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clave: "consejo_estado:providencia:11001030600020230060300-606-auto-interlocutorio"
titulo: "Consejo de Estado: la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-04-10"
radicado: "11001030600020230060300"
numero: "606"
ponente: "MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA"
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# Consejo de Estado: la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente

- **Título oficial / radicado:** Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-04-10
- **Radicado:** 11001030600020230060300
- **Número interno:** 606
- **Ponente:** MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
- **Sección / Sala:** Sala Consulta y Servicio Civil
- **Clase de proceso:** CONFLICTOS DE COMPETENCIA
- **Actor:** FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
- **Demandado:** COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001030600020230060300-606-auto-interlocutorio
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001030600020230060300/CC77DFF26701F3D1A1E7D6914326AB1BA83BC6C808BC69BCE69FD1EFC7BE15E4/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202300603001100103

## Problema jurídico

¿La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias a que haya lugar en contra de los empleados de la Fiscalía General de la Nación (por determinar) por las presuntas conductas omisivas en el curso del proceso disciplinario número 47621, que condujeron a la caducidad de la acción en dicha actuación?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

RESUELVE CONFLICTO

## Fundamentos jurídicos

- Ley 734 de 2002, art. 30

## Extracto

Revisados los antecedentes normativos y los documentos que obran en el expediente, la Sala encuentra que la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias que correspondan, en contra de empleados de la Fiscalía General de la Nación (por determinar), que presuntamente pudieron incurrir en las conductas omisivas que condujeron a configurar la caducidad de la acción disciplinaria en el proceso número 47621. Lo anterior, por las siguientes razones: La caducidad de la acción disciplinaria, en términos del artículo 30 de la Ley 734 de 2002 (norma aplicable para la fecha de los hechos), se configuraría si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se hubiese proferido auto de apertura de investigación disciplinaria, como en este caso ocurrió.

## Descriptores temáticos

CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, DERECHO DISCIPLINARIO, FINALIDAD DEL DERECHO DISCIPLINARIO, CONTROL DISCIPLINARIO, FINALIDAD DEL CONTROL DISCIPLINARIO, CONTROL DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, COMPETENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, DISCIPLINADO, FACTOR DE COMPETENCIA, COMPETENCIA SUBJETIVA, COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA EMPLEADO JUDICIAL, SUPERIOR JERÁRQUICO DEL EMPLEADO JUDICIAL, OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, EMPLEADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO

