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clave: "consejo_estado:providencia:11001032600020140015400-52446-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: no está probada la culpa grave de los demandados en repetición"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-02-19"
radicado: "11001032600020140015400"
numero: "52446"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: no está probada la culpa grave de los demandados en repetición

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-02-19
- **Radicado:** 11001032600020140015400
- **Número interno:** 52446
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO - INGEOMINAS
- **Demandado:** JORGE ALBERTO BERNAL CONTRERAS, CESAR DAVID LOPEZ BERNAL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020140015400-52446-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001032600020140015400/2A17BE9C0F3FBD90F071E1EF7897D44B92F303120C0352096FD440E2B37F7621/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201400154001100103

## Problema jurídico

¿Está probada la culpa grave de los demandados en repetición?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

NIEGA

## Puntos clave

- ¿Para abordar el análisis de la conducta del agente público en el marco de este proceso ha de tenerse en consideración que, como los hechos que sustentaron la condena en contra del INGEOMINAS…
- ¿La sentencia condenatoria del proceso ordinario a la entidad demandante en repetición es prueba de la culpa grave del agente estatal para ser declarado responsable patrimonialmente…
- ¿Cómo de prueba el pago efectivo de la obligación en el medio de control de repetición?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 678 de 2001, art. 6

## Extracto

Mediante sentencia del 28 de febrero de 2012, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Valledupar, en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, declaró la nulidad de las Resoluciones D-001 del 4 de enero de 2010 y la D-157 del 11 de marzo de 2010 a través de las que se declaró la vacancia del empleo por abandono del cargo de Rodolfo de Jesús Barrera Olmos y condenó al Instituto Colombiano de Geología y Minería-INGEOMINAS, hoy Servicio Geológico Colombiano (SGC), a reintegrar al antes nombrado al cargo que venía desempeñando junto con el pago de todos los sueldos dejados de percibir entre el momento de su desvinculación hasta su reintegro.

