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clave: "consejo_estado:providencia:11001030600020250001600-16-auto-interlocutorio"
titulo: "Consejo de Estado: la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-06-11"
radicado: "11001030600020250001600"
numero: "16"
ponente: "JOHN JAIRO MORALES ALZATE"
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# Consejo de Estado: la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria

- **Título oficial / radicado:** Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-06-11
- **Radicado:** 11001030600020250001600
- **Número interno:** 16
- **Ponente:** JOHN JAIRO MORALES ALZATE
- **Sección / Sala:** Sala Consulta y Servicio Civil
- **Clase de proceso:** CONFLICTOS DE COMPETENCIA
- **Actor:** PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE PEREIRA
- **Demandado:** COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL DE RISARALDA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001030600020250001600-16-auto-interlocutorio
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001030600020250001600/67BA450FF76E3F1176DEAFE982CE5F81250F3EA7791A2F09717CD319CB0CF77F/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202500016001100103

## Problema jurídico

¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria en contra de una abogada, en calidad de asesora jurídica externa de una alcaldía?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

RESUELVE CONFLICTO

## Extracto

Teniendo en cuenta que la señora [J.M.G.] celebró el contrato de prestación de servicios núm. 01 del 14 de enero de 2020 con el municipio de Guática (Risaralda), en ejercicio de su profesión de abogada y conforme a los antecedentes que obran en el expediente, la Sala encuentra que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para conocer y asumir la investigación disciplinaria en contra de la mencionada togada para la época de los hechos, por el presunto incumplimiento de sus deberes profesionales.… Según lo descrito en el informe de auditoría, la señora [J.M.G.], contratista del municipio de Guática, Risaralda, realizó la revisión legal de los estudios previos y de la Resolución 166 del 9 de junio de 2020 por la cual se justificó el proceso de contratación directa del Contrato No. 055-2020 suscrito entre la Alcaldía y la ESE Hospital Santa Ana de Guática, en los cuales aparece…

## Descriptores temáticos

CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCURADURÍA PROVINCIAL, POLICÍA NACIONAL, OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, CONTROL INTERNO, FACULTAD DISCIPLINARIA, IUS PUNIENDI, DERECHO DISCIPLINARIO, FINALIDAD DEL DERECHO DISCIPLINARIO, CONTROL DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO, PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA, SERVIDOR PÚBLICO, CONTROL DISCIPLINARIO, COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DISCIPLINARIA, OFICINA DE CONTROL INTERNO, COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, ABOGADO, PROCESO DISCIPLINARIO, COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM, RÉGIMEN SANCIONATORIO DEL ABOGADO, COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, MUNICIPIO, INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL ABOGADO, CONTRATACIÓN DIRECTA

