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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020091005501-51445-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales incoada por la contratista inicial"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-02-19"
radicado: "25000232600020091005501"
numero: "51445"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales incoada por la contratista inicial

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-02-19
- **Radicado:** 25000232600020091005501
- **Número interno:** 51445
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** INCIVIAS LTDA., EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO SAS
- **Demandado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020091005501-51445-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020091005501/28A194B5A6081E6F6DD2BE008120727390515B9845869547CB44D6A02B5BA142/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200910055011100103

## Problema jurídico

¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales incoada por la contratista inicial que cedió su posición contractual, en la que se discute la validez de la imposición de una multa contractual, así como un eventual restablecimiento del equilibrio económico en incumplimiento, pues el término no debió contarse desde el momento en que fue liquidado por la contratante y el contratista cedido, pese a que la actora entonces no formara ya parte de la relación jurídica?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término de caducidad de la acción, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 a pesar de no haber incluidos las…
- ¿El término de caducidad, en este proceso, fue interrumpido con la formulación de pretensiones por parte del actual demandante en otro proceso en el que también se discutió la validez de los actos…
- ¿[L]a formulación de demandas con argumentos y pretensiones análogos supone un ejercicio abusivo y temerario del derecho de acción?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, arts. 136 núm. 10 y 87
- Ley 1150 de 2007

## Extracto

El IDU celebró con el Consorcio Nueva Era, integrado por las sociedades demandantes, un contrato de obra cuyo objeto era la construcción y mantenimiento de ciclorrutas y andenes en la ciudad de Bogotá. Durante el desarrollo del negocio, las partes pactaron la cesión del contrato por el contratista a la aseguradora garante de las obligaciones contractuales, para que esta ejecutara las obras faltantes. Después de la cesión, la entidad contratante impuso sanciones pecuniarias a la contratista que había cedido su posición contractual. La parte actora solicita, además de la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se le restablezca el equilibrio económico contractual ocasionado por causas que, según aduce, le fueron ajenas.

## Síntesis temática

El contratista estatal que cede su posición contractual a un tercero o a una aseguradora concluye formalmente su vínculo obligacional con la entidad contratante, de modo que el cómputo del término de caducidad para las pretensiones de nulidad de actos administrativos posteriores, tales como la imposición de multas o sanciones pecuniarias, debe contarse a partir de su ejecutoria y no desde la liquidación del contrato principal suscrito con el cesionario. De acuerdo con las reglas procesales aplicables al medio de control de controversias contractuales, cada pretensión autónoma posee un hito de contabilización temporal independiente que obedece al momento en que se estructuraron los motivos de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la demanda, protegiendo así la seguridad jurídica en las relaciones contractuales con la administración.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CONTRATO DE OBRA, CESIÓN DEL CONTRATO, CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, SANCIÓN PECUNIARIA, RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SUSPENSIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, FINALIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, RECHAZO DE LA DEMANDA, PROCEDENCIA DEL RECHAZO DE LA DEMANDA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, SOLICITUD DE CONCILIACIÓN, INTERRUPCIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, REQUISITOS DE LA DEMANDA, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, ALCANCE DE LA COADYUVANCIA, LITISCONSORCIO NECESARIO, FALTA DE CONFORMACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO, CONFIGURACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO, OBJETO DEL LITISCONSORCIO NECESARIO, MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA, DEMANDA TEMERARIA, USO INDEBIDO DEL DERECHO DE ACCIÓN, CARACTERÍSTICAS DEL LITISCONSORCIO NECESARIO, CONCEPTO DE LITISCONSORCIO NECESARIO, EFECTOS DEL LITISCONSORCIO, INTERPOSICIÓN DE RECURSO JUDICIAL, INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN, INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTRATO DE OBRA / CESIÓN DEL CONTRATO / CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / SANCIÓN PECUNIARIA / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales incoada por la contratista inicial que cedió su posición contractual, en la que se discute la validez de la imposición de una multa contractual, así como un eventual restablecimiento del equilibrio económico en incumplimiento, pues el término no debió contarse desde el momento en que fue liquidado por la contratante y el contratista cedido, pese a que la actora entonces no formara ya parte de la relación jurídica?
