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clave: "consejo_estado:providencia:11001032600020130006200-47270-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: no se están desconociendo los efectos de cosa juzgada de la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-04-15"
radicado: "11001032600020130006200"
numero: "47270"
ponente: "GUILLERMO SANCHEZ LUQUE"
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# Consejo de Estado: no se están desconociendo los efectos de cosa juzgada de la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-04-15
- **Radicado:** 11001032600020130006200
- **Número interno:** 47270
- **Ponente:** GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
- **Demandado:** JOSE GUILLERMO BOTERO COTES
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020130006200-47270-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001032600020130006200/E62CEB47D042AABB2A12D2642CAFDD39A99A917569E3E31C9277D2809434DCD5/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201300062001100103

## Problema jurídico

¿El rector de una Universidad Popular del Cesar desvirtuó la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

NIEGA

## Puntos clave

- ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición?
- ¿Cómo se determina el régimen jurídico aplicable al medio de control de repetición y cómo se aplican la presunción de culpa grave y presunción de dolo?
- ¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia para resolver el asunto de repetición?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, art. 175
- Decreto 1400 de 1970, art. 332
- Ley 1437 de 2011, art. 189

## Extracto

El 14 de diciembre de 2006, por Resolución nº. 2003, José Guillermo Botero Cotes –rector de la Universidad Popular del Cesar– declaró insubsistente el nombramiento de Jorge Fidel Navarro Becerra como profesional universitario. Como el acto administrativo se declaró nulo por no informar la novedad al Consejo Superior de la Universidad, y la entidad pagó la condena, demandó en repetición al funcionario. Alegó presunción de culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de la ley.… Según la demanda, Jorge Guillermo Botero Cotes –al expedir el acto de insubsistencia de Jorge Fidel Navarro Becerra– actuó con culpa grave porque desconoció de forma manifiesta e inexcusable normas de derecho (num. 1º art. 6 Ley 678 de 2001).

