---
clave: "consejo_estado:providencia:23001233300020150008901-66556-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: corresponde al Consejo de Estado conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-03-07"
radicado: "23001233300020150008901"
numero: "66556"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:23001233300020150008901-66556-sentencia"
---

# Consejo de Estado: corresponde al Consejo de Estado conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-03-07
- **Radicado:** 23001233300020150008901
- **Número interno:** 66556
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** GUSTAVO TAFUR MARQUEZ
- **Demandado:** MUNICIPIO DE DE AYAPEL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:23001233300020150008901-66556-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/23001233300020150008901/FAB380F3EF763CDC4F53159A210DD48C3C967E8F956E932ECA4D6B8C6D9FBF20/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=230012333000201500089011100103

## Regla de decisión

Corresponde al Consejo de Estado, en virtud de su competencia funcional, conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, cuando los litigios tienen origen en actuaciones de entidades públicas del orden territorial.

## Problema jurídico

¿Corresponde al Consejo de Estado, en virtud de su competencia funcional, conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, cuando los litigios tienen origen en actuaciones de entidades públicas del orden territorial?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Debe entenderse que existe renuncia al pacto arbitral incorporado en un contrato cuando una de las partes presenta demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la parte demandada omite…
- ¿La acción judicial instaurada contra un contrato estatal sometido a liquidación fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011?
- ¿Debe el juez a declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando advierte de manera manifiesta que su objeto es ilícito por contrariar normas imperativas del ordenamiento jurídico?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 157

## Extracto

El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA.-, en concordancia con el artículo 104 ibídem, que establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, naturaleza que ostenta el municipio de Ayapel (Córdoba).… También le asiste competencia a esta Corporación para conocer del presente asunto en segunda instancia en atención a su cuantía, en los términos del artículo 152, en concordancia con el artículo 157 del del CPACA.

## Síntesis temática

El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, en virtud de su competencia funcional y conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de litigios originados en la actividad de las entidades públicas, incluyendo a los municipios. Además, el Consejo de Estado considera que existe renuncia al pacto arbitral cuando una de las partes presenta demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la otra omite proponer la excepción de cláusula compromisoria, en virtud del artículo 21 del Código de Arbitraje. Asimismo, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se suspende durante la conciliación previa, y la acción judicial contra un contrato estatal sometido a liquidación es válida si se presenta dentro del plazo de dos años desde la fecha límite para la liquidación unilateral, conforme al artículo 164 del CPACA. Finalmente, el juez debe declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato estatal cuando su objeto es ilícito y contraviene normas imperativas del ordenamiento jurídico, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.

## Descriptores temáticos

CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA FUNCIONAL, RECURSO DE APELACIÓN, SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ENTIDAD PÚBLICA, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, MUNICIPIO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PACTO ARBITRAL, CLÁUSULA COMPROMISORIA, RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, CONTRATO ESTATAL, EXCEPCIÓN DE CLÁUSULA COMPROMISORIA, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, OBLIGACIÓN DE TRACTO SUCESIVO, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, NULIDAD ABSOLUTA, OBJETO ILÍCITO, ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTROL DE LEGALIDAD, ACTO DE APODERAMIENTO, REPRESENTACIÓN JUDICIAL, CONTRATO DE MANDATO, CONTRATO DE TRABAJO, ACTO JURÍDICO UNILATERAL, REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, RELACIÓN CONTRACTUAL, REVOCACIÓN DEL PODER DEL MANDANTE, ACTIO IN REM VERSO, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO, CONTADOR PÚBLICO, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, OBJETO DEL CONTRATO, FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL, PASIVO PENSIONAL, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA TERRITORIAL, REPRESENTANTE LEGAL, ENTIDAD TERRITORIAL, NORMA IMPERATIVA, REGALÍAS DIRECTAS, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, CONCEJO MUNICIPAL, CAUSA ILÍCITA, INTERÉS PÚBLICO, REPETICIÓN, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONTRATISTA, NULIDAD DEL CONTRATO, TÉRMINO DEL CONTRATO, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, ALCALDE MUNICIPAL, FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, CONDENA EN COSTAS, DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

