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clave: "consejo_estado:providencia:13001233300020130034002-60255-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se configura una ineptitud de la demanda"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-02-19"
radicado: "13001233300020130034002"
numero: "60255"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: se configura una ineptitud de la demanda

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-02-19
- **Radicado:** 13001233300020130034002
- **Número interno:** 60255
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** MANUEL EDUARDO LEQUERICA VERGARA
- **Demandado:** INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020130034002-60255-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/13001233300020130034002/B2461B34AD6AA6AB393387B05A1BF564989681DB7C486F0FF940009055DC2485/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=130012333000201300340021100103

## Problema jurídico

¿Se configura una ineptitud de la demanda pues se advierte que aun cuando el medio de control de controversias contractuales, en efecto, es el adecuado para solicitar la nulidad de los actos administrativos contractuales, como el que se analiza en esta oportunidad, lo cierto es que, en el presente asunto, el actor no incluyó dentro de sus pretensiones la de nulidad del acto administrativo contenido en el acta 76 de 2011, ni desarrollo el concepto de violación, como lo indica el artículo 162.4 del CPACA?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿Es procedente un fallo inhibitorio cuando hay una indebida integración de la pretensión de nulidad del acto administrativo…
- ¿Existen formalidades para la conformación y existencia de un acto administrativo?
- ¿Se debe aplicar el Estatuto General de Contratación al contrato de participación suscrito por el ICBF?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2388 de 1979, art. 107
- Ley 1437 de 2011, art. 162 núm. 4
- Ley 2388 de 1979, art. 123

## Extracto

Manuel Eduardo Lequerica Vergara presentó denuncia de vocación hereditaria, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante, ICBF), sobre unos bienes que pertenecían al causante Francisco Rubén Rodríguez Emiliani. Con fundamento en lo anterior, ambas partes celebraron un contrato de participación, cuyo objeto era “adelantar las gestiones judiciales y extrajudiciales necesarias para que los bienes objeto de la denuncia le sean adjudicados y entregados real y materialmente al ICBF”.