Respuesta al problema jurídico: Si
El IDU celebró con el Consorcio Nueva Era, integrado por las sociedades demandantes, un contrato de obra cuyo objeto era la construcción y mantenimiento de ciclorrutas y andenes en la ciudad de Bogotá. Durante el desarrollo del negocio, las partes pactaron la cesión del contrato por el contratista a la aseguradora garante de las obligaciones contractuales, para que esta ejecutara las obras faltantes. Después de la cesión, la entidad contratante impuso sanciones pecuniarias a la contratista que había cedido su posición contractual. La parte actora solicita, además de la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se le restablezca el equilibrio económico contractual ocasionado por causas que, según aduce, le fueron ajenas. El Tribunal declaró la caducidad de la acción en primera instancia, al contar el plazo de dos años según las pretensiones solicitadas: para las pretensiones de equilibrio financiero, el término de dos años lo contó a partir del acta de liquidación del contrato; mientras que, para la pretensión de nulidad de los actos, lo computó desde su ejecutoria. La demandante se opuso, en esta instancia, a los razonamientos del Tribunal. Afirma que el término de caducidad corría a partir de la liquidación del contrato, independientemente de que ya no fuera parte de la relación jurídica, y que no era necesario agotar el trámite conciliatorio para demandar la legalidad de los actos administrativos. (...) Con la acción de controversias contractuales, prevista en el artículo 87 del CCA, se somete al conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa pretensiones de contenido diverso, en tanto en cuanto el conflicto jurídico se produzca en el marco de una relación contractual. En este contexto, tanto el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, como su cumplimiento y la validez de las decisiones unilateralmente adoptadas por la entidad demandada, con ocasión de un contrato, son pretensiones que deben ser encaminadas a través de la acción de controversias contractuales. El artículo 136.10 del CCA contiene una regla general sobre la caducidad de la acción de controversias contractuales, de acuerdo con la cual el plazo de dos años se cuenta a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. Así mismo, ese artículo contiene una serie de subreglas que concretan la anterior regla general, dentro de las cuales resulta relevante, para este asunto, la prevista en su literal c), de conformidad con el cual el plazo bienal se computa desde la firma del acta de liquidación bilateral por las partes, cuando esta sea requerida. La Sección Tercera, a su vez, ha precisado que, al dar inicio al conteo del plazo de caducidad hasta el momento en el que el contrato es liquidado por las partes, se busca darles a los contratantes la oportunidad de zanjar de forma directa sus diferencias, hasta ese momento, en el que culmina el vínculo contractual. En este asunto, el contrato núm. 057 de 2004 fue suscrito el 27 de julio de 2004 por el IDU y el Consorcio Nueva Era, con el objeto de construir y conservar ciclorrutas y andenes en Bogotá. Posteriormente, fue cedida la posición que el consorcio contratista ostentaba en dicha relación jurídica a la aseguradora garante de su cumplimiento, Liberty Seguros, con la suscripción del OTROSÍ 3 DE CESION Y ADICIONAL 3 AL CONTRATO 057 DE 2004, al cual se incorporó un acuerdo de cesión suscrito, anteriormente, entre el IDU, el Consorcio Nueva Era y Liberty Seguros. Con este negocio jurídico, se puso fin al vínculo jurídico existente entre el Consorcio Nueva Era y el IDU, el cual fue liquidado materialmente. (...) la caducidad de las pretensiones sobre el restablecimiento del equilibrio económico y el incumplimiento del contrato núm. 057 de 2004 debe computarse a partir de la suscripción del OTROSÍ 3 DE CESION Y ADICIONAL 3 AL CONTRATO 057 DE 2004, al cual se incorporó el acuerdo de cesión suscrito anteriormente entre el IDU, el Consorcio Nueva Era y Liberty Seguros, pues desde ese momento terminó formalmente y fue liquidada materialmente la relación jurídica que existía entre el IDU y el Consorcio Nueva Era. No cabe predicar lo mismo con respecto a las pretensiones de nulidad del acto de imposición de multa y las consecuenciales, pues este fue expedido después de que fuera terminada y liquidada la relación jurídica existente entre el IDU y el Consorcio Nueva Era. Pero, tampoco es válido iniciar