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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020040078002-71644-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: no puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-11-07"
radicado: "25000232600020040078002"
numero: "71644"
ponente: "JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ"
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# Consejo de Estado: no puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-11-07
- **Radicado:** 25000232600020040078002
- **Número interno:** 71644
- **Ponente:** JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** CONSORCIO CASTRO TCHERASSI Y CIA, COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA, EQUIPO DE DESARROLLO UNIVERSAL Y CIA LTDA
- **Demandado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020040078002-71644-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020040078002/7C47AAE5B56516881B1BF7483F97FA1CC31C245D9B14D65F568FF50F8095B239/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200400780021100103

## Regla de decisión

No puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda.

## Problema jurídico

¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre un cargo de nulidad fundado en hechos o argumentos no planteados en la demanda ni en su reforma?
- ¿Puede la parte demandante solicitar la declaratoria de la cosa juzgada como excepción de fondo en un proceso de lo contencioso administrativo?
- ¿Puede un contrato estatal estar sometido simultáneamente a normas nacionales y extranjeras por acuerdo de las partes?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, art. 137 núm. 4
- Decreto 1400 de 1970, arts. 305 y 357

## Extracto

Según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (CPC), la Sala debe pronunciarse sobre los problemas jurídicos que derivan de los motivos de inconformidad formulados por el Consorcio Constructor y por Confianza. Estos serán enunciados al inicio de los apartados en que se desarrolle su análisis individual. La Sala advierte que uno de los reparos planteados en el recurso de apelación del contratista no será objeto de examen en esta sede, por cuanto implica una variación de la causa petendi. El artículo 357 del CPC, que regula la competencia del juez de segunda instancia, dispone que el superior no puede modificar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso de apelación, salvo cuando resulte indispensable hacer modificaciones sobre aspectos estrechamente vinculados con aquella.

## Síntesis temática

El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda, conforme al principio de congruencia y al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que limita la competencia del juez superior a los problemas jurídicos derivados de los motivos de inconformidad presentados. Además, el artículo 137.4 del Código Contencioso Administrativo establece que el demandante debe señalar las normas presuntamente violadas y su concepto de violación, determinando así los problemas jurídicos a resolver en la sentencia. La Sala reitera que el juez no puede declarar la nulidad de actos administrativos con base en normas no señaladas en la demanda, salvo en casos de vulneración de derechos fundamentales de aplicación inmediata, lo que implica que las partes deben presentar sus cargos de nulidad con precisión y exhaustividad para evitar decisiones judiciales que excedan los límites establecidos por la congruencia.

