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clave: "consejo_estado:providencia:15001233300020190001701-67942-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-06-18"
radicado: "15001233300020190001701"
numero: "67942"
ponente: "NICOLÁS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-06-18
- **Radicado:** 15001233300020190001701
- **Número interno:** 67942
- **Ponente:** NICOLÁS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
- **Actor:** SOCAR INGENIERIA S.A.S.
- **Demandado:** MUNICIPIO DE RAMIQUIRI BOYACA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020190001701-67942-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/15001233300020190001701/4055FC1B330374D683EF9BB656863AA74D16A0A0524AB7A4255B31AFE9562001/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012333000201900017011100103

## Regla de decisión

La caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y debe ser declarada de oficio por el juez.

## Problema jurídico

¿Puede un juez declarar de oficio la caducidad del medio de control cuando esta se encuentra probada, sin que medie solicitud de parte?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Debe considerarse de manera separada el término de caducidad para las pretensiones de nulidad de un contrato estatal y de los actos administrativos que lo declaran terminado anticipadamente?
- ¿Opera la caducidad respecto de la acción de nulidad absoluta de una cláusula contractual cuando el supuesto vicio era conocido desde el perfeccionamiento del contrato y la demanda se presentó por…
- ¿La demanda presentada fue radicada dentro del término de caducidad respecto de los actos administrativos impugnados?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2
- Ley 446 de 1998, art. 13
- Ley 640 de 2001, art. 21

## Extracto

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

## Síntesis temática

El juez declara de oficio la caducidad del medio de control cuando esta se encuentra probada en el proceso, por tratarse de un mecanismo irrenunciable de seguridad jurídica. La caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial.

## Descriptores temáticos

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, DERECHO DE ACCIÓN, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, NULIDAD ABSOLUTA, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO, TÉRMINO PROCESAL, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONTRATO ESTATAL, LEY PROCESAL, APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, NOTIFICACIÓN POR ESTRADO, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, ACUERDO DE VOLUNTADES, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CARGA PROCESAL, CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, ORDENAMIENTO JURÍDICO, VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, NEGOCIO JURÍDICO, ACCIÓN DE NULIDAD, CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD, RECURSO DE REPOSICIÓN, PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE NULIDAD, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL, FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, CADUCIDAD DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, OBJETO DEL CONTRATO, BUENA FE, GARANTÍAS CONTRACTUALES, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONTRATACIÓN ESTATAL, REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PÓLIZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL, APORTE PARAFISCAL, REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, COBERTURA DE LA PÓLIZA DE SEGURO, FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, COSTAS PROCESALES, APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, RECURSO DE APELACIÓN, AGENCIAS EN DERECHO, GESTIÓN DEL PROCESO, CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

