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clave: "consejo_estado:providencia:19001230000020060000501-63668-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-08-23"
radicado: "19001230000020060000501"
numero: "63668"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:19001230000020060000501-63668-sentencia"
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# Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-08-23
- **Radicado:** 19001230000020060000501
- **Número interno:** 63668
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION DE REPETICION
- **Actor:** NACION - FISCALIA GENERAL DE LA NACION
- **Demandado:** LILIANA MARGOT CAMPO HERNANDEZ
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:19001230000020060000501-63668-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/19001230000020060000501/14EEB8590AA993DEFBA20D67CE2CCD9AD974C32C814835A7C3EBE2C3A3EEACE1/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=190012300000200600005011100103

## Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de repetición presentada para reclamar el pago de los perjuicios causados con una privación injusta de la libertad?
- ¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución…
- ¿Para la procedencia de la acción de repetición, se debe probar la obligación reparatoria a cargo del Estado; que el demandando tenga la calidad de servidor o exservidor público o particular que…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, art. 129
- Ley 446 de 1998, art. 37
- Ley 678 de 2001, art. 7

## Extracto

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repetición.

## Síntesis temática

El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de repetición que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados por una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 y la Ley 678 de 2001. La caducidad de la acción de repetición no opera en este caso, ya que la demanda se presentó dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del último pago total de la condena, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, fortaleciendo la competencia del Consejo de Estado en estos asuntos y garantizando el acceso a la justicia para las entidades públicas.

## Descriptores temáticos

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, ACCIÓN DE REPETICIÓN, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO, VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO, PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, TESTIGO SOSPECHOSO, TESTIMONIO SOSPECHOSO, VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, DENUNCIANTE, SECRETARIO DEL JUZGADO, EMPLEADO JUDICIAL, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, CULPA, CLASES DE CULPA, CULPA GRAVE, CONCEPTO DE CULPA GRAVE, DOLO, CONCEPTO DE DOLO, PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO, CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO, VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE, DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE, PRUEBA DE LA CULPA GRAVE, FISCAL, RESPONSABILIDAD DEL FISCAL, FISCAL DELEGADO ANTE JUZGADOS, MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, DETENCIÓN PREVENTIVA, IMPOSICIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA, INDICIO, INDICIO GRAVE, EXISTENCIA DEL INDICIO, DENUNCIA PENAL, VALOR PROBATORIO DE LA DENUNCIA PENAL, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO, PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL, CONDENA, VALOR DE LA CONDENA, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA, INDEXACIÓN DE LA CONDENA, ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA

