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clave: "consejo_estado:providencia:11001032600020160007000-56897-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se presentó de forma oportuna el medio de control de repetición"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-11-08"
radicado: "11001032600020160007000"
numero: "56897"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: se presentó de forma oportuna el medio de control de repetición

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-11-08
- **Radicado:** 11001032600020160007000
- **Número interno:** 56897
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** CORPOGUAJIRA
- **Demandado:** ARCESIO JOSE ROMERO PEREZ
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020160007000-56897-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001032600020160007000/5DD82CFD0E6EAD716F27C90F9F7A435803F04A0E9D10A652C54CCF29D06D6C03/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201600070001100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Problema jurídico

¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de repetición, considerando que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública debe computarse con arreglo a la antigua codificación, dado que el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

NIEGA

## Puntos clave

- ¿Los documentos aportados por la entidad accionante, vienen suficientes para considerar que se acreditó el pago de la condena que le impuso el Tribunal Administrativo de La Guajira…
- ¿El demandado en repetición, en su condición de director general de Corpoguajira para la época de los hechos que generaron la condena a la entidad demandante…
- ¿Resulta procedente condenar en costas a la entidad estatal demandante en el medio de control de repetición, cuando resulta vencida en el proceso?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, arts. 177 y 178
- Ley 1437 de 2011, art. 164 lit. I
- Ley 678 de 2001, art. 31

## Extracto

De acuerdo con el artículo 11… [de la Ley 678 de 2001] —vigente para la presentación de la demanda— y lo establecido por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002, la pretensión de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo legal previsto para que sea cancelado. Esta Sección de la Corporación ha precisado que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación —dieciocho (18) meses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA)— si el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos.

## Síntesis temática

El término de caducidad de la acción de repetición es de dos años y se cuenta desde el día siguiente al pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que tiene la entidad para pagarla. Esta regla se apoya en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y en la jurisprudencia de esta Sección, que computa el plazo de pago con la codificación anterior cuando el proceso que da base a la repetición se tramitó bajo el Código Contencioso Administrativo. Si la condena se profirió en ese régimen, la entidad contaba con dieciocho meses para pagarla según el artículo 177 del mismo código, y ese plazo fija el inicio del cómputo. En el caso concreto la sentencia quedó ejecutoriada en 2014, la demanda de repetición se presentó dentro del término y la caducidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la acción no caduca si se presenta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo de pago.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO, APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO, VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO, PAGO DE LA CONDENA, ORDEN DE PAGO DE LA CONDENA, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL, PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, ELEMENTO OBJETIVO DEL MEDIO DEL CONTROL DE REPETICIÓN, DOCUMENTO, PRUEBA DOCUMENTAL, VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, CULPA GRAVE, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE, ACTO ADMINISTRATIVO ANULADO, DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL, REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL, NOMBRAMIENTO DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA, PLANTA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD ESTATAL, VINCULACIÓN A LA PLANTA DE PERSONAL, DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS, APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, ACCIONES CONSTITUCIONALES, CONDENA EN COSTAS EN ACCIONES CONSTITUCIONALES

