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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020070074502-67681-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: los fallos disciplinarios también son pruebas documentales que prueban la decisión y las actuaciones procesales"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-02-19"
radicado: "25000232600020070074502"
numero: "67681"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: los fallos disciplinarios también son pruebas documentales que prueban la decisión y las actuaciones procesales

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-02-19
- **Radicado:** 25000232600020070074502
- **Número interno:** 67681
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION DE REPETICION
- **Actor:** BOGOTA
- **Demandado:** JUAN MANUEL ALVAREZ CASTELLANOS Y OTRO, MARCO ANTONIO PARDO MORENO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020070074502-67681-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020070074502/01730D338E299AFA4511CFC42F287068797BDB8D66AFFD3E0E312DBCE103329F/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200700745021100103

## Problema jurídico

¿No se configuró el dolo o la culpa grave de los señores Juan Manuel Álvarez Castellanos y Marco Antonio Pardo Moreno, por haber sido declarada la nulidad de la Resolución 271 del 10 de octubre de 1990, por medio de la cual se aceptó la renuncia de la señora Martha Lucía Novoa Lelión, porque dicha renuncia fue provocada por el Gerente de la entidad, dado que lo que puede resultar suficiente para declarar la nulidad de un acto administrativo, no lo es para repetir contra el servidor público, porque este no implica per sé la configuración de dolo o culpa grave en cabeza del agente o exagente estatal, como sujeto individualizado?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Con los documentos provenientes de la entidad demandante se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena judicial?
- ¿La sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no demuestra automáticamente el dolo o la culpa grave del funcionario?
- ¿No es posible aplicar las presunciones de culpa grave y dolo de que trata la Ley 678 de 2001?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 1400 de 1970, art. 174
- Ley 1564 de 2012, art. 164
- Ley 84 de 1873, art. 63

## Extracto

Mediante sentencia del catorce (14) de agosto de dos mil seis (2006), la Sala Especial Transitoria “2C” del Consejo de Estado, confirmó parcialmente2 la sentencia del ocho (8) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997) emitida por la Subsección B de la Sección Segunda de la misma Corporación en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 1997-12841, adelantado por la señora Martha Lucía Novoa Lelión, por medio de la cual se declaró la nulidad de la Resolución 271 del 10 de octubre de 1990, que aceptó la renuncia de la antes nombrada y condenó al Distrito Capital de Bogotá a reintegrarla al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior categoría, junto con el pago de todos los sueldos dejados de percibir entre el 11 de octubre de 1990 hasta la fecha en que fuera reintegrada.