## Guías prácticas relacionadas

- [Liquidación del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/liquidacion.md): Qué hacer para cerrar un contrato y cuándo la liquidación queda firme.
- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.
- [Nulidad del contrato estatal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato.md): Cuándo el contrato es nulo, quién puede pedirlo y qué pasa con lo ya ejecutado.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — El incumplimiento de presupuestos procesales no es un aspecto que pueda sanearse, por lo que el juez lo puede constatar permanentemente y, de encontrarse acreditado, llevará a un fallo inhibitorio.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150161701-63994-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020190078801-67537-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia del recurso de apelación contra la sentencia emitida](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:63001233300020170002201-62062-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Se configura la causal de nulidad absoluta del contrato prevista en el artículo 1741 del Código Civil, aplicable conforme al inciso primero del artículo 44 del la Ley 80 de 1993.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:85001233300020140023201-55596-sentencia.md)

## Texto del documento

CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA FUNCIONAL / RECURSO DE APELACIÓN / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MUNICIPIO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Corresponde al Consejo de Estado, en virtud de su competencia funcional, conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, cuando los litigios tienen origen en actuaciones de entidades públicas del orden territorial?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA.-, en concordancia con el artículo 104 ibídem, que establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, naturaleza que ostenta el municipio de Ayapel (Córdoba). (…) También le asiste competencia a esta Corporación para conocer del presente asunto en segunda instancia en atención a su cuantía, en los términos del artículo 152, en concordancia con el artículo 157 del del CPACA.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157
PACTO ARBITRAL / CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / EXCEPCIÓN DE CLÁUSULA COMPROMISORIA
Problema jurídico:
¿Debe entenderse que existe renuncia al pacto arbitral incorporado en un contrato cuando una de las partes presenta demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la parte demandada omite proponer la excepción de cláusula compromisoria?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i bien en la cláusula décima del contrato objeto de la controversia se previó un pacto arbitral, se entiende renunciado por las partes, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, porque el señor GUSTAVO ADOLFO TAFUR MARQUÉZ presentó demanda ante esta jurisdicción y el MUNICIPIO DE AYAPEL no formuló la excepción de cláusula compromisoria.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 21
CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN DE TRACTO SUCESIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿La acción judicial instaurada contra un contrato estatal sometido a liquidación fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 164, numeral 2, literal j, del CPACA, establece que el medio de control de controversias contractuales caducará, tratándose de contratos sometidos a liquidación, en el término de dos años, contados a partir del vencimiento del plazo establecido contractual o legalmente para liquidar el contrato, (…). De conformidad con los hechos de la demanda y pruebas allegadas se verifica que el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre las partes de la litis requiere de liquidación porque expresamente lo estipularon las partes, (…). las partes establecieron un plazo de 4 meses para realizar la liquidación bilateral. Además, al tratarse de un contrato de tracto sucesivo y pactarse la liquidación, la misma se rige por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, conforme a los cuales el contrato debía ser liquidado de común acuerdo entre las partes dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación y, si ello no era posible, de manera unilateral por la entidad, lo cual debía llevarse a cabo dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral. (…) el contrato se suscribió el 12 de julio de 2012 y sobre su duración dispuso “El plazo de ejecución del presente contrato será a partir de la firma y dos (2) meses más”, esto significa que se extendió hasta el 12 de septiembre de 2012. Por tanto, el término para la liquidación bilateral previsto por las partes empezó a contar desde el día siguiente hasta el 13 de enero de 2013, por lo cual el término para la liquidación unilateral se extendió hasta el 14 de marzo de 2013 y a partir del 15 de marzo de 2013 empezó a correr el término de caducidad, el cual finalizaba el día 15 de marzo de 2015. (…) El día 21 de enero de 2015, (…) la parte demandante solicitó audiencia de conciliación ante la Procuraduría 33 Judicial II para Asuntos Administrativos, fecha en la que operó la suspensión del término de caducidad, el cual se reanudó el día 
10 de marzo de 2015, por expedirse constancia de audiencia fallida (…). [E]l término para demandar se extendió desde el 11 de marzo de 2015 hasta el 4 de mayo del mismo año, fecha en la cual finalizaron los dos años para demandar. En atención a que la demanda se interpuso el día 18 de marzo de 2015, se concluye que la demanda se presentó dentro de la oportunidad legal, (…).
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
NULIDAD ABSOLUTA / CONTRATO ESTATAL / OBJETO ILÍCITO / ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTROL DE LEGALIDAD
Problema jurídico:
¿Debe el juez a declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando advierte de manera manifiesta que su objeto es ilícito por contrariar normas imperativas del ordenamiento jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 80 de 1993 establece la regulación de la nulidad absoluta del contrato estatal en los artículos 44 y siguientes, precisando como causales “los casos previstos en el derecho común” y causales adicionales, dentro de las cuales se encuentran los contratos cuando “Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal;”- núm. 2-. Además, el artículo 45 expresamente señaló que dicha nulidad “no es susceptible de saneamiento por ratificación”. Es el derecho común el que precisa el alcance de la causal de objeto ilícito.[E]l objeto contractual corresponde a un elemento de la esencia del contrato estatal que debe interpretarse conforme a lo prescrito en los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993. [L]as normas imperativas son las que se imponen sin posibilidad de pacto o decisión en contra, pues sus efectos deben producirse con independencia del querer de las personas. Estas pueden prohibir, mandar u ordenar; por tanto, se transgrede el ordenamiento jurídico cuando se viola la prohibición, no se observa o desatiende el mandato o disposición normativa conduciendo a la configuración de un objeto ilícito y, por tanto, a un supuesto de nulidad absoluta. El legislador, en el artículo 1742 del Código Civil, estableció la obligación del juez de declarar aún de oficio la nulidad absoluta del contrato cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato , disposición que se reafirma en los contratos estatales en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, (…) Esta facultad oficiosa del juez se establece como una obligación que responde a la necesidad de dotar al juez de la indispensable competencia para controlar la validez del negocio jurídico que le es presentado en el proceso como origen de las pretensiones contenidas en la demanda,(…). [D]e modo que, si el juez advierte la presencia de vicios que lo invalidan, mal puede resolver sobre la procedencia de las pretensiones sin pronunciarse sobre la nulidad absoluta que surge en relación con el acto o contrato que le sirve de fundamento.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 899, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742
CONTRATO ESTATAL / ACTO DE APODERAMIENTO / REPRESENTACIÓN JUDICIAL / CONTRATO DE MANDATO / CONTRATO DE TRABAJO / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / RELACIÓN CONTRACTUAL / REVOCACIÓN DEL PODER DEL MANDANTE / ACTIO IN REM VERSO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Problema jurídico:
