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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020081003002-52171-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: no es procedente declarar la nulidad del acto administrativo contractual que negó la solicitud de suspensión de un contrato"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-03-18"
radicado: "25000232600020081003002"
numero: "52171"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
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# Consejo de Estado: no es procedente declarar la nulidad del acto administrativo contractual que negó la solicitud de suspensión de un contrato

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-03-18
- **Radicado:** 25000232600020081003002
- **Número interno:** 52171
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA S EN C
- **Demandado:** MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO - INGEOMINAS
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020081003002-52171-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020081003002/7D5D7F26C7451EB3CCA16474E84024C411B115B875535C50FCA77DC413A497E3/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200810030021100103

## Problema jurídico

¿Es procedente declarar la nulidad del acto administrativo contractual que negó la solicitud de suspensión de un contrato de concesión por razones de fuerza mayor?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Se configura una fuerza mayor como presupuesto para la suspensión de un contrato la aplicación de normas de orden público…
- ¿Es la acción de controversias contractuales la procedente para que el Consejo de Estado resuelva en segunda instancia la demanda por nulidad de un acto administrativo contractual?
- ¿Está configurada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Minas y Energía, pues es el Ingeominas el legitimado en este asunto?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 95 de 1890, art. 1

## Extracto

En el marco del contrato de concesión de mediana minera n.° 16.715 del 15 de septiembre de 1993, para la explotación de materiales de construcción, en un terreno ubicado en el municipio de La Calera, Cundinamarca, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el señor Jorge Enrique Ponguta Orduz, quien después lo cedió a la sociedad Constructora Palo Alto Cía S. en C., se solicita la nulidad de los artículos primeros de las resoluciones n.°s DSM 751 y DSM 369 del 26 de julio de 2006 y del 20 de abril de 2007, respectivamente, por medio de las cuales el Instituto Colombiano de Geología y Minería, en adelante, Ingeominas, negó la solicitud de suspensión temporal de las obligaciones derivadas de la referida concesión.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, ACTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSIÓN, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, CONTRATO DE CONCESIÓN, CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA, DERECHO ADQUIRIDO, FALSA MOTIVACIÓN, INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR, COSA JUZGADA, ALCANCE DE LA COSA JUZGADA, CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA, FUERZA MAYOR, AUSENCIA DE FUERZA MAYOR, CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA MAYOR, CONCEPTO DE FUERZA MAYOR, FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA FUERZA MAYOR, PRUEBA DE FUERZA MAYOR, APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO, APLICACIÓN INMEDIATA DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO, AUTORIDAD AMBIENTAL, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSIÓN / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / DERECHO ADQUIRIDO / FALSA MOTIVACIÓN / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR / COSA JUZGADA / ALCANCE DE LA COSA JUZGADA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA
Problema jurídico:
¿Es procedente declarar la nulidad del acto administrativo contractual que negó la solicitud de suspensión de un contrato de concesión por razones de fuerza mayor?
Respuesta al problema jurídico: No
En el marco del contrato de concesión de mediana minera n.° 16.715 del 15 de septiembre de 1993, para la explotación de materiales de construcción, en un terreno ubicado en el municipio de La Calera, Cundinamarca, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el señor Jorge Enrique Ponguta Orduz, quien después lo cedió a la sociedad Constructora Palo Alto Cía S. en C., se solicita la nulidad de los artículos primeros de las resoluciones n.°s DSM 751 y DSM 369 del 26 de julio de 2006 y del 20 de abril de 2007, respectivamente, por medio de las cuales el Instituto Colombiano de Geología y Minería, en adelante, Ingeominas, negó la solicitud de suspensión temporal de las obligaciones derivadas de la referida concesión. También se pide que, a título de restablecimiento, se suspenda el pluricitado contrato y a otras declaraciones que la parte actora estima consecuenciales. (...) Para resolver de fondo el asunto, como gran parte de los cuestionamientos se dirigen al desconocimiento del derecho adquirido de la explotación minera, que, a juicio de la parte actora, al contar con los permisos necesarios debía ser respetada y asegurada, se impone hacer un análisis de un número plural de decisiones administrativas y judiciales alrededor de la concesión minera n.° 16.715, que resultarán ilustrativas y permitirán desentrañar el contexto de las resoluciones demandadas. Después, toda vez que la parte actora sostiene que las motivaciones de las resoluciones fueron falsas e inexistentes, siendo que desconocieron el derecho de explotación de la parte actora y, además, tampoco aplicaron la fuerza mayor derivada de los servidores públicos que actuaron con tal desconocimiento y que imponían la suspensión del contrato de concesión, precisa revisar las razones consignadas en las decisiones demandadas y definir si le asiste razón a la parte actora y aquí apelante. (...) Los cargos de la apelación son insistentes en señalar que los actos administrativos demandados, que negaron la suspensión de las obligaciones de la concesión n.