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clave: "consejo_estado:providencia:19001233300020240007901-71816-auto-interlocutorio"
titulo: "Consejo de Estado: es procedente el recurso de apelación contra un auto"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-05-19"
radicado: "19001233300020240007901"
numero: "71816"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: es procedente el recurso de apelación contra un auto

- **Título oficial / radicado:** Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-05-19
- **Radicado:** 19001233300020240007901
- **Número interno:** 71816
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** C&M CONSULTORES SA, CONSULTING S.A.S. – BIC, CONSORCIO PRIMERA INFANCIA 2021
- **Demandado:** INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:19001233300020240007901-71816-auto-interlocutorio
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/19001233300020240007901/105755B8F6DE1C6CF895351272D2093F1D8D303E796179C466104C76C7175436/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=190012333000202400079011100103

## Problema jurídico

¿Es procedente el recurso de apelación contra un auto que niega una medida cautelar dentro de un proceso con vocación de doble instancia?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

DECRETA

## Puntos clave

- ¿Las medidas cautelares pueden ser solicitadas y decretadas en cualquier clase de proceso declarativo que se tramite en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo?
- ¿Puede el juez decretar una medida cautelar con base en la apariencia del buen derecho, sin necesidad de verificar en esa etapa procesal la certeza del derecho debatido?
- ¿Se acreditó la titularidad del derecho reclamado?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 125, 150 y 243 núm. 5

## Extracto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243-5 del CPACA, el recurso de apelación es procedente, en atención a que se trata de la impugnación del auto que negó una medida cautelar. Por su parte, la Sala es competente para resolverlo, por tratarse de una providencia proferida por un tribunal administrativo en un proceso que tiene vocación de doble instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, en concordancia con el artículo 125 del mismo cuerpo normativo. En cuanto a la oportunidad, por virtud de lo señalado en el artículo 244 ibidem, se observa que el recurso se interpuso de manera oportuna y se encuentra debidamente sustentado.

## Síntesis temática

El contratista puede interponer recurso de apelación contra un auto que niega una medida cautelar en un proceso con vocación de doble instancia, conforme al artículo 243-5 del CPACA, y el Consejo de Estado es competente para conocerlo, en concordancia con los artículos 125 y 150 del mismo cuerpo normativo. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas y decretadas en cualquier clase de proceso declarativo en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no solo en juicios de anulación, y deben estar relacionadas con las pretensiones de la demanda, según el artículo 229 del CPACA. El juez puede decretar medidas cautelares basándose en la apariencia del buen derecho, sin necesidad de verificar la certeza del derecho debatido en esa etapa procesal, de acuerdo con el artículo 231-1 del CPACA, lo que garantiza la protección del ordenamiento jurídico y del interés público.

## Descriptores temáticos

APELACIÓN DEL AUTO, APELACIÓN DEL AUTO QUE NIEGA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR, DOBLE INSTANCIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DE LA APELACIÓN DEL AUTO, OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA CAUTELAR, CONCEPTO DE MEDIDA CAUTELAR, EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR, FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR, NATURALEZA DE LA MEDIDA CAUTELAR, OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR, CLASES DE MEDIDA CAUTELAR, TRÁMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR, NORMATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR, PRINCIPIO FUMUS BONI IURIS, ORDENAMIENTO JURÍDICO, INTERÉS PÚBLICO, MEDIDA CAUTELAR, DERECHO SUSTANCIAL, PREJUZGAMIENTO, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR, PRINCIPIO DE TITULARIDAD, TITULARIDAD DEL DERECHO LITIGIOSO, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN TRÁMITE, RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA, EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO, AUTO QUE DECRETA MEDIDA CAUTELAR, PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL, MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL, FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL, ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL

