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clave: "consejo_estado:providencia:11001032600020210006900-66784-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-12-10"
radicado: "11001032600020210006900"
numero: "66784"
ponente: "GUILLERMO SANCHEZ LUQUE"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020210006900-66784-sentencia"
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# Consejo de Estado: el recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-12-10
- **Radicado:** 11001032600020210006900
- **Número interno:** 66784
- **Ponente:** GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
- **Actor:** CONSORCIO METROVIAS BOGOTÁ
- **Demandado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020210006900-66784-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001032600020210006900/0AE8DCEE561A625EDB537279E2A777E75B722260D8250C30DC82300312A0B88D/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000202100069001100103

## Regla de decisión

El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia en la que se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo del litigio.

## Problema jurídico

¿El recurso extraordinario de anulación no es una segunda instancia en la que se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo del litigio, tampoco entraña el estudio de los razonamientos realizados por el Tribunal Arbitral en cuanto a la aplicación de la ley sustancial o a discusión por errores de hecho o derecho en materia de valoración probatoria?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿Con fundamento en la causal de anulación del laudo, haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo…
- ¿La congruencia impone al juez resolver las pretensiones y las excepciones, pero no supone un “derecho” de las partes a limitar las normas aplicables que rigen la relación sustancial y que sean…
- ¿El inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993 establece una regla distinta a la del Código Civil, por ello en el ámbito de la contratación estatal…

## Extracto

El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia en la que se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo del litigio. La decisión del recurso de anulación no entraña el estudio de los razonamientos realizados por el Tribunal Arbitral en cuanto a la aplicación de la ley sustancial, como tampoco la apertura de la discusión por errores de hecho o derecho en materia de valoración probatoria…

## Síntesis temática

El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia para continuar o replantear el debate sobre el fondo del litigio, ni para examinar los razonamientos del Tribunal Arbitral en cuanto a la aplicación de la ley sustancial o a discutir errores de hecho o derecho en materia de valoración probatoria. La causal de anulación por fallo en conciencia o equidad no autoriza al juez del recurso de anulación para verificar el fondo del fallo ni alterar el valor que el juzgador le otorgó a cada una de las pruebas, limitándose a sancionar errores en el procedimiento y no en la aplicación de normas sustanciales. La Sala reitera que el juez de anulación no tiene competencia para evaluar la pertinencia del análisis jurídico ni el mérito que se dio a las pruebas, pues ello escapa a las competencias del juez de anulación, lo que implica que el recurso no puede ser utilizado para revisar el contenido sustancial del laudo arbitral.

## Descriptores temáticos

RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, FUNCIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, FALLO EN CONCIENCIA, CARACTERÍSTICAS DEL FALLO EN CONCIENCIA, INEXISTENCIA DEL FALLO EN CONCIENCIA, FALLO EN EQUIDAD, CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL, FACULTADES DEL JUEZ, CONTRATO ESTATAL, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, LÍMITES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, INEXISTENCIA DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NULIDAD DEL CONTRATO ADICIONAL, LAUDO ARBITRAL, INVOCACIÓN DE LA NORMA, FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, RESTITUCIONES MUTUAS, CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS, CONTRATACIÓN ESTATAL, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL, REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, NULIDAD DEL CONTRATO, TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, INCONGRUENCIA EN EL LAUDO ARBITRAL

## Guías prácticas relacionadas

- [Nulidad del contrato estatal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato.md): Cuándo el contrato es nulo, quién puede pedirlo y qué pasa con lo ya ejecutado.
- [Adición y prórroga del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/adicion-prorroga.md): Hasta dónde puede modificarse un contrato en valor y plazo, y por qué vía.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — El recurso de anulación no es una instancia para rebatir o cuestionar el estudio de las pruebas ya que solo procede la causal cuando es inexistente el sustento probatorio.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020240018100-72240-sentencia.md)
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- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer del presente recurso de anulación aplicable al trámite arbitral en estudio](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020230014000-70318-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: el recurso de anulación de laudos arbitrales es de carácter excepcional](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020210011400-67041-sentencia.md)

