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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020100060702-68406-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: sin prueba de su prestación no puede haber lugar a las restituciones"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-12-06"
radicado: "25000232600020100060702"
numero: "68406"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: sin prueba de su prestación no puede haber lugar a las restituciones

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-12-06
- **Radicado:** 25000232600020100060702
- **Número interno:** 68406
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** DISCONSULTORIA S.A., GEOTECNICA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S., INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A
- **Demandado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020100060702-68406-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020100060702/1F64278D347F7FC937A5AEE2370CC117B742A524976E2B4AC84560BF49A9A2E7/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201000607021100103

## Regla de decisión

Sin prueba de su prestación no puede haber lugar a las restituciones.

## Problema jurídico

¿Existe un vicio que tiñe de ilegalidad la celebración del contrato 093 de 2008, desde su concepción, y conduce a afirmar que las reglas estructuradas en los pliegos nunca fueron portadoras del atributo de legalidad, ni pueden erigirse en título para reclamar de ellas algún derecho?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿La nulidad absoluta de un contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su celebración y…
- ¿Una vez celebrado el negocio jurídico, la ilegalidad de los actos previos únicamente puede invocarse como fundamento de la nulidad del contrato?
- ¿La causal de nulidad por objeto ilícito tiene lugar cuando se transgrede una prohibición legal o constitucional, o por inobservancia de las previsiones de orden público en materia contractual?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, arts. 136 y 87
- Ley 80 de 1993, arts. 44 y 48
- Ley 84 de 1873, arts. 1519 y 1741

## Extracto

La controversia planteada se centra en la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de interventoría IDU-93 de 2008, con fundamento en la ilegalidad del acto de adjudicación impetrada por quien considera presentó la mejor propuesta.… Se consta en el expediente que (i) la Resolución 5923 de 2008, por medio de la cual se adjudicó el concurso de méritos IDU-CM-DG-013-2008, fue proferida y notificada el 30 de diciembre de 2008; (ii) el contrato IDU 093 se celebró el 31 de diciembre de ese mismo año; y (iii) la demanda se presentó el 30 de agosto de 2010.… Por tanto, la acción procedente para procurar la nulidad del acto de adjudicación era la contractual, como ocurrió en el sub judice, pretensión que se postuló como fundamento de nulidad del negocio jurídico.

