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clave: "consejo_estado:providencia:25000233100020130154502-59851-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el propósito de tal redefinición no fue el de un simple cambio en las reglas de juego para los potenciales inversionistas"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-02-03"
radicado: "25000233100020130154502"
numero: "59851"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
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# Consejo de Estado: el propósito de tal redefinición no fue el de un simple cambio en las reglas de juego para los potenciales inversionistas

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-02-03
- **Radicado:** 25000233100020130154502
- **Número interno:** 59851
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** BIO D S.A
- **Demandado:** MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, DPN, MINISTERIO DE MINA, MINTRANSPORTE, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÙBLICO MINHACIENDA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233100020130154502-59851-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233100020130154502/0E991D3193DC68E0E8D136563EF0A0A2187398CEB7FFB6C8AE4827663410889F/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002331000201301545021100103

## Problema jurídico

¿Los contratos de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia, tienen como finalidad estimular la inversión esencialmente nueva en el país, mediante el otorgamiento de una especie de cobertura frente a los cambios constantes en las normas del ordenamiento, para lo cual, previa la solicitud respectiva con el lleno de los requisitos de Ley, se debe contar con la aprobación del Comité evaluador en decisiones definitivas que revisten un marcado carácter discrecional, guiado, no obstante, con instrumentos previstos en la ley misma?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Procede la declaratoria de nulidad de las decisiones en las que fue improbada la solicitud de contrato de estabilidad jurídica, por haberse fundado la determinación allí contenida…
- ¿Procede la declaratoria de nulidad de las decisiones en las que fue improbada la solicitud de contrato de estabilidad jurídica, por haberse fundado la determinación allí contenida…
- ¿Procede la declaratoria de nulidad de las decisiones en las que fue improbada la solicitud de contrato de estabilidad jurídica, por haberse fundado la determinación allí contenida…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1450 de 2011, art. 49
- Ley 153 de 1887, art. 2
- Ley 963 de 2005, art. 3

## Extracto

El 8 de julio de 2005 fue promulgada la Ley 963, que instauró un mecanismo de “estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia”. Con ella, el Estado colombiano buscó, en efecto, estimular la inversión en el país mediante el otorgamiento de una especie de cobertura frente a uno de los riesgos que más desincentivaban esa actividad, como lo eran los cambios constantes en las normas del ordenamiento, con incidencia en los principales sectores de interés de los inversionistas. Justamente, en la exposición de motivos del respectivo proyecto de ley, tramitado ante la Cámara de Representantes, se indicó en torno a ello que con esa normativa se buscaba hacer frente a los “riesgos jurídicos” como importantes inhibidores de la inversión.… El mecanismo por excelencia introducido por la Ley 963 de 2005 para estimular la confianza de los inversionistas, por la vía de procurar la estabilidad jurídica, fue la figura del contrato… .

## Síntesis temática

El inversionista solicita formalmente la suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica regulado por la Ley 963 de 2005 con el propósito fundamental y necesario de estimular la inversión esencialmente nueva en el país y obtener una cobertura adecuada frente a los cambios constantes en las normas del ordenamiento jurídico, debiendo cumplir estrictamente con la presentación de la solicitud respectiva y el lleno de los requisitos legales exigidos para someterse formalmente a la evaluación y decisión definitiva del Comité competente, cuyas determinaciones revisten un marcado carácter discrecional orientado siempre por los instrumentos y finalidades previstos directamente por el propio legislador y las normas concordantes vigentes de carácter obligatorio, imperativo, general, especial, fundamental, estricto y formal.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA, ESTABILIDAD JURÍDICA, OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA, SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA, JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA, EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA, PLAN DE DESARROLLO, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, LEY DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, CONPES, INVERSIÓN, ACTIVIDAD INVERSIONISTA, INVERSIONISTA, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, APLICACIÓN DE LA LEY, APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO, APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO, VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, VIGENCIA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, MORA ADMINISTRATIVA, DERECHO ADQUIRIDO, INEXISTENCIA DEL DERECHO ADQUIRIDO, IMPROCEDENCIA DEL DERECHO ADQUIRIDO, INADMISIBILIDAD DEL DERECHO ADQUIRIDO, TÉRMINO LEGAL, INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO LEGAL, PRUEBA DE LOS PERJUICIOS, INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, DERECHO A LA IGUALDAD, APLICACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD, ALCANCE DEL DERECHO A LA IGUALDAD, INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD, AUSENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD, PRETENSIÓN SUBSIDIARIA, CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES, IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA, NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA, NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

