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clave: "consejo_estado:providencia:13001233300020120022102-74694-sentencia"
titulo: "Ecopetrol: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-10-05"
radicado: "13001233300020120022102"
numero: "74694"
ponente: "FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ"
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# Ecopetrol: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-10-05
- **Radicado:** 13001233300020120022102
- **Número interno:** 74694
- **Ponente:** FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección B)
- **Clase de proceso:** Controversias contractuales
- **Actor:** EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-
- **Demandado:** SOCIEDAD ALG INGENIEROS LTDA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020120022102-74694-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/13001233300020120022102/2C15BCA396C4BDAD14B37FC4AA16887E742963F646A241DFF8015C6856FF0D8B/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=130012333000201200221021100103

## Problema jurídico

¿El sometimiento de los contratos de Ecopetrol S.A. al derecho privado altera su naturaleza de contratos estatales, y por ende, exime a las partes del cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿En un contrato que requiere liquidación y no fue liquidado bilateral ni unilateralmente, el término de caducidad de las controversias derivadas de su ejecución se cuenta conforme a la regla general…
- ¿Procede la liquidación judicial de un contrato estatal sometido al derecho privado, que no está obligado legalmente a liquidarse…
- ¿Produce efectos de liquidación bilateral, con autoridad de cosa juzgada transaccional, el acta de liquidación final de mutuo acuerdo de un contrato de Ecopetrol que…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1118 de 2006, arts. 4 y 6
- Ley 1150 de 2007, art. 13
- Ley 1437 de 2011, arts. 104 núm. 2 y 105

## Extracto

Dado que el objeto del referido negocio jurídico fue el «servicio de producción, transporte e inyección de gel en líneas de transporte de hidrocarburos de Ecopetrol SA», esto es, que se encuentra dentro de su objeto social, es palmario que (i) la formación, la ejecución, la terminación y la liquidación del contrato se rigen por el Código Civil, por el Código de Comercio y por lo pactado (el clausulado, sus anexos y el esquema de administración del manual de contratación) y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; por manera que, los plazos de liquidación aplicables son los previstos en las cláusulas segunda y trigésima tercera del contrato no. 4024551; (ii) ese régimen no muta la naturaleza estatal del contrato ni sustrae la controversia de esta jurisdicción, pues, el artículo 104 del CPACA se la asigna con independencia del régimen sustancial del negocio jurídico objeto de la controversia…

## Síntesis temática

El sometimiento de los contratos de una entidad de economía mixta a un régimen exceptuado de derecho privado no altera su naturaleza de contratos estatales ni exime a las partes del cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. Cuando el objeto del contrato se encuentra dentro del objeto social de la entidad, su formación, ejecución, terminación y liquidación se rigen por el Código Civil, el Código de Comercio y lo pactado, incluido el manual de contratación, y no por el Estatuto General de Contratación. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 104 del CPACA asigna la controversia a esta jurisdicción con independencia del régimen sustancial del negocio, sin perjuicio del artículo 105; las instituciones que estructuran el litigio, como la interpretación del contrato, la transacción, la cláusula penal y los intereses, se resuelven con normas civiles y mercantiles; y la sujeción al derecho privado no sustrae a las partes de los principios previstos en los artículos 209 y 267 de la Constitución, aplicables por el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, los plazos de liquidación se determinan por lo pactado en el contrato.

## Descriptores temáticos

ECOPETROL, REGÍMENES DE ECOPETROL, RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, CONTRATO ESTATAL, SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, OBJETO SOCIAL DE ECOPETROL, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN FISCAL, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MANUAL DE CONTRATACIÓN, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, ERROR MECANOGRÁFICO, TÍTULO VALOR, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO, NULIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO, TRANSACCIÓN, COSA JUZGADA, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS, CAUSACIÓN DE PERJUICIOS, PAGO PARCIAL, CARGA DE LA PRUEBA, BALANCE, INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, DEMANDA DE RECONVENCIÓN, OTROSÍ AL CONTRATO, DICTAMEN PERICIAL CONTABLE, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, CONSTITUCIÓN EN MORA, FACTURA, RESPONSABILIDAD FISCAL, AUTONOMÍA DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, INTERÉS MORATORIO, INTERÉS REMUNERATORIO, FRUTOS CIVILES DEL BIEN, NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA, PAGO DE LO NO DEBIDO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, TASA DE INTERÉS MORATORIO, INTERÉS BANCARIO CORRIENTE, TASA DTF, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, FALLO ULTRA PETITA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, CONTRATO DE SEGURO, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, AMPAROS BÁSICOS DE LA PÓLIZA DE SEGURO, SINIESTRO, VALOR ASEGURADO, RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR, IMPUTACIÓN DEL PAGO, ACTIO IN REM VERSO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