## Síntesis temática

El contratista no puede reclamar la legalidad de las reglas estructuradas en los pliegos de condiciones cuando estos fueron diseñados con la intención de favorecer ilegalmente a determinados proponentes, ya que la concepción de dichas reglas viola principios fundamentales de la contratación estatal como la selección objetiva y la transparencia. La Sala establece que la manipulación de los pliegos para apropiarse ilegalmente de recursos públicos y desfavorecer la competencia justa conduce a declarar la nulidad absoluta del contrato desde su concepción, independientemente de cómo se aplicaron esas reglas en el proceso de selección. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando la importancia de la legalidad desde la etapa precontractual y limitando las posibilidades de que actos administrativos ilegales puedan ser corregidos por su correcta aplicación posterior.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, NULIDAD DEL CONTRATO, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, NULIDAD ABSOLUTA, ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN, MEJOR PROPUESTA, EXPEDIENTE, ADJUDICACIÓN DE CONTRATO, CONCURSO DE MÉRITOS, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CELEBRACIÓN DE CONTRATO, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN, NEGOCIO JURÍDICO, ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, DELITO, CONTRATACIÓN ESTATAL, ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, RECURSOS PÚBLICOS, PROCESO PENAL, SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA, PLIEGO DE CONDICIONES, ILEGALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, CONTRATO, PROPONENTE, VICIOS DEL CONTRATO, ETAPA PRECONTRACTUAL, ACTIVIDAD CONTRACTUAL, ORDEN PÚBLICO, OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL, REPRESENTANTE LEGAL, INTERVENTORÍA, FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, OBJETO ILÍCITO, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA, PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, CORRUPCIÓN, CASO CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN, DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA, DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, MEDIOS DE PRUEBA, CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, SENTENCIA PENAL, SANCIÓN PENAL, CAUSA ILÍCITA, INTERÉS PÚBLICO, FALTA DE PRUEBA, RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS, CONTRATISTA, IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS, FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS, RESTITUCIONES MUTUAS, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO, PARTES DEL PROCESO, MINISTERIO PÚBLICO, TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO, FACULTADES DEL JUEZ, VALIDEZ DEL CONTRATO, PARTE DEMANDANTE, FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA, DEBERES DEL JUEZ, EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, EXTINCIÓN DEL CONTRATO, CONTRATO ESTATAL, DEMANDA, ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO, ORDENAMIENTO JURÍDICO, ACCIÓN DE NULIDAD, NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, EXEQUIBILIDAD DE LA NORMA, SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, MEDIO DE CONTROL, ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PLAZO, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL NEGOCIO JURÍDICO, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL, PRUEBA, PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS, VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, NULIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO, EFECTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, TEMERIDAD PROCESAL, INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL, MALA FE, INEXISTENCIA DE MALA FE, ACTUACIÓN PROCESAL, CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / MEJOR PROPUESTA / EXPEDIENTE / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO / CONCURSO DE MÉRITOS / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / NEGOCIO JURÍDICO / ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DELITO / CONTRATACIÓN ESTATAL / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / RECURSOS PÚBLICOS / PROCESO PENAL / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PLIEGO DE CONDICIONES / ILEGALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CONTRATO / PROPONENTE / VICIOS DEL CONTRATO / ETAPA PRECONTRACTUAL / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / ORDEN PÚBLICO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / REPRESENTANTE LEGAL / INTERVENTORÍA / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / OBJETO ILÍCITO / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / CORRUPCIÓN / CASO CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN / DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / MEDIOS DE PRUEBA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SENTENCIA PENAL / SANCIÓN PENAL / CAUSA ILÍCITA / INTERÉS PÚBLICO / FALTA DE PRUEBA / RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS / CONTRATISTA / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / RESTITUCIONES MUTUAS / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Existe un vicio que tiñe de ilegalidad la celebración del contrato 093 de 2008, desde su concepción, y conduce a afirmar que las reglas estructuradas en los pliegos nunca fueron portadoras del atributo de legalidad, ni pueden erigirse en título para reclamar de ellas algún derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
