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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020100014401-63086-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la demandada fue creada como una sociedad por acciones de naturaleza pública"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-09-07"
radicado: "25000232600020100014401"
numero: "63086"
ponente: "ZORANNY CASTILLO OTÁLORA"
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# Consejo de Estado: la demandada fue creada como una sociedad por acciones de naturaleza pública

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-09-07
- **Radicado:** 25000232600020100014401
- **Número interno:** 63086
- **Ponente:** ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** LUIS GABRIEL NIETO GARCIA, ORLANDO FAJARDO CASTILLO, INARE LTDA, SOCIEDAD SUSERTE S.A
- **Demandado:** EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE MANIZALES, EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020100014401-63086-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020100014401/2B3C34B04579517CA9C36DDF1EBCEA63090A6D73CBBB224BC5CFE9421F77C078/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201000144011100103

## Regla de decisión

La contratación de infraestructura de transporte masivo por entidades estatales se sujeta al Estatuto General de Contratación por tratarse de actividades de interés general.

## Problema jurídico

¿El proceso de selección adelantado por TRANSMILENIO S.A. para contratar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo debía someterse a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pese a que la entidad se encuentra sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por tratarse de una actividad ajena a escenarios de competencia o mercado regulado, vinculada al cumplimiento de cometidos estatales?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿La demanda presentada en ejercicio de la acción contractual, mediante la cual se solicitó la nulidad de los actos precontractuales…
- ¿El pliego de condiciones exigió una experiencia general y específica mínima del director del proyecto y de los ingenieros residentes como requisito habilitante y, simultáneamente…
- ¿El tiempo durante el cual el director del proyecto participó en la etapa precontractual del contrato celebrado entre Konidol y Ecopetrol podía computarse como experiencia específica para efectos de…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 1421 de 1993
- Ley 1150 de 2007, art. 14
- Ley 80 de 1993

## Extracto

La Sala estima necesario precisar el régimen jurídico aplicable al proceso de selección adelantado por la demandada para la contratación del mantenimiento, conservación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura afecta al sistema de transporte masivo, en atención a la controversia suscitada acerca de si dicha actuación debía sujetarse al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública o, al derecho privado, en razón de la naturaleza jurídica de la entidad. En primer término, se observa que la demandada fue creada como una sociedad por acciones de naturaleza pública, integrada exclusivamente por entidades estatales del orden distrital.