ECOPETROL / REGÍMENES DE ECOPETROL / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO ESTATAL / SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / OBJETO SOCIAL DE ECOPETROL / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN FISCAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / MANUAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿El sometimiento de los contratos de Ecopetrol S.A. al derecho privado altera su naturaleza de contratos estatales, y por ende, exime a las partes del cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [D]ado que el objeto del referido negocio jurídico fue el «servicio de producción, transporte e inyección de gel en líneas de transporte de hidrocarburos de Ecopetrol SA», esto es, que se encuentra dentro de su objeto social, es palmario que (i) la formación, la ejecución, la terminación y la liquidación del contrato se rigen por el Código Civil, por el Código de Comercio y por lo pactado (el clausulado, sus anexos y el esquema de administración del manual de contratación) y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; por manera que, los plazos de liquidación aplicables son los previstos en las cláusulas segunda y trigésima tercera del contrato no. 4024551; (ii) ese régimen no muta la naturaleza estatal del contrato ni sustrae la controversia de esta jurisdicción, pues, el artículo 104 del CPACA se la asigna con independencia del régimen sustancial del negocio jurídico objeto de la controversia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 ibidem; (iii) las instituciones que estructuran el litigio (la interpretación del contrato, la transacción, la cláusula penal y los intereses) se resuelven con las normas civiles y mercantiles correspondientes y, (iv) la sujeción al derecho privado no exime a la entidad demandante ni a quienes contratan con ella del cumplimiento estricto de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal previstos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, aplicables a su actividad contractual conforme lo prevé el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 267, LEY 1118 DE 2006 - ARTÍCULO 4, LEY 1118 DE 2006 - ARTÍCULO 6, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104 NUMERAL 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / ERROR MECANOGRÁFICO / TÍTULO VALOR
Problema jurídico:
¿En un contrato que requiere liquidación y no fue liquidado bilateral ni unilateralmente, el término de caducidad de las controversias derivadas de su ejecución se cuenta conforme a la regla general (desde la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho, como el pago indebido o el incumplimiento) en lugar de hacerlo desde el vencimiento de los plazos para liquidar?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) La cláusula segunda del contrato dispone, sin ambigüedad alguna, que «[e]l plazo de liquidación de mutuo acuerdo del Contrato es de cuatro (4) meses contados desde la fecha de finalización del plazo de ejecución; y el plazo de liquidación unilateral es de dos (2) meses contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación de mutuo acuerdo» (índice 2 SAMAI); a su turno, en la cláusula trigésima tercera de ese mismo negocio jurídico puntualmente se estipulo que «[l]as Partes realizarán la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato dentro de los tres (4) meses siguientes a la fecha de suscripción del acta de terminación de la ejecución» (índice 2 SAMAI – negrillas adicionales). (…) En este contexto, es palmario que (i) la discordancia «tres (4)» (sic) de la cláusula trigésima tercera del contrato es un evidente yerro de digitación que se supera con la regla de interpretación sistemática del artículo 1622 del Código Civil, según el cual «[l]as cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad», en armonía con la cláusula segunda del contrato; (ii) no existe en materia contractual una regla de prevalencia de las letras sobre los números, pues, lo preceptuado en el artículo 623 del Código de Comercio está circunscrito a los títulos valores y no es aplicable a otros negocios jurídicos; (iii) la regla de interpretación contra el predisponente (o contra proferentem) prevista en el inciso final del artículo 1624 del Código Civil es subsidiaria y, en todo caso, opera solo ante una ambigüedad que las demás reglas no logren disipar, lo cual no ocurre en este caso concreto y, (iv) las referidas estipulaciones integran simultáneamente un mismo texto, de modo que ninguna es «posterior» a la otra. (…) Así las cosas, lo cierto es que, (i) el plazo de liquidación bilateral de cuatro (4) meses, contado desde el día siguiente al acta de finalización del 17 de junio de 2010, venció el 18 de octubre de 2010; (ii) la oportunidad de dos (2) meses para liquidar unilateralmente, contada desde el día siguiente, feneció el 19 de diciembre de 2010; (iii) el término de dos (2) años al que refiere el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, aplicable por razón de que se trata de un contrato que requiere liquidación, corrió desde el día siguiente, esto es, desde el 20 de diciembre de 2010 y, en consecuencia, la demanda podía presentarse hasta el 20 de diciembre de 2012 y, (iv) como el líbelo introductorio fue incoado el día 14 de los mismos mes y año, debe tenerse como oportuno. (…) Tampoco son de recibo los argumentos tendientes a que en este caso concreto la contabilización del término de caducidad sea efectuada en los demás supuestos indicados en el recurso de alzada, pues, (i) el numeral 10 del artículo 136 del CCA —al igual que el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA— no contiene una regla única de caducidad sino todo un sistema; (ii) en efecto, el inciso primero fija la regla general —dos años contados desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirvan de fundamento—, mientras que el resto de la norma establece reglas especiales que anclan el cómputo de la caducidad a las pretensiones de nulidad