° 16.715, desconocieron los derechos adquiridos con el otorgamiento de dicho contrato. En tal sentido, precisa señalar que los actos administrativos demandados de modo alguno desconocen la existencia de la concesión n.° 16.715; por el contrario, su expedición se dio en dicho marco, si se tiene en cuenta que para considerar la suspensión solicitada era menester partir de la base mínima de un contrato vigente. Ahora, lo que pretende la parte actora es que se revisen las decisiones de la CAR, en particular, la resolución n.° 1650 del 31 de diciembre de 2004, que declaró improcedente el Plan de Manejo Ambiental y Recuperación Ambiental del área de concesión n.° 16.715 y prohibió actividades mineras en dicha zona, la cual fue confirmada por la resolución n.° 2102 del 8 de noviembre de 2005, decisiones proferidas en cumplimiento de sendas decisiones judiciales ya referidas. Estas resoluciones sí dieron lugar a dejar sin piso la licencia y la concesión de la parte actora. (...) Como se observa, el fundamento de la decisión aquí atacada descansa en las resoluciones n.°s 1650 del 31 de diciembre de 2004 y 2102 del 8 de noviembre de 2005 de la CAR, las cuales no fueron demandas aquí, pero sí lo fueron en otro proceso que ya cuenta con sentencia en firme, en el que se desestimaron los cargos de nulidad por violación a las normas en que debía fundarse y de otras trasgresiones de rango constitucional. Ahora, es posible interpretar que el actor pretende que las resoluciones de la CAR antes referidas constituyeron un acto irresistible e imprevisible de una autoridad pública y que el Ingeominas materializó una omisión al aplicar este hecho como fundamento de su negativa de la suspensión solicitada, cuando el mismo tenía efectos suspensivos, en los términos de la cláusula décima quinta de la concesión en estudio. Sin embargo, los actos administrativos demandados dieron razones para negar la solicitud de la parte actora aquí en estudio, lo cual descarta de plano el cargo de una supuesta omisión de aplicar el concepto de fuerza mayor. En efecto, otorgaron prelación a las decisiones de la CAR al estimarlas de orden público y, como tales, de obligatorio cumplimiento. Además, estimaron que era un contrasentido suspender unas obligaciones que no podían ejecutarse por la prohibición decretada por la autoridad ambiental. Así, es claro que hubo razones para desestimar la fuerza mayor alegada, que no fueron atacados en este escenario, como quiera que la demanda se contrae a erigir su contrato de concesión, una vez aprobado y con sus permisos ambientales, como un inamovible. Entonces, tampoco existió la supuesta omisión de aplicar el artículo 1 de la Ley 95 de 1890, sino que hubo motivos para tener la fuerza mayor allí regulada como no consumada, los cuales, se insiste, no fueron atacados, razón por la cual la presunción de legalidad de los actos administrativos en estudio se encuentra incólume. En tal dirección, debe reiterarse que los actos administrativos demandados no tenían el alcance que pretende la actora en su demanda, toda vez que no prohibieron la actividad autorizada con la concesión, como sí lo hicieron las decisiones de la CAR, cuya legalidad, además de que no corresponde decidir en este proceso, ya fue revisada en otro, donde ya hay una decisión ejecutoriada que cobró efectos de cosa juzgada. Finalmente, no puede desconocerse que las pruebas, en particular la sentencia de la Sección Quinta de esta Corporación del 8 de mayo de 2003 (ver supra 29.2.5), dan cuenta de que las actividades mineras en la zona de concesión venían suspendidas de tiempo atrás, razón por la cual tampoco podría considerarse que las decisiones de la CAR, en las cuales se fundaron las resoluciones aquí demandadas, fueron imprevisibles para la parte actora. En los términos expuestos, se impone declarar improcedentes los cargos de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 95 DE 1890 - ARTÍCULO 1
FUERZA MAYOR / AUSENCIA DE FUERZA MAYOR / CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA MAYOR / CONCEPTO DE FUERZA MAYOR / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA FUERZA MAYOR / INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR / PRUEBA DE FUERZA MAYOR / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO / APLICACIÓN INMEDIATA DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO / AUTORIDAD AMBIENTAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Se configura una fuerza mayor como presupuesto para la suspensión de un contrato la aplicación de normas de orden público, pues es un contrasentido suspender unas obligaciones que no pueden ejecutarse por la prohibición decretada por la autoridad ambiental?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l fundamento de la decisión aquí atacada descansa en las resoluciones n.°s 1650 del 31 de diciembre de 2004 y 2102 del 8 de noviembre de 2005 de la CAR, las cuales no fueron demandas aquí, pero sí lo fueron en otro proceso que ya cuenta con sentencia en firme, en el que se desestimaron los cargos de nulidad por violación a las normas en que debía fundarse y de otras trasgresiones de rango constitucional. Ahora, es posible interpretar que el actor pretende que las resoluciones de la CAR antes referidas constituyeron un acto irresistible e imprevisible de una autoridad pública y que el Ingeominas materializó una omisión al aplicar este hecho como fundamento de su negativa de la suspensión solicitada, cuando el mismo tenía efectos suspensivos, en los términos de la cláusula décima quinta de la concesión en estudio. Sin embargo, los actos administrativos demandados dieron razones para negar la solicitud de la parte actora aquí en estudio, lo cual descarta de plano el cargo de una supuesta omisión de aplicar el concepto de fuerza mayor. En efecto, otorgaron prelación a las decisiones de la CAR al estimarlas de orden público y, como tales, de obligatorio cumplimiento. Además, estimaron que era un contrasentido suspender unas obligaciones que no podían ejecutarse por la prohibición decretada por la autoridad ambiental. Así, es claro que hubo razones para desestimar la fuerza mayor alegada, que no fueron atacados en este escenario, como quiera que la demanda se contrae a erigir su contrato de concesión, una vez aprobado y con sus permisos ambientales, como un inamovible. Entonces, tampoco existió la supuesta omisión de aplicar el artículo 1 de la Ley 95 de 1890, sino que hubo motivos para tener la fuerza mayor allí regulada como no consumada, los cuales, se insiste, no fueron atacados, razón por la cual la presunción de legalidad de los actos administrativos en estudio se encuentra incólume.