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## Texto del documento

CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / ESTABILIDAD JURÍDICA / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / PLAN DE DESARROLLO / PLAN NACIONAL DE DESARROLLO / LEY DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO / CONPES / INVERSIÓN / ACTIVIDAD INVERSIONISTA / INVERSIONISTA
Problema jurídico:
¿Los contratos de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia, tienen como finalidad estimular la inversión esencialmente nueva en el país, mediante el otorgamiento de una especie de cobertura frente a los cambios constantes en las normas del ordenamiento, para lo cual, previa la solicitud respectiva con el lleno de los requisitos de Ley, se debe contar con la aprobación del Comité evaluador en decisiones definitivas que revisten
un marcado carácter discrecional, guiado, no obstante, con instrumentos previstos en la ley misma?
Respuesta al problema jurídico: Si
El 8 de julio de 2005 fue promulgada la Ley 963, que instauró un mecanismo de “estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia”. Con ella, el Estado colombiano buscó, en efecto, estimular la inversión en el país mediante el otorgamiento de una especie de cobertura frente a uno de los riesgos que más desincentivaban esa actividad, como lo eran los cambios constantes en las normas del ordenamiento, con incidencia en los principales sectores de interés de los inversionistas. Justamente, en la exposición de motivos del respectivo proyecto de ley, tramitado ante la Cámara de Representantes, se indicó en torno a ello que con esa normativa se buscaba hacer frente a los “riesgos jurídicos” como importantes inhibidores de la inversión. (...) El mecanismo por excelencia introducido por la Ley 963 de 2005 para estimular la confianza de los inversionistas, por la vía de procurar la estabilidad jurídica, fue la figura del contrato (...). Según el artículo 4, a efectos de acceder al beneficio -es decir, a la suscripción del contrato-, el inversionista debía presentar una solicitud acompañada con un estudio que demostrara la fuente de los recursos destinados a la inversión, y que detallara la actividad, soportada a su vez con estudios de factibilidad, planos, documentos técnicos y número de empleos proyectados. (...) Según el artículo 4, a efectos de acceder al beneficio -es decir, a la suscripción del contrato-, el inversionista debía presentar una solicitud acompañada con un estudio que demostrara la fuente de los recursos destinados a la inversión, y que detallara la actividad, soportada a su vez con estudios de factibilidad, planos, documentos técnicos y número de empleos proyectados. (...) En el literal b) del mismo artículo 4 se previó que la solicitud, así conformada, sería evaluada por un Comité integrado por los Ministerios de Hacienda, de Comercio y del ramo en que se efectuara la inversión, el Director del Departamento Nacional de Planeación y el Director de la entidad autónoma en caso de que se tratara de normas expedidas por dichas entidades. El indicado Comité tendría la atribución de resolver en forma definitiva sobre la solicitud del inversionista, “conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y [en el] documento CONPES que para el efecto se expida”. (...) De ahí que las decisiones definitivas del Comité de Estabilidad Jurídica revistieran un marcado carácter discrecional, guiado, no obstante, con instrumentos previstos en la ley misma y concretados v. gr., con el correspondiente Plan Nacional de Desarrollo y con el documento CONPES 3366 de 2005, contentivo de las “consideraciones técnicas para la evaluación de las solicitudes de celebración de contratos de estabilidad jurídica”, y que enunció los criterios específicos de dicha evaluación (...). De igual manera, (...) el indicado documento CONPES señaló los principios generales que debían guiar la actividad evaluadora del Comité, entre ellos, aquel conforme al cual, “[e]l inversionista solicitante de un contrato de estabilidad jurídica es el responsable de demostrar que