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO / PAGO DE LA CONDENA / ORDEN DE PAGO DE LA CONDENA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de repetición, considerando que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública debe computarse con arreglo a la antigua codificación, dado que el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 11 (...) [de la Ley 678 de 2001] —vigente para la presentación de la demanda— y lo establecido por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002, la pretensión de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo legal previsto para que sea cancelado. Esta Sección de la Corporación ha precisado que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación —dieciocho (18) meses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA)— si el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos. En este proceso se acreditó que: (i) Corpoguajira fue condenada con sentencia que cobró ejecutoria el treinta y uno (31) de octubre de dos mil catorce (2014); (ii) la condena fue proferida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo (CCA), por lo que dicho ente debía cumplirla en los términos de los artículos 177 y 178 de esa codificación; (iii) la aquí demandante contaba así con un plazo de dieciocho (18) meses para dar cumplimiento a lo fallado y este se cumplió el treinta (30) de abril de dos mil dieciséis (2016); y (iv) que, el pago en cumplimiento de la sentencia condenatoria fue realizado el veintiséis (26) de junio de dos mil quince (2015). Por lo tanto, en el sub lite, el plazo de dos (2) años para presentar la demanda de repetición –contado a partir del día siguiente en que se efectuó el pago que se realizó antes del vencimiento del término para el cumplimiento de la orden judicial–, finalizaría el veintisiete (27) de junio de dos mil diecisiete (2017) y, como la demanda que inició este proceso fue radicada el cinco (5) de abril de dos mil dieciséis (2016), se impone concluir que el medio de control fue incoado en forma oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición, consultar providencia de 5 de abril de 2017, Exp. 58762, C.P. Hernán Andrade Rincón.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 178, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 LITERAL I, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 31
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO OBJETIVO DEL MEDIO DEL CONTROL DE REPETICIÓN / DOCUMENTO / PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Los documentos aportados por la entidad accionante, vienen suficientes para considerar que se acreditó el pago de la condena que le impuso el Tribunal Administrativo de La Guajira, en la sentencia del veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014), dentro del proceso radicado al número 2010-00055-01?
Respuesta al problema jurídico: Si
En línea con el derrotero trazado por esta misma Sección del Consejo de Estado en un asunto de similares contornos al que ahora se analiza, la certificación expedida por la tesorera de Corpoguajira –que de acuerdo con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), es la prueba idónea de este presupuesto–, denota que la demandante pagó la suma de cuatrocientos setenta y cinco millones seiscientos treinta y cinco mil doscientos diez pesos con un centavo m/cte. ($475.635.210,1) y, aunque ese documento –como lo afirma el accionado–, no refleja la fecha de cancelación de la obligación, el comprobante de egreso número 1304 revela que para el veintiséis (26) de junio de dos mil quince (2015) el pago había ya sido efectuado, comprobante que contenía además un valor neto, pues la resolución número 00949 del primero (1°) de junio de dos mil quince (2015) –tanto como aquella expedida inicialmente para el cumplimiento de la sentencia condenatoria–, ordenó realizar las retenciones legales sobre el pago a la beneficiaria. Como –en oposición a lo expuesto por el demandado–, la necesidad de manifestación expresa del beneficiario de la indemnización para tener por probado este presupuesto carece de fundamento legal y, además, la certificación y el comprobante de egreso arrimados al expediente fueron suscritos por el mismo funcionario de la dependencia que, conforme a la resolución número 02200 del treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014), tenía como propósito principal el de responder por el manejo de los recursos económicos y financieros de la corporación, la Sala considera que el pago de la condena impuesta a Corpoguajira en sentencia del veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014), se encuentra acreditado, máxime cuando los medios de prueba antes referidos son documentos públicos que contienen y reflejan la voluntad de la administración de dar cumplimiento a la aludida orden judicial, acreditan el nombre del beneficiario y su número de cuenta, la fuente de la obligación, la entidad bancaria, la suma de dinero pagada y la fecha en que el pago había ya sido efectuado. Y, al margen de que en la fecha de expedición de la certificación aportada se incurrió en un error de digitación, son documentos que se presumen auténticos, pues existe certeza de que fueron suscritos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Por lo expuesto, la respuesta al primer problema jurídico planteado en la audiencia inicial es afirmativa, porque los documentos aportados al expediente acreditan el pago de la suma efectivamente cancelada por el organismo demandante con ocasión de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de La Guajira, sustento de la pretensión de