NOTA DE RELATORÍA:
Se trata de la sentencia del 22 de septiembre de 2022, de la Subsección C de esta Sección, exp.
41.904, M.P. Guillermo Sánchez Luque.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es la acción de controversias contractuales la procedente para que el Consejo de Estado resuelva en segunda instancia la demanda por nulidad de un acto administrativo contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
En atención a la naturaleza pública de las demandadas, la presente controversia es de conocimiento de esta jurisdicción, en los términos del artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, que modificó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. La acción procedente es la de controversias contractuales. Como lo precisó esta Sección en el auto del 23 de noviembre de 2007 (...) que remitió el presente asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por competencia, la cuestión planteada es de naturaleza contractual, porque se cuestionan actos dictados en el marco de un contrato de concesión. De acuerdo con el inciso 2º del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 tales actos eran pasibles de la acción de controversias contractuales, de conformidad con las reglas del Código Contencioso Administrativo. Esta codificación, en su artículo 87, se limitó a precisar que las partes de un contrato estatal podían ejercer dicha acción para pedir diferentes declaraciones o condenas. No se desconoce que la acción presentada fue la nulidad y restablecimiento del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo; sin embargo, estas mismas pretensiones son procedentes en el marco de la acción de controversias contractuales, como quedó expuesto arriba. Por consiguiente, como el procedimiento es el mismo y el debate sustancial no varía, nada impide adecuarla al mecanismo procesal pertinente, en aras de privilegiar el acceso efectivo a la administración de justicia. Por último, vale precisar que no es acertada la mixtura que el a quo propuso para determinar la acción. Si bien en vigencia del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, reformado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 y en relación con los actos previos a la celebración del contrato, contra los cuales procedían las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, la Sección consideró que el restablecimiento siempre debía demandarse dentro de los 30 días siguientes al conocimiento de dichos actos, inclusive, cuando se abriera la posibilidad de ejercer la acción contractual por la suscripción del respectivo contrato, so pena de tener caducada la pretensión de restablecimiento2 ; sin embargo, como quedó expuesto, la naturaleza de los actos administrativos aquí enjuiciados es diferente. Determinada la acción procedente, esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia, en atención a su cuantía, en los términos del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 85, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77 INCISO 2, LEY LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Está configurada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Minas y Energía, pues es el Ingeominas el legitimado en este asunto?
Respuesta al problema jurídico: Si
La sociedad actora se encuentra legitimada, por ser la concesionaria del contrato dentro del cual se produjeron los actos administrativos demandados y, además, es la destinataria de los mismos. También lo está Ingeominas al ser la entidad que profirió la decisiones demandadas y, además, cuenta con personería jurídica; pero, la Nación-Ministerio de Minas y Energía carece de legitimación en la causa por pasiva, por las razones que se expone a continuación. El Ingeominas fue creado en el Decreto 3161 de 1968 como un establecimiento público del orden nacional (artículo 20). El Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, norma vigente para cuando se expidieron las resoluciones demandadas, era la máxima autoridad minera, pero en los términos de los artículos 9 y 14 de la Ley 489 de 1998 y 324 de la Ley 685 citada, podía delegar sus funciones en los organismos o entidades administrativos descentralizados, entre otros. Así fue como, mediante resolución n.° 180.074 del 27 de enero de 2004, el referido Ministerio delegó en el Ingeominas las funciones que le correspondían como autoridad minera y concedente (...) En atención a la anterior delegación, se expidió el Decreto 252 de 2004, por medio del cual se reestructuró el Ingeominas, en el que se determinó que su objeto sería, entre otros, participar, por delegación, en actividades relacionadas con la administración de los recursos mineros de la Nación (artículo 4). Por consiguiente, es el Ingeominas el legitimado en este asunto, en consideración a que, en los términos del artículo 211 Superior, el delegatario asume la responsabilidad por los actos delegados, de manera exclusiva. Por consiguiente, se impone confirmar la falta de legitimación de la Nación-Ministerio de Minas y Energía.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 211, DECRETO 3161 DE 1968, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 14, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 9, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 317
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-03-18. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 25000232600020081003002. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020081003002-52171-sentencia).