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## Texto del documento

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / DERECHO DE ACCIÓN / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO / TÉRMINO PROCESAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTRATO ESTATAL / LEY PROCESAL / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL
Problema jurídico:
¿Puede un juez declarar de oficio la caducidad del medio de control cuando esta se encuentra probada, sin que medie solicitud de parte?
Respuesta al problema jurídico: Si
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez. Bajo el anterior contexto, conviene señalar que, según lo previsto en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en las pretensiones relativas a contratos, el término para demandar será de 2 años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho y de derecho que les sirvan de fundamento y, cuando se persiga la nulidad absoluta o relativa del acuerdo de voluntades, el plazo en cuestión comenzará a contarse desde el día siguiente a su perfeccionamiento y/o durante su vigencia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 13, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21
NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN POR ESTRADO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / DERECHO DE ACCIÓN / ACUERDO DE VOLUNTADES
Problema jurídico:
¿Debe considerarse de manera separada el término de caducidad para las pretensiones de nulidad de un contrato estatal y de los actos administrativos que lo declaran terminado anticipadamente?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la medida en que en el asunto de estudio se persigue la nulidad: i) de la cláusula décima séptima del contrato No. CCE-RAM.01-2014 del 22 de diciembre de 2014 y ii) de las Resoluciones Nos. 30 del 17 de enero de 2018 y 220 del 23 de mayo de 2018, mediante las cuales tal acuerdo de voluntades se dio por finalizado en virtud de su declaratoria de caducidad, los dos años para ejercer el derecho de acción se deben establecer de manera separada, por tratarse de escenarios distintos frente a los cuales el punto de partida para determinar la demanda en tiempo varía. Primero, frente al contrato No. CCE-RAM.01-2014, se encuentra acreditado que se perfeccionó el 22 de diciembre de 2014, tras haber sido signado por Socar y el municipio de Ramiriquí, así como el 30 de diciembre de 2015 se suscribió su acta de inicio, por lo que a partir de esa fecha comenzó a correr su plazo de ejecución. Con todo, el 23 de febrero de 2016 fue suspendido indefinidamente33, luego de lo cual se profirió la Resolución No. 30 del 17 de enero de 2018, mediante la cual se declaró el incumplimiento y la caducidad del acuerdo de voluntades y se hizo efectiva la cláusula penal, decisión que fue confirmada por medio de la Resolución No. 220 del 23 de mayo de 2018 y que se notificó en esa misma fecha en estrados, feneciendo el negocio jurídico a partir de esa fecha. A partir del esbozo fáctico precedente, no cabe duda de que, en consideración a que la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2018, fue radicada fuera de tiempo frente a la pretensión de nulidad absoluta, habida cuenta de que para esa fecha habían acaecido más de 3 años y 11 meses desde el perfeccionamiento del contrato No. CCE-RAM.01-2014, así como el acuerdo de voluntades llevaba sin estar vigente más de 8 meses, todo lo cual desbordó tanto el plazo de 2 años desde que el negocio jurídico se suscribió, como su término para la ejecución.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CARGA PROCESAL / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ORDENAMIENTO JURÍDICO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / NEGOCIO JURÍDICO / CONTRATO ESTATAL / ACCIÓN DE NULIDAD / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Opera la caducidad respecto de la acción de nulidad absoluta de una cláusula contractual cuando el supuesto vicio era conocido desde el perfeccionamiento del contrato y la demanda se presentó por fuera del término legal?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [E]l acuerdo de voluntades objeto de la controversia fue directamente suscrito por Socar, de ahí que desde el primer momento en que se perfeccionó conoció la cláusula décima séptima, referida a la posibilidad de declaración unilateral de caducidad por la entidad contratante, sin que le hubiera merecido ningún reparo solo hasta que tal prerrogativa fue ejercida en su contra, aspecto frente al cual se advierte que la nulidad absoluta no está prevista para cuestionar la conveniencia de las obligaciones negociales, sino para anular los acuerdos de voluntades que adolezcan de vicios tan perjudiciales que impiden una concreción del objeto contractual en forma sincrónica con el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, a Socar le asistía la carga de, si a bien lo tenía, pedir la nulidad absoluta de la cláusula de caducidad del contrato No. CCE-RAM.01-2014, ya fuera dentro de los 2 años desde su perfeccionamiento, o durante su vigencia, pues cualquier vicio que pudiera existir frente a aquella fue conocido desde que se signó el negocio jurídico, sin que, entre otros, se admita la posibilidad de nulidades sobrevinientes, pues la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática en que los vicios que la ocasionan solo pueden causarse al momento de la celebración del negocio jurídico y no en forma posterior. En ese orden de ideas, como la pretensión de nulidad absoluta se formuló por fuera de los términos previstos por el legislador en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, es claro que operó el fenómeno jurídico de la caducidad, aspecto que releva a la Sala de estudiar dicho reproche y, como consecuencia, ello será declarado en la parte resolutiva de la sentencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la nulidad de la cláusula de caducidad del contrato que se causa la momento de la celebración el negocio jurídico, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 24 de abril de 2024. Radicado 25000-23-36-000-2013-00886-01 (57563).