el conteo de la caducidad en el momento en el que el IDU y Liberty liquidaron el contrato núm. 057 de 2004, pues no existía razón alguna para que el Consorcio Nueva Era formara parte de la liquidación de la relación jurídica que, en lo sucesivo, se configuró entre Liberty y el IDU, ya que la relación de la que el Consorcio formaba parte ya había terminado y sido liquidada, sin que existiera una razón válida para que este último infiriera lo contrario. (...) como la multa por el incumplimiento del Consorcio Nueva Era no era uno de los créditos de la relación jurídica que se configuró, entre Liberty y el IDU, con la cesión del contrato núm. 057 de 2004, esta acreencia no era objeto de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a los que estos llegaren con su liquidación. En consecuencia, el término de caducidad de las pretensiones de nulidad del acto de imposición de la multa debe contarse desde su ejecutoria, pues en este acto se reflejan los motivos de hecho o de derecho que dan lugar a la demanda. (...) la Sala procede a contar, en primer lugar, la caducidad de la acción que tenía por objeto las pretensiones de incumplimiento y restablecimiento del equilibrio económico del contrato núm. 057 de 2004, a partir del dieciséis (16) de enero de dos mil seis (2006), cuando fue suscrito el OTROSÍ 3 DE CESION Y ADICIONAL 3 AL CONTRATO 057 DE 200455, al que se incorporó el acuerdo de cesión firmado previamente, con lo cual se terminó y liquidó definitivamente la relación jurídica existente entre el Consorcio Nueva Era y el IDU, dejando aquel la salvedad, referida previamente, para acudir a la jurisdicción con el propósito de ventilar el “agravamiento” de su posición contractual. A partir de ese momento, el plazo bienal de caducidad establecido en el artículo 136.10.c) del CCA concluyó, sin solución de continuidad, el dieciséis (16) de enero de dos mil ocho (2008). Por lo tanto, como el término de caducidad de la acción que tenía por objeto las pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico e incumplimiento del contrato núm. 057 de 2004 no se suspendió, y la demanda fue radicada en este proceso el trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009) 57 , la caducidad se configuró. En segundo lugar, el término de caducidad de la acción que tenía por objeto las pretensiones de nulidad de las resoluciones núm. 5908 de 2006 y 895 de 2007, junto con el de las pretensiones consecuenciales, será computado a partir del día siguiente al La Sala recuerda que en materia de multas (o cláusulas penales de apremio) aplicadas en el contexto normativo anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, el criterio de esta Subsección ha sido que si bien estas no podían ser impuestas mediante actos administrativos, sí podían serlo a través de actos contractuales58. En este orden de ideas, el cómputo de la acción contractual no surge desde la denomina ejecutoria del supuesto acto administrativo con el que se habrían impuesto las penas de apremio, sino desde aquel en el que sucedieron los motivos de hecho y derecho que dieron lugar a la reclamación, que es el momento en el que se notificó al consorcio el acto confirmatorio, que lo es el trece (13) de junio de dos mil siete (2007), de acuerdo con la constancia de notificación que obra en el expediente, por lo que concluiría el catorce (14) de junio de dos mil nueve (2009). Ahora, de acuerdo con la constancia expedida por la agencia del Ministerio Público que adelantó la conciliación el Consorcio convocante no formuló pretensión alguna relativa a la imposición de la multa o pena de apremio que se produjo con las Resoluciones 5908 de 2006 y 895 de 2007 y sus efectos dentro de los asuntos a conciliar, pese a que estas ya habían sido notificadas antes de que la fecha en que se presentó la solicitud y, desde luego, eran conocidas por el demandante para el momento en que la audiencia fue llevada a cabo. Por lo tanto, como la demanda fue radicada en este proceso el trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009), la caducidad de la acción que tenía por objeto las pretensiones de nulidad del acto de imposición de multa, y consecuenciales, también se configuró.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 1150 DE 2007
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SUSPENSIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / FINALIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / RECHAZO DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DEL RECHAZO DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN
Problema jurídico:
¿La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término de caducidad de la acción, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 a pesar de no haber incluidos las mismas pretensiones en la solicitud de conciliación y en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]s necesario analizar si la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término de caducidad de la acción, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001, vigente al momento de su radicación. Contrario a lo sostenido por el apelante, las controversias derivadas de la imposición de multas contractuales es un asunto conciliable, pues esta decisión unilateral no es uno de los poderes exorbitantes o excepcionales que no son transigibles, de acuerdo con lo considerado por la Corte Constitucional en sentencia C-1436 de 2000. Ahora, de acuerdo con acta de la audiencia de conciliación extrajudicial, el Consorcio convocante no formuló pretensión alguna relativa a la imposición de la multa que se produjo con las Resoluciones 5908 de 2006 y 895 de 2007 dentro de los asuntos a conciliar, pese a que estas resoluciones ya habían sido notificadas antes de que fue presentada la solicitud de conciliación51 y eran así conocidas por el demandante para el momento en que la audiencia fue llevada a cabo. Según el artículo 37 de la Ley 640 de 2001, vigente para la época en que fue presentada la demanda, el trámite de conciliación extrajudicial era requisito de procedibilidad para iniciar la acción de controversias contractuales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, en estricto rigor, la demanda debió rechazarse respecto de las pretensiones relacionadas con las decisiones unilaterales del IDU, por no cumplir con este requisito adjetivo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Constitucional en sentencia C-1436 de 2000.
FUENTE FORMAL:
LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 37
INTERRUPCIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE LA DEMANDA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / ALCANCE DE LA COADYUVANCIA / LITISCONSORCIO NECESARIO / FALTA DE CONFORMACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO / CONFIGURACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO / OBJETO DEL LITISCONSORCIO NECESARIO
Problema jurídico:
¿El término de caducidad, en este proceso, fue interrumpido con la formulación de pretensiones por parte del actual demandante e

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ución 895 de 2007, que la confirmó en todas sus partes; y, como consecuencia de lo anterior, deprecó que se declarara que la aseguradora no estaba obligada a efectuar pago alguno por virtud de lo resuelto en el acto demandado. En subsidio, Liberty Seguros pretendió la declaración de la nulidad de todo el articulado de dichas resoluciones, con una pretensión consecuencial idéntica a la anterior. El Consorcio Nueva Era coadyubó exclusivamente a las pretensiones subsidiarias de la aseguradora y agregó, como pretensión consecuencial, que se declarara que no estaba obligada al pago de la multa impuesta con dichas resoluciones y que fuera eliminada de los registros de la Cámara de Comercio31 . De esta forma, el Consorcio Nueva Era se valió de la interrupción de la caducidad que había operado con la demanda presentada por Liberty Seguros, para coadyubar a las pretensiones subsidiarias por esta planteadas y derivar consecuencias favorables, para sí, de dichas pretensiones. Pero, no aprovechó esta oportunidad para formular pretensiones principales propias, que plantea ahora en este proceso, con la intención de prorrogar inválidamente los efectos del litisconsorcio necesario a un proceso diferente a aquel en el que este se trabó. En consecuencia, se impone una respuesta negativa al primer problema jurídico de esta instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de septiembre de 1997, exp. 8312; Subsección C, sentencia de 13 de junio de 2013, exp. 26799.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 143
MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEMANDA TEMERARIA / USO INDEBIDO DEL DERECHO DE ACCIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿[L]a formulación de demandas con argumentos y pretensiones análogos supone un ejercicio abusivo y temerario del derecho de acción?