## Síntesis temática

Las entidades estatales descentralizadas sometidas al régimen de empresa industrial y comercial se sujetan a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuando celebran contratos relacionados con actividades de interés general ajenas al mercado competitivo. El proceso de selección adelantado para contratar el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo persigue cometidos estatales esenciales. Por consiguiente, la actuación contractual debe regirse por la normativa pública de contratación para garantizar la libre competencia y el cumplimiento de los fines del Estado, apartándose del régimen privado cuando el objeto contractual compromete bienes y servicios de uso público.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS, NORMATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS, SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SOCIEDAD POR ACCIONES, ENTIDAD DISTRITAL, DESTINO DEL BIEN DE USO PÚBLICO, INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ACTIVIDAD DE INTERÉS GENERAL, GARANTÍA DEL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA, CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DEL ESTADO, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, OBJETIVO DE LA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACUMULACIÓN DE ACCIONES, ASUNTOS CONCILIABLES, SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, REVOCATORIA PARCIAL DE LA SENTENCIA, INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, PLIEGO DE CONDICIONES, REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES, FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES, REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE, EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE, EXPERIENCIA ESPECÍFICA, CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE, OBLIGACIONES DEL PROPONENTE, CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE, PUNTAJE ASIGNADO, PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CARGO DE NULIDAD, CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA, AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO, ACTIVIDAD PRECONTRACTUAL, OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL, INGENIERO, PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, ETAPA CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CONTRATOS DE ECOPETROL, TRABAJADOR DE ECOPETROL, CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA, INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO, VALIDEZ DEL DOCUMENTO, CONTRATACIÓN ESTATAL, VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CELEBRACIÓN DE CONTRATO, PAGO DEL APORTE PARAFISCAL, REMISIÓN DE COPIA DE LA SENTENCIA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE, NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN, CONSORCIO, PROPUESTA MÁS CONVENIENTE, OFERTA MÁS FAVORABLE, EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACIÓN DE LA OFERTA, DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE, INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL, INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL, MEJOR DERECHO, DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA, UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA, ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA, IRREGULARIDAD EN EL DICTAMEN PERICIAL, RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE, CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE, VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE, PRESUPUESTO DE GASTOS, SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS, INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / NORMATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOCIEDAD POR ACCIONES / ENTIDAD DISTRITAL / DESTINO DEL BIEN DE USO PÚBLICO / INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE / ACTIVIDAD DE INTERÉS GENERAL / GARANTÍA DEL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA / CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DEL ESTADO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿El proceso de selección adelantado por TRANSMILENIO S.A. para contratar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo debía someterse a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pese a que la entidad se encuentra sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por tratarse de una actividad ajena a escenarios de competencia o mercado regulado, vinculada al cumplimiento de cometidos estatales?