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clave: "consejo_estado:providencia:17001233300020150038201-67295-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento no estructura"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-03-04"
radicado: "17001233300020150038201"
numero: "67295"
ponente: "ALBERTO MONTAÑA PLATA"
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# Consejo de Estado: la sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento no estructura

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-03-04
- **Radicado:** 17001233300020150038201
- **Número interno:** 67295
- **Ponente:** ALBERTO MONTAÑA PLATA
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección B)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** NACION- RAMA JUDICIAL
- **Demandado:** GONZALO HUMBERTO VILLEGAS HENAO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:17001233300020150038201-67295-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/17001233300020150038201/95FC2D3BC78AFE9C2D75229C5ED7C9FBC2919D5694CDF4641B99B779DA8A5278/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=170012333000201500382011100103

## Problema jurídico

¿No podría considerarse que el demandado, al omitir la motivación del acto administrativo de insubsistencia de un empleado en provisionalidad actuó, entonces, con la intención positiva de inferir un perjuicio a la persona que fue objeto de la declaratoria de insubsistencia?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿La carga argumentativa de la demanda es insustituible, de manera que a la Sala le está vedado hacer interpretaciones tales como qué específicos supuestos de las presunciones corresponderían a los…
- ¿La muerte del demandado en la acción de repetición, puede ocasionar una violación insuperable al debido proceso por la ausencia real y material de defensa…
- ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 270 de 1996, art. 71
- Ley 678 de 2001

## Extracto

Se declaró la insubsistencia de un trabajador de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, quien posteriormente interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho y obtuvo sentencia favorable. Esta fue objeto del pago que se repite. Sobre la base de que, en la expedición del acto, se actuó con culpa grave o dolo, se demandó en acción de repetición al empleado que profirió la resolución de insubsistencia.… Como, además, están satisfechos los 3 elementos objetivos de la acción de repetición: existencia de un reconocimiento indemnizatorio (para el caso por medio de una sentencia judicial), el pago de la indemnización y calidad de agente estatal de Gonzalo Humberto Villegas Henao, el análisis de la Sala se centrará en la prueba del elemento subjetivo de la acción de repetición.