## Texto del documento

RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FUNCIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿El recurso extraordinario de anulación no es una segunda instancia en la que se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo del litigio, tampoco entraña el estudio de los razonamientos realizados por el Tribunal Arbitral en cuanto a la aplicación de la ley sustancial o a discusión por errores de hecho o derecho en materia de valoración probatoria?
Respuesta al problema jurídico: Si
El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia en la que se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo del litigio. La decisión del recurso de anulación no entraña el estudio de los razonamientos realizados por el Tribunal Arbitral en cuanto a la aplicación de la ley sustancial, como tampoco la apertura de la discusión por errores de hecho o derecho en materia de valoración probatoria
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el recurso de anulación de laudo arbitral, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 8 de junio de 2006, Rad. 29.476 [fundamento jurídico 2.3] y 32.398 [fundamento jurídico 2.2].
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FALLO EN CONCIENCIA / CARACTERÍSTICAS DEL FALLO EN CONCIENCIA / INEXISTENCIA DEL FALLO EN CONCIENCIA / FALLO EN EQUIDAD / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FACULTADES DEL JUEZ / CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Con fundamento en la causal de anulación del laudo, haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo, el juez del recurso de anulación no está facultado para evaluar la pertinencia del análisis jurídico de las normas de liquidación, nulidad de los contratos y reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas en virtud de un contrato declarado nulo, tampoco para determinar el valor de determinadas pruebas, pues el fallo en conciencia es aquél en el cual el Tribunal Arbitral no lleva a cabo un análisis soportado en el ordenamiento jurídico vigente, en el caso la causal no procede porque lo expuesto por el recurrente implica un desacuerdo con la motivación del laudo?
Respuesta al problema jurídico: Si
El numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 prevé, como causal de anulación del laudo, haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. (...). El fallo en conciencia no lleva a cabo un razonamiento soportado en el ordenamiento jurídico vigente, sino que se imparte solución al litigio de acuerdo con la convicción personal y el sentido común. Así, el juez o árbitro sigue las determinaciones de su fuero interno, según su leal saber y entender de manera que bien puede identificarse con el concepto de “verdad sabida y buena fe guardada”. A su vez, el fallo en derecho se apoya en el conjunto de normas sustanciales y procesales, así como en los “principios” que integran el ordenamiento jurídico y que constituyen el marco de referencia de la decisión. El juez o árbitro debe apreciar las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y podrá tener en cuenta, en esa libre apreciación de la prueba las reglas de la experiencia, la lógica y la ciencia Solo cuando el fallo que se dice en derecho deje de lado, en forma ostensible, el marco jurídico que debe acatar para basarse en el sentido común o en convicciones personales podrá asimilarse a un fallo en conciencia. Si el juez o árbitro adquiere la certeza que requiere para otorgar el derecho disputado con apoyo en el acervo probatorio y en las reglas de la sana crítica, ese fallo será en derecho, así no hable del mérito que le da a determinado medio o al conjunto de todos. Por ello, esta causal no autoriza al juez del recurso de anulación para verificar el fondo del fallo, ni alterar el valor que el juzgador le otorgó a cada una de las pruebas. Los límites que la ley ha fijado a este recurso suponen la sanción de yerros por la inobservancia de normas procesales [in procedendo] y no por la aplicación o no de normas sustanciales [in iudicando]. No es procedente analizar una violación indirecta a la norma sustancial por la existencia de errores de hecho o de derecho al valorar las pruebas, porque este aspecto es un error in iudicando sobre el cual no está edificado este recurso extraordinario. La decisión equivocada no corresponde a un fallo en conciencia, ni el desacuerdo de las partes con las razones esgrimidas en la providencia configura la causal, porque el juicio de anulación no supone una nueva instancia de discusión en relación con el fondo del asunto. (...). Los fallos en equidad se presentan cuando el juez o el árbitro inaplica la ley al caso concreto, porque la considera inicua o conduce a una inequidad. En ninguna de tales hipótesis el juzgador puede prescindir de la motivación o de las pruebas, pues en tal evento ya no sería en equidad sino en conciencia y las decisiones de esta naturaleza están proscritas de nuestro ordenamiento jurídico. En el fallo en conciencia el árbitro decide el litigio bajo su propia noción de justicia, sin tener en cuenta el marco jurídico. Cuando lo hace en equidad, el árbitro tiene claras las reglas de la ley, pero se aparta de ellas porque producen un resultado que estima injusto para ese caso particular. El fallo será en derecho si el árbitro decide con sustento en las reglas jurídicas, acude en apoyo a principios generales del derecho y valora el acervo probatorio. (...). La Sala observa que el Tribunal Arbitral adoptó su decisión luego de un análisis en derecho (...) El fallo en conciencia se configura cuando se decide sin pruebas de los hechos que originan las pretensiones o las excepciones, esto es, con pretermisión de la totalidad de las pruebas que obran en el proceso. Si el juez concluye que determinado negocio jurídico se suscribió a sabiendas de su ilicitud, y no existe prueba de ese conocimiento, el fallo es en conciencia. El fallo soportó su conclusión en varias sentencias penales proferidas por la justicia ordinaria. No corresponde al juez anulación estudiar la valoración de las pruebas que, sobre este punto, hizo el tribunal