La controversia planteada se centra en la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de interventoría IDU-93 de 2008, con fundamento en la ilegalidad del acto de adjudicación impetrada por quien considera presentó la mejor propuesta. [...] Se consta en el expediente que (i) la Resolución 5923 de 2008, por medio de la cual se adjudicó el concurso de méritos IDU-CM-DG-013-2008, fue proferida y notificada el 30 de diciembre de 2008; (ii) el contrato IDU 093 se celebró el 31 de diciembre de ese mismo año; y (iii) la demanda se presentó el 30 de agosto de 2010. [...] Por tanto, la acción procedente para procurar la nulidad del acto de adjudicación era la contractual, como ocurrió en el sub judice, pretensión que se postuló como fundamento de nulidad del negocio jurídico. No obstante, dado que la demanda se interpuso vencidos los 30 días [...], al presentarse veinte (20) meses después de la expedición del acto de adjudicación, las pretensiones incoadas para reclamar el restablecimiento del derecho y la reparación patrimonial aducidos por el demandante no estaban disponibles, pues su oportunidad ya había fenecido, como acertadamente lo indicó el Tribunal de primer grado. Esta conclusión es consonante con el efecto que se desprende de la pretensión que sustenta el medio de control, en la medida que el interesado sólo contaba con treinta (30) días para reclamar la lesión a su derecho y su restablecimiento, aun si para ello tuviese que acudir al dispositivo de controversias contractuales, y como atrás quedó advertido, dicho término fue superado ampliamente. Por lo dicho, la Sala confirmará la decisión del a quo en esta materia, y pasa a analizar la pretensión encaminada a obtener la declaratoria de nulidad absoluta del contrato demandado. Entiende la Sala que esta pretensión fue instaurada dentro del plazo de caducidad de dos años previsto en el artículo 136 del CCA, subrayando que para el tercero -actor- ya no hay posibilidad de ser restituido. [...] Del acervo documental y probatorio que obra en el expediente, de cara a la posible configuración de conductas delictivas en la estructuración de éste y otros procesos de contratación pública, se logró evidenciar la construcción de pliegos direccionados a favorecer los intereses de funcionarios y particulares comprometidos en conductas ilícitas que afectaron, entre otros, el concurso de méritos que dio lugar a la celebración del contrato IDU-093 de 2008, representado por el señor [M.G.A.], en el marco de una empresa delictiva que desfalcó al Distrito de Bogotá en cuantía millonaria de recursos públicos, como lo definieron los respectivos procesos penales. [...] Para la Sala es ostensible y está demostrada la ilegalidad con la que se gestaron los procesos de selección [...], en particular las finalidades ajenas al objeto y normas que rigen la contratación estatal a través de un entramado diseñado para apropiarse ilegalmente de recursos públicos del anticipo [...]. De cara a la manipulación de los pliegos de condiciones para lograr ese objetivo, la Sala advierte la existencia de un vicio que tiñe de ilegalidad la celebración del contrato 093 de 2008, desde su concepción, y conduce a afirmar que las reglas estructuradas en los pliegos nunca fueron portadoras del atributo de legalidad, ni pueden erigirse en título para reclamar de ellas algún derecho. Por estos eventos, se condenó a más de 10 años de prisión al señor [M.G.A.] por el uso indebido de sus conocimientos e influencias para ser interventor y contratista del grupo 3 de las obras de malla vial, miembro de la cadena delictiva conformada para esos fines. Conforme a todo lo anterior, la Sala subraya que el hecho de que se definieran las reglas de los pliegos y se incluyeran allí las ventajas que garantizaban el direccionamiento del proceso de selección, hace que resulte inane un pronunciamiento relacionado con los reproches de nulidad del contrato aducidos por el actor [...]. Tales cuestionamientos no resisten análisis alguno ante la ilicitud con que fue gestado el contrato 093 de 2008. En este sentido, examinar si las reglas del pliego en esos eventos fueron bien o mal aplicadas, se revela insustancial, sería tanto como asignarles fuerza normativa, contexto al que sin duda no pertenecen; por tanto, la Sala precisa que aquella componenda no permite otorgar amparo de legalidad a la confección de unos requisitos predefinidos para el favorecimiento de unos proponentes, y ninguno de aquellos análisis podría modificar o superar el marco de ilegalidad en que dichas reglas fueron concebidas. [...] Así las cosas, los vicios que dieron lugar a la celebración del contrato IDU-093 de 2008, según se expuso en el curso del proceso penal, constituyen una evidente inobservancia a los mandatos que rigen la actividad precontractual y contractual del Estado; tal comportamiento es transgresor del orden público de la Nación y arrasa la licitud del objeto, pues en éste prevaleció el acuerdo de confeccionar y adjudicar contratos estatales a unos beneficiarios preseleccionados, con quienes se acordaron pagos provenientes de la defraudación de recursos públicos, con la venia y colaboración del representante legal de la interventoría, inclinándose por desconocer la ley y materializando sus prohibiciones por encima de los principios superiores atribuidos a la función administrativa que se