## Síntesis temática

La nulidad de un acto administrativo, por sí sola, no basta para acreditar el dolo o la culpa grave del servidor que lo expidió en la acción de repetición, pues esa conducta debe calificarse en el caso concreto con las nociones del artículo 63 del Código Civil y con prueba suficiente. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la conducta de los demandados data de una fecha anterior a la vigencia de la Ley 678 de 2001, de modo que sus presunciones no son aplicables. Segunda, la sentencia que anuló el acto no califica por sí misma la conducta del agente como dolosa, porque el análisis de responsabilidad subjetiva es distinto del análisis de legalidad del acto. Tercera, la parte demandante no cumplió la carga de probar el dolo o la culpa grave con el material del expediente. La providencia confirma la negativa de la repetición. La consecuencia práctica es que la presión que provoca una renuncia y su posterior anulación no equivalen, sin más, a dolo del servidor que aceptó la renuncia.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE, DOLO, AUSENCIA DEL DOLO, PRUEBA DEL DOLO, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, PAGO EFECTIVO, PAGO, PRUEBA DEL PAGO, PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN, PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA, REQUISITOS DEL PAGO, RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO, DEMOSTRACIÓN DEL DOLO, CULPA GRAVE, DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE, SENTENCIA CONDENATORIA, PRESUNCIÓN DE DOLO, PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE, PRUEBA DE LA CULPA GRAVE, LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR, PROCEDENCIA DEL LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR, CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿No se configuró el dolo o la culpa grave de los señores Juan Manuel Álvarez Castellanos y Marco Antonio Pardo Moreno, por haber sido declarada la nulidad de la Resolución 271 del 10 de octubre de 1990, por medio de la cual se aceptó la renuncia de la señora Martha Lucía Novoa Lelión, porque dicha renuncia fue provocada por el Gerente de la entidad, dado que lo que puede resultar suficiente para declarar la nulidad de un acto administrativo, no lo es para repetir contra el servidor público, porque este no implica per sé la configuración de dolo o culpa grave en cabeza del agente o exagente estatal, como sujeto individualizado?
Respuesta al problema jurídico: No
Mediante sentencia del catorce (14) de agosto de dos mil seis (2006), la Sala Especial Transitoria “2C” del Consejo de Estado, confirmó parcialmente2 la sentencia del ocho (8) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997) emitida por la Subsección B de la Sección Segunda de la misma Corporación en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 1997-12841, adelantado por la señora Martha Lucía Novoa Lelión, por medio de la cual se declaró la nulidad de la Resolución 271 del 10 de octubre de 1990, que aceptó la renuncia de la antes nombrada y condenó al Distrito Capital de Bogotá a reintegrarla al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior categoría, junto con el pago de todos los sueldos dejados de percibir entre el 11 de octubre de 1990 hasta la fecha en que fuera reintegrada. El Distrito Capital inició proceso de repetición contra Juan Manuel Álvarez Castellanos, en calidad de Gerente del Centro Distrital de Sistematización y Servicios Técnicos-SISE, y Marco Antonio Pardo Moreno, en calidad de Director de la Oficina Jurídica-Secretario, quienes suscribieron el acto de aceptación de renuncia. (...) Para sustentar el presupuesto subjetivo de procedibilidad de la acción de repetición, el órgano apelante adujo que la sentencia condenatoria que sustenta la pretensión de reembolso acredita “el dolo o la culpa grave” de los demandados, ya que la nulidad del acto administrativo que dio lugar a la condena devino porque ejercieron presión indebida que provocó la renuncia de la señora Martha Lucía Novoa Lelión, comportamiento que, a su juicio, podría encajar en las presunciones de culpa de que trata la Ley 678 de 2001. (...) En este punto, la Sala denota que no es posible aplicar las presunciones de que trata la Ley 678 de 2001, como lo pretende la entidad accionante, toda vez que la conducta desplegada por los demandados data del 10 de octubre de 1990, fecha para la cual todavía no se había proferido la mencionada ley. (...) Así las cosas, en esta acción se debe analizar y calificar la conducta de los servidores públicos bajo las nociones de dolo y culpa grave estipulados en el artículo 63 del Código Civil, conforme con el material probatorio allegado al expediente Para este propósito, la parte demandante aportó copia de la sentencia del 14 de agosto de 2006, proferida por la Sala Especial Transitoria de Decisión “2C” que resolvió el recurso extraordinario de súplica e infirmó parcialmente la sentencia del 8 de mayo de 1997, emitida por la Subsección B de la Sección Segunda del consejo de Estado. En síntesis, la providencia que desató el recurso extraordinario de súplica, se limitó a realizar el análisis de los salarios y prestaciones dejados de percibir, por lo que en la sentencia del 8 de mayo de 1997, están consignados los argumentos por los cuales se declaró la nulidad de la Resolución 271 de 1990. La mencionada decisión sostuvo, con base en los testimonios rendidos en el proceso, que la renuncia presentada por la señora Martha Lucía Novoa Lelión del cargo de Directora III adscrita a la Oficina de Organización y Métodos, no obedeció a su libre voluntad de separarse del cargo, sino que fue el resultado de una presión indebida de la administración en cabeza del gerente del SISE, “que quebró su voluntad y no tuvo más remedio que firmarla” Sin embargo, la aportación de la sentencia, resulta insuficiente para denotar el supuesto de hecho atribuido a los agentes demandados, pues esa declaración de nulidad, en ningún modo, es indicativa de una conducta dolosa o gravemente culposa de los señores Juan Manuel Álvarez Castellanos y Marco Antonio Pardo Moreno al aceptar la renuncia de la señora Novoa Lelión, pues no puede desconocerse por el juez de la repetición que “(…) las sentencias