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clave: "consejo_estado:providencia:15001233300020150066901-66620-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-08-02"
radicado: "15001233300020150066901"
numero: "66620"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: la caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-08-02
- **Radicado:** 15001233300020150066901
- **Número interno:** 66620
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** DEPARTAMENTO DE BOYACA
- **Demandado:** ARTURO ALFONSO ORTEGON CORREDOR
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020150066901-66620-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/15001233300020150066901/73FE9BD55FEB54B04C114995EB02E890D9A3AE84B6CD091BE110E23473C05511/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012333000201500669011100103

## Problema jurídico

¿La demandante ejerció su derecho de accionar en repetición con la presentación de la demanda en forma oportuna?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿El régimen vigente aplicable al medio de control de repetición contra el director de talento humano de la gobernación de Boyacá, por la supresión de un cargo en diciembre de 2001…
- ¿Se cumplen en el caso concreto los primeros tres requisitos de procendencia del medio de control de repetición, esto es, la obligación reparatoria a cargo del Estado…
- ¿Acreditó la entidad demandante que, la conducta del agente o ex agente del Estado, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa?

## Extracto

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general , estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

## Síntesis temática

En el medio de control de repetición, los plazos para ejercer las acciones contenciosas son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, porque buscan dar seguridad jurídica y evitar situaciones indefinidas en el tiempo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el legislador fijó esos plazos para proteger el interés general, de modo que su vencimiento impide el ejercicio tardío de la acción. Segunda, el carácter de orden público de los términos impide que las partes los modifiquen o renuncien a ellos por acuerdo. En el caso, la demanda de repetición se presentó dentro del término legal, y la providencia confirma que la acción fue ejercida de manera oportuna. La providencia subraya que esos plazos no admiten renuncia por las partes. En la práctica, la entidad que pretenda repetir debe calcular el término desde el evento legal aplicable y presentar la demanda antes de que venza, porque el plazo no puede extenderse por acuerdo entre las partes.

## Descriptores temáticos

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, REPETICIÓN, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO, ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO, ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPRESIÓN, SUPRESIÓN DE CARGO DEL TRABAJADOR, ACTO DE SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO, SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO, EMPLEADO DE LA GOBERNACIÓN, LEY 678 DE 2001, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL, CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO, SERVIDOR PÚBLICO, CONDENA, CONDENA A LA NACIÓN, PAGO DE CONDENA JUDICIAL, PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, FALTA DE PRUEBA, PRESUNCIÓN LEGAL, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, AUSENCIA DEL DOLO, ACTO DE RETIRO DEL SERVICIO POR SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO, COMUNICACIÓN DE SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO, DESVINCULACIÓN POR SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO, COSA JUZGADA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA, INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER, INOPERANCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER, INFRACCIÓN MANIFIESTA, INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LA LEY, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CONDENA EN COSTAS, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, COSTAS PROCESALES, MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, CONCIENCIA DE LA ENTIDAD, DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARTE DEMANDANTE

## Guías prácticas relacionadas

- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.
- [Nulidad del contrato estatal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato.md): Cuándo el contrato es nulo, quién puede pedirlo y qué pasa con lo ya ejecutado.
- [Acción de repetición contra el agente](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/accion-repeticion.md): Cuándo la entidad debe repetir contra su servidor o excontratista por una condena pagada.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — La figura de la caducidad corresponde a la carga que se impone al interesado de acudir a la administración de justicia e impulsar el litigio dentro de los plazos señalados por el legislador para obtener una declaración respecto de sus pretensiones, so pena de perder la oportunidad de hacer efectivo su derecho.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001333603520250005101-73093-auto-interlocutorio.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:54001233100020030061001-58708-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del medio de control de repetición](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020130016600-49155-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la acción de repetición se presentó por fuera del término](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233100020020204501-62493-sentencia.md)