## Síntesis temática

La presunción de culpa grave del agente en la acción de repetición no se configura cuando la nulidad del acto administrativo se funda en vicios distintos de una conducta manifiestamente inexcusable, de modo que la demanda debe acreditar esa conducta con elementos propios del proceso de repetición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la parte actora fundó la presunción del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 en los mismos argumentos de la sentencia de nulidad, que no señalan una conducta gravemente culposa de los demandados. Segunda, los vicios declarados consistieron en la violación de las normas sobre abandono del cargo y del debido proceso, y no en una violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Tercera, al tratarse de una presunción legal, la parte que la invoca debe demostrar sus supuestos de hecho, y en el caso no lo hizo. La providencia niega las pretensiones de repetición. La consecuencia práctica es que la nulidad de un acto no basta por sí sola para atribuir culpa grave al servidor que lo expidió o revisó.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CULPA GRAVE, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, PRUEBA DE LA CULPA GRAVE, PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE, CONDUCTA, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, DOLO, PRESUNCIÓN DE DOLO, PRESUNCIÓN LEGAL, DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE, SENTENCIA CONDENATORIA, CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, PAGO EFECTIVO, PAGO, PRUEBA DEL PAGO, PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA, PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CONDENA EN COSTAS, CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS, LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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- [Consejo de Estado — Por tratarse de un testigo sospechoso, su declaración debe ser analizada con mayor rigurosidad, a la luz de las demás pruebas practicadas.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020130004300-46694-sentencia.md)
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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿Está probada la culpa grave de los demandados en repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
Mediante sentencia del 28 de febrero de 2012, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Valledupar, en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, declaró la nulidad de las Resoluciones D-001 del 4 de enero de 2010 y la D-157 del 11 de marzo de 2010 a través de las que se declaró la vacancia del empleo por abandono del cargo de Rodolfo de Jesús Barrera Olmos y condenó al Instituto Colombiano de Geología y Minería-INGEOMINAS, hoy Servicio Geológico Colombiano (SGC), a reintegrar al antes nombrado al cargo que venía desempeñando junto con el pago de todos los sueldos dejados de percibir entre el momento de su desvinculación hasta su reintegro. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) incoó el medio de control de repetición, contra César David López Arenas, en calidad de Director General y Jorge Alberto Bernal Contreras, en calidad de jefe de la Oficina Asesora Jurídica, quienes suscribieron los actos administrativos anulados. (...) En el presente asunto, la parte demandante sustentó la presunción de culpa grave prevista el artículo 6° de la Ley 678 de 2001 —en la que dijo habían incurrido los señores César David López Arenas y Jorge Alberto Bernal Contreras al expedir y proyectar, respectivamente, las Resoluciones número D-001 y D-157 de 2010—, en los mismos argumentos que sirvieron de fundamento al juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor Rodolfo de Jesús Barrera Olmos, para la anulación de esos actos administrativos. A esa manifestación se opusieron los demandados en sus escritos de contestación, por considerar que no existía lugar para la configuración de la presunción contenida en el artículo 6° ejusdem, de culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, porque, el actor omitió hacer referencia a una conducta de tal magnitud desplegada en el proceso de expedición del acto declarado nulo. 3.5.2. Para abordar el análisis de la conducta del agente público en el marco de este proceso de reembolso, ha de tenerse en consideración que, como los hechos que sustentaron la condena en contra del INGEOMINAS, hoy Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurrieron el 4 de enero y el 11 de marzo de 2010 —cuando se profirieron las Resoluciones D-001 y D157 de 2010—, la Ley 678 de 2001 resulta aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto. Por tanto, se aplican las “presunciones legales” previstas en los artículos 5° y 6° de esa ley, que califican la conducta del agente de dolosa o gravemente culposa. (...) Sin embargo, la aportación de estos elementos de convicción resulta insuficiente para denotar el supuesto de hecho al cual se refieren las presunciones atribuidas a los agentes demandados, pues esa declaración de nulidad, en ningún modo es indicativa de una conducta gravemente culposa de los señores César David López Arenas y Jorge Alberto Bernal Contreras al expedir y revisar los actos administrativos que ordenaron desvincular a Rodolfo de Jesús Barrera Olmos. La violación de las normas relativas al abandono de cargo y al debido proceso que se debe adelantar para poder declarar una situación de abandono del cargo, fue el vicio que derivó en la decisión dentro del proceso de nulidad y restablecimiento, infracción que da lugar a configurar la “presunción” de culpa grave prevista en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001. Este criterio, en principio, ata al juez de la repetición, porque siguiendo el derrotero trazado por esta Sección del Consejo de Estado50 , las sentencias del proceso contencioso administrativo se convierten, por mandato de la ley, en piezas procesales determinantes para establecer la responsabilidad patrimonial del ex servidor público, y el demandado tiene entonces el deber de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad51, lo cual quedó, a su vez, plasmado en la exposición de motivos del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 678 de 200152 . Valga decir que, el hecho de que dichas piezas procesales sean determinantes, no implica, en todo caso, que resulten siempre suficientes al propósito de deducir la presunción que se enrostra contra el demandado en repetición. Para que así sea, se requiere que el fallo condenatorio contra el Estado por la declaración de nulidad de un acto administrativo contenga de forma explícita el supuesto de hecho en que se funda la presunción, de manera tal que, desde un principio, el demandado en repetición pueda dirigir sus esfuerzos probatorios a desvirtuar el elemento presuntivo que se enfila en su contra. Si la sentencia definitoria de la litis que da lugar a la condena tiene tal claridad, servirá no solo de basamento al juez de la repetición, sino que, en los términos ya señalados, lo atará en su decisión de reembolso; de lo contrario, la sola sentencia de lesividad será insuficiente para tales propósitos. Como en el sub examine, la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Valledupar el 28 de febrero de 2012, tan solo da cuenta de que, a juicio de esa