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## Texto del documento

APELACIÓN DEL AUTO / APELACIÓN DEL AUTO QUE NIEGA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR / DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DE LA APELACIÓN DEL AUTO / OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Es procedente el recurso de apelación contra un auto que niega una medida cautelar dentro de un proceso con vocación de doble instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243-5 del CPACA, el recurso de apelación es procedente, en atención a que se trata de la impugnación del auto que negó una medida cautelar. Por su parte, la Sala es competente para resolverlo, por tratarse de una providencia proferida por un tribunal administrativo en un proceso que tiene vocación de doble instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, en concordancia con el artículo 125 del mismo cuerpo normativo. En cuanto a la oportunidad, por virtud de lo señalado en el artículo 244 ibidem, se observa que el recurso se interpuso de manera oportuna y se encuentra debidamente sustentado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243 NUMERAL 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 244
CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA CAUTELAR / CONCEPTO DE MEDIDA CAUTELAR / EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR / NATURALEZA DE LA MEDIDA CAUTELAR / OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR / CLASES DE MEDIDA CAUTELAR / TRÁMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR / NORMATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR
Problema jurídico:
¿Las medidas cautelares pueden ser solicitadas y decretadas en cualquier clase de proceso declarativo que se tramite en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 229 del CPACA las medidas cautelares tienen por objeto proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de lograr la efectividad del derecho sustancial. (…) Pueden ser solicitadas y decretadas en cualquier clase de proceso declarativo que se tramite en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; ya no solo en los juicios de anulación de actos administrativos; Se requiere solicitud previa del demandante; La autoridad judicial podrá ordenarlas en cualquier estado del proceso una vez presentada la demanda; La solicitud deberá estar sustentada por la parte y tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda; y El decreto de medidas cautelares no constituye prejuzgamiento, lo que obliga al juzgador a ser en extremo cauteloso al momento de resolver la solicitud de suspensión provisional. Por otra parte, es dable mencionar que con la entrada en vigor del CPACA, el legislador introdujo, al sistema tradicional, un amplio esquema de medidas cautelares en el procedimiento contencioso administrativo, que “constituye en el más novedoso y eficaz instrumento para lograr la tutela judicial efectiva”. Así, se incorporó un régimen innominado, atípico y extensivo de medidas cautelares, que permite al juez o magistrado decretar aquellas que considere “necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”. Lo anterior, con el fin de que aquel que pretenda de la administración de justicia la declaración, constitución o ejecución de un derecho, pueda asegurar la eficacia de la sentencia y evitar el riesgo de inejecución del fallo judicial que se profiera en beneficio de quien acude a la jurisdicción. Conforme a ello, el artículo 230 del CPACA prevé, que las medidas cautelares pueden ser de tipo preventivo, conservativo, anticipativo o de suspensión y deberán tener relación directa con las pretensiones que hayan sido formuladas en la demanda. De acuerdo con esa misma disposición, como medida cautelar el juez o magistrado podrá ordenar que se mantenga o restablezca una situación; la suspensión de un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual; la adopción de una decisión administrativa o la realización o demolición de una obra; el cumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer para las partes del proceso o; la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de las medidas cautelares, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 3 de diciembre de 2012, rad. 11001-03-24000-2012-00290-00, C. P. Guillermo Vargas Ayala y auto del 23 de febrero de 2016, rad. 11001-03-24-000-2015-00408-00, C. P. Oswaldo Giraldo López.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230
FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR / PRINCIPIO FUMUS BONI IURIS / ORDENAMIENTO JURÍDICO / INTERÉS PÚBLICO / MEDIDA CAUTELAR / DERECHO SUSTANCIAL / PREJUZGAMIENTO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Puede el juez decretar una medida cautelar con base en la apariencia del buen derecho, sin necesidad de verificar en esa etapa procesal la certeza del derecho debatido?