arbitral. (...). El laudo fue proferido con base en las normas que el Tribunal Arbitral estimó correspondían al régimen jurídico aplicable a los contratos declarados nulos y al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas derivadas de esta circunstancia y en la valoración de las pruebas que obran en el expediente, sin que el juez de anulación tenga competencia para evaluar la pertinencia del análisis jurídico, como tampoco el mérito que se dio a las pruebas, pues ello escapa a las competencias del juez de anulación. La Sala reitera que, en virtud de esta causal, el juez del recurso de anulación no está facultado para evaluar la pertinencia del análisis jurídico de las normas de liquidación, nulidad de los contratos y reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas en virtud de un contrato declarado nulo, tampoco para determinar el valor de determinadas pruebas, pues el fallo en conciencia es aquél en el cual el Tribunal Arbitral no lleva a cabo un análisis soportado en el ordenamiento jurídico vigente. Como lo expuesto por el recurrente implica un desacuerdo con la motivación jurídica del laudo, la anulación solicitada no es procedente. Por ello, el cargo no prospera.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el fallo en conciencia ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 27 de abril de 1999, Rad.15.623 [fundamento jurídico tercer cargo]. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 1992, Rad. 6.695 [fundamento jurídico b], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 pp. 985-986, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2000, Rad. 17.591 [fundamento jurídico consideraciones] y sentencia de 16 de junio de 2008, Rad. 34.543 [fundamento jurídico 3.1.2] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de 2002, Rad 22.191 [fundamento jurídico c], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 p 987, disponible en: https://cutt.ly/Akqynhf. Sobre la apreciación de las pruebas, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de abril de 2012, Rad. 42.126 [fundamento jurídico 3.2.3.1]
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7
ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / LÍMITES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INEXISTENCIA DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD DEL CONTRATO ADICIONAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / LAUDO ARBITRAL / INVOCACIÓN DE LA NORMA / FACULTADES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿La congruencia impone al juez resolver las pretensiones y las excepciones, pero no supone un “derecho” de las partes a limitar las normas aplicables que rigen la relación sustancial y que sean necesarias para decidir el litigio, por ello la invocación de determinada norma jurídica como sustento de una pretensión no limita al juez o árbitro, por ello no se configuró la causal alegada en este caso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La causal contenida en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 desarrolla la regla de congruencia, prevista en el artículo 281 del Código General del Proceso. El laudo debe estar en estrecha identidad y resultar armónico con las pretensiones formuladas en la demanda, los hechos puestos en conocimiento por las partes y las excepciones que hubieren sido alegadas o resulten probadas. La incongruencia se configura en los siguientes casos: (i) cuando en la sentencia se decide o concede más allá de lo pedido [ultra petita]; (ii) cuando el fallo recae o decide sobre puntos no sometidos al litigio [extra petita] o (iii) cuando deja de pronunciarse sobre cuestiones sujetas al proceso [infra o citra petita]. El recurrente cuestionó que el Tribunal Arbitral no tuvo en cuenta que en el laudo del 28 de junio de 2017 se reconoció el derecho del Consorcio Metrovías Bogotá al pago de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato adicional (...) declarado nulo. El hecho alegado no configura la causal alegada, porque no se refiere a una decisión por fuera de las pretensiones, los hechos puestos en conocimiento por las partes y las excepciones. El recurrente, ahora en virtud de esta causal, pretende que se estudie la interpretación y alcance que se dio al laudo de 28 de junio de 2017, aspecto que corresponde a asuntos sustanciales del litigio. (...). Según el recurso, como en la demanda se pidió el reconocimiento y pago de las obras ejecutadas con base en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 y los criterios del laudo de 28 de junio de 2017, el Tribunal debía limitarse a definir este asunto, sin analizar la procedencia del derecho o la conducta de las partes frente al conocimiento que tuvieron de la nulidad. (...). La invocación de determinada norma jurídica como sustento de una pretensión no limita al juez o árbitro. Estos, al administrar justicia, tienen el deber de aplicar al caso las normas que regulan los hechos probados (arts. 230 CN, 11 y 26 CC, 1 Ley 153 de 1887 y 7 CGP). La congruencia impone al juez resolver las pretensiones y las excepciones, pero no supone un “derecho” de las partes a limitar las normas aplicables que rigen la relación sustancial y que sean necesarias para decidir el litigio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la congruencia en los fallos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 32.398 [fundamento jurídico 3.2.2.1.]. En Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 p 973, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2002, Rad. 20.356 [fundamento jurídico 1]. En Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p 996, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 230, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 1, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 9, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 26