o a los hitos de cierre de la relación contractual, esto es, al cumplimiento del objeto (en los contratos de ejecución instantánea), a la terminación (en los contratos que no requieren liquidación) y en los contratos que requieren liquidación a la firma del acta de liquidación bilateral, a la ejecutoria del acto que liquidó unilateralmente el contrato o al vencimiento de los plazos para liquidar; (iii) en este contexto, es evidente que, como la relación contractual es una sola, no es razonable imponer al interesado la contabilización de caducidad por cada divergencia surgida durante la ejecución; de modo que, el hito inicial para tal efecto fue unificado por el legislador en la terminación o en la liquidación, según el caso; (iv) de allí que esta corporación haya precisado que las reglas especiales gobiernan, de preferencia, las controversias nacidas en el marco de la relación contractual, en tanto que la regla general del inciso primero opera de manera residual, es decir, cuando el supuesto no encaja en ninguno de los ordinales o cuando el conflicto versa sobre obligaciones o situaciones posteriores a la ejecución, a la terminación y a la propia liquidación y, (v) en este proceso la controversia tiene origen en diferencias derivadas de la ejecución de un contrato que requiere liquidación, empero, no se logró de mutuo acuerdo ni se practicó unilateralmente, lo cual descarta la posibilidad de recurrir a la regla general prevista en el primer inciso del numeral 10 del artículo 136 del CCA como lo pretende la sociedad demandada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación preferente de las reglas especiales de caducidad en las controversias nacidas de la relación contractual y el carácter residual de la regla general, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de marzo de 2025, exp. 67743, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 623, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1622, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1624
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Procede la liquidación judicial de un contrato estatal sometido al derecho privado, que no está obligado legalmente a liquidarse, cuando las partes pactaron una cláusula de liquidación y el interesado formuló la pretensión de liquidación judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
La liquidación del contrato es el corte de cuentas con el que las partes o el juez, en su defecto, establecen el resultado final de las prestaciones ejecutadas y definen quién debe a quién, qué y cuánto. En los contratos estatales no sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública las reglas sobre la liquidación no integran el negocio jurídico por su naturaleza; por el contrario, a diferencia de lo que ocurre en el régimen de la Ley 80 de 1993, ni el Código Civil ni el Código de Comercio contienen normas imperativas que obliguen a las partes a liquidar los contratos de ejecución sucesiva o, en general, aquellos cuya ejecución se prolonga en el tiempo. Así las cosas, (i) ese corte de cuentas solo tiene lugar si ha sido expresamente acordado, caso en el cual constituye un elemento accidental del contrato en la forma y términos previstos en el artículo 1501 del Código Civil que, no obstante, es ley para las partes de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1602 ibidem y, (ii) por virtud del principio de la autonomía de la voluntad son los contratantes quienes definen (a) si están obligados a liquidar el contrato; (b) cuál es el alcance del ejercicio liquidatorio; (c) cuáles son los plazos que deben observarse para el efecto y, (d) si una de ellas, por habilitación convencional, queda autorizada para efectuar la liquidación de manera unilateral. (…) En lo que atañe a la intervención del juez, la inexistencia de una norma imperativa que imponga, de forma general, la obligación de liquidar los contratos estatales sometidos al derecho privado no obsta para que aquel la lleve a cabo cuando concurren dos presupuestos, a saber, (i) que las partes hayan pactado una cláusula de liquidación y, (ii) que el interesado formule ante el juez la pretensión de liquidación judicial, tal como lo prevé el inciso segundo del artículo 141 del CPACA(…) Para este caso concreto se satisfacen ambos presupuestos, porque (i) en las cláusulas segunda y trigésima tercera ya transcritas se dispuso la liquidación de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la suscripción del acta de terminación de la ejecución, se facultó a Ecopetrol SA para liquidar unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de aquel término y se fijó el contenido del documento que la contuviera y, (ii) en este proceso formuló una controversia concreta y actual sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales cuyo esclarecimiento incide directamente en el contenido de la liquidación, a saber: (a) la contratante pide que el corte de cuentas establezca el alcance de lo efectivamente ejecutado frente a lo pagado y que se le restituya el desbalance resultante, sobre la premisa de que las certificaciones que soportaron los pagos no correspondieron a la realidad de la ejecución; (b) la contratista opone el cumplimiento total del objeto y la existencia, validez y eficacia del acta de liquidación final de mutuo acuerdo del 15 de julio de 2010, y (c) la aseguradora llamada en garantía sostiene que lo consignado en el acuerdo del 11 de junio de 2010 y en aquella acta produjo los efectos de una transacción con autoridad de cosa juzgada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la liquidación judicial de los contratos estatales sometidos al derecho privado cuando se pactó una cláusula de liquidación, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 19 de mayo de 2025, exp. 71103, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1501, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602
LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONT

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

tida para la causación de los intereses moratorios, advierte la Sala que no le asiste razón a la sociedad demandada en el argumento del recurso de apelación según el cual no existía mora, pues, el requerimiento que el propio recurso echa de menos se produjo, por ministerio de la ley, con la notificación del auto admisorio de la demanda, como ya se explicó con antelación, y es precisamente desde ese momento que la demandada quedó en mora de restituir; así las cosas, no es jurídicamente viable condenar al pago de intereses moratorios desde la entrega de los valores, como se pidió en la demanda, ni «desde que se realizó el pago indebido», como lo dispuso la sentencia de primer grado. Por ende, se modificará la sentencia apelada para indicar que los intereses moratorios se causan para el sub judice no desde «que se realizó el pago indebido» sino desde la notificación del auto admisorio de la demanda a la parte demandada y hasta la fecha del pago efectivo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la noción de intereses como fruto civil del dinero y sus clasificaciones, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 22 de septiembre de 2016, rad. 2002-01204-03, C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Tercera, Subsección C, auto de 21 de octubre de 2025, exp. 65971, C.P. Adriana Polidura Castillo. Sobre los componentes de la tasa de los intereses remuneratorios, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 27 de agosto de 2008, exp. 1997-14171-01, M.P. William Namén Vargas; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 20 de mayo de 2024, exp. 62847, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la exigencia de pacto o disposición legal para el cobro de intereses remuneratorios en materia mercantil, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias de 28 de noviembre de 1989, exp. 2435, M.P. Rafael Romero Sierra, y de 23 de septiembre de 2019, exp. 2019-02830-00, M.P. Luis Alonso Rico Puerta; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 22 de agosto de 2023, exp. 66901, y auto de 20 de mayo de 2024, exp. 62847, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 90, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1163, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1251, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 884, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 885, DECRETO 663 DE 1993 - ARTÍCULO 125 NUMERAL 1, LEY 1118 DE 2006 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 195, LEY 510 DE 1999 - ARTÍCULO 111, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1608 NUMERAL 3, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1617 NUMERAL 2, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2318, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 717, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8
INTERÉS MORATORIO / TASA DE INTERÉS MORATORIO / INTERÉS BANCARIO CORRIENTE / TASA DTF / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALLO ULTRA PETITA
Problema jurídico:
¿Puede el juez condenar al pago de intereses moratorios a la tasa supletiva del artículo 884 del Código de Comercio cuando el demandante pidió en la demanda una tasa inferior?
Respuesta al problema jurídico: No