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]l juez administrativo le asiste un deber de protección del ordenamiento jurídico y del interés público y, en esa medida, se encuentra facultado para adoptar las decisiones que garanticen el objeto del proceso y que la providencia que le ponga fin al trámite judicial no resulte nugatoria. (…) [E]l análisis del Tribunal debió ceñirse a los requisitos de procedencia señalados en los numerales 1 a 4 del artículo 231 del CPACA, que en modo alguno exigen que en esta etapa procesal se encuentre sustentado en derecho y probatoriamente la “materia sustancial del debate”. Ciertamente, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por el Consorcio y el incumplimiento de las suyas por el ICBF constituye el fondo de la controversia que habrá de resolverse en la sentencia una vez se haya agotado el debate probatorio correspondiente. No obstante, tal cuestión no incide respecto de la decisión que debía adoptar el a quo en punto de las medidas cautelares deprecadas, ya que para esa instancia preliminar bastaba con que el operador jurídico advirtiera que la demanda se encontraba razonablemente fundada en derecho. En efecto, el artículo 231-1 del CPACA, consagra el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, criterio que se configura cuando el juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. Lo anterior, no implica la certeza del derecho que se discute -como equivocadamente lo interpretó el Tribunal- sino la constatación que el demandante aportó un principio de prueba de que su pretensión se encuentra fundada, al menos en apariencia. En ese orden, la Sala encuentra que en el presente asunto está acreditado el requisito mencionado. (…) [L]a pretensión de incumplimiento planteada por el consorcio demandante eventualmente podría tener vocación de prosperidad. Asimismo, se tiene que si en el desarrollo del proceso se acreditan los supuestos fácticos del libelo introductorio, también podría proceder la pretensión de cumplimiento del contrato por parte del Consorcio y, por consiguiente, la relativa al pago de los productos que no fueron aprobados, en la medida que la actora sostiene que ejecutó las actividades a su cargo y entregó los productos con apego a lo establecido en los documentos contractuales bajo los parámetros establecidos en la Ficha de Condiciones Técnicas y atendió las recomendaciones y requerimientos generados durante su ejecución respecto al contenido de los entregables. Lo anterior permite concluir preliminarmente que existe la posibilidad de que al demandante le asista, por lo menos en apariencia, un derecho y que sus pretensiones podrían tener vocación de prosperidad. En consecuencia, la Sala estima que en esta instancia procesal se encuentra acreditado el requisito del fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, tal y como lo exige el artículo 231-1 del CPACA. Lo expuesto, en modo alguno implica prejuzgamiento o significa que la declaración que se persigue en la controversia contractual sub lite necesariamente esté llamada a prosperar, pues ello sólo podrá determinarse una vez se agote el debate probatorio y se profiera la respectiva sentencia. No obstante, ello si permite concluir, luego de una apreciación provisional, la posible existencia de un derecho, al menos en apariencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a las facultades de saneamiento del juez en el proceso, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de julio de 2019, rad. 05001-23-33-000-2017-00617-00, C. P. Ramiro Pazos Guerrero y auto del 15 de junio de 2022, rad. 05001-23-33-000-2013-00295-01, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Acerca de la figura de apariencia de buen derecho, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 30 de octubre de 2017, rad. 11001-03-25-000-2015-00389-00, C. P. María Elizabeth García González y auto del 18 de septiembre de 2018, rad. 11001-03-24-000-2016-00481-00, C. P. María Elizabeth García González.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 NUMERAL 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 NUMERAL 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 NUMERAL 3, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 NUMERAL 4
REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / PRINCIPIO DE TITULARIDAD / TITULARIDAD DEL DERECHO LITIGIOSO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Problema jurídico:
¿Se acreditó la titularidad del derecho reclamado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se acreditó la titularidad del derecho reclamado (artículo 231-2 del CPACA), en razón a que el contrato de interventoría objeto de la demanda, fue suscrito por el Consorcio Primera Infancia 2021 con el ICBF.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 NUMERAL 2
INTERÉS PÚBLICO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN TRÁMITE / RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Se acreditó la ocurrencia de una situación más gravosa para el interés público en caso de denegar la medida cautelar?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se probó que resultaría más gravoso para el interés público, denegar las medidas deprecadas que concederlas (artículo 231-3 del CPACA), en atención a que en el procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por el ICBF, se profirió la Resolución 0980 de 1º de marzo de 2024 mediante la cual se declaró el incumplimiento del Consorcio y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria. (…) [E]l contratista puede ser sancionado por el ICBF y los actos administrativos mencionados, en el evento de ser confirmados, muy seguramente serían impugnados por el Consorcio, a través de la pretensión de nulidad de esos actos administrativos contractuales, lo que evidentemente implicaría un desgaste innecesario de la administración de justicia, ya que se promoverían varios procesos para resolver una misma cuestión litigiosa. Ciertamente dicha resolución y la que eventualmente la confirme, habrían sido expedidas con posterioridad al momento en que el Consorcio promovió la presente demanda de controversias contractuales (29 de septiembre de 2023) en la cual se pretende la liquidación judicial del contrato de interventoría y la declaración de incumplimiento de este