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala estima necesario precisar el régimen jurídico aplicable al proceso de selección adelantado por la demandada para la contratación del mantenimiento, conservación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura afecta al sistema de transporte masivo, en atención a la controversia suscitada acerca de si dicha actuación debía sujetarse al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública o, al derecho privado, en razón de la naturaleza jurídica de la entidad. En primer término, se observa que la demandada fue creada como una sociedad por acciones de naturaleza pública, integrada exclusivamente por entidades estatales del orden distrital. El Decreto 1421 de 1993 se limitó a señalar que el Distrito y sus entidades descentralizadas aplicarán la Ley 80 en lo no regulado en dicha norma especial. En efecto, se advierte que el objeto del proceso de selección analizado no estuvo orientado al desarrollo de actividades comerciales o empresariales en condiciones de mercado, sino a garantizar la conservación y adecuada operación de bienes de uso público e infraestructura indispensable para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros. (…) Ahora, no se desconoce que, para la época de la apertura del proceso (2009), se encontraba vigente el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, norma que dispuso que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las entidades sometidas a dicho régimen contractual desarrollarían su actividad negocial bajo reglas de derecho privado cuando actuaran en mercados monopolísticos o en marcados regulados o en competencia con particulares. A partir de esta disposición podría concluirse que el proceso de selección cuestionado debía someterse íntegramente a las reglas propias del derecho común. Tal entendimiento no puede compartirse. (…) [L]a aplicación del derecho privado quedó condicionada no sólo a la naturaleza de la entidad, sino también a que su actividad contractual se desarrollara en un entorno empresarial competitivo o de mercado regulado o monopolístico. (…) [E]sta actividad no constituye una manifestación de la libertad de empresa ni una operación mercantil en competencia con particulares, sino una actuación vinculada al cumplimiento de cometidos estatales. Esta conclusión resulta consistente, además, con la propia práctica institucional de TRANSMILENIO S.A., cuyo Manual de Contratación reconoce la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 en los procesos de selección que adelanta para la adquisición de bienes, servicios y obras requeridos para el cumplimiento de su objeto misional. (…) Por tanto, la Sala concluye que el proceso de selección adelantado para el mantenimiento de la infraestructura se encontraba sometido a los principios y reglas de la contratación estatal.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen jurídico aplicable al proceso de selección adelantado para la contratación del mantenimiento, conservación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura afecta al sistema de transporte masivo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de marzo de 2025, exp. 69162, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1421 DE 1993, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / OBJETIVO DE LA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACUMULACIÓN DE ACCIONES / ASUNTOS CONCILIABLES / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / REVOCATORIA PARCIAL DE LA SENTENCIA / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿La demanda presentada en ejercicio de la acción contractual, mediante la cual se solicitó la nulidad de los actos precontractuales, la nulidad absoluta del contrato y el restablecimiento del derecho, fue interpuesta oportunamente dentro del término de 30 días previsto en el artículo 87 del CCA, pese a que el contrato derivado del acto de adjudicación fue celebrado antes de su vencimiento, teniendo en cuenta que la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término de caducidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 87 del CCA dispuso que los actos proferidos antes de la celebración del contrato serían pasibles de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, notificación o publicación; sin embargo, una vez celebrado el contrato, su ilegalidad solamente podría invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato. (…) [L]a jurisprudencia entendió que la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho estaba sometida de manera estricta al término de caducidad de treinta (30) días fijado por el legislador. Por ello, una vez expirado dicho plazo, la posibilidad de obtener el restablecimiento del derecho o la reparación de los perjuicios quedaba definitivamente extinguida. Lo anterior, por cuanto la acumulación legal de dichas pretensiones a la acción contractual no implicaba la reapertura del término para ejercerlas, dado que esta última no constituía un mecanismo autónomo para reclamar el restablecimiento derivado de la ilegalidad de los actos previos. En contraste, las pretensiones de nulidad no corrían la misma suerte, pues la celebración del contrato habilitaba su examen dentro del medio de control contractual, incluso después de vencido el término previsto para promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En el presente asunto, la adjudicación, que se dio en audiencia pública, se produjo el 27 de noviembre del mismo año, a través de la resolución n.