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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020100034602-63296-sentencia"
titulo: "Acción de controversias contractuales: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-05-09"
radicado: "25000232600020100034602"
numero: "63296"
ponente: "ADRIANA POLIDURA CASTILLO"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020100034602-63296-sentencia"
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# Acción de controversias contractuales: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-05-09
- **Radicado:** 25000232600020100034602
- **Número interno:** 63296
- **Ponente:** ADRIANA POLIDURA CASTILLO
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** CONSORCIO SAN PEDRO 068
- **Demandado:** SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020100034602-63296-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020100034602/12E8ADA96E73F3E32D305C7D68E6305AFFBB6AAD294BA0347726A6B18CC36F24/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201000346021100103

## Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de una demanda de controversias contractuales presentada para resolver sobre la legalidad de las resoluciones que impusieron la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual, en el marco de un contrato de obra suscrito entre un consorcio y un órgano del Distrito Capital?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato e…
- ¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales interpuesta para demandar demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de…
- ¿El consorcio demandante y la Secretaría de Educación Distrital tienen legitimación en la causa por activa y pasiva, no solo por haber intervenido como extremos negociales en el contrato de obra…

## Fundamentos jurídicos

- Acuerdo 26 de 1955, art. 1
- Decreto 01 de 1984, arts. 129, 132 núm. 5 y 82
- Decreto 1421 de 1993, art. 38

## Extracto

Con fundamento en los artículos 82 del CCA y 75 de la Ley 80 de 1993 — vigentes para la época en que fue presentada la demanda—, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto, dado que la controversia versa sobre la legalidad de las resoluciones que impusieron la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual, en el marco de un contrato de obra suscrito entre un consorcio y un órgano del Distrito Capital, concretamente la SED, que se encuentra habilitada para celebrar contratos por delegación del alcalde de Bogotá, los cuales se rigen por el Estatuto General de la Administración Pública (EGCAP). Por su parte, al Consejo de Estado le corresponde desatar el recurso de apelación…