Respuesta al problema jurídico: Si
No pasa por alto la Sala, por demás, que, como lo ha precisado la jurisprudencia, la formulación de demandas con argumentos y pretensiones análogos supone un ejercicio abusivo y temerario del derecho de acción, en cuanto conlleva un desgaste para la administración de justicia, además del despliegue de los medios de defensa por parte de las demandadas, que habría podido evitarse con un actuar leal y de buena fe.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de julio de 2017, exp. 4406-16; Subsección C, sentencia de 28 de febrero de 2020, exp. 47212.
LITISCONSORCIO NECESARIO / CARACTERÍSTICAS DEL LITISCONSORCIO NECESARIO / CONCEPTO DE LITISCONSORCIO NECESARIO / CONFIGURACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO / OBJETO DEL LITISCONSORCIO NECESARIO / EFECTOS DEL LITISCONSORCIO / INTERPOSICIÓN DE RECURSO JUDICIAL / INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Con el litis consorcio necesario, los recursos y actuaciones de cada uno favorecen a todos los demás, de acuerdo con el artículo 51 del CPC, por lo tanto, la presentación de la demanda por uno de los litisconsortes necesarios interrumpe excepcionalmente la caducidad para los demás, pero no extiende tales efectos a los demás procesos que estos tengan a bien promover?
Respuesta al problema jurídico: Si
con el litis consorcio necesario, que se presenta cuando dos sujetos están vinculados por una única relación jurídico sustancial, con lo cual la decisión adoptada los beneficia o perjudica a ambos, los recursos y actuaciones de cada uno favorecen a todos los demás, de acuerdo con el artículo 51 del CPC. De esta forma, la presentación de la demanda por uno de los litisconsortes necesarios interrumpe excepcionalmente la caducidad para los demás, en el proceso en el que estos concurren, pero no extiende tales efectos a los demás procesos que estos tengan a bien promover. Menos aún cabe afirmar que la formulación de pretensiones autónomas por el litisconsorte necesario, llamado a un proceso iniciado con antelación, conlleve la interrupción de la caducidad para todos los procesos que este inicie con pretensiones análogas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 25 de mayo de 2016, exp. 40077.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala de Subsección es competente para conocer del asunto en virtud del artículo 82 del CCA, modificado por la Ley 1107 de 2006, toda vez que la entidad demandada en acción de controversias contractuales es un establecimiento público del orden distrital. Además, esta Corporación conoce de la segunda instancia de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos, en asuntos que por el factor cuantía tienen doble instancia, como el presente.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente condenar en costas en segunda instancia y fijar agencias en derecho teniendo en cuanta que el recurso de apelación se despachó de forma desfavorable al recurrente y fue interpuesto en vigencia del Código General del Proceso (CGP), es decir, luego del 1° de enero de 2014?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como el recurso de apelación fue presentado en vigencia del Código General del Proceso (CGP), es decir, luego del 1° de enero de 2014, la condena en costas será tratada bajo sus reglas, según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y la jurisprudencia unificada66 . Por lo tanto, como el recurso de apelación interpuesto por el demandante le fue resuelto desfavorablemente, este será condenado en costas, de acuerdo con el artículo 365.1 del CGP. Como agencias en derecho, la Sala fijará un monto del 0,1% de la cuantía de las pretensiones, de acuerdo con el artículo 366 del CGP y el numeral 3.1.3 del Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-02-19. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 25000232600020091005501. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020091005501-51445-sentencia).