° 486, mientras que el contrato se firmó el 24 de diciembre de 2009, es decir, antes del vencimiento de los 30 días de que trata el artículo 87 del CCA (esto ocurrió el 3 de febrero de 2010). De lo anterior se puede concluir que la acción procedente para el 16 de marzo de 2010, cuando se presentó la demanda, era la contractual, toda vez que el contrato ya estaba celebrado, tan es así que se formuló expresamente la pretensión de nulidad absoluta en contra del mismo. La oportunidad para presentarla, con el fin de obtener la anulación de los actos previos y del contrato, así como de las pretensiones de restablecimiento, era el término de 30 días siguientes a la comunicación, notificación o publicación de los actos previos. En tal sentido, se tiene que, conocido el acto de adjudicación en la audiencia pública del 27 de noviembre de 2009, a la cual asistió la actora, dicho término vencía el 3 de febrero de 2010, con independencia de que el contrato se hubiera firmado el 24 de diciembre de 2009, en tanto este hecho lo único que imponía era la acumulación de acciones, como en efecto se hizo. El 2 de febrero de 2010, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial. El presente asunto al ser conciliable estaba sometido al requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial y, por consiguiente, a la suspensión de que trata el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, aplicable a los hechos materia de estudio. (…) [L]os asuntos de carácter particular, de contenido económico y conocidos por esta jurisdicción, entre otras, mediante la acción contractual, como ocurre en el presente asunto, estaban sujetos del trámite de conciliación extrajudicial. Precisado lo anterior, vale recordar que el término para demandar el acto previo aquí enjuiciado vencía el 3 de febrero de 2010. El día anterior, la parte actora presentó la solicitud de conciliación extrajudicial. Dicho trámite finalizó el 16 de marzo de 2010, es decir, dentro de los tres meses de que trataba el artículo 21 de la Ley 640 de 2001. A su vez, la demanda se presentó el último día en mención, es decir, dentro de la oportunidad de los 30 días para pedir la nulidad de los actos previos, la nulidad absoluta del contrato y la indemnización de perjuicios correspondiente. En consecuencia, se revocará la decisión de negar las pretensiones económicas, contenida en el numeral tercero, con el argumento de la caducidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se demandan actos precontractuales, contractuales y se solicita la nulidad absoluta del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de julio de 2025, exp. 67344, C.P. María Adriana Marín; sentencia del 13 de noviembre de 2013, exp. 25646, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 70, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 71, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 37
PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE / EXPERIENCIA ESPECÍFICA / CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE / PUNTAJE ASIGNADO
Problema jurídico:
¿El pliego de condiciones exigió una experiencia general y específica mínima del director del proyecto y de los ingenieros residentes como requisito habilitante y, simultáneamente, otorgó puntaje por la experiencia específica adicional de esos mismos profesionales como factor de evaluación de la calidad del equipo de trabajo del proponente?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el capítulo tercero se establecieron los requisitos habilitantes y los documentos para acreditarlos. En este aparte, entre los de carácter técnico, se establecieron unos para el proponente (3.3.1. y 3.3.1.1) y otros para su equipo de trabajo (3.3.2). Estos son los cuestionados. (…) En el capítulo 5, el pliego también incorporó el equipo de trabajo como un factor de calificación, denominado como “calidad del equipo de trabajo del proponente”, con un puntaje máximo de 130 de 1.000 posibles. La experiencia específica adicional del director del proyecto otorgaba 8 puntos por año, con un máximo de 80; el puntaje restante, 50, se repartía por igual entre cada ingeniero residente, esto es, 25 puntos, en proporción de dos o tres puntos por año adicional dependiendo de si se trataban de “actividades de mantenimiento de infraestructura” o de “programación de actividades de mantenimiento o programación de actividades de ingeniería”, respectivamente, y “una misma actividad no genera[ba] puntaje simultáneo para los dos exigencias”. En suma, como requisito habilitante, el director del proyecto y el ingeniero residente debían acreditar una experiencia general y una específica mínima. De 12 y 3 años, respectivamente, para el primer profesional, y de 5 y 2, para el segundo. Dichos tiempos se contaban a partir de la expedición de la matrícula profesional, de no ser que la experiencia se acreditara con anterioridad a la vigencia de la Ley 842 de 2003. Estos mismos también fungían como factor de evaluación, es decir, asignaban puntos en la forma explicada en el párrafo precedente.
FUENTE FORMAL:
LEY 842 DE 2003
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CARGO DE NULIDAD / EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE / CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE / EXPERIENCIA ESPECÍFICA / CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA / AUTENTICIDA

