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clave: "consejo_estado:providencia:20001233300020150052702-67464-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la Sala no encuentra atendible el primer reparo del apelante a la sentencia impugnada"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-12-06"
radicado: "20001233300020150052702"
numero: "67464"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: la Sala no encuentra atendible el primer reparo del apelante a la sentencia impugnada

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-12-06
- **Radicado:** 20001233300020150052702
- **Número interno:** 67464
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** ORGANIZACIÓN AYCARDY SAS
- **Demandado:** USPEC
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:20001233300020150052702-67464-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/20001233300020150052702/75D3FDED60BEF8359C6BFF72B6213E7F05D0F42F27B96EDADF50008840F289B1/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=200012333000201500527021100103

## Problema jurídico

¿La inejecución de las obligaciones por parte del contratista, motivaron la expedición de los actos administrativos sancionatorios que le impusieron multas a la sociedad demandante, por incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra pública?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿El sujeto procesal que no presenta la demanda ni formula una pretensión propia de nulidad, sino que coadyuva la del demandante…
- ¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes?
- ¿La potestad administrativa para imponer unilateralmente la multa se ejerció conforme a su finalidad, que es apremiar al contratista a cumplir con sus obligaciones?

## Extracto

En tercer lugar, la necesidad de ejecutar ítems de obra no previstos después de la firma del otrosí 2, debido a los problemas que se registraron con el llenado de los tanques del pabellón 6 ante la insuficiencia del equipo de bombeo existente, no puede calificarse como un hecho imprevisible y ajeno al contratista.… En cuarto lugar, la Sala encuentra que los retrasos en la ejecución de las obras no se limitaron a la entrega satisfactoria de las redes hidráulicas del módulo 6 ni a la instalación del nuevo equipo de bombeo para esta zona. Está probada la inejecución de las obligaciones que motivaron la imposición de la multa al contratista y que, al finalizar el plazo contractual, la obra solo presentaba un avance del 54%. Por el contrario, no se demostró que tras la suscripción del otrosí 2, se presentaran hechos que configuraran causales eximentes de responsabilidad del contratista por el incumplimiento de sus obligaciones.

## Síntesis temática

El contratista es responsable de las multas impuestas por incumplimiento de plazos en la ejecución de la obra pública, ya que existen pruebas documentales que demuestran su inejecución de obligaciones contractuales, como retrasos en la entrega de áreas de trabajo y falta de personal calificado. Además, la justificación del contratista para ejecutar actividades no previstas no guarda relación directa con las observaciones previas de la interventoría y no puede considerarse un hecho imprevisible. La Sala confirma que la entidad estatal actuó correctamente al expedir los actos administrativos sancionatorios, reafirmando la importancia de la motivación y la congruencia en el procedimiento sancionatorio en la contratación estatal.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL, PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, OTROSÍ AL CONTRATO, MULTA AL CONTRATISTA, MULTA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE INTERVENTORÍA, RIESGO PREVISIBLE, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PARTES DEL PROCESO, ACTUACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO, CALIDAD DE LAS PARTES DEL PROCESO, ENTIDAD ASEGURADORA, SOLICITUD DE COADYUVANCIA, COADYUVANTE, LÍMITES A LA ACTIVIDAD DEL COADYUVANTE, IMPROCEDENCIA DE SOLICITUD DE NULIDAD, ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CARGO DE NULIDAD ALEGADO, GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA, LÍMITES DE LA COADYUVANCIA, IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN, OCURRENCIA DEL SINIESTRO, RIESGO ASEGURABLE, AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ, DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA DE LAS CONDICIONES, CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, SERVICIOS PÚBLICOS, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, IMPOSICIÓN DE LA MULTA, FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, ACTO JURÍDICO UNILATERAL, APREMIO, UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS, PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, DERECHO DE DEFENSA, EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRESUPUESTOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO, PRESUPUESTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO, FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD, PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA, AUDIENCIA, FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, MORA DEL CONTRATISTA, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, ALLANAMIENTO A LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE LO NO DEBIDO, CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL, INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL, MIEMBROS DEL CONSORCIO, NOTIFICACIÓN PERSONAL, AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA, CAPACIDAD CONTRACTUAL, DEUDOR

