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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020080059502-47756-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: por el contrario, existen pruebas que indican que la entidad no pagaría los anteriores ítems"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-03-10"
radicado: "25000232600020080059502"
numero: "47756"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: por el contrario, existen pruebas que indican que la entidad no pagaría los anteriores ítems

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-03-10
- **Radicado:** 25000232600020080059502
- **Número interno:** 47756
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** CICON S.A
- **Demandado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020080059502-47756-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020080059502/701D51901AE29329DCCF272D06F7809826EDC4AB1B1A206C0254762B3480F55A/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200800595021100103

## Problema jurídico

¿Se configuró el incumplimiento de contrato por parte del contratista?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Tiene competencia en segunda instancia el Consejo de Estado por razón de la cuantía del proceso?
- ¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde el día siguiente al vencimiento del plazo para que se efectuara la liquidación unilateral del contrato?
- ¿La anulación de un acto administrativo que no ha sido demandado configura una violación del debido proceso de la demanda?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto Ley 1400 de 1970, art. 177
- Ley 80 de 1993, arts. 13 y 40
- Ley 84 de 1873, art. 1757

## Extracto

Cicon S.A. no cumplió sus obligaciones contractuales de corregir los defectos de las obras, subsanar los pendientes que le había señalado la interventoría, entregar los productos y documentos para la liquidación del contrato dentro del plazo pactado; situación que le fue comunicada por el IDU en varias ocasiones a la mencionada sociedad contratista, entre octubre de 2008 y marzo de 2009, y que incluso dio lugar a trámites administrativos dirigidos a que se declarara ocurrido el siniestro de incumplimiento y que, en consecuencia, se hiciera efectivo el amparo de cumplimiento, así como a la imposición de la multa pactada.

## Síntesis temática

El contratista incurre indudablemente en el incumplimiento formal de sus obligaciones contractuales al no corregir los defectos materiales de las obras, no subsanar debidamente los pendientes comunicados de forma reiterada por la interventoría y no entregar los productos ni documentos exigidos para la liquidación dentro del plazo pactado, dando lugar a que la entidad estatal adelante los trámites administrativos dirigidos a declarar ocurrido el siniestro de incumplimiento, hacer efectivo el amparo de la garantía única y cobrar las multas causadas, debiendo soportar todas las consecuencias adversas de su negligencia probatoria al no desvirtuar los hechos alegados por la administración en el proceso judicial contencioso administrativo debidamente promovido, tramitado y decidido en primera instancia dentro del plazo legal.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL, MULTA AL CONTRATISTA, CONCEPTO DE INTERVENTORÍA, EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA, ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA, EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, PAGO AL CONTRATISTA, DEBERES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, CUANTÍA DE LA DEMANDA, CUANTÍA DEL PROCESO, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, DOBLE INSTANCIA, PROCESO DE DOBLE INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LA DOBLE INSTANCIA, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, ALCANCE DEL ACTO ADMINISTRATIVO, VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RECURSO CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL, ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL, ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, MECANISMOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO FICTO, ACTO ADMINISTRATIVO FICTO NEGATIVO, CONFIGURACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FICTO, IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FICTO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO FICTO, IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, INEFICACIA DE LOS EFECTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO, INEFICACIA DEL CONTRATO, INEFICACIA DE PLENO DERECHO, CONTRATO ESTATAL, CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ESTATAL, CONTROL DE LEGALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, EFICACIA DEL CONTRATO ESTATAL, VALIDEZ DEL CONTRATO ESTATAL, ANULABILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO, NEGOCIO JURÍDICO, EFECTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO, ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL NEGOCIO JURÍDICO, ELEMENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, REGLAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, CARACTERÍSTICAS DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, PLIEGO DE CONDICIONES, CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES, ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES, REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES, REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CLASES DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO, CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, CONFIGURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, HECHO SOBREVINIENTE