reembolso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prueba del pago de la condena como elemento del medio de control de repetición, consultar providencia de 27 de julio de 2023, Exp. 56899, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / ACTO ADMINISTRATIVO ANULADO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL / REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL / NOMBRAMIENTO DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / PLANTA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD ESTATAL / VINCULACIÓN A LA PLANTA DE PERSONAL / DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA / DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El demandado en repetición, en su condición de director general de Corpoguajira para la época de los hechos que generaron la condena a la entidad demandante, actuó con culpa grave con ocasión de la expedición de las resoluciones 001747 y 001748 por medio de las cuales se abstuvo de incorporar a una persona a la nueva planta de personal de esa entidad pese a que había ocupado el primer lugar de la lista de elegibles correspondiente al empleo para el cual había concursado, actos que fueron anulados mediante sentencia con la que se puso término al proceso adelantado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho?
Respuesta al problema jurídico: No
[El demandando] (…) –como director general de Corpoguajira–, el día catorce (14) de agosto de dos mil nueve (2009), expidió las resoluciones 001747 y 001748 por medio de las cuales se abstuvo de incorporar a la (…) [señora externa al proceso de repetición] a la nueva planta de personal de esa entidad, pese a que había ocupado el primer lugar de la lista de elegibles correspondiente al empleo para el cual había concursado, motivo por el que esta última presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que culminó con sentencia favorable a sus pretensiones. Como la entidad asumió la condena, pretende que la suma pagada sea reembolsada por el ex funcionario, al que le atribuye un actuar gravemente culposo. (...) Para abordar el análisis de la conducta del agente público en el marco de este proceso de reembolso, ha de tenerse en consideración que, como los hechos que sustentaron la condena en contra de Corpoguajira ocurrieron en el año 2009 — cuando el señor (...) [demandado], en su condición de director general, expidió las resoluciones 001747 y 001748 mediante las cuales incorporó a unos funcionarios de carrera y otros provisionales a la nueva planta de personal, pero no a la señora (...)—; la Ley 678 de 2001 resulta aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto. Por tanto, se aplican en su redacción original —anterior a las modificaciones introducidas por la Ley 2195 de 2022— las presunciones previstas, en este caso, en el artículo 6° de esa ley, que califican la conducta del agente como gravemente culposa. Estas presunciones son legales, es decir, admiten prueba en contrario y, con ellas, el legislador buscó efectivizar el ejercicio de la acción o medio de control de repetición, en la medida que la entidad estatal, al formular la respectiva demanda, le corresponde acreditar solamente el supuesto fáctico en el que se fundamenta la presunción que se invoca para que esta opere. (...) Como puede apreciarse en el texto transcrito, la justicia contencioso-administrativa accedió a la pretensión de anulación de las resoluciones 001747 y 001748 de 2009 con motivo del proceder ilegal de “la accionada” en ese proceso, pero ninguna alusión hizo a la actuación individual de quienes intervinieron en ese proceder como servidores de la entidad. Es más, de haberlo hecho, tampoco podía pretender la entidad, en esta sede de repetición, valerse de las conclusiones que hubiere realizado el juez de la legalidad, como único sustento probatorio de sus pretensiones de reparación. Habría sido necesario que trajera a este proceso las pruebas que llevaron a esas conclusiones, para que en este nuevo contencioso se apreciaran y valoraran desde la perspectiva de la responsabilidad subjetiva de los servidores públicos demandados, previo ejercicio del derecho de audiencia y defensa de su parte. Esto, porque la carga de la prueba del actor en el juicio de repetición, le obliga a probar los supuestos de hecho en los que funda sus pretensiones, carga que se extiende, cuando opere en su favor la presunción del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, a la prueba de los supuestos de hecho en que ésta se funde, conforme lo dejó establecido la Corte Constitucional en sentencia SU 324 de 2020. (...) Y es que, aunque la sentencia de condena que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho consideró que la falta de nombramiento de la señora (...) violó las normas que rigen la carrera administrativa, tampoco existe mérito para afirmar que esa vulneración haya sido inexcusable o, lo que es lo mismo, que el demandado haya actuado con culpa grave. (...) Los hechos probados en este expediente de repetición permiten denotar entonces que, en el marco del proceso de reestructuración de Corpoguajira, el aquí demandante solicitó orientación de la Comisión Nacional del Servicio Civil frente a los cargos amparados por el acto legislativo número 001 de 2008, y que, en línea con lo expuesto por el demandado en su escrito de contestación, el proceso de restructuración adelantado por el ente autónomo contó con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública. Incluso, que en razón a la facultad que le fue concedida por acuerdo número 001 del cuatro (04) de febrero de dos mil nueve (2009), el director general encontró sustento en la asesoría especia