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

que obtuvo una calificación final de 985,36 puntos, seguido de la sociedad 2MX Mantenimiento, con 978,21 puntos. En consecuencia, esta última ocupó el segundo lugar en la clasificación de las ofertas. La parte actora aportó el dictamen del ingeniero civil (…) con el fin de establecer si la experiencia acreditada por el director del proyecto y el ingeniero residente de la propuesta seleccionada fue correctamente calificada y, adicionalmente, determinar el orden de elegibilidad en tres escenarios: (i) con el rechazo de la propuesta adjudicataria; (ii) sin tener en cuenta el puntaje asignado al director del proyecto, pero sí el correspondiente al ingeniero residente; y (iii) a la inversa. Sin embargo, la Sala no encuentra mérito suficiente en dicho medio de prueba para sustentar tales conclusiones. En efecto, el primer ejercicio versa sobre una cuestión eminentemente jurídica que corresponde resolver al juez y que ya fue decidida en esta providencia. (…) La ausencia de fuerza demostrativa de ese dictamen no impide determinar las consecuencias derivadas de la ilegal permanencia del Consorcio KonidolHombresolo en el proceso de selección. En efecto, no existe una regla de tarifa legal que obligue al juez, en todos los casos, a rehacer íntegramente la evaluación de las propuestas para establecer si el demandante tenía un mejor derecho a la adjudicación. Tal determinación depende de las particularidades del litigio y de los cargos efectivamente planteados por las partes. En el presente asunto, el debate probatorio y jurídico se concentró en la legalidad de la permanencia en el proceso de selección de la oferta presentada por el Consorcio Konidol-Hombresolo. Por esta razón, la Sala valora el conjunto de los medios de prueba obrantes en el expediente, incluidos los documentos que soportaron la evaluación efectuada por la entidad, con el propósito de establecer las consecuencias jurídicas derivadas de la causal de rechazo cuya configuración ha sido declarada en esta providencia. Desde esa perspectiva, se encuentra acreditado que la propuesta presentada por 2MX Mantenimiento fue habilitada por la entidad y ocupó el segundo lugar en el orden de elegibilidad. Asimismo, durante este litigio no se formularon cuestionamientos concretos respecto de su habilitación, del cumplimiento de las condiciones exigidas en los pliegos o la calificación obtenida. En esas condiciones, una vez excluida la oferta del Consorcio KonidolHombresolo por la configuración de la causal de rechazo analizada, la propuesta de la demandante pasa a ocupar el primer lugar del orden de elegibilidad y, por ende, corresponde reconocer que ostenta el mejor derecho a la adjudicación del contrato.
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / IRREGULARIDAD EN EL DICTAMEN PERICIAL / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / PRESUPUESTO DE GASTOS / SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA
Problema jurídico:
¿Procede reconocer, con fundamento en las reglas de la experiencia, la utilidad dejada de percibir por el proponente que acreditó el mejor derecho a la adjudicación, cuando el dictamen pericial no demuestra de manera suficiente la cuantía de la utilidad esperada, mediante la aplicación del porcentaje jurisprudencial del 5 % ajustado proporcionalmente al valor de la propuesta frente al presupuesto oficial?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala advierte que el dictamen pericial aportado por la parte actora no ofrece elementos técnicos suficientes para demostrar, con el grado de certeza requerido, la utilidad neta que habría obtenido el consorcio como consecuencia de la ejecución del contrato. Si bien el experto efectuó una reconstrucción económica del negocio y presentó una estimación de ingresos, costos, gastos administrativos, impuestos e imprevistos, las conclusiones alcanzadas no encuentran respaldo suficiente en soportes contables, financieros o empresariales que permitan verificar objetivamente la composición de cada uno de los rubros utilizados en la liquidación. (…) La Sala ha sostenido de manera reiterada que, aunque el perjuicio derivado de la privación ilegal de la adjudicación corresponde al lucro cesante representado en la utilidad dejada de percibir, la prueba de su cuantía debe ofrecer bases objetivas y verificables. Cuando no existe demostración suficiente de la utilidad específica esperada, el juzgador puede acudir a las reglas de la experiencia para determinar razonablemente el monto de la indemnización. En este caso, aun cuando se encuentra acreditado que la parte actora ostentaba el mejor derecho a la adjudicación del contrato, la Sala considera que el dictamen no logra demostrar de manera concluyente que la utilidad neta frustrada ascendiera a la suma de $2.001.000.000. (…) En tales condiciones, la Sala aplicará el criterio jurisprudencial, según el cual, cuando no existe prueba suficiente para determinar la utilidad neta efectivamente esperada, procede reconocerla con fundamento en las reglas de la experiencia una utilidad equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la propuesta en comparación con el presupuesto oficial. Dicho porcentaje ha sido considerado por la jurisprudencia como un parámetro equitativo y razonable para indemnizar el lucro cesante derivado de la privación ilegal de la adjudicación. En consecuencia, la indemnización por concepto de lucro cesante se liquidará tomando como base el cinco por ciento (5%) en la forma arriba explicada, suma que representa la utilidad razonablemente esperada de la ejecución contractual, de conformidad con las reglas jurisprudenciales aplicables al caso concreto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, por la utilidad esperada por el proponente vencido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de octubre de 2022, exp. 58363, C.P. María Adriana Marín; sentencia del 11 de mayo de 2022, exp. 65016, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 11 de mayo de 2022, exp. 65016, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL
Problema jurídico:
¿Ante la ausencia de temeridad en las actuaciones de las partes, la Sala debe abstenerse de condenar en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
En atención a lo dispuesto en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, aplicable al presente asunto, dado que no se avizora temeridad en la actuación de las partes, la Sala se abstiene de condenar en costas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-09-07. C.P. ZORANNY CASTILLO OTÁLORA. Rad. 25000232600020100014401. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020100014401-63086-sentencia).