## Síntesis temática

La entidad estatal que profiere decisiones administrativas definitivas en el marco de su actividad negocial y legal emite verdaderos actos administrativos amparados por la presunción de legalidad, los cuales producen efectos jurídicos unilaterales frente a los particulares. Cuando el actor promueve un medio de control de controversias contractuales fundado en la inconformidad con una determinación de esta naturaleza, resulta indispensable incluir dentro de las pretensiones la solicitud expresa de nulidad del respectivo acto administrativo y desarrollar el concepto de violación conforme a los requisitos establecidos en las normas procesales del CPACA. La omisión de este presupuesto procesal esencial impide el estudio de fondo de la controversia y conduce inexorablemente a proferir un fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva de la demanda.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, FALLO INHIBITORIO, PROCEDENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA, SENTENCIA INHIBITORIA, EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA, INEPTITUD DE LA DEMANDA, CONFIGURACIÓN DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA, RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, FUENTE DEL DAÑO, CONFIGURACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DAÑO CAUSADO POR ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR, DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FUNCIONES DEL ICBF, CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, FALTA DE REQUISITOS DE LA DEMANDA, FALLO INHIBITORIO POR INEPTITUD DE LA DEMANDA, PROCEDENCIA DEL FALLO INHIBITORIO, INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO, CLASES DE ACTO ADMINISTRATIVO, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, CONTRATO ESTATAL, ICBF, CARACTERÍSTICAS DEL ICBF, ESTRUCTURA DEL ICBF, FACULTADES DEL ICBF, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES, CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS, LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FALLO INHIBITORIO / PROCEDENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA / SENTENCIA INHIBITORIA / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / INEPTITUD DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FUENTE DEL DAÑO / CONFIGURACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DAÑO CAUSADO POR ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FUNCIONES DEL ICBF / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALTA DE REQUISITOS DE LA DEMANDA / FALLO INHIBITORIO POR INEPTITUD DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se configura una ineptitud de la demanda pues se advierte que aun cuando el medio de control de controversias contractuales, en efecto, es el adecuado para solicitar la nulidad de los actos administrativos contractuales, como el que se analiza en esta oportunidad, lo cierto es que, en el presente asunto, el actor no incluyó dentro de sus pretensiones la de nulidad del acto administrativo contenido en el acta 76 de 2011, ni desarrollo el concepto de violación, como lo indica el artículo 162.4 del CPACA?
Respuesta al problema jurídico: Si
Manuel Eduardo Lequerica Vergara presentó denuncia de vocación hereditaria, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante, ICBF), sobre unos bienes que pertenecían al causante Francisco Rubén Rodríguez Emiliani. Con fundamento en lo anterior, ambas partes celebraron un contrato de participación, cuyo objeto era “adelantar las gestiones judiciales y extrajudiciales necesarias para que los bienes objeto de la denuncia le sean adjudicados y entregados real y materialmente al ICBF”. Durante la ejecución del contrato, el señor Lequerica solicitó al ICBF el reconocimiento de una participación económica adicional a la prescrita por vía reglamentaria —fijada en el diez 10% del monto ingresado—, al asegurar que fue su gestión profesional, económica y técnica la que permitió al ICBF obtener unos ingresos superiores a los esperados, que ascendieron a tres mil quinientos cuarenta y tres millones setecientos veintinueve mil dos pesos ($3.543.729.002). El Consejo Directivo del Instituto resolvió no aprobar dicha solicitud, al considerar que, en este caso, lo adecuado era aplicar únicamente el porcentaje fijado por Decreto. La parte accionante pretende, en este contencioso, el reconocimiento de la participación del 25% adicional, pues estimó que el ICBF incurrió en incumplimiento contractual, “toda vez que, para efectos de liquidar la participación del actor debió tener en cuenta los gastos en que este había incurrido”. (...) En el presente asunto, la parte actora pretende la declaración de incumplimiento del contrato de participación 469 de 2009 por parte del ICBF, derivada de la decisión del Consejo Directivo de negar la petición de incrementar el porcentaje de participación económica que le correspondía, de conformidad con las previsiones contenidas en el Decreto 2388 de 1979, modificado por el Decreto 3421 de 1986. Como consecuencia de dicha declaración, el accionante solicitó le fuera reconocido y pagado el 25% de participación económica adicional. En ese orden de ideas, es menester de la Sala, en primer lugar, determinar cuál es la fuente del daño. (...) en el sub examine está demostrado que durante la ejecución del contrato de participación suscrito entre el señor Lequerica y el ICBF, aquel presentó petición formal con solicitud de incremento del porcentaje de participación económica, al considerar que fue gracias a su gestión profesional, económica y técnica que el ICBF obtuvo unos ingresos superiores a los esperados52; petición que fue conocida y estudiada por el Consejo Directivo del instituto, el cual decidió, en sesión ordinaria, negar dicho incremento, al considerar que la liquidación de la participación económica a que tenía derecho el denunciante debía ceñirse al porcentaje establecido en el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, equivalente al 10% del monto efectivamente ingresado. La decisión antedicha quedó plasmada en el acta 76 de 2011 y, luego, fue comunicada al contratista. Frente a lo anterior y aun cuando de la lectura del recurso de apelación se puede deducir que el recurrente considera que la decisión establecida en el acta referida es un acto administrativo, la Sala considera pertinente, en este punto, dilucidar si, en efecto, este tiene tal condición o si, por el contrario, se constituye como un mero acto jurídico. (...) En el sub examine, resulta claro que la decisión, contenida en el acta 76 de 201159 , que negó al actor la solicitud de incremento de la participación económica en el contrato de participación, es un verdadero acto administrativo, pues no solo tuvo su génesis en el ejercicio del derecho de petición —que, de acuerdo con el artículo 4º del CPACA, es una forma de iniciar una actuación administrativa— sino que además, da cuenta de la declaración unilateral de voluntad por parte de la administración —ICBF— capaz de producir efectos jurídicos tendientes a negar un reconocimiento económico adicional al fijado por Decreto; potestad que, se reitera, fue legalmente atribuida al Consejo Directivo