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## Texto del documento

CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PROCURADURÍA PROVINCIAL / POLICÍA NACIONAL / OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / CONTROL INTERNO / FACULTAD DISCIPLINARIA / IUS PUNIENDI / DERECHO DISCIPLINARIO / FINALIDAD DEL DERECHO DISCIPLINARIO / CONTROL DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / SERVIDOR PÚBLICO
OBITER DICTUM
El ius puniendi del Estado está en cabeza de la Administración e implica ejercer la actividad sancionadora, para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas. El poder punitivo que se reconoce al Estado se fundamenta en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley. Esta potestad disciplinaria está justificada por la necesidad de garantizar que los servidores públicos, en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones, cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, eficacia y eficiencia. Asimismo, para que se respeten las prohibiciones, y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución y en las leyes. Cuando los servidores públicos quebrantan estos principios, o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria. (…) Entonces, el ejercicio de la facultad disciplinaria busca propender por el adecuado cumplimiento de la función pública, en beneficio de la comunidad y como protección de los derechos y libertades de la población, en general. (…) En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado, en cuanto tiene como finalidad primordial la garantía y protección de los derechos fundamentales. Destacó que la regulación disciplinaria permite proteger la organización de la Administración y sus recursos, y hacer un seguimiento del cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. (…) [L]a potestad disciplinaria está en cabeza del Estado y se ejerce de la siguiente manera: i) Por parte de las oficinas, grupos o unidades de control disciplinario de las ramas, entidades, órganos y organismos del Estado, respecto de los servidores públicos de cada entidad. Ii) En cabeza de la Procuraduría General de la Nación, bien sea para el ejercicio del poder disciplinario preferente, o para conocer de los asuntos sobre los cuales se le otorgó competencia privativa (funcionarios de elección popular y sus propios servidores, entre otros, con las excepciones que trae la Constitución y la ley) y todas aquellas ejercidas en virtud de la cláusula general de competencia en materia disciplinaria, contenidas en el artículo 118, 275, 277 y 278 de la Constitución Política. iii) Por parte de las personerías municipales y distritales, a las que la ley otorga, igualmente, un poder disciplinario preferente, para investigar a los servidores públicos de los respectivos municipios y distritos. iv) Por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales, sobre los asuntos disciplinarios de los funcionarios y empleados judiciales, en el ejercicio de su profesión. v) Por parte de algunas otras entidades públicas, a las que la ley ha dotado de la potestad disciplinaria sobre ciertos grupos de servidores públicos o de particulares en ejercicio de funciones públicas, como la Superintendencia de Notariado y Registro o la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la potestad disciplinaria del Estado, ver Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 22 de febrero de 2023, radicación 11001-03-06-000-2022-00283-00. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación núm. 11001-03-06-000-2021-00049-00(C). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Decisión del 23 de septiembre de 2015. Radicación núm. 11001-03-25-000-2010-00162-00. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2046. Corte Constitucional, Sentencia C-028 del 26 de enero 2006. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 4 de mayo de 2022, radicado núm. 11001-03-06-000-2021-00081-00.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 118, 275, 277, 278, LEY 1952 DE 2019, LEY 2094 DE 2021 - ARTÍCULO 1
CONTROL DISCIPLINARIO / FACULTAD DISCIPLINARIA / COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DISCIPLINARIA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / OFICINA DE CONTROL INTERNO / COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
OBITER DICTUM
En materia disciplinaria, la competencia es entendida como la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento y decisión de un asunto. Esta se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, con fundamento en los factores o criterios siguientes: la calidad del sujeto disciplinable (factor personal o subjetivo), la naturaleza del hecho (factor objetivo o material), el territorio o lugar donde ocurrió la presunta falta (factor territorial), la instancia en la cual actúa el operador disciplinario (factor funcional) y el factor de conexidad. (…) [S]urgen diversas reglas de competencia, a saber: i) A la Procuraduría General de la Nación le corresponde la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas; ii) Les corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias, sin perjuicio del poder preferente que ostenta la Procuraduría General de la Nación y las personerías distritales y municipales; y iii) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial tienen a cargo la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación. (…) [L]os criterios que tiene en cuenta el Código General Disciplinario para atribuir la competencia, por el factor subjetivo, son: i) la calidad de servidor público o el particular en ejercicio de funciones públicas que tenga el presunto infractor; ii) el cargo que ocupa u ocupó el servidor público, o la función que cumple o cumplió el particular investido de funciones públicas; y iii) la rama, el órgano, la entidad o el organismo para la cual trabaja o trabajó el servidor, o para el cual presta o prestó sus servicios el particular.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el factor subjetivo como determinante de la competencia en el campo Disciplinario, ver: Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 23 de octubre de 2024. Radicación número 11001-03-06-000-2024-0018100. // Sobre la titularidad de la potestad disciplinaria, ver: Corte Constitucional Sentencia C-030 de 2023.
