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clave: "consejo_estado:providencia:17001233300020120029701-52112-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-06-08"
radicado: "17001233300020120029701"
numero: "52112"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
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# Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-06-08
- **Radicado:** 17001233300020120029701
- **Número interno:** 52112
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
- **Demandado:** INGENIO PICHICHI S.A
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:17001233300020120029701-52112-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/17001233300020120029701/BDBFAD48FFDA8A4127F0C3BF6BFF779C59AD7F92837FFC77FB542DCBF4008164/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=170012333000201200297011100103

## Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿Goza el juez de facultades para interpretar la demanda?
- ¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia derivada de contrato celebrado por empresa industrial y comercial del Estado?
- ¿Se acreditó la legitimación en la causa de las partes?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, art. 150

## Extracto

Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia, en atención a su cuantía , en los términos del artículo 150 del C.P.A.C.A.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PROCESO DE DOBLE INSTANCIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, MEDIO DE CONTROL, ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL, FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ, INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA, PAGO DE LO NO DEBIDO, REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, PAGO EN EXCESO, INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PRECIO, FIJACIÓN DEL PRECIO, PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO, PRUEBA DOCUMENTAL, ACTO PRECONTRACTUAL, ACTO PROPIO, TEORÍA DEL ACTO PROPIO, PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO, SANCIÓN POR ACTO PROPIO, PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS, PRINCIPIO NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA, BUENA FE CONTRACTUAL, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL, FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, BALANCE, SALDOS A FAVOR, PROCEDENCIA DE SALDOS A FAVOR, PROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN, IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS CORRIENTE, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia, en atención a su cuantía , en los términos del artículo 150 del C.P.A.C.A.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150
MEDIO DE CONTROL / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / PAGO DE LO NO DEBIDO / REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / PAGO EN EXCESO
Problema jurídico:
¿Goza el juez de facultades para interpretar la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
Frente al medio de control, la Sala considera que, en uso de las facultades interpretativas de la demanda , las pretensiones y hechos de la demanda pueden encuadrarse dentro de la lógica del reintegro del pago de lo no debido, según el cual las partes pueden pretender, entre otras, el cumplimiento de una determinada obligación, como ocurre en este caso, el ajuste de cuentas en los términos que correspondan a la verdadera ejecución de las obligaciones de cara a las estipulaciones pactadas y la devolución de lo pagado en exceso. (...) En esos términos, a partir de las pretensiones de la demanda y de la causa petendi formulada, es claro que el conflicto que se planteó versó sobre un pago en exceso y la restitución de este valor, aspecto sobre el cual se pronunció la parte demandada y respecto del cual, por tanto, se trabó la litis. Igualmente, tampoco puede alegarse que el contrato se liquidó con cada entrega de miel, como quiera que las partes pactaron revisar este balance al final de su ejecución, que es lo que procede en esta oportunidad bajo el concepto del pago en exceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las facultades del juez para interpretar la demanda, consultar auto de 19 de agosto de 2016, Exp. 57380, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia derivada de contrato celebrado por empresa industrial y comercial del Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Atendiendo a la naturaleza pública de la ILC , la controversia contractual, respecto de la cual se plantea el presente litigio, es de conocimiento de esta jurisdicción, en los términos del artículo 104 del C.P.A.C.A.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Problema jurídico:
¿Se acreditó la legitimación en la causa de las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las partes se encuentran legitimadas, en tanto son parte de la relación contractual que genera la presente controversia.