por parte del ICBF, sobre la base del propio cumplimiento de ese negocio jurídico. Por consiguiente, como la decisión sobre la conducta de las partes en relación con los precisos aspectos del negocio jurídico actualmente está sometida a la decisión del juez natural del contrato, resulta plausible que se promueva un nuevo proceso que tenga por objeto cuestionar la legalidad de esos actos para que el operador jurídico los anule , por lo que salta a la vista que no adoptar las medidas cautelares deprecadas, resultaría más costoso u oneroso para el interés público, no sólo por el desgaste en que incurriría la Entidad para la defensa de sus intereses en la nueva controversia judicial que se promueva, sino también porque implicaría el innecesario desgaste del aparato judicial al tener que conocer de varios procesos para resolver una misma cuestión litigiosa.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la competencia del juez natural del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17 de junio de 2024, rad. 70381, C. P. Freddy Ibarra Martínez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 NUMERAL 3
AUTO QUE DECRETA MEDIDA CAUTELAR / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Problema jurídico:
¿Procede el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional del procedimiento administrativo sancionatorio contractual adelantado por el ICBF?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se acreditó que existen serios motivos para considerar que, de no otorgarse las medidas cautelares, los efectos de la sentencia serían nugatorios. Ello, ya que en el procedimiento administrativo sancionatorio contractual que adelanta el ICBF contra el Consorcio, se está discutiendo el mismo asunto que ha sido sometido al estudio del juez natural del contrato, esto es, determinar si el Consorcio cumplió o no con las obligaciones pactadas en el Contrato de Interventoría No. 01015332021, pues mientras el actor afirma en la demanda y solicita que se declare que honró los compromisos fijados en ese negocio jurídico, el ICBF en el procedimiento administrativo sancionatorio y en la contestación de la demanda, alega que el Consorcio no satisfizo sus obligaciones, y, que, por tanto, se configura un incumplimiento. [E]n caso de que en el presente proceso eventualmente se profiera una sentencia favorable al Consorcio, su eficacia estaría en entre dicho si existe una decisión contraria proferida en el procedimiento administrativo sancionatorio que actualmente adelanta el ICBF, ya se dictó una decisión inicial que declaró el incumplimiento del contratista e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, acto administrativo que una vez se encuentre en firme, presta mérito ejecutivo y se presume legal. Atendiendo a que en este caso concreto la discusión relativa al incumplimiento contractual que adelanta la entidad contratante es coincidente con la controversia que promovió el Consorcio ante la jurisdicción contencioso administrativa, existe la posibilidad de que con ocasión de los mismos fundamentos fácticos y jurídicos hayan dos decisiones contradictorias, una dictada en el procedimiento administrativo y otra proferida en sede judicial que podría no tener efectos, circunstancia respecto de la cual en nada incide que el contrato se encuentre en ejecución o que este ya haya finalizado, como lo alega la entidad demandada, ya que al margen de la vigencia del contrato, el asunto litigioso estaría resuelto por dos decisiones que pueden resultar contrapuestas. (…) [S]e cumple con el requisito del literal b del artículo 231-4 del CPACA para que procedan las medidas cautelares solicitadas. Lo anterior, descarta la necesidad de analizar si la parte actora acreditó o no que de no otorgarse la medida se causaría un perjuicio irremediable (literal a del artículo 231.4 del CPACA y los argumentos de oposición que sobre este aspecto planteó el ICBF), pues por virtud de lo dispuesto en ese precepto normativo, basta con que se cumpla una de las dos condiciones allí previstas, como en efecto ocurrió. Con fundamento en las razones expuestas, se impone revocar la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que negó el decreto de las medidas cautelares, dado que tal como se expuso, se cumplen los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA para su procedencia. En su lugar, se decretarán las medidas cautelares consistentes en ordenar al ICBF suspender el procedimiento administrativo sancionatorio que se encuentra en curso en contra del Consorcio por el presunto incumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato de Interventoría No. 01015332021, o, en su defecto, suspender la ejecución del acto administrativo que se adopte de manera definitiva en dicho trámite, en caso de que se declare el incumplimiento y/o haga efectiva la cláusula penal. De igual forma, se ordenará al ICBF, abstenerse de iniciar procesos sancionatorios derivados del incumplimiento de las obligaciones que son objeto de la presente controversia.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la eficacia de la sentencia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 24 de abril de 2024, rad. 70725, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 NUMERAL 4 LITERAL A, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 NUMERAL 4 LITERAL B

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar. 2025-05-19. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 19001233300020240007901. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:19001233300020240007901-71816-auto-interlocutorio).