## Síntesis temática

El juez contencioso administrativo niega las pretensiones del medio de control de repetición cuando la entidad demandante incumple la carga argumentativa y probatoria de demostrar el elemento subjetivo de dolo o culpa grave del agente estatal. Aunque concurran los tres elementos objetivos —reconocimiento indemnizatorio mediante sentencia judicial, pago de la indemnización y calidad de agente estatal—, la parte actora es insustituible en señalar expresamente las presunciones de la Ley 678 de 2001 aplicables y exponer las razones que configuran sus supuestos de hecho. En particular, la omisión de motivar el acto administrativo de insubsistencia de un empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera para proveer por concurso de méritos constituye un error excusable que descarta la intención positiva de inferir perjuicio y la presunción de dolo o culpa grave del artículo 71 de la Ley 270 de 1996, cuando en el año 2005, época de expedición del acto, la jurisprudencia contenciosa admitía dicha desvinculación sin motivación antes del cambio jurisprudencial del año 2010.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA, AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA, DOLO, PRESUNCIÓN DE DOLO, CULPA GRAVE, PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE, ERROR EXCUSABLE, ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, AUSENCIA DEL DOLO, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA, INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA, LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ, MUERTE DE LA PERSONA, MUERTE DE LA PARTE DEL PROCESO, DEMANDADO, SUCESIÓN PROCESAL, HEREDERO, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, CONDENA EN COSTAS, CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / ERROR EXCUSABLE / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / AUSENCIA DEL DOLO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿No podría considerarse que el demandado, al omitir la motivación del acto administrativo de insubsistencia de un empleado en provisionalidad actuó, entonces, con la intención positiva de inferir un perjuicio a la persona que fue objeto de la declaratoria de insubsistencia?
Respuesta al problema jurídico: No
Se declaró la insubsistencia de un trabajador de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, quien posteriormente interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho y obtuvo sentencia favorable. Esta fue objeto del pago que se repite. Sobre la base de que, en la expedición del acto, se actuó con culpa grave o dolo, se demandó en acción de repetición al empleado que profirió la resolución de insubsistencia. (...) Como, además, están satisfechos los 3 elementos objetivos de la acción de repetición: existencia de un reconocimiento indemnizatorio (para el caso por medio de una sentencia judicial), el pago de la indemnización y calidad de agente estatal de Gonzalo Humberto Villegas Henao, el análisis de la Sala se centrará en la prueba del elemento subjetivo de la acción de repetición. Sobre este último, a la controversia le podría ser aplicable el régimen jurídico previsto en la Ley 678 de 2001, pues los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron durante su vigencia. Sin embargo, la parte actora no refirió, en forma expresa, cuáles eran las presunciones que se activaron en este caso, ni cumplió con la carga argumentativa de exponer las razones por las cuales se configuraban los supuestos de hecho que las presunciones invocadas de manera genérica. En el cumplimiento de esa carga la parte actora es insustituible, de manera que a la Sala le está vedado hacer interpretaciones tales como qué específicos supuestos de las presunciones corresponderían a los hechos invocados en la demanda, so pena de conculcar el derecho de defensa. Por el contrario, la parte actora sí expuso y argumentó las razones por las cuales, en este caso, debía aplicarse la presunción de dolo o culpa grave prevista en el artículo 71 de la Ley 270 de 1996. Tal norma era aplicable al acá demandado, en la medida en que el régimen de responsabilidad previsto en esa normativa se predica de agentes judiciales (artículo 65); el Director Seccional de la Rama Judicial, Gonzalo Humberto Villegas Henao, tenía esa condición, pues sus funciones y competencias (por cuyo incumplimiento, eventualmente, podría ser condenado el Estado) fueron definidas, de manera expresa, por la propia Ley 270 de 1996 (artículo 103). La Sala confirmará la sentencia apelada porque no se probó el supuesto de hecho que activa la preunción alegada en la demanda. La sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento no estructura, por sí sola, la presunción invocada; en cualquier caso, si Gonzalo Humberto Villegas Henao incurrió en una falta de motivación al proferir la declaratoria de insubsistencia, tal deficiencia sería excusable. (...) Para empezar, la Sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento, no hizo ningún análisis particular de la conducta del acá demandado, trámite al que, además, no consta que hubiera sido vinculado, lo que conlleva a que las consideraciones allí realizadas no le sean atribuibles, por lo menos, a título personal. En este punto, se destaca que la Corte Constitucional, en sentencia de unificación, advirtió que la parte demandante en esta acción tiene la carga de acreditar, al margen del análisis efectuado en la providencia que declaró la responsabilidad del Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave”. De igual forma, ha puesto de presente que, en materia de repetición, “está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la administración”. En esas condiciones, aunque la sentencia ordinaria, en los casos en los que se apliquen las presunciones, permita acercarse al hecho base12 lo cierto es que aquí, la presunción alegada13 escapa a lo resuelto en la sentencia de nulidad y restablecimiento, en donde nunca se analizó lo referente a la existencia o no de una excusa para haber adoptado en esas condiciones el acto administrativo. En esa medida, la responsabilidad del agente debía sustentarse en los demás elementos de juicio allegados al proceso de repetición, sobre los cuales el acá demandado tuviera la oportunidad real de ejercer su derecho de defensa. Así, aunque quedó establecido en la Sentencia que el acto administrativo de insubsistencia tenía que ser motivado, tal y como, a juicio del juez de su legalidad, lo exigía la jurisprudencia del Consejo de Estado a partir de un fallo del año 2010, la Sala encuentra que la falencia en la que habría incurrido el demandado era excusable y, por lo mismo, su conducta no configuraba la presunción de “dolo o culpa grave” del artículo 71 de la Ley 270 de 1996. Al respecto, basta considerar que, para la época en que se profirió esa Resolución (2005), la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado tenía sentado que en los casos de nombramientos en provisionalidad de personas que no hacían parte de la carrera administrativa, en cargos para ser suplidos por concurso de méritos, la desvinculación podía darse por acto que no tenía que ser motivado En ese contexto, no podría considerarse que el demandado, al omitir la motivación de ese acto administrativo (comportamiento que estaba en línea con la posición que, para ese momento, prohijaba la jurisprudencia del Consejo de Estado), actuó, entonces, con la intención positiva de inferir un perjuicio a la persona que fue objeto de la declaratoria de insubsistencia. Al no estar probado el supuesto de hecho de la presunción invocada en la demanda, y no existir, por consiguiente, prueba del elemento subjetivo de la acción de repetición, la Sala confirmará la sentencia apelada y condenará en costas a la parte actora.