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
OBITER DICTUM
[E]l medio de control se presentó de forma oportuna. En efecto, el plazo de duración se fijó en seis meses, contados desde la aprobación de la garantía única de cumplimiento, la cual se verificó el 5 de mayo de 2010. Por tanto, el contrato se terminó el 5 de noviembre de ese mismo. Desde el día siguiente, las partes tenían cuatro meses para liquidarlo bilateralmente, tal como lo convinieron, es decir, hasta el 6 de marzo de 2011. Como la demanda se presentó el 7 de diciembre de 2012, es claro que lo fue dentro del bienio establecido en el ítem v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A., con mayor razón cuando aquí se agotó el trámite de conciliación prejudicial.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
PRECIO / FIJACIÓN DEL PRECIO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO / PRUEBA DOCUMENTAL / ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO PROPIO / TEORÍA DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO
Problema jurídico:
¿Se acreditó la existencia de un formato contentivo de la fórmula de precios?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala considera que no es atendible lo expuesto por el a quo y la parte demandada, por cuanto, contrario a lo afirmado por el contratista, existe un formato que contiene la fórmula de precios para el mes de marzo de 2010, con su nombre. Documento que nunca desconoció o tachó de falso. En esa medida, la Sala lo tendrá como el documento precontractual presentado por el contratista. Ahora, si el contratista desconocía el cuadro para calcular la prima variable, como lo afirmó, la cuestión es cómo hizo para calcularla en su propuesta e interpretar que correspondía al 55% y no a 55 dólares. Esta no es una cuestión menor, sino que comporta una verdadera contradicción entre los actos propios del contratista, como quiera que si desconocía las condiciones para calcular la prima variable era imposible que la presentara en su oferta, como efectivamente lo hizo. Adicionalmente, tampoco desconoció el documento contentivo del cuadro del folio 74, ni lo tachó de falso.
ACTO PROPIO / TEORÍA DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / SANCIÓN POR ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / PRINCIPIO NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE
Problema jurídico:
¿El contratista desconoció el principio de respecto del acto propio al negar la existencia de las condiciones para calcular la prima e intentar aprovecharse del comportamiento negligente de la demandada, para modificar a motu proprio la relación contractual, sin la intervención del funcionario competente para el efecto?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a falta de claridad que alega la parte demandada es inexistente. No hay interpretación que pueda respaldar el entendimiento y la aplicación que hizo para calcular el valor de la prima diferencial. Tampoco aportó otro documento diferente al cuadro aquí analizado del que se pudiera derivar otra interpretación. En consecuencia, se trata de un desconocimiento claro de lo pactado, como quiera que dicho cuadro, fue parte de los documentos previos y del contrato, de suerte que no podía apartarse de él a través de una supuesta interpretación en contra de lo evidente. (...) se tiene que si bien la ILC desplegó una conducta uniforme al principio de toda la actividad contractual, consistente en la aprobación del valor de la prima con base en el 55%, para después, en sede de liquidación, pedir que se hiciera con base en la suma de 55 dólares, se muestra que su conducta no fue injustificada, sino que se limitó a la exigencia de lo contratado originalmente, sin que esto hubiera sufrido modificación por el comportamiento de las partes. En esa medida, no puede existir desconocimiento de una confianza fundada en una cláusula que tenía una clara interpretación y que se contrarió por error durante toda la actividad contractual. Efectivamente, en el sub lite el comportamiento de la actora carece de la entidad jurídica para enrostrarle sus propios actos, como fuente para asumir el error en el valor de la prima variable. En primer lugar, porque las evaluaciones precontractuales, si bien son avaladas por el representante legal de la entidad estatal, lo cierto es que en su valoración intervienen diferentes funcionarios. Igualmente, en la ejecución del contrato, los actos del supervisor, que fue quien aprobó las fórmulas presentadas por el contratista, tampoco tienen la posibilidad de modificar la relación contractual, como quiera que no es el funcionario competente para el efecto ni tampoco se le entregó dicha facultad. Además, no existió la falta de claridad en el valor que debía aplicarse. En esa medida, la conducta de ambas partes debió ceñirse al valor de la prima variable de 55 dólares y no de 55%; sin embargo, el contratista escudado en una supuesta