---
clave: "consejo_estado:providencia:11001032600020150017101-55887-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en única para resolver el medio de control de repetición cuando al momento"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-07-06"
radicado: "11001032600020150017101"
numero: "55887"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020150017101-55887-sentencia"
---

# Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en única para resolver el medio de control de repetición cuando al momento

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-07-06
- **Radicado:** 11001032600020150017101
- **Número interno:** 55887
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
- **Demandado:** FREDDY ANTONIO ANAYA, CARLOS OCTAVIO GOMEZ BALLESTEROS
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020150017101-55887-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001032600020150017101/1781FECEA135D368CBADE1B76E59CEF9D7268EFB8D8AF76FDF258248DA577D64/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201500171011100103

## Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en única para resolver el medio de control de repetición cuando al momento de interponer la demanda el demandado ostenta la calidad de congresista?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de los dos años del medio de control de repetición?
- ¿Cuáles son los presupuestos para determinar la legitimación en la causa en el medio de control de repetición?
- ¿Cuál es la finalidad del medio de control de repetición?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, art. 149 núm. 13
- Ley 2080 de 2021, art. 86

## Extracto

En el caso objeto de estudio, resulta importante mencionar que, si bien con la demanda de repetición se reprocha la conducta del señor Freddy Antonio Anaya Martínez cuando se desempeñó como Director General de la CDMB, lo cierto es que ejerció como Representante a la Cámara, circunstancia que supone la competencia del Consejo de Estado en única instancia6. En esta decisión, se consideró que debía primar el factor de competencia subjetivo sobre el objetivo, habida cuenta de la calidad que desplegaba la persona que se encontraba vinculada al proceso (fls. 59-59, 252-261 c. ppal). Así, para el momento en que fue admitida la demanda -15 de septiembre de 2016- el señor Anaya Martínez todavía tenía la investidura de congresista, puesto que el cargo lo desempeñó hasta el año 2018, por lo que esta Corporación es la competente para decidir el caso puesto a su consideración.

## Síntesis temática

El Consejo de Estado en única instancia es competente para resolver el medio de control de repetición cuando al momento de interponer la demanda el demandado ostenta la calidad de congresista, ya que la entidad demandante puede ejercer la acción de repetición contra los funcionarios que ocupaban cargos públicos al momento del pago de la condena, incluso si estos ya no desempeñan dichos cargos en el momento de la interposición de la demanda. En el caso concreto, la Sala determinó que la competencia del Consejo de Estado en única instancia se mantiene pese a que el demandado no era congresista al momento de presentar la demanda, dado que el cargo fue asumido durante el trámite del proceso. Esta decisión guarda consonancia con los principios de economía, eficiencia y eficacia, al evitar la reiniciación de un proceso que ya ha sido objeto de una decisión de instancia y su correspondiente nulidad.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, FACTOR DE COMPETENCIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA, CONGRESISTA, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTO PROCESAL, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, DOLO, CULPA GRAVE, REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, ACREDITACIÓN DEL DAÑO, FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO, INEXISTENCIA DE DAÑO, APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL, APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO

## Guías prácticas relacionadas

- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.
- [Acción de repetición contra el agente](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/accion-repeticion.md): Cuándo la entidad debe repetir contra su servidor o excontratista por una condena pagada.
- [Condena en costas y agencias en derecho](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/costas-agencias.md): Cuándo condenan en costas en lo contencioso administrativo y cómo se fijan las agencias.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la competencia sobre este asunto recae en esta Corporación en única instancia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020240013800-71940-auto-interlocutorio.md)
- [Consejo de Estado — Debe determinarse la competencia para conocer del medio de control de repetición bajo los factores de cuantía o subjetivo conforme a la Ley 1437 de 2011.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020230003000-69514-auto-interlocutorio.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer medio de control de repetición contra representante legal](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020170006300-59256-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer del medio de control de repetición contra exrepresentante](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020140009600-51684-sentencia.md)

## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FACTOR DE COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / CONGRESISTA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en única para resolver el medio de control de repetición cuando al momento de interponer la demanda el demandado ostenta la calidad de congresista?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el numeral 13 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -sin la modificación de la Ley 2080 de 20214-, la Sala tiene competencia para resolver la presente controversia en única instancia, ya que esta Corporación conoce de las demandas de repetición interpuestas en contra de los Representantes a la Cámara, entre otros5. En el caso objeto de estudio, resulta importante mencionar que, si bien con la demanda de repetición se reprocha la conducta del señor Freddy Antonio Anaya Martínez cuando se desempeñó como Director General de la CDMB, lo cierto es que ejerció como Representante a la Cámara, circunstancia que supone la competencia del Consejo de Estado en única instancia6. Cabe resaltar que cuando la demanda fue presentada, esto es, el 16 de agosto de 2013, el señor Freddy Antonio Anaya Martínez no ostentaba la calidad de congresista; no obstante, es importante recordar que el proceso fue inicialmente fallado en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander cuando este ya había adquirido la investidura. Por esta razón, en auto de 28 de septiembre de 2014, esta Corporación decidió decretar la nulidad de todo lo actuado y avocar su conocimiento en única instancia. En esta decisión, se consideró que debía primar el factor de competencia subjetivo sobre el objetivo, habida cuenta de la calidad que desplegaba la persona que se encontraba vinculada al proceso (fls. 59-59, 252-261 c. ppal). Así, para el momento en que fue admitida la demanda -15 de septiembre de 2016- el señor Anaya Martínez todavía tenía la investidura de congresista, puesto que el cargo lo desempeñó hasta el año 2018, por lo que esta Corporación es la competente para decidir el caso puesto a su consideración. Con todo, la Sala concluye que la decisión que aquí se toma guarda consonancia con los principios de economía, eficiencia y eficacia, dado que ya hubo una decisión de instancia y su correspondiente nulidad, por manera que no sería plausible reiniciar un proceso que, de todos modos, se encuentra protegido bajo el principio de la doble conformidad del artículo 149A de la Ley 1437 de 2011. Es importante aclarar que, si bien el señor Carlos Octavio Gómez Ballesteros no ostentaba ningún cargo de los que hace mención el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, se conocerá de la demanda de repetición formulada en su contra para efectos de que exista unidad de criterio en el estudio de la responsabilidad que le pueda corresponder respecto de las condenas impuestas al ente demandante, propósito que se cumple al atender el mandato del legislador, conforme al cual “si la acción se intentara en contra de varios funcionarios, será competente el juez que conocería del proceso en contra del de mayor jerarquía”.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 86
CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de los dos años del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso concreto, la condena impuesta a la CDMB, y por la cual pretende repetir en contra de los señores Freddy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros, fue proferida el 11 de octubre de 2012 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 20 de noviembre de ese mismo año (fol. 52 c. ppal). En el sub lite, el pago de la condena se efectuó el 26 de abril de 2013, según se desprende de la certificación expedida por el tesorero del ente público, las órdenes de pago y los comprobantes bancarios obrantes en el expediente (fls. 39, 50, 53 c. ppal). De conformidad con el literal L del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término de caducidad para la pretensión de la demanda de repetición empieza a correr a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago cuyo reintegro se pretende o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 10 meses previstos en el artículo 192 ibídem7. Al respecto, conviene precisar que la Subsección ha dejado claro que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación -18 meses, artículo 177- si el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos8. Así, la Sala debe poner de presente que la condena objeto del sub examine se profirió dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984- . De igual manera, la CDMB debía cumplirla en los términos de los artículos 177 y 178 de ese mismo cuerpo normativo. De conformidad con lo anteriormente expuesto, en el presente caso es necesario determinar –en principio- cuándo se produjo el pago de la indemnización