## Descriptores temáticos

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, RECURSO DE APELACIÓN, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, VIOLACIÓN DE LA NORMA, CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA, JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, SENTENCIA, PROVIDENCIA JUDICIAL, CARGO DE NULIDAD ALEGADO, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEMANDA, DERECHOS FUNDAMENTALES, PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA, SENTENCIA COMPLEMENTARIA, CARGO DE NULIDAD, REFORMA DE LA DEMANDA, CONTRATO ESTATAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTRATO DE SEGURO, EXCEPCIÓN DE FONDO, COSA JUZGADA, MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL, ACTO ADMINISTRATIVO, FALTA DE COMPETENCIA, FALSA MOTIVACIÓN, AMIGABLE COMPOSICIÓN, DECISIÓN DEL AMIGABLE COMPONEDOR, VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, CONDICIONES DEL CONTRATO, LEY APLICABLE AL CONTRATO, MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, GARANTÍAS CONTRACTUALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CLÁUSULA COMPROMISORIA, GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, ARBITRAJE, INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE BENEFICIOS, PODER PÚBLICO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, PACTO ARBITRAL, CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, SINIESTRO, COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LAUDO ARBITRAL, TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, CONCILIADOR, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, GARANTÍAS EN EL CONTRATO ESTATAL, CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE SEGURO, NEGOCIO JURÍDICO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONCILIACIÓN, TRANSACCIÓN, FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO, EJERCICIO DEL MANDATO, ERROR EN LA CALIFICACIÓN JURÍDICA, CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, CONTRATO DE OBRA, CONTRATANTE, DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES, CAUSAS DEL DAÑO, EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, RIESGO ASEGURABLE, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, VÍA GUBERNATIVA, NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA, DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA O DE DEFENSA, FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, FINALIDAD DEL ESTADO, OPORTUNIDAD PROBATORIA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ESTUDIO DE SUELOS, ENTIDAD ASEGURADORA, CONTRATISTA, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL, PRÁCTICA DE PRUEBA, ACTA DE SUBROGACIÓN DEL CONTRATO, INTERÉS DIRECTO, ACTIVIDAD CONTRACTUAL, SUMA ASEGURADA, CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ANULACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR, SEDE JUDICIAL, ACTA DE NOTIFICACIÓN, ACTIVIDAD ASEGURADORA, CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, HECHO PROBADO, INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL CONTRATO, EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRUEBA DEL SINIESTRO, DICTAMEN PERICIAL, ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, OBRA PÚBLICA, CONSORCIO, TESTIMONIO, HECHO, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR, DEUDOR, ACREEDOR, HECHO DAÑOSO, NEXO DE CAUSALIDAD, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, INFERENCIA, INTERVENTORÍA, CONSTRUCTOR, PRUEBA TÉCNICA, PRUEBA CIENTÍFICA, DECLARACIÓN DE TERCERO PROCESAL, ERROR GRAVE, OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL, ACLARACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, COMPLEMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, PERITO, CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL, PRINCIPIO DE SUBSUNCIÓN, DETERMINACIÓN DEL NEXO DE CAUSALIDAD, CONCURRENCIA DE CAUSAS, MEDIOS DE PRUEBA, SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, IMPUTACIÓN JURÍDICA, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, DUEÑO DE LA OBRA, PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, OBLIGACIÓN DE RESULTADO, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PÓLIZA DE SEGURO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, COBERTURA DEL CONTRATO DE SEGURO, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, AMPAROS BÁSICOS DE LA PÓLIZA DE SEGURO, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO, CAUSA EXTRAÑA, FUERZA MAYOR, CAUSALES DE EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, CONTRATO DE TRANSPORTE, CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE, PAGO DEL CHEQUE FALSO, RESPONSABILIDAD POR PAGO DEL CHEQUE FALSO, RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR, CONSTRUCCIÓN, SUELO, DISEÑO DE VÍA PÚBLICA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL, ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA, OBLIGACIÓN LEGAL, SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, PLIEGO DE CONDICIONES, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, PRINCIPIO DEL CONTRATISTA COLABORADOR DE LA ADMINISTRACIÓN, OBLIGACIÓN DE HACER, CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PRUEBA DOCUMENTAL, RIESGO CONTRACTUAL, DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL, CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS, LUCRO CESANTE, DAÑO EMERGENTE, SEGURO DE DAÑOS, CARGA DE LA PRUEBA, VALORACIÓN DEL DAÑO, VALOR ASEGURADO, PATRIMONIO PÚBLICO, AFECTACIÓN A PATRIMONIO PÚBLICO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, OBLIGACIÓN CONDICIONAL, PERJUICIO PATRIMONIAL, DAÑO FUTURO, INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO FUTURO, SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS, TEMERIDAD PROCESAL, CONDENA POR TEMERIDAD PROCESAL, MALA FE, ACTUACIÓN PROCESAL, DISCRECIONALIDAD JUDICIAL

