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clave: "consejo_estado:providencia:11001030600020240070800-724-auto-interlocutorio"
titulo: "Consejo de Estado: son sujetos disciplinables los particulares que ejerzan de manera permanente o transitoria funciones públicas"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-04-02"
radicado: "11001030600020240070800"
numero: "724"
ponente: "JOHN JAIRO MORALES ALZATE"
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# Consejo de Estado: son sujetos disciplinables los particulares que ejerzan de manera permanente o transitoria funciones públicas

- **Título oficial / radicado:** Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-04-02
- **Radicado:** 11001030600020240070800
- **Número interno:** 724
- **Ponente:** JOHN JAIRO MORALES ALZATE
- **Sección / Sala:** Sala Consulta y Servicio Civil
- **Clase de proceso:** CONFLICTOS DE COMPETENCIA
- **Actor:** PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCURADURÍA REGIONAL DE INSTRUCCIÓN DEL TOLIMA
- **Demandado:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001030600020240070800-724-auto-interlocutorio
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001030600020240070800/9606DEB78A34D9343E52DDD8C2547BC243E8293900AD089604C28D0F59439C14/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202400708001100103

## Problema jurídico

¿Alguna de las autoridades involucradas en el presente conflicto de competencias administrativo, es competente para conocer el proceso disciplinario en contra de la señora [K.L.R,V.], en su calidad de trabajadora social del Hospital San Juan de Dios de Honda (E.S.E), por las presuntas conductas en ejecución de un contrato de prestación de servicios?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

RESUELVE CONFLICTO

## Fundamentos jurídicos

- Ley 100 de 1993, art. 195
- Ley 1952 de 2019, arts. 2 y 70
- Ley 80 de 1993, arts. 26 y 32

## Extracto

La Sala encuentra que ninguna de las autoridades involucradas es competente para conocer el proceso disciplinario en contra de la señora [K.L.R.V.], en su calidad de trabajadora social del Hospital San Juan de Dios de Honda (E.S.E), por las presuntas conductas expuestas en la queja presentada el 26 de enero de 2024, por la señora [M.L.A.G.]. Esto, pues, según el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019 y la jurisprudencia vigente, la señora [K.L.R.V.] no es un sujeto disciplinable. Lo anterior encuentra fundamento en los siguientes argumentos: Según la información allegada por el Hospital San Juan de Dios de Honda (E.S.E.), la trabajadora social a la que se refiere la queja es la señora [K.L.R.V.], quien prestó sus servicios a dicho hospital en virtud del contrato de prestación de servicios N.° 000031 de 2024 celebrado el 1.° de enero de 2024.

## Descriptores temáticos

CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCURADURÍA PROVINCIAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, CONTROL INTERNO, FACULTAD DISCIPLINARIA, IUS PUNIENDI, DERECHO DISCIPLINARIO, FINALIDAD DEL DERECHO DISCIPLINARIO, CONTROL DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO, PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA, SERVIDOR PÚBLICO, CONTROL DISCIPLINARIO, COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DISCIPLINARIA, OFICINA DE CONTROL INTERNO, COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PROCESO DISCIPLINARIO, RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL EMPLEADO PÚBLICO, ACCIÓN DISCIPLINARIA, ETAPA DE INSTRUCCIÓN, DEBIDO PROCESO, DOBLE INSTANCIA, QUEJA DISCIPLINARIA, CONTRATO DE TRABAJO, VÍNCULO LABORAL, CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO, EXHORTO

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- [Consejo de Estado — Conflicto de competencia administrativa: Auto interlocutorio](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001030600020250001700-17-auto-interlocutorio.md)