En cuanto a la tasa, si bien es cierto que (i) el artículo 884 del Código de Comercio consagra una tasa supletiva y máxima, esto es, que opera «si las partes no han estipulado el interés moratorio» y está fijada en «una y media veces del bancario corriente» y, (ii) las partes del contrato objeto del litigio no estipularon tasa de interés moratorio alguna, también lo es que de conformidad con el inciso segundo del artículo 281 del CGP «[n]o podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en este». Para este caso concreto, Ecopetrol SA circunscribió su pretensión al pago de intereses en una tasa inferior a la prevista en el artículo 884 del Código de Comercio de forma supletoria, a saber, la del DTF adicionado en 1,5%, aspecto que delimita el horizonte de acción al juez, a quien le está vedado conceder intereses más gravosos que los reclamados so pena de desconocer lo preceptuado en el artículo 281 del CGP; por manera que, (i) el a quo, al aplicar la tasa prevista en el artículo 884 del Código de Comercio concedió más allá de lo pretendido y, (ii) en consecuencia, debe modificarse la sentencia de primer grado en el sentido de precisar que sobre el balance final del contrato deben pagarse intereses moratorios a la tasa DTF adicionada en 1,5 %, o el indicador que legalmente la sustituya.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 884, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281 INCISO 2
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / CONTRATO DE SEGURO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / AMPAROS BÁSICOS DE LA PÓLIZA DE SEGURO / SINIESTRO / VALOR ASEGURADO / RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR / IMPUTACIÓN DEL PAGO / ACTIO IN REM VERSO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Procede condenar a la aseguradora llamada en garantía, en virtud del amparo de cumplimiento, a pagar la obligación de restitución impuesta a la contratista incumplida, cuando el siniestro se consolidó dentro de la vigencia del amparo?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [L]a aseguradora arguye que es imposible afectar el amparo de cumplimiento de la póliza no. 1584205 porque no existe incumplimiento del contratista ni prueba de su cuantía. (…) Este argumento de apelación no es atendible, pues, (i) verificado el incumplimiento del contrato, la condición del amparo se satisface y, (ii) el siniestro —la inejecución de las prestaciones certificadas y pagadas como ejecutadas— se consolidó a más tardar el 17 de julio de 2010, con el cierre del contrato, esto es, dentro de la vigencia del amparo de cumplimiento de la póliza no. 1584205 bajo cualquiera de sus extensiones documentadas. Sin perjuicio de lo anterior, se modificará la condena para precisar que HDI Seguros Colombia SA, en su condición de llamada en garantía y en virtud del amparo de cumplimiento de la póliza no. 1584205, será condenada a pagar a Ecopetrol SA la obligación impuesta a la contratista hasta el límite del valor asegurado de ese amparo ($53.809.703), con la indicación de que su pago se imputará a la condena principal y dejará a salvo las acciones de reembolso de la aseguradora contra el tomador.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
Procede abstenerse de condenar en costas de segunda instancia cuando los recursos de apelación prosperaron parcialmente?
Respuesta al problema jurídico: Si
En atención a lo expresa y puntualmente dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 5) del CGP, y dado que los recursos prosperaron parcialmente no se condenará en costas a ninguna de las partes en esta instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-10-05. C.P. FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ. Rad. 13001233300020120022102. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020120022102-74694-sentencia).