¿Puede calificarse el poder otorgado para la representación judicial como un contrato estatal generador de derechos y obligaciones contractuales entre el poderdante y el apoderado?
Respuesta al problema jurídico: No
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en el artículo 39 prescribe como imperativo del contrato estatal que este conste por escrito, y a continuación el artículo 41 estipula que (…) El acto de apoderamiento por su naturaleza unilateral no puede considerarse un contrato estatal, ya que no existe pacto sobre la contraprestación. Por tanto, las relaciones entre poderdante y apoderado se rigen por el contrato que suscriban para regir la gestión encomendada -contrato laboral, contrato de mandato, de prestación de servicios- o, por el vínculo legal o reglamentario que exista entre las partes. (…) La jurisprudencia es clara al diferenciar el poder de los vínculos negociales o contratos que pueden regir las relaciones derivadas del acto de apoderamiento, indicando que los poderes no son considerados contratos estatales, pero pueden concurrir con contratos estatales orientados a regir las relaciones de poderdante y apoderado. (…) [L]a Corte Constitucionalidad en la Sentencia C-1178 de 2001 abordó la constitucionalidad del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, que prescribía la terminación del poder, y declaró su exequibilidad. En este fallo se reafirma que los poderes para representación judicial no son en sí mismos contratos sino actos jurídicos unilaterales; además, precisó que las relaciones entre el poderdante y apoderado se rigen por el contrato de gestión que puede ser de mandato u otro tipo contractual o convencional, (…) La Corte Constitucional al diferenciar el acto de apoderamiento y el contrato de mandato, resalta el carácter unilateral del primero y la bilateralidad del segundo, destacando la independencia del acto de apoderamiento. En esta providencia, también precisó que si bien el poder podía terminar por renuncia o revocación eran dos situaciones diferentes para resaltar que la revocatoria no requería justificación, aún cuando las relaciones entre las partes y sus derechos se regían por el contrato de gestión. [E]s uniforme la posición de la Corporación al negar las pretensiones de demandas orientadas a declarar la existencia de un contrato estatal por la suscripción de un poder, reafirmando que conforme a los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 no se cumplen los requisitos de perfeccionamiento del contrato estatal. Esta Corporación ha precisado que el poder puede concurrir con un vínculo contractual encargado de regular las relaciones internas de las partes, (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de los poderes para representación judicial como actos jurídicos unilaterales, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-1178 de 2001, expediente D-3521, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis. 
Respecto a los contratos estatales orientados a regir las relaciones de poderdante y apoderado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 21.130; Sección Tercera, Sentencia del 1 de agosto de 2016, exp.34.562; sentencia del 24 de abril de 2017, exp. 36.943; Sección Tercera, Sentencia del 22 de mayo de 2024, exp. 42.677. 
Sobre la negación de las pretensiones de la demanda frente al incumplimiento en los contratos derivados de la representación judicial, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 21.130; Sección Tercera, sentencia del 24 de abril de 2017, exp. 36.943.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 69, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 39, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO / CONTADOR PÚBLICO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / ACTO DE APODERAMIENTO
Problema jurídico:
¿Resulta jurídicamente viable atribuirle una naturaleza distinta al contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, cuando del análisis integral de su contenido y de la intención manifestada por los contratantes se deriva su tipología contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l efecto jurídico del poder correspondiente a las relaciones entre