confusión decidió aplicar el segundo valor, comportamiento que no tiene ningún fundamento contractual. Por su parte, la ILC, de manera errada y por fuera de lo pactado, autorizó, a través de su supervisor, el cálculo que hizo el contratista. Ahora, con independencia del comportamiento de las partes, el principio de la buena fe les exigía estarse a lo pactado, por cuanto era la ley del contrato, salvo que decidieran modificarlo de mutuo acuerdo (artículos 1602 y 1603 del Código Civil), lo que no ocurrió. No obstante, el contratista, quien además en esta sede, de manera artificiosa, negó la existencia de las condiciones para calcular la prima, cuando lo cierto es que las aplicó, intentó aprovecharse del comportamiento negligente de la demandada, para modificar a motu proprio la relación contractual, sin la intervención del funcionario competente para el efecto. Lo anterior, no enerva, claro está, las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados. También debe destacarse que la conducta de la administración no fue injustificada, sino que buscaba la aplicación de lo pactado. Además, el principio de buena fe imponía de su contraparte un comportamiento leal y ajustado a los acuerdos, de tal forma que evitara inducirla en error, como en efecto ocurrió.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la teoría de los actos propios, consultar sentencia de la Corte Constitucional, Exp. T-295 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / BALANCE / SALDOS A FAVOR / PROCEDENCIA DE SALDOS A FAVOR / INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS / REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / PAGO EN EXCESO / PROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS CORRIENTE
Problema jurídico:
¿Existe un saldo a su favor de la Industria Licorera de Caldas por la aplicación indebida de las condiciones para calcular la prima variable de pago, que se calculaba de acuerdo con la diferencia de precios de las bolsas de Londres y Nueva York?
Respuesta al problema jurídico: Si
El (...) balance arroja un saldo a favor de la ILC por la suma de $637.155.729, que resulta de la aplicación correcta del valor de la prima variable, es decir, 55 dólares. Como la parte demandada no desconoció el pago de las cuentas, con base en el 55% y tampoco cuestionó la liquidación del supervisor arriba citada, además que la misma coincide con los datos suministrados en las fórmulas presentadas por el contratista, la Sala tendrá ese valor como el saldo que se debe reintegrar, el cual será indexado desde la presentación de la demanda, cuando se requirió al contratista, como quiera que se trató de una obligación sin plazo expreso, hasta la fecha de esta providencia. (...) De otro lado, se pidieron intereses corrientes, pero estos no se pactaron en el contrato, razón suficiente para desestimarlos, sin que la ley los imponga para la presente obligación, como ocurre para otros supuestos (verbi gracia, artículos 884, 885 y 1163 del Código de Comercio) . En suma, el Ingenio Pichichi deberá reintegrar la suma de $968.999.168.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1163, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 884, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 885
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el sub lite, como a la parte demandada se le condenará a pagar las costas de ambas instancias, las agencias en derecho en primera instancia, para los asuntos contencioso administrativos con cuantía, deben fijarse hasta el 20% del valor de las pretensiones negadas o reconocidas en la sentencia, conforme dispone el artículo 6 del Acuerdo en cita. En ese sentido, como la labor procesal del mandatario judicial de la entidad demandante fue continuada y consistente en el transcurso de la primera instancia, las agencias en derecho de dicha instancia se fijarán en la suma de $6.371.557, monto que deberá ser pagado a favor de la ILC, con fundamento en la relación porcentual del 1% de las pretensiones que fueron formuladas en este litigio, que suman $637.155.729. Por otra parte, en lo que tiene que ver con las agencias en derecho en segunda instancia, estas deben fijarse hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas de la sentencia, según lo dispuso el artículo 6 del aludido Acuerdo. Se advierte que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Acuerdo 1887 de 2003, la gestión procesal de la apoderada de la entidad actora en esta instancia se limitó a interponer el recurso de apelación. En tal virtud, se fijan las agencias en derecho también en la suma de $6.371.557, en favor de la entidad demandante, con fundamento en la relación porcentual del 1% de las pretensiones.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-06-08. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 17001233300020120029701. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:17001233300020120029701-52112-sentencia).