## Texto del documento

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / REPETICIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿La demandante ejerció su derecho de accionar en repetición con la presentación de la demanda en forma oportuna?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general , estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP) , en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA , los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con el que contaba la entidad pública para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de reparación directa, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme. Asimismo, el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA señala que el medio de control de repetición caducará al cabo de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad de la acción de repetición, ver: Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002, Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998; Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006, exp. 6871-05
REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO / ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPRESIÓN / SUPRESIÓN DE CARGO DEL TRABAJADOR / ACTO DE SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO / SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO / EMPLEADO DE LA GOBERNACIÓN / LEY 678 DE 2001
Problema jurídico:
¿El régimen vigente aplicable al medio de control de repetición contra el director de talento humano de la gobernación de Boyacá, por la supresión de un cargo en diciembre de 2001, es el previsto en la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: Si
Régimen jurídico aplicable al caso Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra del departamento de Boyacá ocurrieron el 27 de diciembre de 2001, esto es, cuando Arturo Alfonso Ortegón Corredor, en su calidad de director de talento humano de la gobernación de Boyacá, le informó a (...) la supresión del cargo que desempeñaba en la administración departamental, el régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los asuntos regulados por la Ley 678 de 2001, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, exp. 28448 y 23 de noviembre de 2016, exp. 46108, entre muchas otras.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / SERVIDOR PÚBLICO / CONDENA / CONDENA A LA NACIÓN / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Se cumplen en el caso concreto los primeros tres requisitos de procendencia del medio de control de repetición, esto es, la obligación reparatoria a cargo del Estado, la calidad de servidor o ex servidor público y el pago total de la condena impuesta a la entidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. En este sentido, en aras de resolver el cargo invocado en el recurso de apelación, la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos para la procedencia del medio de control de repetición, ya que para la configuración de dicho instituto jurídico todos ellos deben estar acreditados. Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia de uno de estos elementos el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia, no será posible declarar la procedencia del medio de control de repetición y, por ende, declarar patrimonialmente responsable al agente por los hechos que dieron lugar a la condena al Estado y condenarlo a reembolsar la suma de dinero que éste pagó. (...) La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001. En el sub examine se cumple este requisito (...) El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. (...) si bien no reposa copia del acta de posesión de Arturo Alfonso Ortegón Corredor como director de talento humano del Departamento de Boyacá o certificación que indique el tiempo durante el cual desempeñó dicho cargo, lo cierto es que la calidad del demandado como servidor o ex servidor público para el momento de los hechos está demostrada, pues se acreditó que en ejercicio del cargo de director de talento humano del Departamento de Boyacá suscribió el oficio del 27 de diciembre de 2001 que posteriormente fue anulado por el Consejo de Estado. (...) Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe demostrar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (...) En suma, las pruebas obrantes en el plenario dan cuenta que la entidad demandante efectuó el pago total de la condena impuesta por el Consejo de Estado mediante sentencia del 16 de febrero de 2012, por un valor equivalente a $308.639.996, previos descuentos de orden legal. (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, exp. 22099, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 6 de diciembre de 2006, exp. 22056, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 12 de diciembre del 2007, exp. 27006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Subsecci