## Síntesis temática

El contratista tiene competencia para interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia, para impugnar la legalidad de las resoluciones que imponen una cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual en un contrato de obra pública, dado que la controversia se enmarca en la jurisdicción contenciosa administrativa y la cuantía económica supera los 500 SMLMV al momento de presentar la demanda. La acción es procedente y oportuna, conforme a los artículos 87 del Código Contencioso Administrativo y 77 de la Ley 80 de 1993, y las partes tienen legitimación en la causa por su participación en el contrato y como destinatarios o emisores de los actos administrativos en cuestión. La Sala modifica la jurisprudencia existente, lo que implica que en casos similares, el Consejo de Estado será competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales relacionadas con cláusulas penales pecuniarias en contratos de obra pública.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, DISTRITO CAPITAL, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, PARTES DEL CONTRATO, PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, RECONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL, DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, REGULACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, GARANTÍAS MÍNIMAS PREVIAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, INTERVENTORÍA, INTERVENTOR, FUNCIÓN DEL INTERVENTOR, FACULTADES DEL INTERVENTOR, COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA, NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DERECHOS DEL CONTRATISTA, PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONDENA EN ABSTRACTO, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / DISTRITO CAPITAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de una demanda de controversias contractuales presentada para resolver sobre la legalidad de las resoluciones que impusieron la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual, en el marco de un contrato de obra suscrito entre un consorcio y un órgano del Distrito Capital?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en los artículos 82 del CCA y 75 de la Ley 80 de 1993 — vigentes para la época en que fue presentada la demanda—, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto, dado que la controversia versa sobre la legalidad de las resoluciones que impusieron la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual, en el marco de un contrato de obra suscrito entre un consorcio y un órgano del Distrito Capital, concretamente la SED, que se encuentra habilitada para celebrar contratos por delegación del alcalde de Bogotá, los cuales se rigen por el Estatuto General de la Administración Pública (EGCAP). Por su parte, al Consejo de Estado le corresponde desatar el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 27 de junio de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme con lo previsto
en los artículos 129 y 132.5 del CCA, dado que el proceso tiene vocación de
doble instancia, en tanto la única pretensión económica de la demanda excede los
500 SMLMV a la fecha de su presentación.
FUENTE FORMAL:
CONCEJO DE BOGOTÁ, ACUERDO 26 DE 1955 - ARTÍCULO 1, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1421 DE 1993 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 LITERAL A, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 75
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato e impuso al contratista la cláusula penal pecuniaria?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción procedente es la de controversias contractuales, prevista en el artículo 87 del CCA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que los actos administrativos proferidos con ocasión de la actividad contractual de las entidades regidas por el EGCAP deben ser enjuiciados a través de dicha acción. Este supuesto es aplicable al presente asunto, porque la parte demandante busca la declaratoria de nulidad de la Resolución 444 de 2009, por la cual la SED declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato 200 de 2006 e impuso al contratista la cláusula penal pecuniaria; así como de la Resolución 1945 de 2009, que confirmó la anterior.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales interpuesta para demandar demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato e impuso al contratista la cláusula penal pecuniaria?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda fue ejercida en tiempo, de conformidad con el término previsto en el artículo 136.10 del CCA , ya que, al haberse expedido la Resolución 1945 el 11 de agosto de 2009 , los dos años para que operara la caducidad de la acción de controversias contractuales transcurrieron entre el 12 de agosto de 2009 y el 12 de agosto de 2011, y la demanda fue presentada el 28 de mayo de 2010. Lo anterior, incluso, sin necesidad de calcular la suspensión del término de caducidad por la presentación de la conciliación extrajudicial.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / PARTES DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El consorcio demandante y la Secretaría de Educación Distrital tienen legitimación en la causa por activa y pasiva, no solo por haber intervenido como extremos negociales en el contrato de obra pública, sino también por ser destinatario y la entidad que profirió los actos administrativos cuya nulidad se pretende en este litigio?
Respuesta al problema jurídico: Si