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

mbién estuvieron precedidas de la facultades otorgadas por el consejo directivo y por el respeto, tanto de las nuevas formas de calificación de personal, como de las situaciones especiales y administrativas en que se hallaban los funcionarios. Incluso, como lo sostuvo esta Sección del Consejo de Estado en oportunidad anterior, resultaba también razonable –como lo hizo el demandado–, que pese a la respuesta dada por la Comisión Nacional del Servicio Civil se haya continuado con el proceso de modernización de la planta de personal pues, por el contrario, era necesario completarlo para que produjera sus efectos. De ahí que, en estricta aplicación del mandato impuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), según el cual, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, la Sala, procederá a negar la pretensión de reembolso formulada por el extremo demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las presunciones de responsabilidad de los agentes del Estado demandados en repetición, consultar providencia de la Corte Constitucional, SU-354 de 2020. Acerca de la presunción de culpa grave, consultar providencias de 19 de marzo de 2020, Exp. 58297, C.P. María Adrina Marín; de 27 de julio de 2023, Exp. 56899, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ACCIONES CONSTITUCIONALES / CONDENA EN COSTAS EN ACCIONES CONSTITUCIONALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente condenar en costas a la entidad estatal demandante en el medio de control de repetición, cuando resulta vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dispone: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. La Sala precisa que, en esta jurisdicción, el Código Contencioso Administrativo (CCA) exceptuaba la imposición de costas en las “acciones públicas” (artículo 171), mientras el CPACA exceptúa “los procesos en que se ventile un interés público” (artículo 188). De esta forma, el legislador colombiano cambió la orientación de la exoneración a la imposición de costas en lo contencioso administrativo, debido a que las “acciones públicas”, además de perseguir un interés público —sin que se discutan derechos subjetivos— tienen otros atributos, como lo son la legitimación universal (o abierta a cualquier “ciudadano”), la posibilidad de la intervención de terceros, la coadyuvancia y la imprescriptibilidad. Lo anterior, sin embargo, no implica que en cualquier asunto, con pretensiones patrimoniales, en el que el demandante sea un ente estatal se ventile un interés público. Así, al no haberse decantado claramente el legislador, en el CPACA, por una exoneración absoluta de costas en contra del Estado, no cabe darle esta interpretación a su artículo 188, que prevé disponer sobre la condena en costas, “salvo en los procesos en que se ventile un interés público”, pues tal entendimiento supondría un criterio subjetivo en materia de costas, relacionado con el fuero de una de las partes, que el precepto legal no prevé. Ahora, el medio de control de repetición constituye “una acción civil de carácter patrimonial”, por el cual el organismo estatal pretende el reembolso de la condena causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes, para así garantizar, de forma mediata, “los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella”. Si bien, de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público, este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso. La repetición, como “acción civil de carácter patrimonial” con “fines retributivo y preventivo”, supone un ejercicio razonable del derecho de acción, circunscribiéndolo a los eventos en que el organismo estatal reproche un comportamiento doloso o gravemente culposo del servidor acusado por infringir sus deberes funcionales o por la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, a partir de una comprobación certera de las circunstancias de hecho que sustentan la pretensión de reembolso. En ese orden, el artículo 361 del Código General del Proceso (CGP) prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), prescriben que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera o única instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte demandante, comoquiera que sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. Para tal efecto, la Secretaría de la Sección deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, debiendo considerar que se fijan agencias en derecho por el 1% del valor total de las pretensiones negadas, de conformidad con las tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza jurídica y características de las acciones públicas, consultar providencias de 11 de noviembre de 1925, C.P. José A. Valverde R; de 7 de diciembre de 1993, Exp. AC-1276; de 13 de junio de 2000, Exp. AC 10252; de 13 de agosto de 2002, Exp. 11001-03-15-000-2001-0127-01(REV-0127), C.P. Roberto Medina López; de 27 de abril de 2004, Exp. 11001-03-15-000-2003-00311-01(S-311).
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 3, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 3

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-11-08. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 11001032600020160007000. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020160007000-56897-sentencia).