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / MULTA AL CONTRATISTA / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / PAGO AL CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Se configuró el incumplimiento de contrato por parte del contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
Cicon S.A. no cumplió sus obligaciones contractuales de corregir los defectos de las obras, subsanar los pendientes que le había señalado la interventoría, entregar los productos y documentos para la liquidación del contrato dentro del plazo pactado; situación que le fue comunicada por el IDU en varias ocasiones a la mencionada sociedad contratista, entre octubre de 2008 y marzo de 2009, y que incluso dio lugar a trámites administrativos dirigidos a que se declarara ocurrido el siniestro de incumplimiento y que, en consecuencia, se hiciera efectivo el amparo de cumplimiento, así como a la imposición de la multa pactada. Las anteriores conclusiones no fueron desvirtuadas en el proceso, pues, en el acervo probatorio no obra prueba alguna del cumplimiento total de las obligaciones a cargo de Cicon S.A. concernientes a la corrección de los defectos de las obras, la culminación de las obras faltantes, ni el recibo a satisfacción de las obras por parte de la interventoría y de las empresas de servicios públicos. Por lo tanto, la apelante no cumplió a cabalidad con la carga probatoria que le exige el artículo 1757 del CC, norma aplicable a los contratos estatales por la remisión que hacen los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 177 del CPC. […] [E]n el proceso no se demostró que el IDU hubiese pagado el precio total del Contrato BM-153 de 2005 a Cicon S.A., sin el descuento de $79.802.023 por concepto de los defectos no corregidos; ni se probó que el monto de $53.970.381 por concepto de la obra no completada hubiese sido reconocido y pagado a la citada contratista por el IDU. Por el contrario, existen pruebas que indican que la entidad no pagaría los anteriores ítems. Ante la falta de prueba de su pago por el IDU, no cabe ordenar a Cicon S.A. la devolución de los anteriores rubros, como le correspondería de acuerdo con la liquidación efectuada en primera instancia. Además, no puede pasarse por alto que en el proceso no existió controversia entre las partes sobre reclamos de pagos pendientes por concepto de precio o sobre devoluciones de sumas de dinero porque se hubieran pagado obras que no se ejecutaron a cabalidad; es decir, que Cicon S.A. en el petitum de la demanda no exigió expresamente el pago de algún saldo pendiente por concepto de precio por las actividades contratadas que hubiera ejecutado, y el IDU no reclamó, en la respectiva oportunidad procesal, la devolución de alguna suma de dinero que fue cancelada a su contratista. Por otra parte, no se acreditó el estado de los trámites administrativos que el IDU había iniciado contra Cicon S.A. por incumplimiento del contrato de obra, a efectos de imponerle el pago de una multa, indemnización o la cancelación de otras obligaciones, no obstante que en algunas pruebas documentales se mencionó su existencia. Por lo tanto, como no se tiene prueba de los resultados de los aludidos trámites y que éstos se encausaron conforme al debido proceso, tales aspectos no serán tenidos en cuenta a efectos de la liquidación judicial del contrato. […] [L]a aseveración de la apelante en el recurso incardinada a que el IDU le hizo una retención en garantía equivalente a la suma de $194.678.745 no fue probada en este proceso. Por lo tanto, no se incluirá dicho rubro en la liquidación judicial del Contrato BM-153 de 2005 con el fin de ordenar su devolución a Cicon S.A. […] [L]a liquidación judicial del contrato de obra realizada por el Tribunal debe ser modificada, pues, además de partir de un precio total equívoco del Contrato BM-153 de 2005, consideró que el precio de las obras faltantes o por corregir era del 3% del precio total del contrato, mencionado en el acta núm. 40 de terminación del contrato de obra de 15 de enero de 2008 suscrita por las partes y la interventoría, siendo así reconocida dicha suma como perjuicios a favor del IDU, por el incumplimiento contractual en que incurrió Cicon S.A., lo cual no es acertado. Por consiguiente, en la liquidación judicial del Contrato BM-153 de 2005 se tendrá
en cuenta que fue acreditado [...]. En consecuencia. el Contrato BM-153 de 2005 ser{a liquidado en ceros ($0).
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, 40, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DE LA DEMANDA / CUANTÍA DEL PROCESO / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / DOBLE INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA DOBLE INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Tiene competencia en segunda instancia el Consejo de Estado por razón de la cuantía del proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Sala es competente para conocer de este recurso, pues la sentencia recurrida se produjo en proceso con vocación de segunda instancia en atención a su cuantía determinada en función del valor de la mayor de las pretensiones, la que supera la exigida por el artículo 132 del CCA como factor para la determinación de la competencia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132
TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde el día siguiente al vencimiento del plazo para que se efectuara la liquidación unilateral del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Presentada, como fue la demanda, el veintiuno (21) de noviembre de dos mil ocho (2008), Cicon S.A. incoó oportunamente la acción, dentro del término bienal que establecía el numeral 10 del artículo 136 del CCA , que se computa desde el día siguiente a aquel en que venció el plazo para que efectuara la liquidación unilateral del contrato, habiéndose cumplido tal termino el quince (15) de noviembre de dos mil diez (2010) […]. [B]ajo una interpretación sistemática e integral del negocio jurídico, cotejado con el contenido del acta núm. 40, la fecha efectiva de terminación del contrato fue el quince (15) de mayo de dos mil ocho 2008. En consecuencia, desde ese día empezó a correr el plazo de cuatro meses, previsto en la versión inicial del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, hasta el día quince (15) de septiembre del dos mil ocho (2008), para que las partes, de común acuerdo, liquidaran el contrato, situación que no acaeció. Por lo tanto, el quince (15) de septiembre de dos mil ocho (2008) el conteo del del término de cos (2) meses, establecido en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, para que el IDU realizara la liquidación unilateral del contrato, mediante acto administrativo motivado, lo que tampoco sucedió. Por lo tanto, desde el quince (15) de noviembre de dos mil ocho (2008), se empezaba contar el término de dos (2) años para que la contratista ejerciera de manera oportuna su derecho de acción, como ocurrió el sub lite, pues Cicon S.A. presentó la demanda ante la Jurisdicción el veintiuno (21) de noviembre de dos mil ocho (2008), antes que operara la caducidad de la acción.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ALCANCE DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RECURSO CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La anulación de un acto administrativo que no ha sido demandado configura una violación del debido proceso de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]on independencia de la forma o denominación que adopte, el acto administrativo es la expresión unilateral de voluntad de la administración, en sentido funcional, que produce efectos jurídicos, en aplicación de la Ley. A diferencia de las decisiones unilaterales que se producen en ejercicio de la autonomía negocial en el derecho privado, con los actos administrativos contractuales se surte una expresión del Derecho —que define el órgano competente, los presupuestos de hecho y el procedimiento— con el subsiguiente poder de vincular, con carácter ejecutorio y ejecutivo, a una persona diferente a su autor. En razón a lo anterior, se presume la validez del acto administrativo, y quien pretenda su expulsión del ordenamiento y la reparación del daño por él causado, protestando su ilegalidad, debe previamente abatir la presunción de legalidad que lo cobija, indicando la norma cuya vulneración alega, así como el concepto de la violación, con razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes -. Con fundamento en esos cargos, es definido el problema jurídico, el ámbito de decisión del juzgador y el ámbito de la defensa del demandado; defensa que no puede ser honrada, si no es formulada la pretensión de nulidad, a través de la acción adecuada, expresando con precisión las disposiciones violadas y el concepto de la violación. La anulación de actos administrativos que no han sido demandados implicaría, consecuentemente, la violación del debido proceso de la demandada.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la naturaleza del acto administrativo, cita: Consejo De Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de julio de 2020, rad. 49166, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 28 de febrero de 2020, rad. 46852, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 29 de abril de 2020, rad. 42827, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, rad. 66001-23-31-000-2005-00519-01, C. P. María Elizabeth García González; y de la Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2000.
AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El contratista tiene el derecho a solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato en los eventos donde la ley establezca que hay una ruptura del mismo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]on el principio de equilibrio económico o de preservación de la ecuación financiera del contrato “se persigue que la correlación existente al tiempo de su celebración entre las prestaciones que están a cargo de cada una de las partes del contrato permanezca durante toda su vigencia, de tal manera que a su terminación cada una de ellas alcance la finalidad esperada con el contrato”. Este principio obedece así al interés público, pues la Administración y su actividad —que se busca garantizar— están al servicio de los intereses generales, de acuerdo con los artículos 2 y 209 de la Constitución. De esta forma, al atender al interés público y buscar la continua prestación del servicio, el principio de equilibrio económico es una clara manifestación de la función administrativa. De tiempo atrás, la Sección Tercera ha explicado que el principio de equilibrio financiero ha estado presenta de forma constante en el ordenamiento patrio. En un principio, el artículo 11 de la Ley 4 de 1964, preveía el pacto imperativo de revisiones periódicas en contratos de obra pública, así como de los estudios y diseños de tales obras. Luego, el Decreto 150 de 1976, así como en el Decreto de 222 de 1983 abrogaron la obli