FUENTE FORMAL:
LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 2, 70, 91, 92
CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OBITER DICTUM
En primera instancia, es importante poner de presente la noción concebida en el artículo 32 numeral 3° de la Ley 80 de 1993, Estatuto de la Contratación Pública, sobre los contratos de prestación de servicios. (…) Como ha tenido oportunidad la Sala de analizarlo en concepto del 4 de noviembre de 2004 con radicación 2004-01592-0118, el referido contrato tiene como finalidad colaborar con las entidades estatales en el cumplimiento de tareas relacionadas con la administración o funcionamiento de las mismas, sin que ello implique necesariamente el ejercicio de funciones públicas por parte de los particulares contratados, pues de lo que se trata es de suplir las necesidades de personal, bien porque no es suficiente o bien porque se requieren especiales conocimientos con los cuales no cuenta la entidad. En concepto del 19 de noviembre de 2015, con radicación 2014-00011-0020, la Sala resaltó que cuando las actividades de las entidades no puedan realizarse por el personal de planta o se requiera de conocimientos especializados, […] «ambas exigencias suponen que la contratación de este tipo de servicios busca complementar y apoyar la actividad de una dependencia y de los servidores públicos a ella adscritos, en aras de la realización de los fines estatales y de los principios que rigen la función pública». En el precitado concepto, la Sala concluyó que se trataba de particulares que se vinculaban a la administración pública para apoyarla en el ejercicio de sus funciones y no para asumir la prestación de las mismas. (…) Para concluir este punto, cabe señalar que la Sentencia C-037 de 2003 de la Corte Constitucional hizo un repaso de las distintas etapas normativas y jurisprudenciales sobre la responsabilidad disciplinaria de los particulares contratistas y declaró exequible la expresión «particulares… que ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas…», siempre que se entienda «…que el particular que preste un servicio público, solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la manifestación de las potestades inherentes al Estado, y éstas sean asignadas explícitamente por el Legislador».
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los Contratos de prestación de servicios y ejercicio de funciones públicas. Reiteración, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil: i) Decisión del 22 de marzo de 2017, radicado núm. 11001-03-06-000-2016-00191-00); Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 4 de noviembre de 2004. Rad. No. 2004-01592-01. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 19 de noviembre de 2015. Rad. No. 2014-00011-00. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia Rad. No. 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719) 2 de diciembre de 2013. // Sobre la constitucionalidad del numeral 29 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, ver: Corte Constitucional Sentencia C-037 de 2003 y sentencia C-094 de 2003.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 3
FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / ABOGADO / PROCESO DISCIPLINARIO
OBITER DICTUM
El artículo 256 de la Constitución Política consagró, entre las atribuciones iniciales del Consejo Superior de la Judicatura. (…) En vigencia de las normas citadas, los procesos disciplinarios en contra de los abogados en el ejercicio correspondían entonces, al Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales. Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015, se suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las salas homólogas de los consejos seccionales de la judicatura, y, en su lugar, se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales, con lo cual, además, se adoptó un nuevo modelo de disciplina en la Rama Judicial y se continuó con la tradición tendiente a que los abogados en ejercicio fueran investigados disciplinariamente por la ahora Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales. Ahora bien, sobre la entrada en vigencia de tales cambios, es importante rememorar que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-373 de 2016, declaró exequible el artículo 19 del acto legislativo en mención, el cual quedó incorporado a la Constitución Política como artículo 257A. Frente a lo anterior, la Sala, en el Concepto 2415 del 20 de agosto de 2019. (…) En tal virtud, la entrada en funcionamiento del nuevo modelo institucional quedó sujeta a la designación y posesión de los magistrados que integrarían la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, lo que ocurrió en diciembre de 2020, con la elección de los siete magistrados que la integran, quienes se posesionaron de sus cargos el 13 de enero del 2021.(…) Así las cosas, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sustituyó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto al ejercicio de la función disciplinaria sobre los funcionarios judiciales y abogados en ejercicio de su profesión. Adicionalmente, la citada norma constitucional le asignó al nuevo órgano, la función jurisdiccional disciplinaria respecto de los empleados de la Rama Judicial, quienes antes eran disciplinables por sus respectivos superiores jerárquicos, conforme al artículo 115 de la Ley 270 de 1996. En consecuencia, como lo ha señalado la Sala en reiteradas oportunidades, en la actualidad y desde que empezó a operar (13 de enero de 2021), la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales ti