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OTROSÍ AL CONTRATO / MULTA AL CONTRATISTA / MULTA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / RIESGO PREVISIBLE / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La inejecución de las obligaciones por parte del contratista, motivaron la expedición de los actos administrativos sancionatorios que le impusieron multas a la sociedad demandante, por incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os incumplimientos que motivaron la imposición de la multa existieron y son imputables al contratista. En primer lugar, en el expediente consta que, desde diciembre de 2013, la interventoría reportó de manera sistemática observaciones sobre el incumplimiento de obligaciones del consorcio, tales como la falta de presentación del plan de calidad de la obra, retrasos en la entrega del área de sanidad, carencia de personal operativo en obra y la ausencia de personal administrativo idóneo y calificado. (…) En segundo lugar, la razón invocada por el contratista para justificar los incumplimientos que motivaron la imposición de la multa después de la suscripción del otrosí 2 -relacionada con la necesidad de ejecutar actividades no previstas para solucionar el problema de llenado de los tanques del módulo 6- no guarda una relación directa con muchas de las observaciones realizadas por la interventoría en el informe que sustentó la citación al procedimiento sancionatorio. (…). En tercer lugar, la necesidad de ejecutar ítems de obra no previstos después de la firma del otrosí 2, debido a los problemas que se registraron con el llenado de los tanques del pabellón 6 ante la insuficiencia del equipo de bombeo existente, no puede calificarse como un hecho imprevisible y ajeno al contratista. (…) En cuarto lugar, la Sala encuentra que los retrasos en la ejecución de las obras no se limitaron a la entrega satisfactoria de las redes hidráulicas del módulo 6 ni a la instalación del nuevo equipo de bombeo para esta zona. El informe de interventoría que sustentó la citación al procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento definitivo del contrato reportó atrasos en varias actividades adicionales (…). [E]stá probada la inejecución de las obligaciones que motivaron la imposición de la multa al contratista y que, al finalizar el plazo contractual, la obra solo presentaba un avance del 54%. Por el contrario, no se demostró que tras la suscripción del otrosí 2, se presentaran hechos que configuraran causales eximentes de responsabilidad del contratista por el incumplimiento de sus obligaciones. Por ende, la Sala no encuentra atendible el primer reparo del apelante a la sentencia impugnada.
PARTES DEL PROCESO / ACTUACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / CALIDAD DE LAS PARTES DEL PROCESO / ENTIDAD ASEGURADORA / SOLICITUD DE COADYUVANCIA / COADYUVANTE / LÍMITES A LA ACTIVIDAD DEL COADYUVANTE / IMPROCEDENCIA DE SOLICITUD DE NULIDAD / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARGO DE NULIDAD ALEGADO / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA / LÍMITES DE LA COADYUVANCIA / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / RIESGO ASEGURABLE / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿El sujeto procesal que no presenta la demanda ni formula una pretensión propia de nulidad, sino que coadyuva la del demandante, puede presentar cargos de nulidad contra la decisión administrativa distintos a los planteados por el demandante?
Respuesta al problema jurídico: No
Seguros del Estado S.A. no presentó una demanda autónoma ni formuló una pretensión de nulidad contra las resoluciones atacadas por AYCARDI, incluida la que declaró el siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Por lo tanto, no puede calificarse como una parte titular del derecho objeto de litigio. Dado que en el marco de este proceso solo coadyuvó las pretensiones del demandante, Seguros del Estado S.A. no podía formular cargos de nulidad contra el acto administrativo de la USPEC distintos a los planteados por AYCARDI. La sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de las partes, y debe resolver sobre las excepciones propuestas, así como sobre cualquier otra que se encuentre probada (arts. 281 CGP y 187 CPACA). Sin embargo, se solicita la nulidad de un acto administrativo particular y concreto, el juez no puede anularlo por un cargo diferente al formulado por la parte demandante, ya que la sentencia debe ser congruente con “las normas violadas y (…) el concepto de su violación” (art. 162.4 CPACA); de lo contrario, se desconocería la presunción de legalidad de estos actos (art. 88 CPACA). El sujeto procesal que no presenta la demanda ni formula una pretensión propia de nulidad, sino que coadyuva la del demandante, no puede presentar cargos de nulidad contra la decisión administrativa distintos a los planteados por el demandante. (…) Dado que AYCARDI -parte ayudada por Seguros del Estado S.A.- no formuló reparos contra la decisión del Tribunal de negar la pretensión de nulidad de la Resolución 034 de 2015, la compañía de seguros no puede apelar de manera autónoma esa determinación. Esta es una consecuencia de lo previsto en los artículos 71 del CGP y 224 del CPACA, de los cuales se desprende que quien ayuda a la parte demandante puede ejercer actos procesales para apoyar sus pretensiones -incluyendo la pretensión impugnaticia-, mas no para contradecirlas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la coadyuvancia de los sujetos procesales, ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 24 de octubre de 2013, rad. 18432, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; Sección Primera, auto de 13 de mayo de 2021, rad. 2010-00038, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Sección Quinta, sentencia de 7 de marzo de 2011, rad. 2010-00006, C. P. María Nohemí Hernández Pinzón.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 162 NUMERAL 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 224, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 88, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 71
DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA DE LAS CONDICIONES / CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO / SERVICIOS PÚBLICOS
Problema jurídico:
¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala debe reiterar que entre la responsabilidad contractual y el equilibrio financiero del contrato estatal existen diferencias. El incumplimiento de las obligaciones es un elemento constitutivo de la responsabilidad contractual. Si dicho incumplimiento es jurídicamente atribuible al deudor, el acreedor tiene, entre otros remedios, el derecho a aplicar las sanciones convencionalmente previstas para tales eventos. Por su parte, el equilibrio económico del contrato es un principio que se concreta en el derecho -no exclusivo- del contratista a mantener la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar. Este principio se justifica, principalmente, en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público en sentido amplio, evitando que ante una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones, se paralice la prestación.
IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / MULTA AL CONTRATISTA / MULTA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO / FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / APREMIO / UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / DERECHO DE DEFENSA / EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La potestad administrativa para imponer unilateralmente la multa se ejerció conforme a su finalidad, que es apremiar al contratista a cumplir con sus obligaciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los documentos que reposan en el expediente demuestran, (…) que la USPEC notificó la Resolución 584 del 23 de julio de 2014 conforme a las prescripciones legales y dentro del plazo de ejecución del contrato, que venció el 25 de julio del mismo año. (…) [E]l demandante no probó que existiera algún impedimento para que los representantes legales del consorcio asistieran a la audiencia en la que se impuso la multa y ejercieran sus derechos con arreglo a la Ley 1474 de 2011, que no exige derecho de postulación en estas actuaciones administrativas. (…) Conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la decisión fue correctamente notificada en audiencia, lo que permitió a la aseguradora -que sí compareció- interponer el recurso de reposición, desestimado mediante la Resolución 592 del 24 de julio de 2014. Además, como ha señalado la Corporación, este trámite atañe a la eficacia de la decisión de imponer la multa y no a su validez. (…) [L]a Sala no encuentra probado el supuesto de hecho en que AYCARDI y la aseguradora fundamentaron las causales de nulidad alegadas (incompetencia, violación del debido proceso y desviación de poder). La potestad administrativa para imponer unilateralmente la multa se ejerció conforme a su finalidad, que es apremiar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Las pruebas del expediente demuestran que, aunque el acto definitivo fue expedido y notificado poco antes de la expiración del plazo contractual, la USPEC actuó dentro de su competencia sancionatoria y convocó el procedimiento administrativo con el propósito de conminar al Consorcio RG 2013 a subsanar los incumplimientos reportados por la interventoría entre abril y junio de 2014, tras la firma del otrosí 2 del 25 de marzo de ese año. No se evidenció que la actuación tuviera como fin indemnizar perjuicios por el estado de las obras u otros propósitos ajenos a la potestad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la eficacia del acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de noviembre de 2023, rad. 56031, C. P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO / PRESUPUESTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD / EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA / DERECHO DE DEFENSA / AUDIENCIA
Problema jurídico:
¿La indebida notificación del acto administrativo no es causal de nulidad, en razón a que el trámite de notificación incide en la eficacia del acto y no en su validez?
Respuesta al problema jurídico: Si
La validez de los actos administrativos depende de la ausencia de vicios en los elementos subjetivos (órgano competente), objetivos y teleológicos (presupuestos de hecho, objeto, causa, motivo y finalidad) y formales (procedimiento previo a la expedición) que determinan su formación. Por ello, el artículo 137 del CPACA establece que serán nulos aquellos actos expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, sin competencia, de forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. La notificación del acto administrativo definitivo es un trámite que se realiza después de adoptada la decisión, necesario para que el acto adquiera firmeza (art. 87 CPACA) y pueda hacerse efectivo en virtud de sus atributos de ejecutividad y ejecutoriedad (art. 89 CPACA). Por esta razón, el artículo 137 del CPACA no considera los vicios relacionados con este trámite como causales de nulidad. (…) El trámite de notificación incide, entonces, en la eficacia del acto administrativo, sin afectar su validez, salvo que una disposición legal establezca que la notificación delimite aspectos como la competencia temporal de la Ad