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

az Del Castillo; providencia de 19 de julio de 2017, rad. 59067, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y sentencia de 13 de abril de 2015, rad. 52556, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5
ELEMENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / REGLAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CARACTERÍSTICAS DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INEFICACIA DE PLENO DERECHO / CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL / CLASES DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / CLÁUSULAS DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La falta de claridad en el pliego de condiciones puede convertir en ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de exclusión o limitación de responsabilidad en el contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]e acuerdo con el artículo 24.5 de la Ley 80 de 1993 […] son ineficaces de pleno derecho las estipulaciones contractuales con las que se introduzca la renuncia a reclamaciones por: (i) la omisión de unos requisitos objetivos para participar en el proceso de selección; (ii) la ausencia de unas reglas objetivas, justas, claras y completas, para la confección de la oferta, la escogencia del contratista y la declaración de desierta de la licitación; (iii) las exigencias de imposible cumplimiento y exenciones de responsabilidad derivadas de los datos, informes y documentos suministrados por el ente contratante; (iv) la inclusión de reglas que induzcan a error a proponentes y contratistas en la formulación de su oferta; y (v) la indefinición del plazo para la liquidación del contrato, de acuerdo con su objeto, naturaleza y cuantía. En el pliego de condiciones, la Administración fija unas reglas de obligatorio cumplimiento para esta, así como para los proponentes y para el contratista, las cuales gobiernan la fase precontractual y la de ejecución del negocio jurídico, al cual se integra el pliego, con la suscripción del contrato adjudicado. En virtud del principio de transparencia, tales reglas deben ser claras, expresas y objetivas, tanto en sus especificaciones técnicas como jurídicas, de la misma forma en que deben serlo los documentos y los datos técnicos y jurídicos que el ente contratante haya suministrado en el proceso de selección, para la preparación de las ofertas por los proponentes. Cuando dichas reglas, documentos y datos no sean claros, precios y objetivos, dando paso a la subjetividad de la Administración en la adjudicación del contrato, los preceptos del pliego de condiciones serán ineficaces de pleno derecho, de la misma forma en que lo serán los pactos de exclusión de responsabilidad impuestos por la Administración en el contrato, para librarse de la responsabilidad que le corresponde en virtud de la carga de claridad que le asiste en la confección del pliego y del clausulado del contrato al que el particular se adhiere. Precisados así los supuestos constitutivos y los efectos de la ineficacia de pleno derecho, resulta claro que, si bien es cierto que el supuesto de ineficacia prescrito en el artículo 24.5 de la Ley 80 de 1993 puede ser controlado oficiosamente por el juzgador, la ineficacia no se genera por la oposición que a su estipulación haya manifestado el contratista, como lo aduce el apelante en sustento del recurso. [...] De igual forma, no es procedente la invocación de una violación a la buena fe contractual ni de la confianza legítima como fundamento de la ineficacia de pleno derecho, ya que estos supuestos no fueron así previstos expresamente en el artículo 24.5 de la Ley 80 de 1993, ni en otra norma.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del pliego de condiciones y el principio de transparencia en la contratación estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de febrero de 2000, rad. 10399, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 30 de noviembre de 2006, rad. 18059, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; y sentencia de 4 de junio de 2008, rad. 17783, C. P. Myriam Guerrero de Escobar.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24.5
CONFIGURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INEFICACIA DE PLENO DERECHO / HECHO SOBREVINIENTE
Problema jurídico:
¿En el pliego de condiciones se configuró la falta de claridad como para declarar ineficaz de pleno derecho las estipulaciones de exclusión o limitación de responsabilidad incorporadas en el contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]os pactos de exclusión o limitación de responsabilidad con los que el contratista dispone de sus derechos económicos son pues eficaces —en sentido amplio— en cuanto no violen el derecho público de la Nación, de acuerdo con el cual es ineficaz de pleno derecho la condonación de la carga de la Administración de definir con claridad, desde el pliego de condiciones, las condiciones y reglas jurídicas y técnicas del proceso de contratación, para la confección de la oferta. […] [D]e acuerdo con lo manifestado expresamente por el IDU y por Cicon, la suscripción de las […] prórrogas y la suspensión del Contrato BM-153 de 2005 no fueron ocasionadas por la vaguedad ni por la falta de claridad de las especificaciones técnicas y jurídicas de los pliegos de condiciones, lo que haría consecuentemente ineficaces de pleno derecho los pactos de limitación de responsabilidad, en los términos del artículo 24.5 de la Ley 80 de 1993. Las situaciones que dieron lugar a la suscripción de los referidos convenios modificatorios se muestran como hechos sobrevinientes que surgieron en redes cuya operación, mantenimiento y modificación le corresponde a EAAB, que no confeccionó el pliego de condiciones, así como a la necesidad de reducir los impactos de los trabajos sobre la comunidad y de concluir las obras en su totalidad; circunstancias estas que no pueden atribuirse, por sí mismas, a la falta de claridad del pliego de condiciones. […] [D]e cualquier forma, al no haber sido demandado el acto administrativo adoptado con el oficio IDU-114199 DTM-400 del 5 de marzo de 2008 y el oficio IDU-005819-STCC6500 (o el acto ficto que se habría configurado con el silencio del IDU), la reclamación del desequilibrio económico y el incumplimiento del Contrato BM-153 de 2005 es inviable [...].
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del pacto de exclusión o limitación de responsabilidad en el negocio jurídico, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 12 de diciembre de 2005, rad. 14174.

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-03-10. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 25000232600020080059502. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020080059502-47756-sentencia).
