre de 2023, Exp. 08001-23- 31-703-2007-00567-01(57010).
CITACIÓN A PROCESO DE DESCARGOS / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / NEGACIÓN DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA / IMPERTINENCIA DE LA PRUEBA / PRUEBA INÚTIL / GARANTÍAS PROCESALES / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿La Contraloría, al negar las pruebas que Colvatel solicitó en la audiencia, violó sus derechos y garantías?
Respuesta al problema jurídico: No
Ahora, en relación con la denegación de las solicitudes probatorias efectuadas por la actora en la audiencia de descargos que refiere el tercer problema jurídico relacionado con la violación del debido proceso, nota la Sala que, aunque los actos sugieran otra cosa , la Contraloría negó las pruebas no por ser inconducentes, valga decir, por no ser aptas para demostrar los hechos que quería probar Colvatel, sino por ser impertinentes en relación con el objeto del procedimiento (esto es, la calidad y correcto funcionamiento del software), e inútiles, porque informaban hechos que ya eran conocidos por la entidad. Por otra parte, como fue enunciado en la citación56 , la discusión versaba sobre la calidad y el correcto funcionamiento del producto proporcionado por la Compañía, por lo que la comprobación de la pertinencia y utilidad de los medios de prueba denegados, requerida para la prosperidad de la causal de nulidad bajo examen, implicaba demostrar que estos darían cuenta de que, para la fecha de la audiencia, el aplicativo: (i) sí cumplía con las especificaciones y requisitos mínimos pactados en el convenio; y (ii) sí funcionaba correctamente En ese orden de ideas, no se observa que los medios de prueba que se quisieron incorporar al procedimiento, con el propósito de exponer la relación entre la conducta de la CGR y el mal funcionamiento del programa electrónico 58 , a través de actas y correspondencia electrónica cruzada, estén relacionados con el propósito de la audiencia, que no era otro distinto al de conminar a Colvatel a la satisfacción de una obligación de garantía cuyo contenido, además de suponer la consecución de un resultado, se contraía a la comprobación del riesgo derivado de la mala calidad o del defectuoso funcionamiento del aplicativo. Por ende, era impertinente el análisis de la diligencia de las partes, pues únicamente cabía la causa extraña como hipótesis para la exoneración del deudor. De allí que no le asista razón a la apelante en afirmar la pertinencia y utilidad de los medios de prueba anunciados y, por el contrario, la decisión de la CGR en negar estos medios de convicción se aprecia razonable y ajustada al procedimiento que llevó a cabo.
IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOPORTE DE LA PRUEBA / CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Los actos administrativos demandados carecieron de motivación probatoria, por no soportar los perjuicios a los que se condenó a la demandante?
Respuesta al problema jurídico: No
La respuesta al problema jurídico relacionado con una supuesta vulneración al debido proceso y a la falta de motivación probatoria de los perjuicios también será negativa porque, como se expuso, en los actos demandados fue motivada expresamente la cuantificación de los perjuicios derivados del incumplimiento imputado a la Compañía, y durante la audiencia esta tuvo la oportunidad de controvertirla . Además, en el plenario no obra medio de convicción que refute la tasación contenida en los actos, por lo que el demandante no satisfizo su carga probatoria para desvirtuar la presunción de legalidad de estas resoluciones.
CITACIÓN A PROCESO DE DESCARGOS / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / FALTA DE COMPETENCIA / INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Los actos administrativos demandados adolecen de falta de competencia por permitir que personas sin facultades para adoptar decisiones intervinieran en el asunto?
Respuesta al problema jurídico: No
Por último, en torno al problema jurídico relativo al cargo de nulidad por incompetencia de los sujetos que intervinieron en la audiencia , la Sala denota que, siendo cierto que en los soportes de la diligencia se reflejó la participación de personas que formaban parte de otras dependencias de la entidad demandada, así como de un abogado asesor, también lo es que estas intervenciones no usurparon la competencia de la Gerente quien, al finalizar la etapa de discusión que dispuso en la audiencia, tomó los criterios que estos sujetos transmitieron en la audiencia para fundamentar las decisiones demandadas. En otros términos, las personas distintas a la Gerencia se limitaron a dar sus conceptos e impresiones respecto de las peticiones y alegaciones efectuadas por Colvatel, no se arrogaron la habilitación jurídica de expresar la voluntad de la Contraloría, como lo consideró la demandante: ni su intervención, ni el recurso por la entidad a conceptos escritos para fundamentar su decisión configuran vicios que la invaliden. Por todo lo anterior, como los cargos no están llamados a prosperar, la sentencia de primera instancia será confirmada
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: No
Según el CGP, la condena en costas procede contra la “la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto” (CGP, artículo 365 núm. 1). Siguiendo lo preceptuado en el artículo 366 del CGP, las expensas y demás costas son tasadas por la Secretaría de esta Corporación (núm. 1), mientras que las agencias en derecho son fijadas en este pronunciamiento de conformidad con las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en particular, por el Acuerdo 1887 de 2003, vigente para el momento en que este proceso inició. Con fundamento en lo anterior, se condenará en costas a Colvatel, en favor de su contraparte; y reconocerá la suma de 0,1% del valor de las pretensiones denegadas, como agencias en derecho.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-05-22. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 25000233600020140058501. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020140058501-59411-sentencia).