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-354 de 2020, del 26 de agosto de 2020. Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez; La Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996. Al respecto, en otra acción de repetición fallada por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, se argumentó: “Fue a partir de la sentencia del 23 de septiembre de 2010 que el Consejo de Estado estableció que debía motivarse del acto de retiro del servicio de los empleados nombrados en provisionalidad cuya desvinculación ocurriera luego de la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004 y que la discrecionalidad del nominador solo se predicaba respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción. En esa decisión, reiterada en lo sucesivo, se precisó que el retiro del servicio de los empleados que ocuparan cargos de carrera en provisionalidad debía ser justificado mediante la expedición de un acto administrativo motivado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13, 123 y 125 de la Constitución Política, y el alcance de lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y en su Decreto Reglamentario 1227 de 2005”. Con esas premisas, la Subsección A concluyó: “En definitiva, se acreditó que: i) para junio de 2006 [para el caso 2007] no existía una línea jurisprudencial uniforme en torno a la estabilidad laboral relativa de los empleados públicos que desempeñaban cargos de carrera en provisionalidad; ii) la seguridad jurídica sobre la adecuada aplicación de la Ley 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario 1227 de 2005 sólo se alcanzó en septiembre de 2010”, motivos por los cuales se “…descart[ó] una violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho por parte del demandado al terminar el nombramiento de [xxxxx] sin expresar las razones de esa decisión, la misma era razonable para junio de 2006 y, además, contaba con el respaldo de la entonces jurisprudencia del Consejo de Estado -sin perjuicio de que se comparta o no esa hermenéutica-, la cual fue acogida por la secretaría jurídica de Itagüí, dependencia que prestaba su asesoría para que el entonces alcalde no incurriera en yerros jurídicos, por ejemplo, al ejercer su facultad de remoción” (Sentencia de 18 de febrero de 2022, Radicación número: 05001-23-31-000-2015-01055-01 [67.534]). Criterio reiterado por esta Subsección en Sentencia de 16 de noviembre de 2023, Rad. 11001-03-26-00-2014-00096-00 (51684) (sin aclaración o salvamento de voto).
FUENTE FORMAL:
LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 71, LEY 678 DE 2001
CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La carga argumentativa de la demanda es insustituible, de manera que a la Sala le está vedado hacer interpretaciones tales como qué específicos supuestos de las presunciones corresponderían a los hechos invocados en la demanda, so pena de conculcar el derecho de defensa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A] la controversia le podría ser aplicable el régimen jurídico previsto en la Ley 678 de 2001, pues los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron durante su vigencia. Sin embargo, la parte actora no refirió, en forma expresa, cuáles eran las presunciones que se activaron en este caso, ni cumplió con la carga argumentativa de exponer las razones por las cuales se configuraban los supuestos de hecho que las presunciones invocadas de manera genérica. En el cumplimiento de esa carga la parte actora es insustituible, de manera que a la Sala le está vedado hacer interpretaciones tales como qué específicos supuestos de las presunciones corresponderían a los hechos invocados en la demanda, so pena de conculcar el derecho de defensa.
MUERTE DE LA PERSONA / MUERTE DE LA PARTE DEL PROCESO / DEMANDADO / SUCESIÓN PROCESAL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / HEREDERO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La muerte del demandado en la acción de repetición, puede ocasionar una violación insuperable al debido proceso por la ausencia real y material de defensa, que imposibilita decidir de fondo la acción?
Respuesta al problema jurídico: Si
A juicio del Ponente, la muerte del demandado en la acción de repetición, puede ocasionar una violación insuperable al debido proceso por la ausencia real y material de defensa, que imposibilita decidir de fondo la acción (por falta de legitimación pasiva en la causa de los herederos); así, por ejemplo, cuando, se demande directamente a los herederos del agente estatal, es evidente que no puede garantizarse el derecho de defensa. No obstante, habrá casos en donde el agente estatal fallece en el curso del proceso judicial, caso en el cual, habrá que revisar si desplegó o no una defensa real y efectiva. En el caso concreto, el ex agente estatal falleció el 6 de septiembre de 2020, es decir: después de que se impuso la condena al Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento (de 6 de septiembre de 2012); después de que se presentó la demanda de repetición (que se promovió el 7 de julio de 2015); después de que la misma le fue notificada, y una vez que, dentro de este trámite, se profirió sentencia de primera instancia adversa a la posición de la Rama Judicial. Es de notar que la decisión recurrida sopesó la postura de la defensa, que fue constituida por el propio agente del estado demandado, quien designó un apoderado judicial y contestó la demanda proponiendo excepciones. En esas condiciones, al comprobarse que el agente estatal tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, frente a los herederos no sería dado predicar una vulneración insuperable de esa garantía fundamental. Lo anterior, porque, cuando se promovió la acción de repetición, el directo responsable contaba con la información que su defensa requería (qué hacía en el ejercicio de su trabajo, cuáles eran sus deberes, cuáles eran sus comportamientos esperados, etc.), y contó con las oportunidades procesales para que se decretaran los medios probatorios con ese fin. Consta asimismo que encaró su defensa durante la mayor parte del proceso y que, cuando sobrevino su muerte, la acción solo estaba a la espera de un pronunciamiento sobre el recurso de apelación propuesto por la Rama Judicial, estado del trámite en el que no había solicitudes probatorias que requirieran de su necesaria intervención. Por esas razones, la Sala no accede a la solicitud del apoderado judicial constituido, en su momento, por Gonzalo Humberto Villegas Henao.
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. En ese orden, el artículo 365 del Código General del Proceso aplicable al presente proceso, consagra que se condenará en costas “a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación…”. El artículo 361 del CGP indicó que las costas se componían de expensas y gastos sufragados en el proceso y agencias en derecho. En atención a que el apoderado del extremo demandado descorrió el traslado para alegar de conclusión en esta instancia, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a liquidar por Secretaría en el caso de que se hubieren causado. La Sala no hará pronunciamiento alguno sobre la condena en costas impuesta en la primera instancia, ya que la parte actora no apeló esa determinación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-03-04. C.P. ALBERTO MONTAÑA PLATA. Rad. 17001233300020150038201. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:17001233300020150038201-67295-sentencia).