## Texto del documento

CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PROCURADURÍA PROVINCIAL / HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS / OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / CONTROL INTERNO / FACULTAD DISCIPLINARIA / IUS PUNIENDI / DERECHO DISCIPLINARIO / FINALIDAD DEL DERECHO DISCIPLINARIO / CONTROL DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / SERVIDOR PÚBLICO
OBITER DICTUM
El ius puniendi del Estado está en cabeza de la Administración e implica ejercer la actividad sancionadora, para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas. El poder punitivo que se reconoce al Estado se fundamenta en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley. Esta potestad disciplinaria está justificada por la necesidad de garantizar que los servidores públicos, en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones, cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, eficacia y eficiencia. Asimismo, para que se respeten las prohibiciones, y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución y en las leyes. Cuando los servidores públicos quebrantan estos principios, o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria. (…) Entonces, el ejercicio de la facultad disciplinaria busca propender por el adecuado cumplimiento de la función pública, en beneficio de la comunidad y como protección. (…) En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado, en cuanto tiene como finalidad primordial la garantía y protección de los derechos fundamentales. Destacó que la regulación disciplinaria permite proteger la organización de la Administración y sus recursos, y hacer un seguimiento del cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. (…) la potestad disciplinaria está en cabeza del Estado y se ejerce de la siguiente manera: i) Por parte de las oficinas, grupos o unidades de control disciplinario de las ramas, entidades, órganos y organismos del Estado, respecto de los servidores públicos de cada entidad. Ii) En cabeza de la Procuraduría General de la Nación, bien sea para el ejercicio del poder disciplinario preferente, o para conocer de los asuntos sobre los cuales se le otorgó competencia privativa (funcionarios de elección popular y sus propios servidores, entre otros, con las excepciones que trae la Constitución y la ley) y todas aquellas ejercidas en virtud de la cláusula general de competencia en materia disciplinaria, contenidas en el artículo 118, 275, 277 y 278 de la Constitución Política. iii) Por parte de las personerías municipales y distritales, a las que la ley otorga, igualmente, un poder disciplinario preferente, para investigar a los servidores públicos de los respectivos municipios y distritos. iv) Por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales, sobre los asuntos disciplinarios de los funcionarios y empleados judiciales, en el ejercicio de su profesión. v) Por parte de algunas otras entidades públicas, a las que la ley ha dotado de la potestad disciplinaria sobre ciertos grupos de servidores públicos o de particulares en ejercicio de funciones públicas, como la Superintendencia de Notariado y Registro o la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la potestad disciplinaria del Estado, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 22 de febrero de 2023, radicación 11001-03-06-000-2022-00283-00; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación núm. 11001-03-06-000-2021-00049-00(C); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Decisión del 23 de septiembre de 2015. Radicación núm. 11001-03-25-000-2010-00162-00; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2046; Corte Constitucional, Sentencia C-028 del 26 de enero 2006.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 118, 275, 178, LEY 1952 DE 2019, LEY 2094 DE 2021 - ARTÍCULO 1
CONTROL DISCIPLINARIO / FACULTAD DISCIPLINARIA / COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DISCIPLINARIA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / OFICINA DE CONTROL INTERNO / COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
OBITER DICTUM
En materia disciplinaria, la competencia es entendida como la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento y decisión de un asunto. Esta se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, con fundamento en los factores o criterios siguientes: la calidad del sujeto disciplinable (factor personal o subjetivo), la naturaleza del hecho (factor objetivo o material), el territorio o lugar donde ocurrió la presunta falta (factor territorial), la instancia en la cual actúa el operador disciplinario (factor funcional) y el factor de conexidad. (…) [S]urgen diversas reglas de competencia, a saber: i) A la Procuraduría General de la Nación le corresponde la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas; ii) Les corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias, sin perjuicio del poder preferente que ostenta la Procuraduría General de la Nación y las personerías distritales y municipales; y iii) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial tienen a cargo la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación. (…) [L]os criterios que tiene en cuenta el Código General Disciplinario para atribuir la competencia, por el factor subjetivo, son: i) la calidad de servidor público o el particular en ejercicio de funciones públicas que tenga el presunto infractor; ii) el cargo que ocupa u ocupó el servidor público, o la función que cumple o cumplió el particular investido de funciones públicas; y iii) la rama, el órgano, la entidad o el organismo para la cual trabaja o trabajó el servidor, o para el cual presta o prestó sus servicios el particular.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el factor subjetivo como determinante de la competencia en el campo Disciplinario, ver: Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 23 de octubre de 2024. Radicación número 11001-03-06-000-2024-0018100.