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

rato declarado nulo por objeto o causa ilícita, cuando se acredite que dichas prestaciones beneficiaron a la entidad estatal mediante la satisfacción de un interés público?
Respuesta al problema jurídico: Si
La declaratoria de nulidad absoluta del contrato implica su desaparición del mundo jurídico, esto es, como si nunca hubieran existido y, por lo tanto, los efectos que ellos produjeron entre las partes deben retrotraerse al estado en que se hallaban antes del momento de su surgimiento o expedición. (…) El artículo 1746 del Código Civil establece el derecho que les asiste a las partes afectadas con la decisión de nulidad de un acto o contrato, de restituirse entre sí aquello recibido como prestación del contrato anulado o en su defecto, de repetir en otra, salvo que se trate de la prestación o ejecución de un contrato con objeto o causa ilícita a sabiendas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1525 del mismo cuerpo normativo. El artículo 48 de la Ley 80 de 1993, dispone el “reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido”, beneficio que se entenderá probado en la medida en que “las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público”. Así las cosas, la declaración de nulidad no impide el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas, haciendo especial énfasis que en los casos de nulidad por objeto o causa ilícita sólo será procedente cuando se pruebe un beneficio para la entidad contratante. De modo que, si el interés público no se ha satisfecho en alguna medida, no habrá lugar a algún reconocimiento o pago . Por lo tanto, sólo procede el reconocimiento a favor del contratista del negocio jurídico absolutamente nulo, cuando cobijen prestaciones que hayan representado beneficio para la Administración, consistiendo éste, únicamente, en la satisfacción de un interés público.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la procedencia del reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de abril de 2024. Radicación No. 88001233300020190002001 (66.102), C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1525, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / INTERÉS PÚBLICO / TÉRMINO DEL CONTRATO / MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / REVOCACIÓN DEL PODER DEL MANDANTE / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / ALCALDE MUNICIPAL / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Es jurídicamente viable el reconocimiento de alguna prestación a favor del contratista cuando, en el marco de un contrato de prestación de servicios, no se acredita ni la ejecución de las actividades convenidas ni la satisfacción del interés público durante el plazo contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
En esta controversia el contrato de prestación de servicios que conforme a la Ley 80 de 1993 es un vínculo temporal que se celebra por el tiempo estrictamente necesario, en el cual las partes expresamente estipularon una duración de dos meses. Ahora bien, dentro del objeto contractual se estableció la “verificación del cubrimiento del pasivo pensional y recuperación de excedentes…”, frente a la primera parte del enunciado esta Corporación destaca que no se indica en los hechos de la demanda ni se acredita en el proceso gestiones orientadas a verificar el cubrimiento pensional, e incluso conforme al acervo probatorio se acredita que está gestión no se realizó por el contratista sino directamente por el ente territorial en forma previa o concomitante al inicio del contrato, (…). [N]o se acredita prestación de servicios por el componente de “verificación del cubrimiento del pasivo pensional”. En relación con el segundo enunciado que se desprende del objeto contractual “recuperación de excedentes” (…) en el plenario acreditado que el día 7 de septiembre de 2012 se presentó petición ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitando devolución de excedentes del pasivo pensional36, sin que dentro del plazo contractual se estableciera ninguna respuesta contentiva de la devolución de recursos para la entidad. Se acredita que el contratista reiteró la petición al Ministerio de Hacienda y Crédito Público tras finalizar el contrato suscrito con el municipio, el día 15 de febrero de 2013, con fundamento en la cual se le informó que la petición fue devuelta al ente territorial por revocación del poder. La única petición realizada dentro del plazo contractual corresponde a septiembre del 2012, la cual se efectuó con soporte en certificaciones emitidas por la entidad territorial el día 12 de julio de 2012 (el mismo día de inicio del contrato). No se acreditó ni referenció actuaciones o gestiones adicionales durante el plazo contractual. La actuación administrativa iniciada ante el Ministerio no terminó dentro del plazo contractual ni con la devolución de los recursos. En cambio, lo que se acredita es que con posterioridad al plazo contractual, el ente territorial solicitó la devolución-retiro de recursos (…) y fue sobre estas dos últimas actuaciones que el Ministerio de Hacienda emitió las resoluciones que efectivamente autorizaron el retiro de los excedentes en los años 2013 y 2014. [N]o obra prueba alguna de que las prestaciones que el actor adujo como cumplidas hubieran materializado el interés público a cargo de la entidad -la devolución de excedentes del FONPET en el plazo contractual, o, durante el año 2012-, lo cual se evidencia en que no se logró la finalidad del contrato y el interés público que se pretendía satisfacer. Lo que se prueba en el plenario es que el retiro de los excedentes en el FONPET se realizó por actuaciones diferentes a las del contratista, presentadas directamente por el alcalde municipal.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 48
CONDENA EN COSTAS / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas procesales cuando la nulidad absoluta de un contrato es declarada de oficio por el juez y dicha decisión no beneficia a ninguna de las partes intervinientes en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
Según el artículo 365 del Código General del Proceso, la condena en costas procede contra la “la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto”. Como la nulidad del contrato de prestación de servicios fue declarada de oficio y las consecuencias de ello no favorecen a ninguna de las partes, no se condenará en costas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-03-07. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 23001233300020150008901. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:23001233300020150008901-66556-sentencia).