colegiatura, el INGEOMINAS desconoció las normas que regulan el procedimiento para la declaratoria de abandono del cargo, pero no alude ni demuestra la conducta gravemente culposa de los demandados, máxime cuando el supuesto de hecho de la presunción alegada por la demandante exige que la violación de la normas de derecho sea “manifiesta e inexcusable” y estos calificativos no fueron empleados por el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho al momento de determinar la prosperidad del cargo, no puede derivarse de allí el elemento presuntivo que se pretende hacer valer en la demanda de recobro y, por lo mismo, la sentencia de nulidad y restablecimiento, en este caso en particular, no sirve de cimiente al juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente. En lo que respecta al ex servidor César David López Arenas, se advierte que, con el fin de desvirtuar el hecho deducido de la sentencia condenatoria, en su escrito de contestación afirmó que los actos declarados nulos nacieron a la vida jurídica luego de agotar las instancias pertinentes, es decir, después de evacuar los respectivos trámites relativos al traslado, procedimiento que se realizó con antelación a que el demandado fuera encargado de la dirección general de la entidad. Pues bien, los yerros en los que incurrieron las resoluciones que declararon la vacancia del cargo, son de tal entidad que su identificación requería de un análisis jurídico de un profesional del derecho, dado que la sujeción al debido proceso, el derecho de defensa y la verificación de las condiciones fácticas y jurídicas se tratan de defectos que no resultan palmarios para cualquier funcionario público. (...) Al margen de lo expresado, si bien se declaró la nulidad de las resoluciones, la diferencia entre la administración y la autoridad judicial recayó en la calificación jurídica de los hechos que motivaron las decisiones, circunstancia que haría que la ilegalidad de las resoluciones no tuviera origen en un error inexcusable. Pues, mientras con la expedición de los actos aludidos se juzgó que la vacancia del cargo se configuró al no cumplirse la orden de traslado, (Resolución 454 del 7 de septiembre de 2009), luego de estudiar los informes remitidos por el Coordinador del Grupo de Trabajo Regional de Valledupar y el Coordinador Técnico del Observatorio Vulcanológico y Sismológicos de Manizales, que daban cuenta que el señor Rodolfo de Jesús Barrera Olmos siguió laborando en Valledupar, aún frente a la firmeza de la orden de traslado, en cambio, la sentencia del 28 de febrero de 2012, estimó que el antes nombrado había seguido prestando sus servicios desde la ciudad de Valledupar, por lo cual el abandono del cargo no se podía configurar por no cumplir una orden de traslado. Por otro lado, frente a la garantía del debido proceso en el caso concreto, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Valledupar, consideró que esta había sido vulnerada, al no realizar el procedimiento indicado en la sentencia T424 de 2010, para declarar la vacancia de un cargo. En este punto, es menester indicar que la mencionada providencia fue proferida el 28 de mayo de 2010, es decir, luego de la expedición de la Resoluciones D-001 y D157 de 2010, por lo que ésta no podría constituir un lineamiento para la conducta del demandado. (...) En lo concerniente al ex servidor Jorge Alberto Bernal Contreras, es menester poner de presente que este prestó sus servicios desde el 27 de julio de 2007 hasta el 2 de enero de 2011, así como que una vez analizada su hoja de vida y las funciones propias del cargo que desempeñaba, se colige prima facie que contaba con los elementos necesarios para identificar los posibles yerros en los que incurrieron las Resoluciones D-001 y D-157 de 2010. En efecto, la hoja de vida aportada al plenario da cuenta de que el demandado era profesional en derecho y que contaba con más de 20 años de experiencia. Por su parte, en el manual de funciones (Decreto 252 de 2004) se le asignó la de “asesorar al Director General y a las dependencias de la entidad en la interpretación de las normas constitucionales, para garantizar una adecuada toma de decisiones y mantener la unidad de criterio en la interpretación y aplicación de las disposiciones en el campo de acción del instituto (…)” y la de “elaborar, estudiar y conceptuar sobre los proyectos de decreto del Gobierno, resoluciones, contratos, convenios y demás actos administrativos que deba expedir o proponer la entidad, que sean sometidos a su consideración”. En relación con la expedición de la resolución que declaró la vacancia del empleo por abandono del cargo y desde una perspectiva funcional, el señor Jorge Alberto Bernal Contreras tenía el deber de asesorar al Director General y elaborar o conceptuar sobre el acto administrativo aludido, siempre y cuando hubiere sido sometido a su consideración. No obstante, en el expediente no obra prueba alguna de que fuera solicitado el respectivo concepto del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ingeominas, especialmente cuando en el plenario no se encontraron documentos que acreditaran la participación efectiva del señor Bernal Contreras en la expedición de los actos. (...) esta Judicatura pone de presente que en la Resolución D-157 del 11 de marzo de 2010, en la parte inferior izquierda de la última hoja aparecen las iniciales AMP y encima un pequeño garabato, la cual es coincidente con el nombre de Adriana María Plazas, quien, de conformidad con el testimonio rendido, indicó que era la encargada de elaborar las resoluciones. En su testimonio, ante la pregunta sobre si ella fue la encargada de proyectar la Resolución D-157 del 11 de marzo de 2010, contestó de manera afirmativa, sin embargo, respecto a las constancias de los lineamientos brindados por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica para elaborarla, indicó que no tenía documentos que acreditaran tal suceso53 . Bajo esta perspectiva, resulta forzoso concluir que la respuesta al segundo problema jurídico planteado es negativa, pues en el sub examine el organismo accionante no demostró el actuar gravemente culposo de los demandados al momento de emitir los actos administrativos que conllevaron a la desvinculación de Rodolfo de Jesús Barrera Olmos. De ahí que, las pruebas arrimadas a este expediente no resulten suficientes para demostrar la calificación de la conducta que a título de culpa grave fue atribuida a los demandados, pues siguiendo el derrotero trazado por esta Sección del Consejo de Estado, resulta necesario que ese menoscabo tenga la característica de ser manifiesto e inexcusable54 , cuya prueba también fue echada de menos en este proceso; por lo que en estricta aplicación del mandato impuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), según el cual, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, la Sala procederá a negar la pretensión de reembolso formulada por el extremo demandante.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
CONDUCTA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN LEGAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Para abordar el análisis de la conducta del agente público en el marco de este proceso ha de tenerse en consideración que, como los hechos que sustentaron la condena en contra del INGEOMINAS, hoy Servicio Geoló