la norma objeto del mismo es determinante de la inversión que proyecta realizar”. Siguiendo la línea trazada por el artículo 4 de la Ley 963 de 2005, aplicados estos parámetros -bajo el indicado margen de discrecionalidad- y aprobada con fundamento en ellos la respectiva solicitud, el contrato de estabilidad jurídica debía suscribirse por el ministro del ramo en el que se realizara la inversión, de acuerdo con lo dispuesto por el mismo Comité, en un término de cuatro meses -cuyo vencimiento, sin embargo, no acarreaba la pérdida de competencia del Comité para adoptar la decisión definitiva, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación-. (...) Como lo subraya la actora, esta disposición fue modificada por el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011 -contentiva del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014- (...). El propósito de tal redefinición no fue el de un simple cambio en las reglas de juego para los potenciales inversionistas, sino la corrección de un fenómeno que, respaldándose en la inicial noción de “inversión nueva” que traía la Ley 963 de 2005, venía desconociendo la finalidad primigenia del mecanismo de estabilidad jurídica previsto por el Estado colombiano, al permitir la celebración de contratos para favorecer inversiones ya concluidas, vale decir, ejecutadas antes de la suscripción del negocio jurídico, lo que no se traducía realmente en la incentivación de nuevas inversiones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la discrecionalidad de las decisiones del Comité de Estabilidad Jurídica, consultar providencia de 27 de agosto de 2021, Exp. 58927, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Acerca de la competencia del Comité de Estabilidad Jurídica para adoptar la decisión definitiva, de 29 de noviembre de 2018, Exp. 58006, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 49, LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 1, LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 2, LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 3, LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 4, LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 5
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ESTABILIDAD JURÍDICA / CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LA LEY / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / CONPES / PLAN NACIONAL DE DESARROLLO / LEY DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO / VIGENCIA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO / INVERSIÓN / ACTIVIDAD INVERSIONISTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Procede la declaratoria de nulidad de las decisiones en las que fue improbada la solicitud de contrato de estabilidad jurídica, por haberse fundado la determinación allí contenida, en el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011 y no en las previsiones y definiciones que estaban vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, las cuales estaban contenidas en la Ley 963 de 2005; esto es, por una indebida aplicación de las leyes en el tiempo?
Respuesta al problema jurídico: No
Señala la apelante que la motivación de los actos acusados, estructurada sobre el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011, implicó la imposición de una exigencia que no existía en la época de radicación de la solicitud del mecanismo de estabilidad jurídica, y que, en ese sentido, lo procedente era que su propuesta se evaluara con base en la normativa vigente al incoarse el trámite. Aunado a ello afirma que, en todo caso, su solicitud comportaba en sí misma una situación jurídica consolidada que, por consiguiente, no podía ser regulada por la Ley 1450 de 2011 sino examinada bajo normas vigentes en la fecha de su presentación. Al respecto, se advierte en primer lugar que, ciertamente, el artículo 2 de la Ley 153 de 1887 no sólo dispone la prevalencia de la norma posterior sobre la anterior, en particular cuando una se oponga a la otra, sino que establece para ello el presupuesto de que “ambas [sean] preexistentes al hecho que