FUENTE FORMAL:
LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 2, 70, 91, 92
CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBITER DICTUM
[E]s importante poner de presente la noción concebida en el artículo 32 numeral 3° de la Ley 80 de 1993, estatuto de la contratación pública, sobre los contratos de prestación de servicios (…) Como ha tenido oportunidad la Sala de analizarlo en concepto del 4 de noviembre de 2004 con radicación 2004-01592-0118, el referido contrato tiene como finalidad colaborar con las entidades estatales en el cumplimiento de tareas relacionadas con la administración o funcionamiento de las mismas, sin que ello implique necesariamente el ejercicio de funciones públicas por parte de los particulares contratados, pues de lo que se trata es de suplir las necesidades de personal, bien porque no es suficiente o bien porque se requieren especiales conocimientos con los cuales no cuenta la entidad. En concepto del 19 de noviembre de 2015, con radicación 2014-00011-0020, la Sala resaltó que cuando las actividades de las entidades no puedan realizarse por el personal de planta o se requiera de conocimientos especializados, […] «ambas exigencias suponen que la contratación de este tipo de servicios busca complementar y apoyar la actividad de una dependencia y de los servidores públicos a ella adscritos, en aras de la realización de los fines estatales y de los principios que rigen la función pública». En el precitado concepto, la Sala concluyó que se trataba de particulares que se vinculaban a la administración pública para apoyarla en el ejercicio de sus funciones y no para asumir la prestación de las mismas. (…) Para concluir este punto, cabe señalar que la Sentencia C-037 de 2003 de la Corte Constitucional hizo un repaso de las distintas etapas normativas y jurisprudenciales sobre la responsabilidad disciplinaria de los particulares contratistas y declaró exequible la expresión «particulares… que ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas…», siempre que se entienda «…que el particular que preste un servicio público, solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la manifestación de las potestades inherentes al Estado, y éstas sean asignadas explícitamente por el Legislador».
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los contratos de prestación de servicios y ejercicio de funciones públicas, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil: i) Decisión del 22 de marzo de 2017, radicado núm. 11001-03-06-000-2016-00191-00); Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 4 de noviembre de 2004. Rad. No. 2004-01592-01; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 19 de noviembre de 2015. Rad. No. 2014-00011-00; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia Rad. No. 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719) 2 de diciembre de 2013 y Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 2003 del 28 de enero de 2003.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 3
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / PROCESO DISCIPLINARIO / RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL EMPLEADO PÚBLICO / ACCIÓN DISCIPLINARIA / ETAPA DE INSTRUCCIÓN / DEBIDO PROCESO / DOBLE INSTANCIA
OBITER DICTUM
Sobre las reglas de competencia para adelantar los procesos disciplinarios, es importante recordar que, ya desde la Ley 734 de 2002, el legislador introdujo la obligación de las entidades u órganos del Estado de contar con una oficina de control interno disciplinario para adelantar los procesos disciplinarios hasta la decisión de primera instancia. (…) [E]l diseño del control disciplinario interno regulado por la Ley 734 de 2002 se caracterizó por lo siguiente: 1. La obligación de todas las entidades u organismos del Estado de organizar una oficina de control interno disciplinario que conociera y fallara, en primera instancia, los procesos disciplinarios adelantados en contra de los servidores de la respectiva entidad. 2. La segunda instancia de estos procesos correspondía, por regla general, al nominador. 3. En caso de que no fuera posible garantizar la segunda instancia en la entidad, el proceso disciplinario debía ser conocido por la Procuraduría General de la Nación. 4. En aquellas entidades que no se contara con oficina de control interno disciplinario, el proceso disciplinario debía ser conocido por el superior jerárquico del disciplinado y la segunda instancia por el superior de aquél. 5. La creación de las oficinas o unidades de control interno disciplinario estaba sujeta a la existencia de los recursos presupuestales para el efecto y, en caso de que no existieran, la competencia disciplinaria correspondía al superior jerárquico del disciplinado y la segunda instancia, al superior de aquel. 6. El procedimiento disciplinario no establecía diferencia entre la etapa de instrucción o investigación y la etapa de juzgamiento. En consecuencia, todas las actuaciones del proceso disciplinario, hasta la decisión de primera instancia, eran adelantadas por un mismo funcionario. Ahora bien, el Código General Disciplinario en su artículo 93, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, conserva en lo esencial los postulados de la Ley 734 de 2002 frente al control interno disciplinario. (…) A partir de lo expuesto es posible concluir: 1. El nuevo régimen disciplinario refuerza la obligación de las entidades y órganos del Estado, en su momento prevista por la Ley 734 de 2002, de contar con una oficina o dependencia de control interno disciplinario del más alto nivel, de lo que se destaca: a. El jefe de las oficinas o dependencias de control disciplinario interno debe ser abogado y pertenecer al nivel directivo de la entidad. b. Se elimina la competencia subsidiaria del superior jerárquico del disciplinado, y del superior de aquel, para adelantar los procesos disciplinarios en las entidades en las que no exista oficina de control interno disciplinario. c. No se condici