del Instituto60, sin que la referencia a ella en el contrato suscrito mute su naturaleza, de la misma forma en que el pacto de las cláusulas exorbitantes no las desnaturaliza como tales, pues no cabe estipulación diferente a la prevista en la ley (en sentido lato). Desde esta perspectiva y en consideración a que la declaración de incumplimiento contractual que aduce la parte actora tiene su genesis en la negativa del Consejo Directivo del ICBF en reconocerle una participación economica adicional a la fijada por el Decreto 2388 de 1979, no hay duda de que la fuente del daño radica en un acto administrativo. Por consigueinte, cualquier reclamación judicial sobre el particular debía sustentarse en un ataque a la validez del acto, pues no puede perderse de vista que este forma parte del ordenamiento jurídico y está amparado por la presunción de legalidad. En suma, se entreve que con apego a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7 de 1979 y el artículo 123 del Decreto 2388 de 1979, las decisiones proferidas por el ICBF en el ejercicio de las funciones enderezadas para el cumplimiento de sus finalidades, entre ellas, su actividad negocial, participan de la naturaleza de actos administrativos, por lo cual, puede deducirse que la decisión reprochada en esta ocasión goza de esa naturaleza. Esclarecido lo anterior, la Sala advierte que aun cuando el medio de control de controversias contractuales, en efecto, es el adecuado para solicitar la nulidad de los actos administrativos contractuales —como el que se analiza en esta oportunidad— lo cierto es que, en el presente asunto, el actor no incluyó dentro de sus pretensiones la de nulidad del acto administrativo contenido en el acta 76 de 2011, ni desarrollo el concepto de violación, como lo indica el artículo 162.4 del CPACA. Es así, como el actuar de la parte demandante impide al juzgador realizar un análisis de fondo del caso puesto a su consideración, pues adelantarlo sin que se hubiere enjuiciado el acto administrativo constitutivo de daño carece de sentido, pues con ello se produciría una violación al debido proceso, ya que el fallo no sería congruente con la causa petendi y se le restringiría a la parte demandada la posibilidad de defenderse contra los cargos de nulidad. En este orden de ideas, resulta necesario optar por un fallo inhibitorio, por encontrarse probada la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2388 DE 1979 - ARTÍCULO 107, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 162 NUMERAL 4, LEY 2388 DE 1979 - ARTÍCULO 123, LEY 7 DE 1979 - ARTÍCULO 36
FALLO INHIBITORIO / PROCEDENCIA DEL FALLO INHIBITORIO / INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente un fallo inhibitorio cuando hay una indebida integración de la pretensión de nulidad del acto administrativo, dado que es un mecanismo de protección a la congruencia e integridad de la sentencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Respecto de los fallos inhibitorios, la Corte Constitucional ha estimado que estas deben ser rechazadas como formas habituales y generalizadas de dar por terminados los procesos judiciales. Sin embargo, consideró que “la proscripción de las inhibiciones no puede ser absoluta, ya que se dan circunstancias excepcionales, en las que resulta imposible adoptar fallo de mérito, a pesar de que el juez haya hecho uso de todas sus facultades y prerrogativas para integrar los presupuestos procesales del fallo”. En este contexto, se concluye que la debida integración de la pretensión de nulidad del acto administrativo no es un capricho de la jurisdicción, ni puede imputarse como una denegación de justicia. Por el contrario, se evidencia como un mecanismo de protección a la congruencia e integridad de la sentencia, que debe ser adoptada con fundamento en los cargos de violación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Constitucional, sentencia C-666 de 28 de noviembre de 1996.
ACTO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO / CONFIGURACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CLASES DE ACTO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Existen formalidades para la conformación y existencia de un acto administrativo?
Respuesta al problema jurídico: No
Al punto, se recuerda que la jurisprudencia de la Corporación no exige formalidades para la conformación y existencia de un acto administrativo, por manera que estos pueden ser escritos, verbales o incluso simbólicos. No obstante, es ineludible que se observen, por lo menos, los elementos esenciales del mismo, presupuestos que permiten establecer que, en efecto, nos encontramos ante un acto administrativo y no ante cualquier otro acto jurídico o manifestación estatal. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado indicó: “[…] para que un acto jurídico constituya un acto administrativo debe consistir en i) una declaración unilateral, ii) que se expida en ejercicio de la función administrativa, que lo puede ser por una autoridad estatal de cualquiera de sus ramas u organismos, o incluso por entidades privadas en virtud de autorización legal, a menos que por norma especial de orden Constitucional o legal dicha declaración, no siendo expedida en ejercicio de función administrativa sea demandable en acción contencioso administrativa y iii), que ella produzca efectos jurídicos por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante”. Los elementos enunciados constituyen la esencia o sustancia del acto administrativo, por manera que, de encontrarse presentes, se erigen en razón suficiente para estimar el acto como de naturaleza administrativa; en otras palabras, de observarse dichos elementos, estaremos ante un acto administrativo y no ante otra clase de acto jurídico (contrato, sentencia, ley, entre otros). Mutatis mutandis si falta alguno de ellos [v.gr., i) que no exista declaración –o que no sea unilateral–, ii) que no se expida en ejercicio de función administrativa o iii) que no produzca efecto jurídico alguno], seguramente nos ubicaremos ante cualquier otra manifestación del Estado, pero no, se insiste, ante un acto administrativo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de acto administrativo simbólico, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de febrero de 1999, exp. 2074. Sobre la configuración de un acto jurídico como acto administrativo, cita Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de marzo de 2005, exp. 1999-02477-01.
CONTRATO DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO ESTATAL / ICBF / CARACTERÍSTICAS DEL ICBF / ESTRUCTURA DEL ICBF / FACULTADES DEL ICBF / FUNCIONES DEL ICBF
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Se debe aplicar el Estatuto General de Contratación al contrato de participación suscrito por el ICBF?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Congreso de la República expidió la Ley 75 de 1968, por medio de la cual se creó el ICBF, como un establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Luego, dicho organismo dictó la Ley 7 de 1979, que en su artículo 39 prescribió que el patrimonio del Instituto estaría constituido, entre otros, por “los bienes que reciba como heredero o legatario”