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

en la que ambas autoridades sean competentes para la investigación, según lo enunciado por la Corte, por no existir vulneración alguna al principio del non bis in ídem.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de non bis in ídem y la situación disciplinaria de los contratistas de prestación de servicios, ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil Conflicto Administrativo de Competencias Administrativas Rad. 11001-03-06-000-2024-00042-00 del 22 de abril de 2024. // Sobre los abogados que practiquen la profesión y lo hagan en desarrollo del vínculo subjetivo que tiene con el Estado, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-899 de 2011.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1123 DE 2007, LEY 1123 DE 2007 - ARTÍCULO 19
COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ABOGADO / MUNICIPIO / INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL ABOGADO / CONTRATACIÓN DIRECTA
Problema jurídico:
¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria en contra de una abogada, en calidad de asesora jurídica 
externa de una alcaldía?
Respuesta al problema jurídico: Si
Teniendo en cuenta que la señora [J.M.G.] celebró el contrato de prestación de servicios núm. 01 del 14 de enero de 2020 con el municipio de Guática (Risaralda), en ejercicio de su profesión de abogada y conforme a los antecedentes que obran en el expediente, la Sala encuentra que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para conocer y asumir la investigación disciplinaria en contra de la mencionada togada para la época de los hechos, por el presunto incumplimiento de sus deberes profesionales. (…) Según lo descrito en el informe de auditoría, la señora [J.M.G.], contratista del municipio de Guática, Risaralda, realizó la revisión legal de los estudios previos y de la Resolución 166 del 9 de junio de 2020 por la cual se justificó el proceso de contratación directa del Contrato No. 055-2020 suscrito entre la Alcaldía y la ESE Hospital Santa Ana de Guática, en los cuales aparece, al final de los documentos, la firma de la contratista como constancia de su revisión legal. La contratación de la señora [J.M.G.] tenía como objeto contractual «Prestar sus servicios como abogada externa en materia legal y representación judicial y extrajudicial al municipio de Guática» lo cual la habilitaba para actuar dentro del proceso contractual para que las actuaciones del municipio estuviesen ajustadas a la Constitución y a la ley; sin embargo, en el citado proceso la Contraloría Delegada para el Sector Salud encontró los hallazgos mencionados, los cuales podrían desconocer el correcto y adecuado ejercicio de la profesión de abogada, que pueden constituir una presunta falta disciplinaria, de conformidad con lo señalado en los artículos 19 y 28 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007. De esta manera, como las presuntas conductas de carácter disciplinario las pudo haber cometido en el cumplimiento del ejercicio profesional como abogada asesora en el proceso contractual que culminó con la celebración del contrato 055 de 2020, así como la extemporaneidad en la celebración del contrato del Plan de Intervenciones, al haber sido suscrito hasta el 10 de junio de 2020 y por, al parecer, haberse permitido la ejecución de actividades del PAI y el pago de las mismas sin la existencia previa del contrato, que es lo que se cuestiona en esta oportunidad, a juicio de la Sala de Consulta y Servicio Civil corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales la competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a la abogada [J.M.G.], ejercicio de su profesión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución Política. Circunstancia que, ante la especialidad de la gestión que se considera omitida – ejercicio del derecho y de la labor de abogado-, exige que la Sala se decante por la aplicación, para este caso, de la Ley 1123 de 2007, que por su especialidad aplica plenamente a la circunstancia propuesta en este conflicto. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que, en este caso, la abogada es sujeto disciplinable dentro la órbita de competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus respectivas seccionales, pues en el marco del ejercicio de su profesión como abogada, pudo haber incurrido en faltas disciplinarias, las cuales tienen que ver con el incumplimiento del deber de observar la Constitución y la ley en el ejercicio de su profesión (art. 28 de la Ley 1123 de 2007), al presuntamente no verificar que el proceso contractual que culminó con la celebración del contrato núm. 055 de 2020 que revisó y avaló tuviese la cuantificación económica de las actividades, el haberse celebrado el contrato 055 de 2020, presuntamente, de manera tardía, así como por, presuntamente, haber permitido la ejecución y pago de actividades sin contar con el contrato previo. Una conclusión que, además, se desprende de lo enunciado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-899 de 2011, previamente reseñada, es que si bien, esa Corporación estima que en ciertos casos ante la diversa naturaleza de las faltas a investigar, tanto la Procuraduría como la Comisión pueden tener competencia para iniciar el proceso disciplinario que corresponda según sus atribuciones propias, en este caso, es claro que el debate disciplinario que aquí se plantea, gira, específicamente, sobre la forma en la que la abogada en mención ejerce su actividad profesional. Por tanto, debe aplicarse, en esta oportunidad, el artículo 19 del Código Disciplinario del Abogado, Ley 1123 de 2007, que establece que los abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar o asistir, entre otros, a personas jurídicas de derecho público, son destinatarios de este código. Así, la Sala declarará competente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, para continuar conociendo el proceso disciplinario en comento, pues a ella corresponde investigar a los abogados en ejercicio de su profesión. De otro lado, como el actuar de la señora [J.M.G.] también podría implicar el posible incumplimiento del objeto y/o de las obligaciones surgidas del contrato 001 de 2020, suscrito con el municipio de Guática, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018, se expedirán copias de la presente actuación al alcalde municipal de Guática (Risaralda), para que, advirtiendo del respeto por su autonomía, evalúe y verifique el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones pactadas en el mencionado contrato de prestación de servicios y adopte las medidas a que hubiere lugar, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás normas pertinentes.
FUENTE FORMAL:
LEY 1123 DE 2007 - ARTÍCULO 28, LEY 1474 DE 2011, LEY 80 DE 1993

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Consejo de Estado. Providencia Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas. 2025-06-11. C.P. JOHN JAIRO MORALES ALZATE. Rad. 11001030600020250001600. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001030600020250001600-16-auto-interlocutorio).