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## Texto del documento

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN DE LA NORMA / CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / SENTENCIA / PROVIDENCIA JUDICIAL / CARGO DE NULIDAD ALEGADO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DEMANDA / DERECHOS FUNDAMENTALES / PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA
Problema jurídico:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda
Respuesta al problema jurídico: No
Según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (CPC), la Sala debe pronunciarse sobre los problemas jurídicos que derivan de los motivos de inconformidad formulados por el Consorcio Constructor y por Confianza. Estos serán enunciados al inicio de los apartados en que se desarrolle su análisis individual. La Sala advierte que uno de los reparos planteados en el recurso de apelación del contratista no será objeto de examen en esta sede, por cuanto implica una variación de la causa petendi. El artículo 357 del CPC, que regula la competencia del juez de segunda instancia, dispone que el superior no puede modificar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso de apelación, salvo cuando resulte indispensable hacer modificaciones sobre aspectos estrechamente vinculados con aquella. Esta disposición se complementa con el artículo 305 del mismo código, que ordena que la sentencia guarde consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda. En este precepto se establece, además, que no es posible condenar al demandado por cantidad mayor, por objeto distinto al pretendido o por causa diferente a la invocada en la demanda. El principio de congruencia debe aplicarse en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, considerando las materias específicamente reguladas en el Código Contencioso Administrativo (CCA). De acuerdo con el artículo 137.4 de este código, cuando se demanda la nulidad de actos administrativos, el demandante tiene la carga de señalar las normas presuntamente violadas y el concepto de su violación. Como lo ha precisado la Subsección, la formulación de los cargos de nulidad —estructurados a partir del señalamiento de las normas infringidas y de su concepto de violación— determina los problemas jurídicos que se deben resolver en la sentencia y, con ello, la congruencia entre esta y la causa petendi de la demanda. La oportunidad para la presentación de dichos cargos precluye una vez vencido el término para su reforma. En conclusión, la decisión judicial está limitada por los cargos de nulidad oportunamente formulados por el demandante contra los actos administrativos impugnados. El juez no puede declarar su nulidad con fundamento en la infracción de normas no señaladas en la demanda junto con su concepto de violación. Sin embargo, según la sentencia que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 137.4 del CCA, si se advierte la vulneración de un derecho fundamental de aplicación inmediata, procede su protección aun cuando el actor no hubiere cumplido con dicha carga procesal. Conforme a esta providencia, lo previsto en dicha disposición tampoco constituye impedimento para que, en caso de incompatibilidad entre la Constitución Política y una norma jurídica de inferior jerarquía, se aplique la disposición constitucional correspondiente.
NOTA DE RELATORÍA:
[Respecto de la congruencia entre la formulación de los cargos de nulidad y la causa petendi de la demanda, ver: 3 C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 48.720, mar.4/2022 (párrs. 13 a 17). M.P. José Roberto Sáchica Méndez.] [Sobre la oportunidad para la presentación de los cargos de nulidad, ver: C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 44.707 (apdo. 3.2.1), sep.24/2020. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.] [Sobre la protección de oficio de derechos fundamentales así no hayan sido invocados en los cargos de nulidad, ver: Const., Sent. C-197, abr.7/1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell.]