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## Texto del documento

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repetición.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de repetición presentada para reclamar el pago de los perjuicios causados con una privación injusta de la libertad?
Respuesta al problema jurídico: No
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta que: i) la sentencia del 27 de noviembre de 2003, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cauca, condenó a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar perjuicios materiales e inmateriales (...), quedó ejecutoriada el 15 de diciembre de 2003, según da cuenta la constancia de ejecutoria expedida por la Secretaría de ese Tribunal; ii) que el 16 de diciembre de 2005 la Nación-Fiscalía General de la Nación realizó el último pago para un total de $15’360.498 a la apoderada (...), según dan cuenta los comprobantes de pago allegados al proceso; iii) que el vencimiento de los 18 meses para pagar la condena se cumplió el 16 de junio de 2005; v) que lo primero que ocurrió fue el vencimiento del plazo para el pago de la condena ; y vi) que la demanda se presentó el 30 de agosto de 2006, esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la institución jurídico procesal de la caducidad, consultar providencias de 30 de enero de 2013, Exp. 23998, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de la Corte Constitucional, de 14 de octubre de 1998, Exp. C-574 de 1998, C.P. Antonio Barrera Carbonell; y de 22 de mayo de 2002, Exp. C-394, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Acerca del derecho al acceso a la administración de justicia, consultar providencia de 23 de febrero de 2006, Exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Acerca del cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición, consultar providencia de 9 de septiembre de 2016, Exp. 52021, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E). Acerca de la facultad del juez para estudiar de oficio las excepciones procesales, consultar providencia de 16 de diciembre de 2020, Exp. 51252. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. En relación con la caducidad de la acción de repetición, consultar sentencia de la Corte Constitucional, C-832 de 2001.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO
Problema jurídico:
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A.?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la CN señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, (…) [que] definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o exservidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine el hecho que produjo la condena en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación, ocurrió el 4 de noviembre de 1999, esto es, cuando la demandada expidió la Resolución por la cual impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional (...), el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la normativa aplicable a los procesos de repetición, consultar providencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 28448, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 22 de noviembre de 2021, Exp. 47535, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, DECRETO 01 DE 1998 - ARTÍCULO 77
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Para la procedencia de la acción de repetición, se debe probar la obligación reparatoria a cargo del Estado; que el demandando tenga la calidad de servidor o exservidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; el pago de la obligación reparatoria y; que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los elementos de procedencia de la acción de repetición, consultar providencia de 27 de noviembre de 2006, Exp. 22099, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 6 de diciembre de 2006, Exp. 22056, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 12 de diciembre del 2007, Exp. 27006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 29 de mayo del 2014, Exp. 42183, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 12 de septiembre de 2016, Exp. 56284, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 10 de diciembre de 2018, Exp. 60423, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / DENUNCIANTE / SECRETARIO DEL JUZGADO / EMPLEADO JUDICIAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
Problema jurídico:
¿Aunque resultan sospechosos los testimonios que provienen del denunciante del delito por el cual la hoy demandada profirió medida de aseguramiento y de quien fuese el secretario judicial de ésta última para la época de los hechos, no pueden desecharse de plano por el juez, sino que deben ser valorados con especial severidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada caso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que los declarantes corresponden a la denunciante del delito por el cual la hoy demandada profirió medida de aseguramiento y quien fuese el secretario judicial de ésta última para la época de los hechos, sus dichos deben ser valorados con mayor rigurosidad, en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, el artículo 218 ibidem señala que el juez apreciará las declaraciones semejantes de acuerdo con las circunstancias de cada caso .
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de los testimonios sospechosos, consultar providencia de 28 de febrero de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ción de repetición, consultar providencias de 4 de diciembre de 2006, Exp. 16887, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 3 de octubre de 2007, Exp. 24844, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de 12 de diciembre de 2019, Exp. 55645, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / FISCAL / RESPONSABILIDAD DEL FISCAL / FISCAL DELEGADO ANTE JUZGADOS / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA / IMPOSICIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / INDICIO / INDICIO GRAVE / EXISTENCIA DEL INDICIO / DENUNCIA PENAL / VALOR PROBATORIO DE LA DENUNCIA PENAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La privación injusta de la libertad por la cual la Nación-Fiscalía General de la Nación resultó condenada, fue consecuencia de una actuación gravemente culposa de la fiscal demandada en repetición, dado que no cumplió con el estándar probatorio exigido por la ley procesal penal vigente para dictar la medida de aseguramiento de detención preventiva?
Respuesta al problema jurídico: Si
Mediante sentencia del 27 de noviembre de 2003, el Tribunal Administrativo del Cauca declaró patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados con la privación injusta de la libertad de la que fue objeto (...) [el sindicado]. Como esa entidad afirma que pagó una indemnización por concepto de dicha condena, en ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda en contra de (...) [la Fiscal Quinta Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Popayán], pues considera que fue la exservidora pública que con su conducta gravemente culposa causó el daño antijurídico por el cual resultó condenada. (...) [D]ebe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del elemento subjetivo para la procedencia del medio de control de repetición, consultar providencia de 30 de agosto de 2018, Exp. 55661, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre el alcance probatorio de la denuncia, consultar providencias de 19 de marzo de 2020, Exp. 50658, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E) y de 21 de
noviembre de 2022, Exp. 68878, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 248, DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 388
ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / CONDENA / VALOR DE LA CONDENA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / INDEXACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / FISCAL / FISCAL DELEGADO ANTE JUZGADOS / RESPONSABILIDAD DEL FISCAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Para la liquidación de la condena en contra del agente del Estado demandado en repetición, debe tenerse en cuenta únicamente el monto de capital que la parte demandante acreditó como efectivamente pagado dentro de este proceso, reducido en el porcentaje de participación en la producción del daño reparado y actualizado al momento en que se produce el pago?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 678 de 2001, el monto de la condena se cuantificará “atendiendo al grado de participación del agente en la producción del daño”. Adicionalmente, para efectos de la liquidación de la condena a imponer, se tendrá en cuenta únicamente el monto de capital que la parte demandante acreditó como efectivamente pagado dentro de este proceso, pues la suma correspondiente a los intereses moratorios se relaciona con la tardanza en el pago por parte de la entidad pública y, por ende, no es imputable a la conducta de la aquí demandada. Por otra parte, la Sala ha reconocido la posibilidad de reducir la condena, en los eventos en los cuales, en la elaboración de normas jurídicas, participan funcionarios con grado asesor, responsables de la revisión de los proyectos de actos administrativos, y cuyo conocimiento específico y la ejecución de sus labores constituye un apoyo para el funcionario que finalmente expide la norma jurídica. Así las cosas, como el secretario judicial proyectó la decisión que, finalmente, fue suscrita por la demandada (...) por la cual impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional (...), se condenará a la demandada a pagar el 80% del capital que la Nación-Fiscalía General de la Nación acreditó como efectivamente pagado. En consecuencia, se tendrá como valor pagado la suma de $15’360.498 que corresponde al capital pagado (...), el cual fue reconocido en sentencia de primera instancia y actualizado a la fecha de esa providencia en suma de $27’245.206,96, de la cual el 80% equivale a $21’796.164,8. Si bien la apelante señaló en su recurso de apelación que consideraba improcedente la indexación de la suma a la que fue condenada, dado que no debía soportar la carga de la mora judicial teniendo en cuenta que el proceso de la referencia inició en 2006, advierte la Sala que, de tiempo atrás, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el resarcimiento del perjuicio debe actualizarse o indexarse al momento en que se produce el pago, a fin de traer a valor presente la suma que ha de pagarse y así compensar el fenómeno de la depreciación de la moneda, lo cual garantiza una reparación integral del daño. Por tanto, el valor antes referido será actualizado aplicando para tal efecto la fórmula utilizada por esta Corporación (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la liquidación de la condena en repetición, consultar providencias de 30 de enero de 2013, Exp. 41281, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de la Corte Constitucional, C-242 de 2020, SU-354 de 2020. Sobre la reducción de la condena en repetición, consultar providencias de 9 de septiembre de 2016, Exp. 55641, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y de 19 de diciembre de 2017, Exp. 55617, C.P. Guillermo Sánchez Luque. En relación con la indexación de las condenas, consultar providencia de 28 de agosto de 1996, Exp. S-638.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 14

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-08-23. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 19001230000020060000501. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:19001230000020060000501-63668-sentencia).