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

s que hayan sido pactadas con el objeto de “conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones”. Además, precisa que esta decisión procede “sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista”. La finalidad de esta potestad es de carácter compulsivo, orientada a presionar al contratista para que cumpla con el objeto contractual en la forma y tiempo acordados. Por ello, esta decisión debe tomarse bajo la condición de que no se haya superado la situación constitutiva de incumplimiento (…). No obstante, en el ámbito de la contratación estatal, el ejercicio de la potestad administrativa para hacer efectiva la multa debe seguir el procedimiento establecido por el legislador, a fin de garantizar el debido proceso administrativo. En este sentido, la existencia de la cláusula de multa representa una amenaza abstracta para el contratista, la cual se materializa con el inicio del procedimiento sancionatorio. Dicho procedimiento implica la citación a la audiencia prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Por esta razón, el legislador previó que el contratista pudiera allanarse al cumplimiento de sus obligaciones dentro del trámite y, en tal caso, otorgó a las entidades estatales la facultad de “dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento”. El carácter conminatorio de la figura se refleja también en la práctica del procedimiento sancionatorio establecido para su imposición. (…) [L]a finalidad de apremio de las multas se materializa desde el inicio del procedimiento sancionatorio, y no únicamente con su conclusión.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la función de apremio de las multas en la contratación estatal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de febrero de 2018, rad. 58549, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 16 de agosto de 2022, rad. 56020, C. P. Martín Bermúdez Muñoz.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿El pago de la ejecución de obras adicionales es improcedente al no estar previstas en los ítems del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contratista tenía prohibido ejecutar ítems de obra no previstos que no se hubieran incluido previamente en el alcance físico mediante una adición al contrato. La consecuencia de no acatar esta prohibición era igualmente clara: dichos ítems no serían reconocidos ni pagados por la USPEC, por lo que el contratista los asumiría por su cuenta y riesgo. (…) [E]n el expediente no hay pruebas de que la USPEC hubiese ordenado la ejecución de estas actividades sin la previa suscripción de un acuerdo modificatorio del contrato de obra. Por el contrario, en el informe de la visita técnica del 5 de junio de 2014, suscrito por el subdirector de construcción y conservación de la USPEC, se indicó que “estos trabajos debían ser autorizados mediante la elaboración y aprobación de un otrosí al contrato, y que dicho trámite dependía de la rapidez con que actuaran el contratista y la interventoría”. Además, en el expediente no obra ningún documento que acredite que las partes del contrato acataron lo estipulado en el parágrafo cuarto de la cláusula sexta, es decir, que antes de ejecutar las obras hubieran modificado solemnemente el contrato para incluir nuevos ítems de obra y fijar los precios unitarios correspondientes. El hecho de que el contratista ejecutara ítems de obra no previstos -cuyo costo no está establecido en ninguna prueba del expediente- constituye una desatención de lo pactado en el contrato, ya que se estableció expresamente que estaba prohibida su ejecución sin incluirlos previamente mediante una modificación contractual. La consecuencia jurídica de esta inobservancia está pactada en el mismo contrato: la USPEC no debe efectuar ningún pago por las obras de montaje eléctrico; el contratista debe asumirlas por su cuenta. Por esta razón, no es procedente acoger esta pretensión del demandante, sobre la cual el Tribunal no se pronunció expresamente.
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El recurso de apelación se resolverá desfavorablemente para AYCARDI y para la aseguradora, por lo que se confirmará la sentencia impugnada. La Sala nota que la USPEC se pronunció expresamente sobre la alzada en la oportunidad prevista en la Ley; sin embargo, los argumentos presentados en este escrito, amén de reiterativos de los expuestos en la contestación de la demanda, no son determinantes para fundamentar la decisión adoptada por la Sala. En razón de lo anterior, la Sala fijará por concepto de agencias en derecho a favor de la USPEC y a cargo de AYCARDI y de Seguros del Estado S.A. la suma de $16’372.376, equivalente al 0.5% del valor de las pretensiones de contenido pecuniario que fueron negadas. Este monto deberá ser asumido por partes iguales entre AYCARDI y Seguros del Estado S.A., correspondiendo $8’186.188 a cada una.
ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / MIEMBROS DEL CONSORCIO / NOTIFICACIÓN PERSONAL / AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / CAPACIDAD CONTRACTUAL / DEUDOR
Problema jurídico:
¿Procede la actualización de la condena impuesta en primera instancia en razón de la liquidación judicial del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala procede a actualizar el monto de $90’904.555 que el Tribunal Administrativo ordenó pagar al Consorcio RG 2013 como resultado del ejercicio de liquidación judicial del contrato. Esto no implica una inobservancia del principio de la no reformatio in pejus, ya que busca expresar en valor presente la condena impuesta por el fallador de primera instancia, reflejando la pérdida de poder adquisitivo del dinero, sin alterar la cuantía ni el método de su liquidación. Además, esta actualización resulta procedente porque (i) el integrante del consorcio que no demandó, (...) fue notificado personalmente del auto admisorio de la demanda; y (ii) el consorcio, conforme al artículo 6º de la Ley 80 de 1993, tiene capacidad para contratar y es parte del negocio jurídico. Por lo tanto, dicho consorcio es deudor de las obligaciones derivadas de dicha liquidación, sin perjuicio de la solidaridad pasiva de sus miembros.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 6

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-12-06. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 20001233300020150052702. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:20001233300020150052702-67464-sentencia).