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

rar de forma conjunta los medios de prueba allegados, bajo los parámetros de la sana crítica. El Consejo de Estado, desde el año 2013, ha revisado la postura sostenida hasta ese momento en relación con el pago efectivo de la condena y ha considerado que, si bien los documentos aportados por las entidades públicas eran elaborados por ellas mismas, lo cierto es que gozan de plena validez y capacidad probatoria, como quiera que, en virtud de quien los expide, se trata de documentos públicos. El legislador también elevó esta interpretación a rango normativo, razón por la que estableció en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, lo siguiente: “[…] el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”. Claro está que lo anterior no implica que tales documentos —de naturaleza pública— sean prueba definitiva e incontrovertible, por cuanto su contenido acreditaría el hecho que se certifica, siempre que, estando a disposición de la parte contraria, no hayan sido controvertidos, objetados o tachados de falsos.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 84 DE 1873
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente en única instancia para resolver la demanda de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme al artículo 7° de la Ley 678 de 2001 . En ese orden, el Consejo de Estado es competente para decidir, en única instancia, el presente proceso iniciado en ejercicio del medio de control con pretensión de repetición, según el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 201118 —vigente para la fecha de presentación de la demanda—.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Valledupar, en sentencia del 28 de febrero de 201220 , (i) declaró la nulidad de las Resoluciones número D-001 del 4 de enero de 2010 y D-157 del 11 de marzo de 2010 —a través de las cuales se declaró la vacancia del empleo por abandono del cargo del señor Rodolfo de Jesús Barrera Olmos— y, (ii) a título de restablecimiento del derecho, ordenó el reintegro del funcionario al mismo cargo que este desempeñaba en esa entidad o a otro de igual o superior categoría, con el correspondiente pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde la fecha de su retiro hasta el momento en que se produjera efectivamente el reintegro. Por lo tanto, el plazo de vigencia del presente medio de control comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del 4 de agosto de esa anualidad, definiéndose así dicho término conforme a esta ley. De acuerdo con el artículo 11 ejusdem —vigente para la presentación de la demanda— y lo establecido por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002, la pretensión de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de diez (10) meses previstos en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) , según lo prescrito en el texto original del literal l del numeral 2° del artículo 164 ibidem. Sin embargo, esta Sección de la Corporación ha precisado que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación —dieciocho (18) meses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA)— si el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192, LEY 678 DE 2001
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en el medio de control de repetición de única instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del Código General del Proceso (CGP) prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), prescriben que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera o única instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte demandante, comoquiera que sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. Para tal efecto, la Secretaría de la Sección deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, debiendo considerar que se fijan agencias en derecho por el 1% del valor total de las pretensiones negadas, de conformidad con las tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-02-19. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 11001032600020140015400. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020140015400-52446-sentencia).