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

mediante sentencia judicial se decretó la nulidad de la comunicación del 27 de diciembre de 2001, sino que en el marco del medio de control de repetición es menester demostrar que se configuraran los presupuestos normativos para presumir el dolo y/o la culpa grave del servidor público demandado. (...) , concluye la Sala que la actuación de Arturo Alfonso Ortegón Corredor no configura una violación manifiesta de la ley que permita configurar las presunciones de dolo y/o culpa grave establecidas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, pues como director de talento humano de la Gobernación de Boyacá y encargado del trámite de novedades, informó a (...) que su cargo había sido suprimido a través del Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001 expedido por el Gobernador (e) de Boyacá, el cual tenía la potestad normativa para realizar dichas modificaciones, por lo que, en el marco de este proceso, no se encuentra configurada la desviación de poder ni el desconocimiento inexcusable de las normas de derecho que dé lugar a presumir el dolo o la culpa grave. Además, tampoco se acreditó en este proceso que la desvinculación de del señor (...) obedeciera a intereses particulares del demandado. (...) Con todo, la Sala precisa que no se están desconociendo los efectos de cosa juzgada de la sentencia que impuso la condena al Departamento de Boyacá en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado en su contra, pues el objeto de dicha acción es la determinación de la responsabilidad del Estado como consecuencia del daño causado con un acto administrativo, juicio en el que se busca determinar la oposición del acto a la ley, el cual puede provenir de la conducta antijurídica o no del agente que lo expide, mientras que en el medio de control de repetición la antijuridicidad de la conducta del agente en tanto dolosa o gravemente culposa es el elemento fundamental de la responsabilidad de ese agente o ex agente del Estado en contra del cual se dirige la acción , elemento huérfano de prueba en estas diligencias. Además, la cosa juzgada exige identidad entre las partes, aspecto que no se presenta entre el juicio de repetición y el de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que en el de repetición son partes el servidor público y el Estado, en tanto que en el de nulidad y restablecimiento del derecho lo son el Estado y el supuesto afectado con el acto cuya nulidad se demanda. En conclusión, la anulación del acto administrativo bajo el presupuesto de la existencia del vicio de desviación de poder y violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho no lleva consigo, para casos como el sub examine, la conclusión automática de que se obró con dolo o culpa grave, toda vez que el hecho objetivo de que se haya declarado la nulidad del oficio suscrito por el demandado, no da lugar per se a deducir la responsabilidad del servidor público que lo profirió. Por último, es importante destacar que, al analizar el acervo probatorio tampoco se encontró acreditado que la conducta de Arturo Alfonso Ortegón Corredor haya sido dolosa y/o gravemente culposa, razón por la que no está llamado a responder dentro del medio de control de repetición.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el dolo o la culpa grave, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016, exp. 56284, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2018, exp. 55661, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Sentencias del 30 de agosto de 2007, exp. 29223; del 26 de febrero de 2009, exp. 30329, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; del 22 de julio de 2009, exp. 25659, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Corte Constitucional sentencia C-374 de 2002, sobre la presunción legal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2017, exp. 45203, C.P. Marta Nubia Velasquez Rico; y Subsección A, sentencia del 7 de agosto de 2017, exp. 42777, C.P. Marta Nubia Velasquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de mayo de 2014, exp. 40755, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 62571, C.P. Marta Nubia Velasquez Rico. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 27 de noviembre de 2006, exp. 30113, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 50424, C.P. José Roberto Sáchica Mendez
REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / COSTAS PROCESALES / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONCIENCIA DE LA ENTIDAD / DEPARTAMENTO / DEPARTAMENTO DE BOYACÁ / PARTE DEMANDANTE
Problema jurídico:
¿Procede condenar al departamento de Boyacá a pagar las costas y agencias en derecho, toda vez que fue la parte vencida en el proceso de repetición y aquellas se encuentran acreditadas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala encuentra que es procedente condenar al departamento de Boyacá a pagar las costas y agencias en derecho, toda vez que fue la parte vencida en el proceso de repetición y aquellas se encuentran acreditadas, pues el demandado compareció al proceso mediante apoderado, quien realizó actividades de defensa judicial, consistentes en contestar la demanda, asistir a las audiencias, solicitar pruebas y presentar alegatos de conclusión. En relación con las agencias en procesos de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 6, numeral 1.1. del Acuerdo 2222 del 10 de diciembre de 2003, vigente para el momento de la presentación de la demanda, según el cual tratándose de procesos ordinarios que se surten en segunda instancia la tarifa de agencias en derecho será de hasta el cinco por ciento (5%) de las pretensiones. En este orden, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en el cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total de las pretensiones, en razón de la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también de la actuación desplegada por la parte vencedora. Como las pretensiones se estimaron en $346.793.767 la parte demandante pagará la suma de tres millones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos treinta siete pesos con sesenta y siete centavos ($3.467.937,67).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la actuación de la parte vencedora para la procedencia de las agencias en derecho, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 51034, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 2222 DE 2003 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-08-02. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 15001233300020150066901. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020150066901-66620-sentencia).