adelanta en sede de contratación estatal y al marco legal dispuesto para su diáfana realización; por lo que no son de recibo para esta Sala argumentaciones dirigidas a negar la componenda defraudatoria que tiñó de ilicitud las bases, entre otros contratos, del que atañe al sub lite. Resulta forzoso concluir que el citado negocio jurídico adolece de objeto ilícito por violación de las reglas de selección objetiva impuestas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, todo ello como parte de un actuar deliberado de funcionarios y contratistas que, en lugar de atender los mandatos de probidad, rectitud y transparencia en la actividad contractual del Estado, desplegaron conductas que exhiben el vicio de ilicitud en el objeto de un contrato nacido en tales condiciones, y cuyo renombre manchó de corrupción multiplicidad de contratos estatales, bajo el que fue llamado “carrusel de la contratación”. [...] Por consiguiente, la Sala declarará la nulidad absoluta del contrato 093 del 31 de diciembre de 2008, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el Consorcio PRO-3, por encontrar configurada, de oficio, la causal de objeto ilícito conforme a las razones expuestas en esta providencia. [...] En el sub lite, los medios de prueba que reposan en el expediente no permiten colegir que una o ambas partes hubieran participado “a sabiendas de la ilicitud” en la elaboración de los pliegos de condiciones y la celebración del contrato estatal, al menos en relación con la responsabilidad que se debate en esta jurisdicción, pues el fundamento de ilegalidad que bajo el sub lite se halló configurada proviene de las sentencias penales que reporta el expediente en las que si bien se advierte la unión de roles y actuaciones delictivas, lo cierto es que frente al contrato 093 de 2008 se sancionó penalmente al señor [M.G.A.], representante de la interventoría, sin que pueda decirse que los demás integrantes del Consorcio PRO-3 hubieran tenido la conciencia o un real entendimiento de las conductas punibles que profanaron las normas en materia de contratación estatal, se itera, sin perjuicio de lo que pudiera o se haya decidido en otro tipo de procesos que se hubieren adelantado, o deban adelantarse, en razón o con ocasión del contrato 093 cuya nulidad se declara. [...] Ahora, si bien no se configura el factor “a sabiendas” de la ilicitud del objeto, en este caso para que haya lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un contrato declarado nulo por objeto o causa ilícitos, es indispensable que las prestaciones cumplidas hayan servido para satisfacer el interés público. [...] En esta línea, la ausencia de elementos demostrativos en el expediente que permitan acreditar la existencia de un beneficio en favor de la entidad contratante, impide que se abra paso a la figura del reconocimiento y pago de las prestaciones en los términos definidos en el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993 [...]. [...] De manera que las prestaciones que hubiese ejecutado el Consorcio Pro-3 bajo el contrato 093 de 2008 no son susceptibles de ser reconocidas al contratista. Lo anterior, comoquiera que la declaratoria de nulidad del contrato, ante la configuración del vicio por objeto ilícito, impone la acreditación del beneficio que estipula la ley para que proceda el pago de las prestaciones ejecutadas por el contratista. En contra de dicha previsión, los juicios penales confirman la manipulación y el direccionamiento de la interventoría al estar bajo el control de la empresa criminal constituida, situación que impide considerar que, de manera alguna, sus actuaciones bajo el citado contrato hubiesen servido para satisfacer el interés público. Además, sin prueba de su prestación, no puede haber lugar a las restituciones. A su vez, tal circunstancia excluye la posibilidad de que pueda predicarse un efecto restitutorio a favor de la entidad contratante –al menos en este ámbito judicial–; pues el hecho de que no haya registros de lo ejecutado, como tampoco prueba de que los pagos se hubiesen desembolsado, conduce a suprimir toda consideración relacionada con una contrapartida restitutoria predicable respecto de la contratante. [...] Por las razones expuestas, la Sala debe abstenerse bajo el sub lite de emitir pronunciamiento alguno en relación con las restituciones mutuas. [...] Por lo todo lo expuesto, la Sala confirmará la decisión del a quo en torno a la declaratoria de caducidad de las pretensiones de restablecimiento económico al haber sido instauradas por fuera de la oportunidad legal; declarará de oficio la nulidad del contrato de interventoría 093 de 2003 suscrito entre el IDU y el Consorcio PRO-3, y confirmará la decisión de negar las demás pretensiones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los eventos en los cuales la entidad estatal y el adjudicatario proceden a celebrar el contrato estatal antes de que expire el término de los 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación del acto de adjudicación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de noviembre de 2020, rad. 47763, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre los procesos penales en los que se hace referencia a los actos de corrupción en los que se menciona al señor [M.G.A.] como integrante del grupo empresarial que dirigió y orquestó el denominado “carrusel de la contratación”, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