## Síntesis temática

La entidad pública que promueve formalmente la acción de repetición contra un servidor o exservidor público con fundamento en la Ley 678 de 2001 tiene la obligación principal, ineludible e indelegable de acreditar fehacientemente la existencia previa de un daño antijurídico reparado mediante sentencia condenatoria o acuerdo conciliatorio y el pago efectivo de la obligación, operando de pleno derecho la inversión legal de la carga probatoria cuando se demuestran en el plenario los supuestos fácticos que configuran las presunciones legales de culpa grave o dolo, correspondiéndole de manera específica y directa a la parte demandada desvirtuar dichos supuestos dentro del correspondiente trámite procesal judicial, conforme a las reglas generales y especiales vigentes sobre la materia.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA, ERROR INEXCUSABLE, ACTO ADMINISTRATIVO POR ERROR INEXCUSABLE, VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUNCIÓN LEGAL, PRESUNCIÓN DE DOLO, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, SUBROGACIÓN DE LAS OBLIGACIONES, FINALIDAD DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, LÍMITES DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, NUEVO ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES, AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / ERROR INEXCUSABLE / ACTO ADMINISTRATIVO POR ERROR INEXCUSABLE / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El rector de una Universidad Popular del Cesar desvirtuó la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
El 14 de diciembre de 2006, por Resolución nº. 2003, José Guillermo Botero Cotes –rector de la Universidad Popular del Cesar– declaró insubsistente el nombramiento de Jorge Fidel Navarro Becerra como profesional universitario. Como el acto administrativo se declaró nulo por no informar la novedad al Consejo Superior de la Universidad, y la entidad pagó la condena, demandó en repetición al funcionario. Alegó presunción de culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de la ley. (...) Según la demanda, Jorge Guillermo Botero Cotes –al expedir el acto de insubsistencia de Jorge Fidel Navarro Becerra– actuó con culpa grave porque desconoció de forma manifiesta e inexcusable normas de derecho (num. 1º art. 6 Ley 678 de 2001). José Guillermo Botero era el rector de una universidad pública y desconoció normas internas de la institución, pues desvinculó a un empleado sin consultar con el Consejo Superior de la universidad, omisión que generó la nulidad del acto y la posterior condena a la entidad demandante. (...) Conforme a las pruebas de este proceso, el 14 de diciembre de 2006, José Guillermo Botero Cotes suscribió la Resolución nº. 2003 que declaró insubsistente el nombramiento de Jorge Fidel Navarro Becerra. Los acuerdos de la Universidad Popular del Cesar que reglaban la expedición de ese acto no exigían consentimiento o autorización previa del Consejo Superior Universitario, solo el agotamiento de una formalidad: conocimiento previo para nombrar y remover empleados de las áreas académicas y administrativas. No se probó que esa forma o procedimiento fuera una condición de validez y legalidad del acto administrativo, ni que su omisión afectó garantía alguna del empleado declarado insubsistente. No está probado que el demandado –en su calidad de rector– desconoció de manera arbitraria un deber, el debido proceso ni el derecho de defensa del empleado. El Tribunal Administrativo del Cesar anuló el acto de insubsistencia al considerar que se expidió de forma irregular, por no haberse puesto en conocimiento del Consejo Superior Universitario y que ese requisito se debía agotar al margen de la naturaleza del cargo. Sin embargo, la Sala advierte que, según las pruebas de este proceso, el trámite que el demandado incumplió era una irregularidad que no tenía la virtualidad de afectar la validez del acto administrativo. No se están desconociendo los efectos de cosa juzgada de la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que anularon el acto de insubsistencia. La Sala reitera que el objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es determinar la responsabilidad del Estado por el daño causado con un acto que es demandado, juicio en el cual la antijuridicidad de la conducta que causó el daño es inane a su estructuración. Mientras que, en la acción de repetición, ese es el elemento fundamental de la responsabilidad del agente o ex agente del Estado en contra del cual se dirige la acción, dado que sólo cuando esa conducta ha sido dolosa o gravemente culposa, habrá lugar a declarar la responsabilidad del demandado. Por ello, la sentencia que declara la nulidad de un acto tiene efectos de cosa juzgada generales [erga omnes] en cuanto al acto administrativo y la sentencia en procesos de restablecimiento del derecho aprovecha a quien interviene en ese proceso y obtiene la declaración a su favor (art. 332 CPC y 175 CCA, hoy art. 303 CGP y 189 CPACA). Aunque la sentencia del Tribunal consideró que el acto de insubsistencia se expidió de forma irregular, el demandado, en este proceso, desvirtuó la presunción de culpa grave por violación «manifiesta e inexcusable» de las normas de derecho (art. 6.1 Ley 678 de 2001). Tampoco se probó una inexcusable omisión o extralimitación del demandado en el ejercicio de sus funciones (art. 6 Ley 678 de 2001).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 175, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 332, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 189, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 303, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1
PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La procedencia de la acción de repetición –a más de la condición de servidor o exservidor público, que ya fue analizada [núm. 4]– requiere: (i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas. (...) El primer presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo. La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, conforme al artículo 2° de la Ley 678 de 2001. (...) El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC). Está acreditado que la entidad demandante pagó la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 29 de julio de 2010 (...) Como el régimen sustantivo de esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, se aplican las «presunciones legales» previstas en los artículos 5° y 6° de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas «presunciones» inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al demandante demostrar los supuestos de hecho en los que se fundamentaba y, por tanto, acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado. Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba , una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que «presumen» el dolo o la culpa grave, el demandado tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la «presunción». De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar, si no obstante configurarse alguna de las «presunciones», el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. El juez evaluará todos los eventos que no se subsumen en los supuestos de «presunciones» previstos por el legislador.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27006 [fundamento jurídico 2.1] y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42183 [fundamentos jurídicos 12, 13 y 15].
NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se determina el régimen jurídico aplicable al medio de control de repetición y cómo se aplican la presunción de culpa grave y presunción de dolo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 14 de diciembre de 2006, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es la Ley 678 de 2001 que entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial nº. 44.509, el 4 de agosto de 2001 La Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen enteramente por ella. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y finalidades de este medio de control, sino que, al calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público, estableció unas «presunciones legales» (artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001) que admiten prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 CC. La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º encontró que estaban ajustados a la CN, pues esas «presunciones» no implican atribución inmediata de responsabilidad del demandado, al ser mecanismos procesales que buscan que la entidad pruebe el supuesto de hecho de la presunción alegada y el demandado, mediante prueba en contrario, lo desvirtúe para eximirse de responsabilidad. Para la Corte, de esta forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el debate probatorio. El artículo 243 CN dispone que los fallos que la Corte Constitucional dicte, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Una vez en firme y ejecutoriada la decisión, esta tiene fuerza vinculante, obligatoria para todos, incluidos, por supuesto, los jueces de la República. Si la Corte condiciona la decisión de constitucionalidad de un precepto legal, esa interpretación condicionada descarta expresamente otras interpretaciones posibles. Las sentencias interpretativas en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad alteran parcialmente el contenido de la disposición, al tiempo que expulsa del ordenamiento cualquier otra interpretación que admita la norma acusada.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 243, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 66
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia para resolver el asunto de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 CPACA y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para decidir en única instancia este proceso, de conformidad con el artículo 149.13 CPACA y el parágrafo 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, vigentes para la fecha de presentación de la demanda, según los cuales estudia la acción de repetición que se ejerza contra los representantes legales de entidades del orden nacional.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 CN, art. 142 CPACA, inciso 1º del art. 2 de la Ley 678 de 2001 y arts. 1668.3 y 1670 CC).
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1668 NUMERAL 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1670
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el a