impuesta por la jurisdicción en la sentencia condenatoria a la entidad pública, el cual no sólo tiene incidencia para acreditar uno de los requisitos para la prosperidad de la acción de repetición9, sino que, a la vez, es un aspecto fundamental para verificar el presupuesto procesal del ejercicio oportuno del derecho de acción. Como se dejó visto, la sentencia que condenó a la CDMB cobró ejecutoria el 20 de noviembre de 2012, por lo cual el plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984- corrió hasta el 21 de mayo de 2014, lapso dentro del cual se realizó el pago, este es, el de fecha de 26 de abril de 2013. En ese contexto, en este caso debe concluirse que el término de caducidad debe computarse desde el día siguiente al pago efectuado, por lo que el plazo máximo para interponer la demanda fue el 27 de abril de 2015 y, dado que aquella se presentó el 16 de agosto de 2013, resulta evidente que el ejercicio del derecho de acción fue oportuno.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la legitimación en la causa en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La CDMB está legitimada en la causa por activa, en los términos del artículo 8° de la Ley 678 de 2001, por ser la persona jurídica de derecho público que aduce haber sido perjudicada con el pago de la suma de dinero decretada por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En cuanto a la legitimación por pasiva, se tiene que la demanda se dirigió en contra los señores Freddy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros, quien para el momento de los hechos que dieron lugar a la condena contra el ente territorial, se desempeñaban como Director General y encargado de la CDMB - respectivamente- y, además, suscribieron los actos administrativos que posteriormente fueron declarados nulos.
FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es la finalidad del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Este medio de control, como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado tiene como propósito el reintegro de los dineros que por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público e incluso del particular investido de una función pública, hayan salido del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización. Así, la finalidad de este lo constituye la protección del patrimonio estatal, el cual es necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho. Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”. En tal sentido, la antes denominada acción de repetición fue consagrada en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000, como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo, pueda solicitar de éste el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia o de una conciliación o de otra forma de terminación de un conflicto. De conformidad con la disposición legal anotada, el particular afectado o perjudicado con el daño antijurídico por la acción u omisión estatal, está facultado para demandar a la entidad pública, al funcionario o a ambos. En este último evento, la responsabilidad del funcionario habrá de establecerse durante el proceso correspondiente. Esta posibilidad ha sido consagrada también en ordenamientos especiales tales como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, la cual, en su artículo 71, consagró que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”, norma referida, en este caso, a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / CULPA GRAVE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se determina la normatividad aplicable al medio de control de repetición, particularmente en el estudio del dolo y la culpa grave?
Respuesta al problema jurídico: Si
El mandato constitucional del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política encuentra su desarrollo en la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. Dicha ley definió la repetición como una acción –hoy medio de control- de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. El mismo medio de control se ejercerá contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales del medio de control de repetición y del llamamiento en garantía. Con tales propósitos fijó, bajo la égida de los primeros, generalidades como el objeto, la noción, las finalidades, el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso; y con los segundos, reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad de la acción, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Sin embargo, como se advirtió anteriormente, los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico precedente a la expedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la acción de repetición contra funcionarios o exfuncionarios o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales que, aunque dispersas, permitían exigir la responsabilidad del a