se juzga”; lo que pudo dar cabida al planteamiento de la demandante, en cuanto a que la Ley 1450 de 2011 no cumplía formalmente con esa condición de “preexistencia” frente a la solicitud de contrato, por lo que, a juicio de la actora, no podría aplicarse ni hacerse prevalecer sobre las disposiciones de la Ley 963 de 2005 que estaban vigentes al incoarse el trámite administrativo. Sin embargo, de conformidad con el artículo 4 de la propia Ley 963 de 2005, el Comité de Estabilidad Jurídica estaba obligado a evaluar la solicitud (...) “conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”, que en la fecha de la decisión acusada -es decir, el 23 de noviembre de 2011- estaba contenido en la Ley 1450 de 2011. En ese sentido, el Comité no podía desligarse de lo que en tal instrumento habían previsto el Gobierno y el Congreso de la República para trazar en el siguiente cuatrienio los objetivos fundamentales del país en materia de economía, empleo, crecimiento e inversión; no sólo porque al cuerpo evaluador le resultaba imperativo, por disposición de la ley, tener en cuenta dicho documento de planeación, sino también porque la solicitud evaluada y el eventual contrato tendrían incidencia precisamente en esos aspectos de interés general, circunstancia ésta que constituía uno de los criterios que el Comité debía emplear en el momento de calificar la solicitud. En ese sentido, dadas las finalidades del régimen de estabilidad jurídica y los criterios de evaluación establecidos en la Ley 963 de 2005 y en el documento CONPES 3366 de 2005, era palmario que el examen por parte del Comité debía hacerse siempre a futuro, (...) por lo que, al pronunciarse sobre la solicitud (...), el Comité debía tener en cuenta los impactos de la inversión de ahí en adelante, lo que necesariamente pasaba por el prisma del Plan Nacional de Desarrollo entonces en vigor. No se advierte, en ese sentido, la ilegalidad de los actos acusados por aplicación del artículo 49 de la Ley 1450 de 2011 sin hacer prevalecer la norma preexistente a la solicitud de contrato; pues el sistema jurídico no obligaba al Comité a preferir la versión primaria del parágrafo del artículo 3 de la Ley 963 de 2005, sino que le imponía revisar la solicitud a la luz de la norma que fue aplicada, y que correspondía al Plan Nacional de Desarrollo vigente en la fecha de la improbación del contrato. Ahora bien, debe advertir la Sala que el punto sobre el cual recayó el cambio normativo que se reprocha en toda la demanda era apenas uno de los múltiples elementos que debían enmarcar y guiar la decisión del Comité; y lejos de ser un aspecto nuevo o intempestivo -que así lo apreció la demandante porque en él, la ley varió la definición de “inversión nueva”- entrañó una precisión conceptual o la corrección de un fenómeno que, en sentir del legislador, debía enmendarse y ser objeto de aclaración, por haberse empleado hasta ese momento -el de expedición de la Ley 1450 de 2011- de manera opuesta a los objetivos y finalidades del mecanismo de estabilidad jurídica, los que ya estaban previstos en instrumentos anteriores como la misma Ley 963 de 2005 y el documento CONPES 3366 de ese año. (...) Por tanto, no podía el estamento del Gobierno Nacional continuar aprobando una situación que en el momento de la decisión enjuiciada se consideraba irregular y que desconocía el verdadero propósito del aludido mecanismo de estabilidad jurídica.
FUENTE FORMAL:
LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 49, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 2, LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 3
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ESTABILIDAD JURÍDICA / CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MORA ADMINISTRATIVA / DERECHO ADQUIRIDO / INEXISTENCIA DEL DERECHO ADQUIRIDO / IMPROCEDENCIA DEL DERECHO ADQUIRIDO / INADMISIBILIDAD DEL DERECHO ADQUIRIDO / TÉRMINO LEGAL / INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO LEGAL / PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / INVERSIÓN / ACTIVIDAD INVERSIONISTA / IMPROCEDEN