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

e la señora [K.L.R.V.], en su calidad de trabajadora social del Hospital San Juan de Dios de Honda (E.S.E), por las presuntas conductas expuestas en la queja presentada el 26 de enero de 2024, por la señora [M.L.A.G.]. Esto, pues, según el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019 y la jurisprudencia vigente, la señora [K.L.R.V.] no es un sujeto disciplinable. Lo anterior encuentra fundamento en los siguientes argumentos: Según la información allegada por el Hospital San Juan de Dios de Honda (E.S.E.), la trabajadora social a la que se refiere la queja es la señora [K.L.R.V.], quien prestó sus servicios a dicho hospital en virtud del contrato de prestación de servicios N.° 000031 de 2024 celebrado el 1.° de enero de 2024. El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 preceptúa que los contratos de prestación de servicios celebrados entre entidades públicas y personas naturales no da lugar a un vinculo laboral. (…) La Corte Constitucional41, al estudiar el artículo en comento, expuso que son distintas las características de los contratos laborales y los de prestación de servicios. Por lo tanto, al estar ante dos supuestos de hecho diferentes, de los cuales surgen vínculos distintos, se desencadenan consecuencias jurídicas diversas. (…) Por su parte, la Ley 1952 de 2019 determinó que «corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias». Como se expuso en los numerales anteriores, en el presente caso se está ante una particular que prestaba sus servicios al Hospital San Juan de Dios de Honda, en virtud de un contrato de prestación de servicios, como trabajadora social y que, por lo tanto, no tiene la calidad de servidora pública. Conforme a lo anterior, la Unidad de Control Interno Disciplinario de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Honda no tiene competencia para adelantar el proceso disciplinario. Ahora bien, respecto a los procesos disciplinarios adelantados en contra de particulares, la Procuraduría General de la Nación será la competente para adelantar dichos asuntos únicamente si el investigado ejerció funciones públicas. Lo anterior, según el artículo segundo de la Ley 1952 de 2019, que dispone: «[S]e le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas». En ese sentido, son sujetos disciplinables los particulares que ejerzan de manera permanente o transitoria funciones públicas, administren recursos públicos o cumplan labores de interventoría o supervisión. Sin embargo, en el caso de los contratistas, no todos son sujetos disciplinables, en la medida que no siempre ejercen las mencionadas funciones. (…) Para la Sala, una vez analizadas las obligaciones contractuales a la luz de la normativa y la jurisprudencia aplicable, encuentra que las mismas no se enmarcan dentro de los supuestos exigidos por la ley para que, la contratista [K.L.R.V.] sea considerada sujeto de la acción disciplinaria, pues, se insiste, solamente cuando el particular ejerza funciones públicas, administre recursos públicos o cumpla labores de interventoría o supervisión puede considerarse sujeto disciplinable en los términos del estatuto disciplinario vigente. Por lo anterior, al no estar, la señora [K.L.R.V.], en ejercicio de funciones públicas indica que, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, no es sujeto disciplinable por parte de la Procuraduría General de la Nación. Ahora bien, la Sala encuentra que pese a que la contratista no es sujeto disciplinable, a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Honda le corresponde revisar el cumplimiento del contrato de prestación de servicios, por las siguientes razones: Es importante tener el cuenta que al contrato en cuestión le es aplicable el numeral 6.