RESTITUCIONES MUTUAS / CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS / CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / LAUDO ARBITRAL / INCONGRUENCIA EN EL LAUDO ARBITRAL / INEXISTENCIA DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿El inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993 establece una regla distinta a la del Código Civil, por ello en el ámbito de la contratación estatal, el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas en un contrato nulo por objeto o causa ilícitos, sólo tienen lugar cuando se pruebe que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio obtenido, aplicaría, únicamente, cuando las partes no hubiesen celebrado un contrato con objeto o causa ilícitos a sabiendas, por ello el Tribunal Arbitral podía estudiar todos los aspectos relativos a las restituciones mutuas en el caso concreto?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 80 de 1993 regula expresamente cinco aspectos que son aplicables a las entidades que están sometidas a ese estatuto: (i) capacidad: dentro de la cual están las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, los consorcios y uniones temporales -que pueden celebrar contratos sin ser personas jurídicas- y el registro único de proponentes; (ii) la selección objetiva, que abarca los procedimientos de selección de contratistas (que bien podría en el futuro mirarse más como una materia de derecho de la competencia); (iii) algunos aspectos relativos a su ejecución como el manejo de riesgo y las potestades excepcionales y (iv) los mecanismos de solución de controversias y (v) algunos aspectos del manejo económico del contrato: equilibrio económico ; el tope del 50% en contrato adicional ; mayor cantidad de obra y obra adicional. En lo demás, el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 prescribe que, por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 CC). Es decir, el contrato público se rige principalmente por las disposiciones comerciales y civiles y solo por excepción por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones. (...) La declaratoria de nulidad de un contrato o de una de sus cláusulas implica que desaparece, por ello, se retrotraen las cosas al estado en que se hallaban antes de la expedición del acto o contrato anulado. El artículo 1746 CC establece que, por regla general, la declaración judicial de la nulidad tiene fuerza de cosa juzgada y da a las partes el derecho a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el contrato nulo, es decir, cada parte tiene el deber de restituir o repetir lo que ha recibido, excepto cuando existe, a sabiendas, un objeto o causa ilícitos (artículo 1525 CC). Por su parte, el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 dispone que habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícitos, cuando se pruebe que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio obtenido. La Sala reitera que el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993 establece una regla distinta a la del Código Civil. En el ámbito de la contratación estatal, el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas en un contrato nulo por objeto o causa ilícitos, sólo tienen lugar cuando se pruebe que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio obtenido. Es una regulación especial a la general prevista en la legislación civil, porque condiciona el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas al beneficio del Estado y solamente hasta el monto del mismo. Esta norma especial (art. 5.1 Ley 57 de 1887) no deroga parcialmente, pues, las leyes civiles que sancionan la celebración de contratos con objeto o causa ilícitos “a sabiendas” (art. 1525 CC). Las sanciones que el orden jurídico impone a los negocios entre particulares (arts. 6, 16, 1519, 1525 y 1746 CC, en concordancia con los artículo (sic) 104, 105 y 899 C.Co) tienen vigencia en los contratos que celebran las entidades públicas (arts. 2 CC), no solo porque el derecho privado constituye el régimen general del contrato [num. 13], sino por remisión expresa del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Al intérprete de la Ley 80 le armonizar sus preceptos especiales con las normas generales del derecho privado (art. 3 Ley 153 de 1887). Esa interpretación armónica no puede propiciar el desconocimiento a propósito del ordenamiento jurídico, ni la prohibición según la cual nadie puede pretender enriquecimiento derivado del desconocimiento adrede de normas de orden público. La regulación de la Ley 80 no es tampoco contraria, incongruente o incompatible con los mandatos civiles sobre restituciones mutuas. De manera que el artículo 48 de esa ley se aplicaría, únicamente, cuando las partes no hubiesen celebrado un contrato con objeto o causa ilícitos a sabiendas . (...). En la pretensión cuadragésima tercera principal, se pidió que se declarara que el consorcio Metrovías Bogotá tenía derecho al reconocimiento y pago de las obras ejecutadas, conforme al artículo 48 de la Ley 80 de 1993 y al laudo de 28 de junio de 2017. La procedencia del reconocimiento de las prestaciones mutuas, derivada de la nulidad del contrato adicional n.°1 y del otrosí n.°5, imponía al tribunal el deber de pronunciarse expresamente, en el laudo, sobre las prestaciones efectivamente cumplidas y, como es apenas lógico, le exigía determinar si se reunían los requisitos para su reconocimiento y pago, de acuerdo con las normas sustanciales aplicables al caso (artículo 1525 CC y artículo 48 de la Ley 80 de 1993), una vez analizado e interpretado el alcance del laudo de 28 de junio de 2017. Como el Tribunal Arbitral estaba facultado para estudiar el reconocimiento de las prestaciones pendientes y no solo el monto de estas, no le asiste razón al recurrente, en cuanto a que la pretensión cuadragésima principal y su subsidiaria y lo dispuesto en el laudo del 28 de junio de 2017, limitaron al Tribunal Arbitral para estudiar todos los aspectos relativos a las restituciones mutuas.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1519, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1525, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1746, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2021-12-10. C.P. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE. Rad. 11001032600020210006900. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020210006900-66784-sentencia).