FUENTE FORMAL:
LEY 1438 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
ACTO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / CONTRATO ESTATAL / DERECHO DE ACCIÓN / RECURSO DE REPOSICIÓN / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / NOTIFICACIÓN POR ESTRADO / PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE NULIDAD / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿La demanda presentada fue radicada dentro del término de caducidad respecto de los actos administrativos impugnados?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [E]n el expediente se encuentra probado que, como ya se indicó, el 30 de enero de 2018 el municipio de Ramiriquí profirió la Resolución No. 30, mediante la cual declaró la caducidad del contrato No. CCE-RAM.01-2014, decisión frente a la cual Socar formuló recurso de reposición y, no obstante, fue confirmada mediante la Resolución No. 220 del 23 de mayo de 201838, actuación que se notificó en estrados en la misma fecha. En tal escenario, dado que se está ante actos administrativos de naturaleza contractual, corresponde contabilizar el término de 2 años para demandar a partir de cuando fueron conocidos por la apelante, es decir, desde el 23 de mayo de 2018, debido a que tal momento constituyó el motivo de hecho o de derecho que sirvió de fundamento a su pretensión de nulidad de tales decisiones. Así las cosas, Socar podía ejercer el derecho de acción frente a la pretensión de nulidad de los actos administrativos que declararon la caducidad del contrato No. CCE-RAM.01-2014 desde el 24 de mayo de 2018 y hasta el 24 de mayo de 2020 y, en la medida en que la demanda se radicó el 19 de diciembre de 2018, no hay duda de que fue presentada en término frente a tal reproche, al margen de que la etapa de conciliación extrajudicial se surtió entre el 21 de agosto y el 3 de octubre de 2018.
CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Debe el juez interpretar el contrato estatal conforme a los criterios del Código Civil cuando exista ambigüedad o contradicción en sus cláusulas o discrepancia en la intención atribuida por las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n el contrato No. CCE-RAM.01-2014 del 22 de diciembre de 2014 del existen dos disposiciones que deben leerse en concordancia con los criterios interpretativos del Código Civil, a saber: i) la prevalencia de la intención de los contratantes, ii) la preponderancia de aquella interpretación que le dé sentido a todo el clausulado contractual, iii) la lectura sistemática e integral del acuerdo de voluntades para determinar su finalidad, debido a que ofrecen distintos caminos sobre un escenario que, eventualmente, puede ser similar. Ciertamente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha hecho uso de los anteriores criterios en eventos en los cuales no exista suficiente claridad o precisión en cuanto al alcance y contenido del documento contractual o se evidencie una contradicción entre las estipulaciones contenidas en el acuerdo de voluntades, e incluso cuando existe claridad en el lenguaje utilizado pero las partes le atribuyen un significado divergente, evento en el cual le corresponde al juez adelantar la labor de interpretación del negocio jurídico con miras a establecer la real intención de los cocontratantes. En este orden de ideas, el contrato debe ser interpretado de acuerdo con la naturaleza del negocio celebrado, en forma sistemática, racional y lógica, con el fin de establecer la voluntad común de los contratantes o dándole a cada cláusula el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad o deberá estarse a la interpretación que mejor encuadre con su naturaleza.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad del juez en la interpretación del contrato con miras a establecer la real intención de los cocontratantes, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de mayo de 2025. Radicado 50001-23-31-000-2010-00449-01 (67.410).
Respecto a la interpretación del contrato según su naturaleza, ver:Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de mayo de 2008. Expediente 11001-31-03-028-2000.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1620
CADUCIDAD DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / BUENA FE / GARANTÍAS CONTRACTUALES / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal cuando el incumplimiento de las obligaciones contractuales es grave, continuado y afecta la ejecución del objeto contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]on las cláusulas vigésima sexta y décimo séptima las partes del acuerdo de voluntades objeto de estudio desearon que, de un lado, se conviniera dar por terminado mutuamente el contrato de no haberse satisfecho los requisitos de ejecución en los 15 días hábiles siguientes para así suscribir el negocio jurídico con otro proponente y, así, evitar la paralización del objeto negocial, mientras que, por otra parte, también estipularon que la Administración habría de ejercer la caducidad de evidenciarse un incumplimiento grave que ocasionara una grave afectación al objeto contractual. Es así como una lectura integral de las cláusulas evidencia que, aunq