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

según la ubicación del bien o el lugar de tramitación del juicio. En ese escrito, el denunciante debe incluir la afirmación, bajo juramento, de que procede de buena fe y, a más de ello, debe manifestar su intención de celebrar el respectivo contrato de participación. A su turno, el artículo 103 del Decreto 2388 de 1979, modificado por el artículo 2º del Decreto 3421 de 1986, determinó que la Dirección General del ICBF o la Dirección Regional respectiva decidirá si hay o no lugar al reconocimiento del denunciante, mediante resolución motivada, previa verificación de las condiciones a que se refiere el artículo 99 ejusdem. 4.3.2. En caso de que sea reconocida la calidad de denunciante, el ICBF deberá suscribir con aquel el respectivo contrato de participación, cuya finalidad es que los bienes objeto de denuncia le sean adjudicados y entregados al instituto. Así las cosas, el artículo 104 del Decreto 2388 de 1979 estableció que el contrato mencionado “derá reunir los requisitos de todo contrato administrativo”. Disposición que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera de esta Corporación35 , conlleva que esta tipología contractual está sometidos a las previsiones del Estatuto General de Contratación Pública. 4.3.3. Seguidamente, los artículos 105 y 106 del Decreto 2388 de 1979 prescribieron, en primer lugar, que los gastos y costos que se causen con motivo de las diligencias necesarias para la adjudicación de los bienes denunciados al ICBF son de cargo del contratista, quien asume toda la responsabilidad de sufragarlos, so pena de incumplimiento contractual; y, en segundo lugar, que el contratista se encuentra obligado a adelantar las diligencias y el juicio objeto del contrato hasta su terminación. 4.3.4. En suma, el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, modificado por el artículo 4º del Decreto 3421 de 1986, fijó unos porcentajes atinentes a la retribución económica que se le debe reconocer al denunciante de los bienes por la gestión realizada. Al punto, dispuso que una vez los bienes ingresen real y materialmente al patrimonio del ICBF, el denunciante tiene derecho al pago de una participación económica, sobre el valor efectivamente percibido por el Instituto, “de acuerdo a la siguiente escala: sobre los primeros veinte millones de pesos ($20.000.000) el 30%; sobre el excedente de veinte millones de pesos ($20.000.000) hasta cincuenta millones de pesos ($50.000.000) el 20%; y sobre el excedente de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) el 10%”. 4.3.5. Finalmente, el artículo 108 del Decreto 2388 de 1979, modificado por el artículo 5º del Decreto 3421 de 1986, previo que, en casos especial, el Consejo Directivo del ICBF “podrá fijar una participación mayor a la escala de porcentajes señalada en el artículo anterior, cuenta habida del avalúo aproximado del aporte profesional, técnico y económico y del bien que ingrese al patrimonio del Instituto, sin que en ningún caso dicha participación pueda exceder del 50%”. En la misma norma, se definió que por aporte profesional, técnico y económico se debe entender el conjunto de actividades especiales que, en ese orden, realice el denunciante y que culminen con el ingreso definitivo de los bienes denunciados al patrimonio del ICBF. En consonancia con lo anterior, el ICBF profirió la Resolución 2200 de 2010, por medio de la cual adoptó el procedimiento que debe seguirse en el trámite de las denuncias de vocaciones, y de bienes vacantes y mostrencos. En concreto, el artículo 20.12.4 estableció que “la facultad de estudiar y decidir las solicitudes de incremento de la participación del denunciante en virtud de su especial aporte profesional, técnico y económico es privativa del Consejo Directivo, al que se le allegarán aquellas, acompañadas del concepto legal debidamente razonado de la Regional y de la Oficina Asesora Jurídica, una vez que se haya producido el ingreso al patrimonio del Instituto de los bienes en cuya adjudicación se sustentan”. De lo expuesto en los párrafos precedentes, la Sala concluye que el problema jurídico aquí planteado debe resolverse teniendo en cuenta no solo el marco normativo propio del contrato de participación, plasmado tanto en los Decretos 2388 de 1979 y 3421 de 1986 como en la Resolución 2200 de 2010, sino además el régimen jurídico general que lo rige, es decir, la Ley 80 de 1993.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con el sometimiento del contrato de participación a las previsiones del Estatuto General de Contratación Pública, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de mayo de 2019, exp. 37690; Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2018, exp 57560; Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, exp 54154.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2388 DE 1979, DECRETO 3421 DE 1986, LEY 7 DE 1979, LEY 75 DE 1968, LEY 80 DE 1993
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la secretaría del a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte accionante, dado que interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y este no prosperó. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la correspondiente liquidación y tasación, debiendo considerar que, en esta instancia se fijan agencias en derecho por el 0.2% de las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con fundamento en las tarifas fijadas en el acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-02-19. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 13001233300020130034002. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020130034002-60255-sentencia).