son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales, pero no sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento. En cada proceso el juez debe fundarse en las pruebas allegadas al mismo (art. 174 CPC –hoy 164 del CGP–) y las partes deberán tener la oportunidad para contradecirlas. Los fallos disciplinarios también son pruebas documentales que prueban la decisión y las actuaciones procesales, pero no los hechos que le sirvieron de fundamento”54 (negritas de la Sala). Es que, aún si en gracia de discusión se llegaran a considerar, a manera de hecho indicador del comportamiento del agente estatal, las razones expuestas por esta justicia contencioso-administrativa para acceder a la pretensión de nulidad, lo cierto es que, esas decisiones adoptadas en sede de legalidad omitieron hacer alusión alguna a una conducta específica de los señores Juan Manuel Álvarez Castellanos y Marco Antonio Pardo Moreno al momento de acaecer los hechos que dieron lugar a la nulidad de la Resolución número 271 de 1990. Inclusive, el fallo que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho destacó que la renuncia fue el resultado de una presión indebida por parte de la administración, más no hizo alusión a algún funcionario en particular con nombre propio. Este análisis sigue lineamientos observados por esta misma Subsección en un asunto similar al que ahora se analiza55 Cabe destacar que al proceso de repetición también fue aportada la Resolución 271 de 1990, no obstante, esta Subsección encuentra que, de la lectura de la misma, solo es posible colegir que (i) se aceptó la renuncia presentada por la señora Novoa Lelión y que dicho acto administrativo (ii) fue suscrito por Manuel Álvarez Castellanos en calidad de Gerente del Centro Distrital de Sistematización y Servicios Técnicos-SISE, y Marco Antonio Pardo Moreno, en su condición de Director de la Oficina Jurídica-Secretario. No cabe pues, en este asunto, derivar de forma directa la existencia de culpa grave o dolo de los señores Juan Manuel Álvarez Castellano y Marco Antonio Pardo Moreno, a partir de la sentencia con la que fue condenado el Distrito Capital de Bogotá, máxime porque de ella no se puede deducir los hechos determinantes para establecer la conducta, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos, máxime cuando en ninguno de los testimonios, tenidos en cuenta para declarar la nulidad, fueron mencionados los aquí demandados. Sumado a que, como se consideró en la sentencia condenatoria, el empleo desempeñado en el SISE por la señora Martha Lucía Novoa admitía la presentación libremente de la renuncia. Bajo este escenario, lo que puede resultar suficiente para declarar la nulidad de un acto administrativo, no lo es para repetir contra el servidor público, porque este no implica per sé la configuración de dolo o culpa grave en cabeza del agente o exagente estatal, como sujeto individualizado. Por esa razón, el extremo demandante tiene la carga de demostrar fehacientemente el dolo o la gravedad de la culpa del servidor contra quien pretende repetir. En consecuencia, ante la falencia probatoria por parte de la entidad accionante y dado que, como ya se dijo, no es posible extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado o del agente, contenidas en la providencia condenatoria, huelga concluir que, la respuesta al segundo problema jurídico planteado es negativa, por lo tanto, se debe confirmar el fallo apelado que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en el proceso de la referencia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 174, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 164, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO EFECTIVO / PAGO / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / REQUISITOS DEL PAGO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Con los documentos provenientes de la entidad demandante se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena judicial?
Respuesta al problema jurídico: No
El pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo del deudor, que consiste en la ejecución de la prestación que se debe (artículo 1626 Código Civil). Es así una conducta positiva o de abstención –dar, hacer o no hacer–, según el caso, que tiene la capacidad extintiva del vínculo obligacional (artículo 1625 ejusdem) contraído por voluntad propia, por la causación de un daño o por el apremio de la ley (artículo 1494 del Código Civil). Nuestra codificación civil no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación, pues contempló la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada por el Código de Procedimiento Civil —en su momento— y que se mantiene vigente en el actual Código General del Proceso. Si bien es cierto que el Código Civil hace referencia a la “carta de pago”, así como al recibo o paz y salvo, que es la declaración del acreedor de haber recibido de forma satisfactoria el pago, la cual es una prueba documental que —por provenir del acreedor— tiene la entidad suficiente para acreditar el pago o la solución de la obligación, no es esta la única prueba que prevé el ordenamiento jurídico para tal efecto, pues, se recuerda, no hay tarifa probatoria para acreditar el pago efectivo y, por ende, el deudor puede valerse de cualquier medio legalmente válido. En este orden de ideas, el juez debe valorar de forma conjunta los medios de prueba allegados, bajo los parámetros de la sana crítica. El Consejo de Estado, desde el año 2013, ha revisado la postura sostenida hasta ese momento en relación con el pago efectivo de la condena y ha considerado que, si bien los documentos aportados por las entidades públicas eran elaborados por ellas mismas, lo cierto es que gozan de plena validez y capacidad probatoria, como quiera que, en virtud de quien los expide, se trata de documentos públicos. El legislador también elevó esta interpretación a rango normativo, razón por la que estableció en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, lo siguiente: “[…] el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”. Claro está que lo anterior no implica que dichos documentos —de naturaleza pública— sean prueba definitiva e incontrovertible, por cuanto su contenido acreditaría el hecho que se certifica, siempre que, estando a disposición de la parte contraria, no hayan sido controvertidos, objetados o tachados de falsos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de septiembre de 2013, exp. 25631.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626