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

os requisitos para el perfeccionamiento del contrato y los elementos para su ejecución, en el sentido de que los primeros consisten en que el acuerdo de voluntades sea suscrito por una entidad estatal y se eleve a escrito, mientras que los segundos son elementos que se deben satisfacer para comenzar a concretar el objeto negocial, tales como: i) el registro presupuestal, previa emisión del certificado de disponibilidad presupuestal; ii) el otorgamiento y la aprobación de las garantías para respaldar el cumplimiento obligacional y iii) la acreditación del pago de aportes parafiscales.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la acreditación del pago de parafiscales como elemento de ejecución del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de abril de 2023. Radicado 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023).
Los requisitos para la ejecución del contrato estatal no inciden en su validez, sino que su ausencia conlleva a que el objeto contractual devenga en irrealizable hasta tanto estos no se satisfagan, por lo que su desatención constituye un incumplimiento respecto de quien omite su deber negocial. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de julio de 2008. Radicado 07001-23-31- 000-1996-00511-01 (15079).
La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación también ha considerado que la suspensión del contrato es un fenómeno mediante el cual se paraliza el objeto negocial por mutuo acuerdo de las partes por aspectos como dificultades en su ejecución que se busca superar mientras se hace la pausa en comento. Ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 5 de julio de 2016. Radicado 11001-03-06-000-2016-00001-00 (2278).
REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS CONTRACTUALES / PÓLIZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL / ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REGISTRO PRESUPUESTAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / COBERTURA DE LA PÓLIZA DE SEGURO / FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿La suspensión del contrato exime al contratista del cumplimiento de la obligación de gestionar las garantías?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Subsección advierte, de entrada, que no encuentra ninguna desavenencia de los requisitos de ejecución del contrato No. CCE-RAM.01-2014 que impidiera a Socar satisfacer su obligación de gestionar las pólizas de cobertura del objeto negocial, aunado a lo cual la suspensión tampoco relevaba al contratista a obtener dichos aseguramientos. Frente a los requisitos de ejecución, aunque no existe prueba respecto al otorgamiento del registro presupuestal, tampoco se puso en duda el cumplimiento de tal aspecto, de ahí que, en general, no se vislumbra que el municipio de Ramiriquí hubiera desconocido esa obligación, así como también suscribió en debida forma el acta de inicio del acuerdo de voluntades, por lo que ninguna de dichas exigencias a cargo de la entidad contratante le impidieron a Socar gestionar el aseguramiento del contrato. Ahora bien, aunque la aprobación de las pólizas también es un requisito para la ejecución, no se evidencia que el municipio de Ramiriquí hubiera desatendido injustificadamente tal deber, ya que solo podía avalar los aseguramientos que cumplieran las exigencias del propio acuerdo de voluntades y, en este caso, Socar no allegó en ningún momento los contratos de seguro según las condiciones exigidas, de ahí que tampoco se evidencie que, por cuenta de tal aspecto, esa última sociedad encontrara justificación en su desatención obligacional. Ciertamente, lo que en realidad se evidencia del material probatorio obrante en el expediente es que desde el primer momento Socar desconoció sus obligaciones de gestión de las garantías de forma continua, no solo por haber otorgado unas que no contaban con la cobertura exigida y que, por demás, resultaron fraudulentas, sino por no haber enmendado dicha circunstancia aunque se emitieron múltiples compromisos en ese sentido. Dicho eso, no se vislumbra ninguna desatención de los requisitos de ejecución a cargo del municipio de Ramiriquí, por lo que ese argumento no podía servir de excusa para que Socar desconociera las obligaciones relativas a la cobertura del contrato a través de pólizas, (…). Por otro lado, efectuado el esbozo sobre el alcance de la suspensión en los contratos estatales, es claro que, aunque el negocio jurídico de estudio fue pausado en virtud de tal figura, ello no era óbice para tramitar las garantías, pues, precisamente, tal medida contractual fue producto de la falta de gestión sobre el aseguramiento por Socar, de ahí que no podía justificarse en su ausencia de diligencia con base en dicha circunstancia. (…) En ese orden de ideas, la Sala descarta que circunstancias como la supuesta falta de cumplimiento de los requisitos de ejecución a cargo del municipio de Ramiriquí o la suspensión del contrato No. CCE-RAM.01-2014 hubieran justificado la falta de satisfacción de la gestión del aseguramiento a cargo de Socar, pues dicha situación se originó exclusivamente en la carencia de diligencia del contratista.
COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / RECURSO DE APELACIÓN / AGENCIAS EN DERECHO / GESTIÓN DEL PROCESO / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
El numeral 1 del artículo 365 del CGP dispuso que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la medida de su comprobación. Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en costas en segunda instancia a Socar Ingeniería S.A.S., por resultar vencida en esta instancia. Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del CGP. Para esos efectos deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. En el sub lite, el municipio de Ramiriquí adelantó gestiones de manera activa en esta instancia, pues, además de acudir con apoderado, intervino durante la firmeza del auto admisorio de la apelación, de ahí que las agencias en derecho se encuentren causadas, por lo que la Sala las fijará con base en lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, (…).
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-06-18. C.P. NICOLÁS YEPES CORRALES. Rad. 15001233300020190001701. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020190001701-67942-sentencia).