El consorcio San Pedro 068 y la SED están legitimados en la causa por activa y pasiva, respectivamente, no solo por haber intervenido como extremos negociales en el contrato de obra 200 de 2006, sino también por cuanto aquel fue el destinatario de los actos administrativos cuya nulidad se pretende en este litigio, en tanto que esta fue la entidad que los profirió. Asimismo, se observa que Seguros del Estado S.A —coadyuvante— está legitimado en la causa por activa, pues fue el garante del contrato de obra 200 de 2006.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / RECONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / REGULACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS MÍNIMAS PREVIAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El debido proceso resulta aplicable en materia sancionatoria contractual, lo que implica la obligación de vincular efectivamente al particular afectado con la decisión al trámite que le preceda, y garantizar que este, como mínimo: (i) sea oído antes de que la entidad resuelva en forma definitiva; (ii) participe efectivamente en el proceso desde su inicio hasta su culminación; (iii) tenga la oportunidad de ofrecer, presentar y solicitar pruebas; (iv) obtenga decisiones motivadas; (v) reciba notificaciones oportunas y que éstas se practiquen en legal forma; (vi) acceda a la información y documentación relativa a la actuación; (vii) controvierta las pruebas aducidas en su contra, antes de la decisión; (viii) obtenga asesoría legal; y (ix) pueda interponer recursos y demás mecanismo procedentes contra las decisiones administrativas?
Respuesta al problema jurídico: Si
En materia administrativa, ha sido entendido que el debido proceso es de ineludible observancia y su garantía debe armonizarse con la aplicación de los principios que orientan la función administrativa, incluso en el ámbito de la contratación estatal cuando en pro de la continua y eficiente prestación de los servicios y bienes objeto de la contratación se hiciere necesario adoptar decisiones que afecten los intereses del contratista, como cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, que si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del afectado, tornando improcedente la imposición de sanciones de plano, es decir, sin formula de juicio. Aunque la obligación de la administración de respetar el debido proceso en el ámbito sancionatorio contractual no fue contemplada explícitamente en la Ley 80 de 1993, lo cierto es que su desarrollo, fundado en el artículo 29 de la Constitución Política, fue eminentemente jurisprudencial (…). En definitiva, en materia sancionatoria contractual, la jurisprudencia (…) reclamó que las garantías del debido proceso fueran aplicadas de manera atemperada, armonizándolas con los fines de la contratación pública y la prevalencia del interés general, sin que la medida sancionatoria resultara sorpresiva o intempestiva para el contratista, y que, en todo caso, se otorgara al interesado la oportunidad de expresar su opinión y contradecir los elementos de juicio que la entidad contratante esgrimiera en su contra, antes de adoptarse la decisión. (…) Ahora bien, los fundamentos jurisprudenciales anteriores fueron incorporados formalmente al ordenamiento jurídico a través del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que dispuso que las garantías del debido proceso, como principio rector en materia contractual, se extienden a la fase de formación de los actos administrativos sancionatorios —se hizo referencia a las multas y cláusulas penales pecuniarias—, dado que los contratistas tienen el derecho a ser escuchados en un procedimiento mínimo con antelación a la toma de una decisión que afecte sus intereses, lo que les permite discutir y controvertir los elementos de incumplimiento que se les imputan y ejercer su derecho de contradicción y defensa. En este sentido, aun cuando la Ley 1150 de 2007 incorporó expresamente el debido proceso en materia sancionatoria contractual, estableciendo la observancia de un procedimiento sumario que garantizara el cumplimiento del artículo 29 de la Constitución Política, no reglamentó expresamente dicho procedimiento, habiendo sido con la expedición de la Ley 1474 de 2011, concretamente mediante su artículo 86, que aquel quedó consagrado. Con todo, esta última norma no será analizada en esta oportunidad, en tanto no resulta aplicable al contrato objeto de controversia, dado que para la fecha de su celebración y ejecución aquella ley aún no había sido promulgada. Ahora bien, precisa la Sala que aun en los casos como el aquí analizado, en los que todavía no había entrado en vigor la Ley 1474 de 2011, la Subsección C, haciendo referencia a que en todo procedimiento administrativo deben respetarse unas mínimas garantías del debido proceso, estimó que aplicar este principio al ámbito sancionatorio implicaba la obligación de vincular efectivamente al particular afectado con la decisión al trámite que la precedía, y garantizar que este, como mínimo: (i) sea oído antes de que la entidad resuelva en forma definitiva; (ii) participe efectivamente en el proceso desde su inicio hasta su culminación; (iii) tenga la oportunidad de ofrecer, presentar y solicitar pruebas; (iv) obtenga decisiones motivadas; (v) reciba notificaciones oportunas y que éstas se practiquen en legal forma; (vi) acceda a la información y documentación relativa a la actuación; (vii) controvierta las pruebas aducidas en su contra, antes de la decisión; (viii) obtenga asesoría legal; y (ix) pueda interponer recursos y demás mecanismo procedentes contra las decisiones administrativas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las garantías del debido proceso, consultar providencias de la Corte Constitucional, C-980 del 1 de diciembre de 2010; y T-073 del 17 de febrero de 1997. Acerca del debido proceso administrativo, consulta providencia de la Corte Constitucional, C-034 del 29 de enero de 2014. Sobre el debido proceso sancionatorio, consultar providencias de 13 de noviembre de 2008, Exp. 17009, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 29 de agosto de 2012, Exp. 21430, C.P. Enrique Gil Botero. Sobre el desarrollo jurisprudencial del debido proceso en el ámbito sancionatorio contractual, consultar providencias de 17 de marzo de 2010, Exp. 18394, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Acerca de las garantías mínimas del debido proceso sancionatorio contractual, consultar provi