ACCIÓN DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / SENTENCIA CONDENATORIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no demuestra automáticamente el dolo o la culpa grave del funcionario?
Respuesta al problema jurídico: No
Al respecto, viene oportuno recordar que la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no demuestra automáticamente el dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de condenatorio no ata al juez de la repetición, al tratarse de un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente que imposibilita extrapolar las conclusiones en torno a la circunstancia que motivaron la condena del organismo, al centrarse en la valoración de pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron los medios probatorios allegados al proceso judicial que sustentó la pretensión de reembolso. En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en reciente sentencia de unificación, en la que, además de reiterar que en el juicio de responsabilidad del funcionario se excluye la extrapolación del juicio de responsabilidad del Estado, puso de presente la existencia de unos presupuestos constitucionales de la responsabilidad del funcionario, que, en lo atinente al elemento subjetivo, implica que su actuación, conforme a la normatividad vigente para la época en que se presentó el daño antijurídico, hubiera estado dirigida a “la realización de un hecho ajeno a las finalidades del Estado” (dolo), o sea calificable como “una infracción directa a la Constitución o a la ley” o como “una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones” (culpa grave).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp.43056; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222 y Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020.
PRESUNCIÓN DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿No es posible aplicar las presunciones de culpa grave y dolo de que trata la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala denota que no es posible aplicar las presunciones de que trata la Ley 678 de 2001, como lo pretende la entidad accionante, toda vez que la conducta desplegada por los demandados data del 10 de octubre de 1990, fecha para la cual todavía no se había proferido la mencionada ley. Al margen de lo anterior, en cuanto a este punto la Corte Constitucional precisó que las presunciones de dolo y culpa previstas en la ley eximen al organismo estatal de probar el supuesto de la inferencia por estar descrito directamente en la ley, pero no lo relevan de acreditar que la actuación del agente, por su arbitrariedad o suma negligencia, fue determinante en la ocurrencia del supuesto de la presunción, tarea en la que resulta determinante: (i) el análisis de las funciones contempladas en la ley y, (ii) el grado de diligencia atribuible al servidor público en razón de los requisitos para acceder al cargo, la jerarquía o la retribución económica recibida. La Subsección no puede admitir la tesis esbozada por la entidad apelante, ya que, como lo precisó la Corte Constitucional, en la sentencia SU-354 de 2020: “A efectos de garantizar el derecho al debido proceso, en el trámite de repetición la valoración en torno a la existencia de dolo o culpa grave debe realizarse de manera integral, y para determinar la responsabilidad del agente, está excluida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado o del agente que puedan estar contenidas en la providencia condenatoria a la administración. Por consiguiente, el juez contencioso debe examinar todos los elementos de juicio allegados al proceso de repetición y realizar un análisis totalmente independiente, en el cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su defensa”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación de las presunciones de dolo y culpa grave de que trata la Ley 678 de 2001, cita Corte Constitucional, sentencia C-354 de 26 de agosto de 2020.
LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR / PROCEDENCIA DEL LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente el levantamiento de las medidas cautelares dado que se dio por terminado el proceso contra el agente estatal?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el artículo 29 de la Ley 678 de 2001, “cuando terminado el proceso el agente estatal sea absuelto de la pretensión de repetición”, procederá “la petición de levantamiento de las medidas cautelares”. A pesar que no obra solicitud de los accionados relativa al levantamiento de medidas cautelares, la Sala considera que es procedente ordenarlas, en la medida en que las pretensiones de la demanda fueron negadas y la finalidad del embargo y secuestro, por ende, cesó. En consecuencia, se ordenará el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro decretadas sobre los siguientes bienes: i) inmueble ubicado en la carrera 2 número 76-47 apartamento 101, interior 1, Edificio Torres de Cádiz, en Bogotá, con matrícula inmobiliaria 50C – 1209400, de propiedad del señor Juan Manuel Álvarez Castellanos; ii) inmueble ubicado en la carrera 2 número 76-47 garaje 1, Edificio Torres de Cádiz, en Bogotá, con matrícula inmobiliaria 50C – 1209359, de propiedad del señor Juan Manuel Álvarez Castellanos; e iii) inmueble ubicado en la calle 156 número 87A-61 lote de terreno denominado El Carrusel, en Bogotá, con matrícula inmobiliaria 50N – 1189849 de propiedad del señor Marco Antonio Pardo Moreno.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 29
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, vigente para la época de presentación de la demanda, sólo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente. Como en este caso no se observa que las partes hubiesen actuado de esa manera, no hay lugar a condena alguna en ese sentido.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-02-19. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 25000232600020070074502. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020070074502-67681-sentencia).