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / INVERSIÓN / ACTIVIDAD INVERSIONISTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la pretensión subsidiaria de la demanda, encaminada a conminar a los entes demandados a conformar el Comité de Estabilidad Jurídica, para que negocien con la demandante una estabilización normativa, considerando que no es viable, ni siquiera a la luz de las normas existentes al momento de radicar la petición, aprobar la solicitud de contrato de estabilidad jurídica de la actora?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a actora manifiesta que la petición señalada en la demanda como subsidiaria es procedente, pues resulta válido solicitar que se le ordene al Comité entrar a decidir sobre el proyecto de (...) [la demandante] y negociar con esta sociedad la aplicación y preservación de las normas invocadas. En concreto, la indicada pretensión se encaminó a que “se declaren procedentes los argumentos presentados por (...) [la demandante] sobre los derechos que le asisten, relacionados con el régimen de estabilidad jurídica y por ende, se ordene al Comité de Estabilidad Jurídica, en un término prudencial ordenado por su Despacho, entrar a negociar las normas señaladas en la solicitud (…)”. Así, se evidencia que este punto fue formulado en subsidio de la pretensión segunda, relativa a la suscripción del contrato, lo que implicó que esa denominada pretensión subsidiaria partiera de la misma base que las principales: la alegada nulidad de los actos enjuiciados y la premisa de que la solicitud (...) debió ser aprobada por el Comité. Dado que ninguno de esos dos aspectos puede ser acogido por la Sala, (...) es palmario que la mencionada pretensión está llamada a fracasar, pues no advirtiéndose que el Acta N° 14 de 2011 y la Resolución N° 001 de 2013 fueran contrarias a derecho, ni que el Comité estuviera obligado a aprobar la petición de la actora, no es procedente conminar a los entes demandados a conformar el organismo evaluador para que negocien con la demandante una estabilización normativa que no es viable, ni siquiera a la luz de las normas existentes al momento de radicar la solicitud.
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿En vigencia del C.P.A.C.A. y del Código General del Proceso, resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso, esto es, a la parte demandante, a quien se le resuelve desfavorablemente el medio de control de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia debe disponerse sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el estatuto procesal civil. A su vez, el artículo 365 del Código General del Proceso establece que hay lugar a condenar en costas, entre otras, a la parte vencida en el juicio y a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación que haya interpuesto, sin perjuicio de que, a la luz del numeral 5 de la misma norma, el juez pueda abstenerse de imponer las costas o hacerlo de manera parcial, si prospera una parte de las pretensiones de la demanda. Por tanto, en el presente caso se condenará en costas a la sociedad demandante, por cuanto no prosperaron los argumentos de su recurso de apelación. En este punto debe señalarse que, bajo las reglas del Código en cita, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual ese concepto se determina con fundamento en un criterio puramente objetivo. Por otro lado, se advierte que las costas serán liquidadas de manera concentrada en la Secretaría del Tribunal de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del CGP. En relación con las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia, el artículo 366, numeral 4, del CGP, establece que en su fijación se deben aplicar las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta, además, “la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales”, sin que pueda exceder el máximo de las indicadas tarifas. Atendiendo a estos parámetros, se tiene que el presente caso corresponde a un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuya cuantía se estableció en la suma de $95.620’120.000 como valor de los perjuicios que (...) [la demandante] manifestó haber sufrido por la decisión adoptada por el Comité de Estabilidad Jurídica y la tardanza en su expedición; asunto en el que la indicada sociedad demandante resultó vencida en segunda instancia. Se aprecia además que, después de interpuesta y concedida la alzada, el proceso cursó ante esta Corporación por un término superior a un año, en el cual las entidades demandadas presentaron de manera oportuna alegatos de conclusión, por conducto de apoderados judiciales debidamente designados, debiendo así cubrir los gastos de su defensa para toda la segunda instancia. Por lo anterior, y en aplicación de lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo N° 1887 de 2003 -vigente para la fecha en que se presentó la demanda-, se estima procedente la fijación de agencias en derecho en treinta millones de pesos ($30’000.000), a cargo de la sociedad (...) y a favor de la Nación –Departamento Nacional de Planeación, Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía y Transporte-, la sociedad Fiduciaria La Previsora S.A. y la compañía (...), quien también ejerció su defensa en la segunda instancia, por partes iguales. Se dispone todo lo anterior, por cuanto el artículo 6 del indicado Acuerdo N° 1887 de 2003 establece como tarifa para las agencias en derecho, causadas en segunda instancia en asuntos de lo contencioso administrativo, “hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-02-03. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 25000233100020130154502. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233100020130154502-59851-sentencia).