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 137 NUMERAL 4, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 305, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / SENTENCIA COMPLEMENTARIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARGO DE NULIDAD / DEMANDA / REFORMA DE LA DEMANDA / CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE SEGURO
Problema jurídico:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre un cargo de nulidad fundado en hechos o argumentos no planteados en la demanda ni en su reforma?
Respuesta al problema jurídico: No
El Consorcio Constructor pidió revocar la sentencia complementaria del 7 de febrero de 2024 y acceder a sus pretensiones con base en un planteamiento que no fue expuesto en la demanda inicial ni en su reforma. Según lo indicado en el recurso de apelación, si la causa de los deterioros de la obra no es un evento ocurrido con posterioridad a su recibo, sino un incumplimiento presentado durante la ejecución del contrato y conocido por la entidad estatal, no procede afectar el amparo de estabilidad, pues ese riesgo está cubierto por un amparo distinto: el de cumplimiento. (…) El anterior argumento no fue formulado como parte de los cargos de nulidad planteados en la demanda del Consorcio Constructor ni en su reforma. (…) En el acápite de fundamentos de derecho de la demanda y de su reforma no se incluyó una sola mención al amparo de cumplimiento ni a su delimitación frente al amparo de estabilidad de la obra ni a la pertinencia de haber afectado aquel en lugar de este. (…) En conclusión, en virtud del principio de congruencia de la sentencia, la Sala no estudiará este cargo de nulidad contra las resoluciones demandadas.
EXCEPCIÓN DE FONDO / COSA JUZGADA / MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARGO DE NULIDAD / ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE COMPETENCIA / FALSA MOTIVACIÓN / SENTENCIA / AMIGABLE COMPOSICIÓN / DECISIÓN DEL AMIGABLE COMPONEDOR / RECURSO DE APELACIÓN / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Puede la parte demandante solicitar la declaratoria de la cosa juzgada como excepción de fondo en un proceso de lo contencioso administrativo?
Respuesta al problema jurídico: No
Según el artículo 164 del CCA, “en la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada”. Esta disposición precisa que “son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión”. La excepción de fondo constituye, pues, un medio de defensa del demandado que “va más allá de la simple negación de la relación fáctica realizada por el demandante, ya que consisten en hechos nuevos, tendientes a enervar las pretensiones”. En este caso, resulta improcedente declarar probada la excepción de cosa juzgada, por cuanto se trata de un medio de defensa propio del demandado, posición procesal que no ocupan el Consorcio Constructor ni Confianza, quienes integran la parte demandante. Este argumento debía presentarse como un cargo de nulidad contra las Resoluciones 14321 de 2003 y 4038 de 2004. Lo anterior no obsta para que la Sala examine los efectos jurídicos del pacto de amigable composición frente a la validez de los actos administrativos impugnados. No obstante, dicho análisis procede únicamente dentro del marco de los cargos de incompetencia y falsa motivación, por dos razones. Por una parte, porque en la fundamentación del cargo de incompetencia —que fue reiterado en el recurso de apelación— el Consorcio Constructor hizo referencia expresa al pacto de amigable composición. Por otra parte, porque la adopción de la decisión del amigable componedor, como se explicará más adelante, constituye un hecho que, aunque ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda, fue acreditado con las pruebas solicitadas oportunamente por las partes, invocado por ellas en sus alegaciones y respecto del cual el IDU tuvo oportunidad de pronunciarse.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la definición de la excepción de fondo, ver: 8 C.E., Sec. Tercera, Subsecc. B, Sent. 27.507, feb.20/2014 (párr. 9). M.P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164
CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CONDICIONES DEL CONTRATO / LEY APLICABLE AL CONTRATO / MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS CONTRACTUALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Puede un contrato estatal estar sometido simultáneamente a normas nacionales y extranjeras por acuerdo de las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [L]a Sala precisa que el contrato estatal (Ley 80 de 1993, arts. 2 y 32) celebrado entre el IDU ―establecimiento público del nivel distrital― y el Consorcio Constructor estaba sometido a un régimen mixto. Por una parte, a las disposiciones comerciales y civiles colombianas, salvo en las materias reguladas de manera específica por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, art. 13); y, por otra, a las normas del Banco Mundial. (…) En cuanto a su ejecución, la cláusula 51.1 de las Condiciones Generales del Contrato (en adelante, CGC) estableció que “en ausencia de una disposición especial de las CEC que establezca otra cosa, la ley aplicable para la interpretación o ejecución del presente Contrato será la ley del país contratante”. Por su parte, la cláusula 51 de las Condiciones Especiales del Contrato (en adelante, CEC) no estableció una regla distinta sobre la ley aplicable, sino que precisó que el contrato también se “rige por las normas del Banco Mundial”. (…) En consecuencia, además de integrarse por las estipulaciones adoptadas por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad —las cuales recogen el contenido del formulario estándar del contrato del Banco Mundial—, el contrato se sujetaba a la ley colombiana. Esto comprende las reglas relacionadas con los mecanismos de solución de conflictos, las potestades públicas de la entidad contratante para hacer efectivas las garantías constituidas por el contratista y las condiciones de validez de los actos administrativos expedidos con ocasión del contrato.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
CLÁUSULA COMPROMISORIA / ACTO ADMINISTRATIVO / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL / ARBITRAJE / INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE BENEFICIOS / PODER PÚBLICO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Implica la inclusión de una cláusula compromisoria en un contrato estatal la renuncia de la entidad pública a sus potestades legales para expedir actos administrativos en el marco del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) La inclusión de una cláusula compromisoria en el contrato de obra garantizado no implicaba que el IDU perdiera la potestad de declarar la ocurrencia del riesgo cubierto por el amparo de estabilidad la obra mediante la expedición de un acto administrativo. La entidad estatal tampoco renunció a dicha potestad. El artículo 70 de la Ley 80 de 1993, vigente al momento en que se perfeccionó el contrato y se expidieron los actos administrativos demandados, autorizaba a las entidades para pactar la resolución de sus controversias mediante arbitraje: (…). La inclusión de la cláusula compromisoria no implicaba que las entidades contratantes perdieran las potestades atribuidas legalmente, por ejemplo, la de expedir actos administrativos para interpretar, modificar o terminar unilateralmente el contrato, con el propósito de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y de garantizar su prestación inmediata, continua y adecuada (Ley 80 de 1993, art. 14). Esta consecuencia jurídica no se previó en la Ley 80 de 1993 (arts. 70 y ss.) ni en el Decreto 1818 de 1998 (arts. 115 y ss.), que compiló las disposiciones vigentes a la sazón sobre conciliación, arbitraje, amigable composición y conciliación en equidad. Adicionalmente, en virtud del acuerdo para someter a arbitraje las controversias que surgieran con ocasión del contrato, las entidades públicas no pueden desprenderse voluntariamente de las potestades que la Ley les atribuye en el marco de su actividad contractual, pues estas son irrenunciables. (…) Adicionalmente, en virtud del acuerdo para someter a arbitraje las controversias que surgieran con ocasión del contrato, las entidades públicas no pueden desprenderse voluntariamente de las potestades que la Ley les atribuye en el marco de su actividad contractual, pues estas son irrenunciables. En un Estado de Derecho, tales potestades tiene