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ntidad demandante en repetición cuando la condena sólo significó la devolución de unas sumas pagadas de más por un particular por concepto de valorización?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para efectos de resolver el caso concreto debe establecerse, en primer término, si se produjeron los daños alegados en la demanda, para, luego, entrar a definir si éstos resultan imputables, a título de culpa grave, a la parte demandada. Como el proceso de repetición es “una acción civil patrimonial” 13 y su finalidad no es precisamente la de indemnizar a la entidad pública por un daño antijurídico sino la de restituir patrimonialmente una suma pagada como consecuencia de aquel, la Sala encontrará acreditado el daño en este caso si se verifica que se profirió tanto una condena en contra del ente estatal demandante, así como la prueba material del pago realizado por está a favor del beneficiario de aquella. En ese contexto, valorado en conjunto el material probatorio y de conformidad con la fijación de litigio, ha de decirse que se encuentran acreditados los siguientes hechos que tienen relación con el daño alegado en la demanda: El 9 de julio de 2009, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de las resoluciones 640 y 980 de 2003 y, como restablecimiento del derecho, ordenó restituir la totalidad, debidamente indexado, de los dineros pagados a la CDMB por la sociedad Carbone Rodríguez y CIA S.C.A. – Italcol por concepto de valorización. En relación con este último punto se fijó así: Segundo. Ordénase a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB-, restituir la totalidad de los dineros que la sociedad Carbone Rodríguez y CIA S.C.A. – Italcol hubiere (sic) por concepto de la contribución por valorización impuesta mediante resolución 640 del 16 de julio de 2003, y las que confirmaron, debidamente ajustada, en los términos del artículo 178 del C.C.A., dando aplicación a la fórmula reseñada en la parte motiva de la presente providencia (fol. 37 c. ppal). El 11 de octubre de 2012, la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia. Después de citar la sentencia C-155 de 2004, consideró que la CDMB no tenía competencia para fijar la tarifa por contribución por valorización hasta que el Congreso de la República fijara un sistema y método para que aquella entidad pudiera realizarlo (fls. 41-52 c. ppal). De conformidad con la condena asumida por la CDMB, en los términos antes transcritos, resulta evidente que no se puede considerar como una de tipo resarcitorio pecuniario para efectos de concluir que se está frente a una reparación patrimonial derivada de la acción u omisión de las autoridades públicas, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 2° de la Ley 678 de 2001. Lo anterior no quiere significar una limitación al alcance de la cláusula general de responsabilidad del Estado en sede de repetición, sino que se busca dejar claro que solamente aquellos eventos en los que causalmente pueda establecerse una obligación de reparación de un perjuicio derivado de la conducta de un agente estatal, que no un mero o simple restablecimiento del derecho, será procedente la demanda de reembolso. Al respecto, vale precisar que el medio de control de repetición tiene como finalidad lograr el reembolso del patrimonio público cuya erogación se ha derivado de una conducta dolosa y/o gravemente culposa, de ahí que no se trate propiamente de un proceso de características sancionatorias, sino, en cambio, uno con fines retributivos y preventivos. Vale recordar en este punto que no cualquier condena efectuada a una entidad pública configura, per se, una afectación patrimonial, en cuyo caso se habilite a la entidad pública para repetir cuando sea causada por la conducta de uno de sus funcionarios14. Así, corresponde al juez administrativo verificar que la decisión judicial base de la repetición objetivamente imponga un detrimento patrimonial a la entidad pública, por manera que las órdenes que se escapen de dicha declaración, como lo son las que impongan un mero restablecimiento del derecho sin afectación económica, una devolución y/o restitución, no constituyen supuestos que la habiliten para interponer un medio de control de repetición, puesto que se generaría un enriquecimiento sin justa causa a favor del Estado. En un caso donde también se discutía el reembolso de las unas pagadas por un particular por concepto de la valorización impuesta por la CDMB, la Sala razonó de forma similar (...) En ese orden de ideas, considera la Sala que no se demostró el daño en este asunto, dado que no se demostró que la condena patrimonial hubiera causado una afectación patrimonial a la entidad pública demandante, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. Así mismo, los valores generados por la indexación de la devolución efectuada al demandante en el proceso antecedente son un factor ajeno a la voluntad del funcionario público, por lo que tampoco puede ser asumido como fruto de su conducta. En efecto, se reitera, resulta desproporcionado exigirle a los demandados el reembolso de una suma de dinero que no significó una afectación patrimonial para la CDMB, dado que aquella devino de la mera devolución de las sumas pagadas por un particular por concepto de valorización.17 Por todo lo dicho, se concluye que no fue probado el daño, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda y, como consecuencia, el proceso se decide en única instancia, dado que no es procedente el principio de doble conformidad, en los términos del artículo 149A de la Ley 1437 de 2011 -modificada por la Ley 2080 de 2021-.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de julio de 2021, exp. 56622, M.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en el medio de control de repetición cuando no prosperan las pretensiones de la entidad demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila un asunto de “interés público”. Ahora bien, de conformidad con la sentencia C-832 de 2001, el proceso de repetición, al estar encaminado a la protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos que ventila un interés público. Por esta razón, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-07-06. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 11001032600020150017101. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020150017101-55887-sentencia).