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

interventoría, se constituyen como medios e instrumentos idóneos para poner en conocimiento de la administración la inconformidad frente al cumplimiento de las obligaciones del contrato, lo cierto es que su contenido no releva o exime a la entidad contratante — titular del ius puniendi— de iniciar y adelantar personalmente el procedimiento sancionatorio contractual dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, garantía mínima que debía respetarse pero que fue desconocida en absoluto. El procedimiento sancionatorio (...) debe garantizar un debido proceso integral, lo que implica, entre otras salvaguardas, una adecuada formación de la voluntad de la administración, mediante la comunicación formal, por parte de la entidad contratante —no de la interventoría—, en la que se le imputen cargos de incumplimiento al contratista, especificando los hechos que los originan, las sanciones que podrían imponérsele —de las tantas que puede contener el contrato—, y las pruebas que la administración posee y en las que funda los cargos formulados. Esto, con la finalidad de permitir al contratista conocer y definir su posición para determinar cómo asumirá y ejercerá su derecho de contradicción y defensa frente a los reproches que se le endilgan, así como contar con la oportunidad de rebatir y exponer ante la misma administración —entidad contratante— sus planteamientos y las pruebas que desee hacer valer, oportunidades estas de las que también debe gozar la aseguradora, dado que estaría llamada a responder ante la eventual realización del riesgo amparado. (...) Con todo lo anterior, forzoso resulta concluir que, en el asunto analizado, no se inició un procedimiento sancionatorio en absoluto, pues el primer acto administrativo de la SED, de cara al contratista, fue la sanción misma, sin que pueda aceptarse que los requerimientos —aun cuando en alguno de ellos se instó al contratista para que ampliara sus descargos— y el informe de incumplimiento emitidos por la interventoría reemplacen el procedimiento mínimo que debía iniciar y adelantar la entidad contratante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, como garantía del debido proceso del afectado. Ahora bien, tampoco puede admitirse que el debido proceso se garantizó con la posibilidad que tuvo el consorcio contratista de discutir la decisión inicial, a través de los recursos administrativos, y de la oportunidad nacida a partir de allí de pedir pruebas y controvertirlas, pues de antaño la Sección Tercera definió que “en los procedimientos sancionatorios debe darse la oportunidad al interesado para expresar su puntos de vista antes de tomarse la decisión, como una manera de garantizar el derecho fundamental al debido proceso […], de ahí que no basta con que esas decisiones estén debidamente motivadas y sean notificadas con el fin de que el particular pueda agotar los recursos gubernativos y judiciales en defensa de la legalidad o de los derechos que considera desconocidos”. Conforme con lo expuesto, a la vista de lo probado en el proceso, la Sala comparte la decisión del a quo de anular las Resoluciones 444 y 1945 de 2009, por violación al debido proceso sancionatorio.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la imposibilidad de tener por agotado el debido proceso administrativo debido con la mera oportunidad para que el contratista discuta la decisión inicial sancionatoria a través de los recursos administrativos, consultar providencia de 24 de septiembre de 1998, Exp. 14821, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17
NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CONDENA EN ABSTRACTO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO
Problema jurídico:
¿Dada la nulidad de los actos administrativos mediante las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento e impuso la cláusula penal pecuniaria al contratista, resulta procedente el restablecimiento del derecho a favor del demandante mediante condena en abstracto, al no contar en el expediente con suficiente respaldo probatorio que 
permita establecer con grado de certeza en qué términos el valor correspondiente 
a la cláusula penal pecuniaria fue pagado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n cuanto al restablecimiento del derecho como consecuencia de la nulidad de las resoluciones referidas y, concretamente, de cara a lo manifestado por la SED en su recurso de apelación, en el cual indicó que en el expediente no obra prueba de que “efectivamente el contratista haya cancelado o mejor la entidad haya efectuado el cobro de dicho dinero [el valor de la cláusula penal]”, la Sala observa que, efectivamente, el expediente no cuenta con suficiente respaldo probatorio que permita establecer con grado de certeza en qué términos el valor correspondiente a la cláusula penal pecuniaria fue pagado a la entidad contratante, bien mediante compensación de sumas adeudadas al contratista, cancelación por parte del consorcio o cobro de la garantía única de cumplimiento. En efecto, si bien en la liquidación unilateral del contrato se registró la obligación dineraria a cargo del contratista por concepto de la cláusula penal pecuniaria impuesta y se consignó la observación de la interventoría en el sentido de descontar el valor de la pena pecuniaria, no existe certeza de si esta fue efectivamente compensada o descontada del valor de las obras entregadas extemporáneamente, las cuales no fueron objeto de oposición por parte de la SED, según consta en dicha liquidación. Por lo anterior, en criterio de la Sala, no procede el restablecimiento del derecho en los términos establecidos por el a quo, que había ordenado a la SED reintegrar al Consorcio San Pedro 068 el valor total de la cláusula penal pecuniaria, debidamente indexado. En su lugar, dadas las particularidades del caso y con el fin de preservar el componente resarcitorio derivado de la declaratoria de nulidad de los actos demandados, se advierte que, de conformidad con el artículo 172 del CCA, en este asunto procede una condena en abstracto, en la medida en que no existen medios probatorios suficientes que permitan establecer en qué términos la cláusula penal pecuniaria fue pagada a la SED. En tal medida, la condena en abstracto, cuyo trámite incidental deberá llevarse a cabo por el Tribunal a solicitud de la parte demandante, para lo cual los integrantes del consorcio San Pedro 068 y/o Seguros del Estado S.A., como garante del contrato de obra 200 de 2006, deberán acreditar el monto pagado o compensado con ocasión de la pena pecuniaria impuesta y la fecha en la que tuvo lugar el pago o la compensación. Dicha suma será reembolsada por la SED, debidamente actualizada (...).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 172

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-05-09. C.P. ADRIANA POLIDURA CASTILLO. Rad. 25000232600020100034602. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020100034602-63296-sentencia).