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

iva esta clase de garantías mediante acto administrativo no excluye el deber de observar lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de Comercio, que establece: “corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida”. De acuerdo con el artículo 1056 del mismo estatuto, ello implica atender las circunstancias de modo, tiempo y lugar que delimitan el riesgo asegurado y las exclusiones derivadas de esas condiciones. Además, debe respetarse lo previsto en el artículo 1088, conforme al cual los seguros de daños son contratos de mera indemnización y esta “podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”. El lucro cesante es un concepto definido legalmente (C.C., art. 28): denota la ganancia o provecho que deja de obtener el acreedor como consecuencia del incumplimiento, cumplimiento imperfecto o retardo en el cumplimiento de la obligación del deudor (C.C., art. 1614). En las condiciones del seguro de cumplimiento que dio origen a la póliza n.º 1094027 no se pactó expresamente que Confianza indemnizaría al IDU el lucro cesante derivado de los deterioros de la obra imputables al contratista. Sin embargo, el hecho de que en la determinación del perjuicio se incluyera el componente de utilidad —como parte del AIU— no implicó que el IDU incluyera la indemnización de una ganancia dejada de percibir por las fallas en las losas de pavimento.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la acreditación de las circunstancias del siniestro y las exclusiones derivadas de estas, ver: C.S.J., Sala de Cas. Civil, Sent. SC-2840, sep. 1/2022, Rad. 11001-31-03-001-2015-01057-01.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1056, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1088
CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / SEGURO DE DAÑOS / VALOR ASEGURADO / PATRIMONIO PÚBLICO / AFECTACIÓN A PATRIMONIO PÚBLICO / SINIESTRO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / SUMA ASEGURADA / OBLIGACIÓN CONDICIONAL
Problema jurídico:
¿Debe el asegurador, en el marco de un seguro de cumplimiento con amparo de estabilidad, indemnizar por el valor de reposición o reemplazo a nuevo del bien asegurado?
Respuesta al problema jurídico: No
, la Sala precisa que el artículo 1090 del Código de Comercio —norma presuntamente violada— dispone que el principio indemnizatorio de los seguros de daños (art. 1089) “no obsta para que las partes, al contratar el seguro, acuerden el pago de la indemnización por el valor de reposición o de reemplazo del bien asegurado, pero sujeto, si a ello hubiere lugar, al límite de la suma asegurada”. Esta disposición legal reconoció en el derecho positivo la figura del seguro por valor de reposición o de reemplazo, también denominado seguro por valor a nuevo. Bajo esta modalidad, la prestación a cargo del asegurador, en caso de configurarse el siniestro, se determina en función del valor asegurado a nuevo y no del valor real del bien al cual se vincula el interés asegurable. De este modo, el asegurador asume la diferencia entre el valor nuevo y el valor real de los bienes asegurados —afectado por el demérito o la depreciación por uso—, es decir, como si aquellos fueran nuevos en el momento de la ocurrencia del riesgo trasladado. (…) El seguro de cumplimiento contratado con Confianza también participa de la naturaleza del seguro de daños. Sin embargo, no es de carácter real, sino patrimonial. Su finalidad es cubrir riesgos que no recaen sobre cosas determinadas, sino sobre el patrimonio —concebido como una universalidad jurídica— de la entidad pública asegurada, el cual puede verse menoscabado por el incumplimiento de las obligaciones de su contratista. Ahora bien, en el marco de un seguro de cumplimiento que incluye el amparo de estabilidad de la obra, el asegurador no asume la obligación condicional de pagar el valor de reposición o reemplazo a nuevo de un bien asegurado. Su débito es diferente: consiste en indemnizar los perjuicios derivados del eventual incumplimiento de las obligaciones del contratista, entre ellas la garantía de estabilidad de la obra. En consecuencia, si se configura el siniestro, esto es, si el contratista incumple la obligación de garantizar la estabilidad, el asegurador debe indemnizar, sin perjuicio del límite de la suma asegurada (C. Co., art. 1079), la pérdida causada por dicho incumplimiento.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1079, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1089, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1090
GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PERJUICIO PATRIMONIAL / DAÑO FUTURO / INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO FUTURO / SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
Problema jurídico:
¿Vulnera el artículo 1090 del Código de Comercio la actuación del IDU al cuantificar los perjuicios derivados del incumplimiento del contratista sin aplicar un valor de reposición a nuevo?
Respuesta al problema jurídico: No
En este caso, el IDU no hizo efectiva la garantía como si cubriera el valor a nuevo de un bien asegurado. No, para hacer efectivo el amparo de estabilidad del seguro de cumplimiento constituido a su favor, la entidad estatal cuantificó los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación del Consorcio Constructor de garantizar la estabilidad de la obra. En otras palabras, determinó el demérito patrimonial —de carácter futuro— causado por los deterioros que presentaron las losas de pavimento rígido, que impidieron el uso de la obra para el fin previsto y afectaron negativamente la prestación del servicio público de transporte de pasajeros. Por lo tanto, no se desconoció el art. 1090 del Código de Comercio. (…) Confianza no controvirtió que el costo en que debía incurrir la entidad para efectuar las reparaciones de las losas que presentaron fallos constituyera el perjuicio cierto, personal y directo vinculado al incumplimiento del contratista. Al margen de la inclusión del AIU en el cálculo, ya analizada, tampoco presentó argumentos contra la cuantificación realizada por la entidad. Por las razones expuestas, la Sala no considera atendible el cargo de nulidad formulado por Confianza por violación de los arts. 1077, 1088 y 1090 del Código de Comercio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1088, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1090
COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / TEMERIDAD PROCESAL / CONDENA POR TEMERIDAD PROCESAL / MALA FE / ACTUACIÓN PROCESAL / DISCRECIONALIDAD JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Debe la Sala imponer condena en costas cuando no se evidencia temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes?
Respuesta al problema jurídico: No
En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-11-07. C.P. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ. Rad. 25000232600020040078002. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020040078002-71644-sentencia).
