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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020120099301-57514-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se dice que en principio, por cuanto la amplitud de las excepciones de fondo en el proceso ejecutivo pueden dar al traste"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-08-13"
radicado: "25000232600020120099301"
numero: "57514"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
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# Consejo de Estado: se dice que en principio, por cuanto la amplitud de las excepciones de fondo en el proceso ejecutivo pueden dar al traste

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-08-13
- **Radicado:** 25000232600020120099301
- **Número interno:** 57514
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** GGC ESTUDIO DE ABOGADOS LTDA
- **Demandado:** HOSPITAL SIMON BOLIVAR EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO III NIVEL, SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020120099301-57514-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020120099301/2A8885EAB3463CE90BD5FE470BF85DFDA693CCD54194E23B5059F3420ECAC2B7/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201200993011100103

## Regla de decisión

Se dice que en principio, por cuanto la amplitud de las excepciones de fondo en el proceso ejecutivo pueden dar al traste con la mutación de su naturaleza.

## Problema jurídico

¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso de controversias contractuales en segunda instancia por razón de su cuantía?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿La demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes a la terminación del contrato?
- ¿Las facturas allegadas como prueba y que se pretenden cobrar acreditan la gestión realizada y el recaudo efectivo de los cuales se causaba el pago de honorarios pactado en el contrato?
- ¿Se acreditó el perjuicio derivado de los honorarios que se debían pagar por el acompañamiento en los procesos de jurisdicción coactiva dejados de tramitar?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, art. 82
- Ley 1107 de 2006, art. 1
- Ley 1437 de 2011, art. 129

## Extracto

Atendiendo a la naturaleza pública del Hospital Simón Bolívar III Nivel, como empresa social del Estado, sucedida procesalmente por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., la presente controversia es de conocimiento de esta jurisdicción, en los términos del artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1 de Ley 1107 de 2006. Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia, en atención a su cuantía, en los términos del artículo 129 del CPACA. Teniendo en cuenta que se imputa un incumplimiento a la parte contratante en el marco de un contrato estatal, la acción procedente es la contractual. Vale precisar que aunque las reclamaciones económicas consecuenciales de condena se dirigen al pago de unas facturas, por esa simple razón la acción no se torna improcedente, ante la falta de una limitación legal expresa en tal sentido.

## Síntesis temática

El contratista no acredita el incumplimiento del contrato estatal ni el derecho a cobrar los honorarios pactados, por lo que la entidad estatal no está obligada a pagarlos. El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso de controversias contractuales en segunda instancia por su cuantía, y la demanda fue presentada oportunamente dentro del plazo de caducidad. Sin embargo, el contratista no cumplió con la carga probatoria necesaria para demostrar el recaudo efectivo y las gestiones realizadas para cobrar la cartera corriente, condiciones pactadas para el pago de los honorarios. Además, no se acredita el perjuicio derivado de la pérdida de oportunidad por no tramitar procesos de jurisdicción coactiva, ya que no se presentaron elementos que demuestren la utilidad proyectada para el contratista. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos contractuales y la carga probatoria en controversias contractuales, lo que implica que los contratistas deben presentar pruebas efectivas y completas para reclamar pagos adicionales.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, DOBLE INSTANCIA, PROCESO DE DOBLE INSTANCIA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL, TÉRMINO DEL CONTRATO, PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, FACTURA, VALOR PROBATORIO DE LA FACTURA, PAGO DEL CONTRATO, CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL, INEFICACIA DE LA PRUEBA, INEFICACIA DE LA PRUEBA CONTABLE, COBRO DE LOS HONORARIOS, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, HONORARIOS, INEXISTENCIA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, HONORARIOS DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DEBERES DEL CONTRATISTA, INEXISTENCIA DE ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, FORMALIDADES DEL CONTRATO ADICIONAL, REQUISITOS DEL CONTRATO ADICIONAL, REQUISITOS DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ADICIONAL, CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL, PARTIDA PRESUPUESTAL, CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE

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- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020020444301-49162-sentencia.md)

## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / DOBLE INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso de controversias contractuales en segunda instancia por razón de su cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
Atendiendo a la naturaleza pública del Hospital Simón Bolívar III Nivel, como empresa social del Estado, sucedida procesalmente por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., la presente controversia es de conocimiento de esta jurisdicción, en los términos del artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1 de Ley 1107 de 2006. Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia, en atención a su cuantía, en los términos del artículo 129 del CPACA. Teniendo en cuenta que se imputa un incumplimiento a la parte contratante en el marco de un contrato estatal, la acción procedente es la contractual. Vale precisar que aunque las reclamaciones económicas consecuenciales de condena se dirigen al pago de unas facturas, por esa simple razón la acción no se torna improcedente, ante la falta de una limitación legal expresa en tal sentido. Además, en este estadio resulta menester definir previamente el incumplimiento alegado, esto es, la terminación unilateral injustificada del contrato, además del cumplimiento del contratista, aspectos que, en principio, no son propios del proceso ejecutivo, en la medida en que persiguen el reconocimiento del derecho mismo. Se dice que en principio, por cuanto la amplitud de las excepciones de fondo en el proceso ejecutivo, pueden dar al traste con la mutación de su naturaleza.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 129
TERMINACIÓN DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Problema jurídico:
¿La demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes a la terminación del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El medio de control fue oportuno. Vale recordar que el contrato en estudio tenía un plazo de un año, contado a partir de la suscripción del acta de iniciación, pero al mismo tiempo se condicionó la modificación del término de ejecución y/o la adición del valor del contrato a la suscripción de un otrosí o un contrato adicional. El valor fue indeterminado, pero para efectos fiscales y de legalización se tomaba como referencia el valor del certificado de disponibilidad presupuestal por la suma de $150.000.000. Un mes después de iniciado, mediante el adicional n.° 1 del 17 de julio de 2009, el contrato se incrementó en un valor de $222.675.000. (…) La Sala, para efectos del cómputo de la caducidad de la acción y con el ánimo de privilegiar el acceso efectivo a la administración de justicia, interpretará que la terminación del contrato devino por el vencimiento del plazo contractual y no por la falta del modificatorio y la apropiación de los consecuenciales recursos, sin perjuicio de que en el fondo se analicen los efectos jurídicos de esta circunstancia frente a lo reclamado. Así, está probado que el vencimiento del contrato se verificó el 18 de junio de 2010, si se tiene en cuenta que el acta de iniciación se firmó el 18 de junio de 2009, al tiempo que la demanda se presentó el 15 de junio de 2012, es decir, dentro de los dos años siguientes a la finalización del contrato, de lo que se sigue que lo fue en tiempo. Como se observa, aún si se prescindiera de la etapa de liquidación, que fue pactada y se contara el término de caducidad desde la terminación del contrato, esto es, el 18 de junio de 2010, la demanda es oportuna, sin desconocer que hubo trámite de conciliación prejudicial.
FACTURA / VALOR PROBATORIO DE LA FACTURA / PAGO DEL CONTRATO / CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA / INEFICACIA DE LA PRUEBA CONTABLE / COBRO DE LOS HONORARIOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Las facturas allegadas como prueba y que se pretenden cobrar acreditan la gestión realizada y el recaudo efectivo de los cuales se causaba el pago de honorarios pactado en el contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n relación con los honorarios de literales b) y d), es preciso recordar que la cláusula quinta condicionó su pago al recaudo efectivo. En consecuencia, además de las gestiones propias del cobro de la cartera corriente y del cobro persuasivo, que debían probarse, por la sencilla razón que constituían la prueba efectiva de la prestación del servicio, se necesitaba demostrar el recaudo efectivo correspondiente. En esa dirección, aunque obran las facturas expedidas para el efecto, se echan de menos los respaldos documentales que apoyen las labores realizadas y, además, la prueba del recaudo efectivo, condiciones que las partes pactaron como condicionamientos del pago y, por lo tanto, le correspondía probar a la demandante. (…) [Las] facturas corresponden a las reclamadas en la demanda, pero frente a ellas tan sólo obra el documento de su expedición, sin más respaldos. En efecto, en la comunicación en cita se anuncia el aporte de unas evidencias de las gestiones realizadas, las cuales, en este estadio, se echan de menos. Efectivamente, el esfuerzo probatorio se enfiló hacia los literales a) y c), (...) sin embargo, frente a estas facturas no hay pruebas ni de las gestiones realizadas ni del recaudo efectivo. Por consiguiente, se impone negar su reconocimiento. (...) Lo anterior es suficiente para negar este reconocimiento, por las deficiencias ya anotadas, que son imputables a la parte actora, toda vez que le incumbía la carga de probar el cumplimiento de estas obligaciones, conforme al artículo 177 del CPC.
INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / HONORARIOS / COBRO DE LOS HONORARIOS / INEXISTENCIA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / HONORARIOS DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / INEXISTENCIA DE ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Se acreditó el perjuicio derivado de los honorarios que se debían pagar por el acompañamiento en los procesos de jurisdicción coactiva dejados de tramitar?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a pretensión de la demanda se dirige al reconocimiento del 10% de los dineros recaudados por vía coactiva, lo cual resulta ab initio inviable, puesto que para el efecto se requería del recaudo efectivo, según la cláusula quinta del contrato. Además, una pretensión de esta estirpe, más allá del comportamiento incumplido de la demandada, consistente en la omisión de revisar y firmar los actos proyectados, impone demostrar, al menos, que esto generó la pérdida de una oportunidad real, esto es, de alguna probabilidad de éxito de tales cobros, lo cual no se puede determinar en esta oportunidad, en la medida que estos procesos no fueron aportados. (…) Tampoco se aportaron los documentos contentivos de dichas gestiones, en la medida que la intención de la parte actora y, por ende, de su esfuerzo probatorio, se dirigió a demostrar su no aprobación y su derecho a recibir los honorarios pactados, de conformidad con el parágrafo segundo de la cláusula cuarta, y, por consiguiente, sólo obran los requerimientos efectuados por el contratista a la demandada sobre el particular, sobre los cuales tampoco hay evidencia de que fueran atendidos por la demandada. (…) Como se observa, no se trata de un simple problema de cuantificación, sino que se echan de menos las pruebas necesarias para determinar si las gestiones fueron realizadas y, a su vez, con base en ellas, poder valorar la calidad, cantidad y tiempo que requería su ejecución y de allí sí determinar su pago. En todo caso, se trataba de una carga probatoria de la parte actora que no fue satisfecha y, en esa medida, se impone negar este tipo de reclamaciones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la pérdida de oportunidad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013, rad. 23769, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / FORMALIDADES DEL CONTRATO ADICIONAL / REQUISITOS DEL CONTRATO ADICIONAL / REQUISITOS DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ADICIONAL / CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL / PARTIDA PRESUPUESTAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿El agotamiento de la partida presupuestal antes de la ejecución total del contrato en estudio que llevó a su terminación, impide reclamar las prestaciones ejecutadas con posterioridad, al carecer de fundamento contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
La entidad demandada entendía que la consecuencia del agotamiento de los recursos era que ninguna de las obligaciones podía seguirse ejecutando. No se formalizó la decisión de terminar el contrato, sino que se dilató, esto porque el Hospital estaba temeroso de las consecuencias pecuniarias de esa decisión; mientras que el contratista, contrariando lo pactado, siguió con la ejecución, de manera ininterrumpida, aprovechando de paso la indefinición de la demandada. El agotamiento de los recursos ocurrió el 30 de octubre de 2009 y fue conocido por el contratista el 16 de diciembre siguiente. Consciente de ello y en cumplimiento de lo pactado, solicitó la correspondiente adición; pero al tiempo, continuó con la ejecución del contrato. Aunque no se terminó formalmente el contrato, las partes conocían de las exigencias contractuales para la continuación del mismo y su comportamiento así lo confirma, hasta el punto de que el contratista solicitó la adición y la demandada, ante la evidencia de hechos cumplidos, por cuanto el contratista no detuvo la ejecución, se abstuvo de adicionar el contrato y de expedir los correspondiente registros presupuestales. (…) Una interpretación armónica de las estipulaciones contractuales y del comportamiento de las partes da cuenta de que el agotamiento de los recursos generaba la obligación de llegar a un acuerdo, so pena de la imposibilidad de ejecutar los literales a) y c). Ahora, no se puede desconocer que pervivían las obligaciones que dependían de unos recursos distintos a los apropiados por la demandada y, por lo tanto, su ejecución era posible. Efectivamente, los literales b) y d) dependían del recaudo efectivo, hasta el punto de que su pago quedó fijado para 60 días después de verificado este hecho. Por consiguiente, su ejecución estaba autorizada contractualmente y su imputación atada al recaudo de la cartera entregada al contratista. En suma, a diferencia de lo interpretado por la demandada, el contratista sólo estaba impedido para adelantar las gestiones de los literales a) y c), por cuanto únicamente estas dependían de la existencia de recursos para su ejecución. De tal suerte que es preciso revisar las reclamaciones de dichos literales, que fueron individualizados en la demanda como “depuración cartera” y “trámite glosa”, para ver si correspondan a servicios prestados desde la iniciación del contrato y con anterioridad al 16 de diciembre de 2009, fecha en la que el contratista conoció del agotamiento de las partidas presupuestales y, además, si está probada la existencia de recursos para su cobertura (…). En tal sentido, la Sala pasa a realizar el listado de las facturas, que junto con sus respaldos, dan cuenta de que fueron ejecutadas y se cumplieron antes del 16 de diciembre de 2009 (…); sin embargo, las pruebas no permiten determinar si para la fecha de su ejecución se contaban con dineros suficientes para su imputación, tal como aquí se interpretó. (…) El contratista conocía de la prestación efectiva de los servicios y su valor, lo que le permitía determinar y probar la existencia de los recursos exigidos. Así se pone de presente la razonabilidad de esta carga probatoria. (…) Por su parte, el dictamen se limitó a manifestaciones genéricas sobre el particular. Todas estas dudas debía despejarlas la parte actora, como interesada en su reconocimiento. En esa medida, se impone negar estas reclamaciones. (…) Las demás facturas por los conceptos de literales a) y c), no serán reconocidas, por cuanto sus respaldos dan cuenta de que su ejecución fue anterior al inicio del contrato en estudio o posterior al 16 de diciembre de 2009, además de la falta de pruebas sobre la existencia de recursos para su ejecución. (…) En los términos expuestos, se denegará el pago de las facturas de este acápite.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del certificado de registro presupuestal como requisito de ejecución del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de septiembre de 2006, rad. 15307, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-08-13. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 25000232600020120099301. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020120099301-57514-sentencia).