de la Administración en sede precontractual y la seguridad y firmeza que debe acompañar al contrato una vez éste se ha suscrito. [...] Así mismo, la Corte Constitucional encontró adecuada la norma a los principios y fines de la Carta Política, otorgando su venia en relación con el establecimiento de la acción de controversias contractuales como la vía procesal establecida para cuestionar los actos previos una vez fuera suscrito el contrato. De lo anterior se desprende una sucesión de eventos en el ejercicio de las acciones que podía conducir a la configuración de fenómenos jurídicos atados al paso del tiempo, como son: (i) la caducidad de la acción; (ii) la extinción de la acción; o, (iii) la modificación del medio de control idóneo ante el surgimiento del contrato, sin desconocer la naturaleza del acto tachado de ilegal. De forma que pasados 30 días desde la comunicación, notificación o publicación del acto de adjudicación sin que se hubiera suscrito el contrato y sin ejercer las acciones frente a los actos previos, se generaba la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; empero, si el contrato estatal era celebrado antes del vencimiento de los 30 días fijados como término de caducidad, operaba la extinción anticipada de aquel plazo. En este evento y con el fin de evitar que la celebración del contrato impidiera la impugnación de los actos, el reproche debía encauzarse a través de la acción de controversias contractuales, preservando el lapso de los 30 días para su control, pues el mismo ya había empezado a correr y sin poder interpretar que por la suscripción del contrato dicho término pasaba a ser de dos años, ya que ello generaba una contradicción respecto a la finalidad perseguida por el legislador con la reforma.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
NULIDAD DEL CONTRATO / OBJETO ILÍCITO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / ORDEN PÚBLICO / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / CONTRATACIÓN ESTATAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / NEGOCIO JURÍDICO / ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL NEGOCIO JURÍDICO
Problema jurídico:
¿La causal de nulidad por objeto ilícito tiene lugar cuando se transgrede una prohibición legal o constitucional, o por inobservancia de las previsiones de orden público en materia contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
[V]iene bien precisar que la causal de nulidad por objeto ilícito tiene lugar cuando se transgrede una prohibición legal o constitucional, o por inobservancia de las previsiones de orden público en materia contractual, de manera que, entre otros eventos, cuando se desconocen los principios de selección objetiva y de transparencia en la contratación estatal y, en general, todas aquellas disposiciones que regulan los procesos de selección de contratistas, ello de forma ineludible redunda en la presencia de un vicio de origen en el nacimiento mismo del negocio jurídico al convertir en ilícito uno de sus elementos de validez.
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / PRUEBA / PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / NEGOCIO JURÍDICO / NULIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / EFECTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO / RESTITUCIONES MUTUAS / OBJETO ILÍCITO / CAUSA ILÍCITA / CONTRATACIÓN ESTATAL / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Para el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas se deba probar el beneficio para el Estado y su monto?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el régimen de contratación estatal, [...] para el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas se deba probar el beneficio para el Estado y su monto. En lo que respecta a la procedencia o no de las restituciones cuando las partes actúan “a sabiendas” de la ilicitud, la postura de esta Corporación ha oscilado en dos vértices. De un lado, indicó que la Ley 80 de 1993 no puede leerse en clave de inhibir o impedir las sanciones que se desprenden de la violación del orden jurídico a sabiendas [...]. [...] De otro lado, dijo la jurisprudencia que la aplicación del artículo 1525 del Código Civil supone que el juzgador “en cada caso haga un análisis para determinar si al no ordenar la restitución se desconoce, de un lado, la razón de ser de la regla jurídica contenida en el aforismo “in pari causa turpitudinem cessat repetitio” y, de otro lado, si el negocio nulo termina produciendo en la práctica todos los efectos como si fuera válido”. Agregó que el fundamento de las restituciones mutuas frente al objeto o causa ilícitos en contratación estatal estaba condicionado al beneficio de la entidad, bajo los límites que impone la prohibición constitucional de enriquecimiento sin justa causa y el principio de buena fe. [...] Esta Subsección ha precisado que las restituciones mutuas derivadas de objeto o causa ilícitos imponen verificar tanto los beneficios para el Estado como el conocimiento de las partes en la configuración del vicio, en procura de que los efectos que se desaten hagan concordante su función jurídica con los principios que rigen la contratación pública.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el análisis que debe hacer el juzgador para determinar si al no ordenar la restitución el negocio nulo termina produciendo en la práctica todos los efectos como si fuera válido, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013, rad. 26637, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre las condiciones para que haya lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas en un contrato nulo por objeto o causa ilícita, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de diciembre de 2017, rad. 50045, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la restitución a cargo de las partes en un contrato estatal declarado con nulidad absoluta, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de marzo de 2023, rad. 58623, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2024, rad. 62508, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1525
TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / MALA FE / INEXISTENCIA DE MALA FE / ACTUACIÓN PROCESAL / PARTES DEL PROCESO / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas, teniendo en cuenta que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes?
Respuesta al problema jurídico: No
En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-12-06. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 25000232600020100060702. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020100060702-68406-sentencia).