° del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en virtud del cuál los contratos celebrados por las Empresas Sociales del Estado se rigen por el derecho privado. (…) [E]s claro que la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Honda (E.S.E.) es la obligada a verificar y evaluar el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios N.° 000031 de 2024, celebrado el 1.° de enero de 2024. Lo anterior, se acompasa con el principio de responsabilidad preceptuado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, el cual es aplicable al presente contrato, en virtud del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. Asimismo, revisado el Manual de Contratación de la E.S.E., la Sala encuentra que en virtud de los artículos 25 y 27 de dicho manual, es responsabilidad de quién ejerce la supervisión del contrato verificar el cumplimiento de lo pactado en el mismo. (…) Por todo lo anterior, con base en el Manual de Contratación de la E.S.E., adoptado por la Resolución núm. 115 del 5 de septiembre de 2014 y el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, se remitirán copias de la presente actuación a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Honda, para que, dentro de su autonomía, a través del Profesional Universitario del Área de Talento Humano y Contratación encargado de la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios N°. 000031 de 2024, evalúe, y verifique, con fundamento a la queja presentanda el 26 de enero de 2024, el cumplimiento del objeto contractual y adopte las medidas a que hubiere lugar, de acuerdo con la normas pertinentes. con fundamento a a la queja presentanda, para que se grantice el debido procedo y el derecho de petición
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los procesos disciplinarios adelantados en contra de particulares, ver: Corte Constitucional, mediante Sentencia C-030 de 2023 y Sentencia C-037 del 2003
FUENTE FORMAL:
LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 195, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 2, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 70, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26, 32
EXHORTO
OBITER DICTUM
La Sala advierte que el principal argumento de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Honda para no adelantar el presente proceso disciplinario es la inoperancia de su Unidad de Control Interno Disciplinario. Este argumento pone de manifiesto un incumplimiento de las disposiciones legales que obligan a toda entidad estatal a conformar una oficina o dependencia de control interno disciplinario, obligación que no es reciente, ya que existía en la Ley 734 de 2002 y se reitera en la Ley 1952 de 2019. Aunque, en virtud de la Resolución N.° 041 del 11 de abril de 2014 existe dentro del hospital la Unidad de Control Interno Disciplinario; pero en la práctica, dicha unidad no funciona, por no contar con el personal adecuado para adelantar las etapas del proceso disciplinario, la Sala exhortará al hospital para que, en el menor tiempo posible, realice las gestiones necesarias para poner en funcionamiento la Unidad de Control Interno Disciplinario y dar así cumplimiento a lo dispuesto en las normas señaladas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1952 DE 2019, LEY 734 DE 2002

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Consejo de Estado. Providencia Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas. 2025-04-02. C.P. JOHN JAIRO MORALES ALZATE. Rad. 11001030600020240070800. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001030600020240070800-724-auto-interlocutorio).