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

or, la cual puede tener origen en la ley o en el acuerdo de voluntades (arts. 1630, 1666, 1667 y 1668 CC). Por virtud de la ley o el contrato, quien pagó la obligación se subroga en todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas que tenía el antiguo acreedor contra el deudor principal, como contra terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda (art. 1670 CC). De modo que, por transmisión o traspaso de los derechos del acreedor viene a ocupar su lugar (subrogación legal o convencional), pues la deuda no se extingue y solo cambia al acreedor . El artículo 90 CN, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, establece que la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público, estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición. Se trata, pues, de un evento de subrogación legal, en virtud del cual la entidad tiene derecho a repetir lo pagado –por ministerio de la ley– contra el servidor público que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio origen a la condena contra el Estado. La Universidad Popular del Cesar está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que pagó una reparación patrimonial derivada de una condena judicial. Con ocasión de este pago se subrogó en los derechos y privilegios del tercero afectado con la conducta que califica como gravemente culposa del servidor público [núm. 11]. José Guillermo Botero Cotes está legitimado en la causa por pasiva, pues fue el servidor público que –según la demanda– con su conducta gravemente culposa o dolosa dio lugar a la indemnización por el Estado, proveniente de una sentencia judicial. Aquel era el rector de la Universidad Popular del Cesar para la época de los hechos, según da cuenta certificado original expedido por el coordinador del Grupo de Gestión de Desarrollo Humano de la Universidad Popular del Cesar (f. 73 c. ppal).
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1630, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1666, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1667, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1668
PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de las presunciones legales de culpa grave y conducta dolosa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las «presunciones legales» de dolo o culpa grave, previstas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001 , corresponden a un juicio lógico del legislador, que consiste en tener como cierto o probable un hecho, partiendo de otro debidamente probado. Esa presunción no excluye la posibilidad de que exista un error en el razonamiento del hecho del cual se parte para obtener una deducción o en el hecho probado cuando resulte falso o inexacto. Por eso, el demandado tiene la posibilidad de desvirtuar la «presunción legal», aun cuando fueren ciertos los antecedentes o circunstancias con fundamento en los cuales lo infiere la ley, como también cuando éstos terminen siendo falsos . En eventos de acción de repetición por la expedición de un acto administrativo, la declaración de nulidad del acto no implica automáticamente la responsabilidad patrimonial del servidor público. Pues, se reitera, el servidor público puede aportar pruebas que desvirtúen la presunción . Las sentencias del proceso contencioso administrativo se convierten, por mandato de la ley, en piezas procesales determinantes para establecer la responsabilidad patrimonial del exservidor público, sin perjuicio de que el agente aporte medios de prueba tendientes a desvirtuar la «presunción legal» . La presunción de culpa grave del numeral 1º del artículo 6, por violación manifiesta e inexcusable de normas derecho, se configura cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones .
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
FINALIDAD DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / LÍMITES DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Se pueden adicionar pretensiones en el escrito de alegatos de conclusión?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demandante, en sus alegatos, sostuvo que el acto declarado nulo no se expidió «por razones del buen servicio público», sino que fue producto de caprichos y persecuciones por parte del demandado como rector de la Universidad Popular del Cesar (p. 3 índices 152 a 154 SAMAI). El artículo 281 CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 CPACA, establece que la sentencia deberá estar en consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades previstas en la ley, y prohíbe al juez condenar al demandado por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta [congruencia del fallo]. Los alegatos de conclusión no son una oportunidad prevista en la ley para formular pretensiones, pues ello solo es posible con la presentación de la demanda o su reforma (art. 162.2 y 173 CPACA) . Por tanto, la Sala no analizará la nueva pretensión que formuló la parte demandante, al aducir hechos distintos para configurar la culpa grave del demandado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 162, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 173, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas y la fijación de agencias en derecho en contra de la entidad demandante en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. En concordancia, el artículo 365.1 CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso. De conformidad con el artículo 366.4 CGP y en los términos del Acuerdo nº. 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha de presentación de la demanda –hoy Acuerdo n°. 10554 de 2016–, las agencias en derecho se tasarán en el 2% del valor de las pretensiones en atención a la naturaleza del proceso, y la calidad y duración de la gestión ejecutada por el apoderado. Como las pretensiones se estimaron en $149.866.991, la demandante pagará la suma de $2.997.340 por concepto de agencias en derecho.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-04-15. C.P. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE. Rad. 11001032600020130006200. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020130006200-47270-sentencia).