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## Texto del documento

CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / DERECHO DISCIPLINARIO / FINALIDAD DEL DERECHO DISCIPLINARIO / CONTROL DISCIPLINARIO / FINALIDAD DEL CONTROL DISCIPLINARIO / CONTROL DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO / CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
OBITER DICTUM
El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley. En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes. Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión, o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga en ejercicio de su función disciplinaria. (…) De lo expuesto, puede concluirse que la titularidad de la acción disciplinaria será ejercida por el Estado así: Por las oficinas de control interno y por los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, en relación con los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos adscritos a sus dependencias. Por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales, respecto de los funcionarios y empleados judiciales, y de los abogados en el ejercicio de su profesión. Por la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales y distritales, en virtud del poder disciplinario preferente que la Constitución Política y la ley les conceden.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la potestad disciplinaria del Estado, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 4 de octubre de 2023, radicación 11001030600020230041100, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Decisión del 23 de septiembre de 2015, radicación 11001-03-25-000-2010-00162-001200-10). Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2046 de 2011. Y Corte Constitucional, Sentencia C-028 del 26 de enero de 2006.
FUENTE FORMAL:
ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 257A, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 41, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 47
COMPETENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / DISCIPLINADO / FACTOR DE COMPETENCIA / COMPETENCIA SUBJETIVA
OBITER DICTUM
En materia disciplinaria, la competencia es entendida como la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento y decisión de un asunto. Esta se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, con fundamento en los factores o criterios siguientes: la calidad del sujeto disciplinable (factor personal o subjetivo), la naturaleza del hecho (factor objetivo o material), el territorio o lugar donde ocurrió la presunta falta (factor territorial), la instancia en la cual actúa el operador disciplinario (factor funcional) y el factor de conexidad. En relación con el sujeto disciplinable, el inciso 6° del artículo 2° de la citada Ley 1952 de 2019, prevé que «[a] la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal permanente». (…) [L]os criterios que tiene en cuenta el Código General Disciplinario para atribuir competencia, por el factor subjetivo, son: i) la calidad de servidor público o el particular en ejercicio de funciones públicas que tenga el presunto infractor; ii) el cargo que ocupa u ocupó el servidor público o el particular investido de funciones públicas; y iii) la rama, el órgano, la entidad o el organismo para la cual trabaja o trabajó el servidor o el particular.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los factores que determinan la competencia en el campo disciplinario, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 7 de diciembre de 2022, rad. 11001-03-06-000-2022-00233-00.
FUENTE FORMAL:
LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 2, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 91, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 92
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA EMPLEADO JUDICIAL / SUPERIOR JERÁRQUICO DEL EMPLEADO JUDICIAL / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
OBITER DICTUM
Inicialmente, el artículo 115 de la Ley 270 de 1996 establecía que, en primera instancia, «[c]corresponde a las Corporaciones, funcionarios y empleados pertenecientes a la Rama Judicial, conocer de los procesos disciplinarios contra los empleados respecto de los cuales sean sus superiores jerárquicos, sin perjuicio de la atribución que la Constitución Política confiere al Procurador General de la Nación de ejercer preferentemente el poder disciplinario […]». En armonía con dicha ley, el artículo 2º de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único23, establecía que «corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias» [énfasis propio]. En ese sentido, el artículo 67 eiusdem indicaba que «la acción disciplinaria se ejerce por la Procuraduría General de la Nación; los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura […] las oficinas de control disciplinario interno […] y los nominadores y superiores jerárquicos inmediatos […]» [Resalta la Sala]. De esta forma, al interpretar el artículo 115 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en armonía con las normas citadas del Código Disciplinario Único, la Sala concluyó que el competente para investigar disciplinariamente a los empleados judiciales era su respectivo superior jerárquico o administrativo. Como se observa, esta disposición preceptúa, en forma expresa, que la «Oficina de Control Disciplinario Interno» de la Fiscalía seguirá conociendo de los procesos disciplinarios «cuyos hechos tuvieron ocurrencia hasta antes del 13 de enero de 2021». Lo anterior significa, contrario sensu, que la citada dependencia, que se denomina, en realidad, Dirección de Control Disciplinario, no está facultada para conocer de actuaciones disciplinarias que correspondan a faltas o hechos ocurridos a partir del 13 de enero de 2021, o cuya existencia material se haya extendido después de esa fecha. Así las cosas, jurisprudencialmente y legalmente (para el caso de la Fiscalía General de la Nación) se ha dicho que las faltas disciplinarias cometidas por empleados judiciales, antes del 13 de enero de 2021, son conocidas por la autoridad que, para la época de los hechos, ostentara la calidad de superior jerárquico; y, las que tuvieran lugar luego de esa fecha, por la Comisión de Disciplina Judicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la autoridad competente para investigar a un empleado judicial antes y después de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 2 de agosto de 2023, rad. 11001- 03-06-000-2023-00198-00 y Corte Constitucional, sentencias C-373 de 2016 y C-120 de 2021
FUENTE FORMAL:
ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015 - ARTÍCULO 19, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 257A, LEY 200 DE 1995 - ARTÍCULO 48, LEY 200 DE 1995 - ARTÍCULO 57, LEY 200 DE 1995 - ARTÍCULO 61, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 115, LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 2, LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 76
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA EMPLEADO JUDICIAL / SUPERIOR JERÁRQUICO DEL EMPLEADO JUDICIAL / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
OBITER DICTUM
[L]a competencia para el ejercicio de la función disciplinaria respecto de los empleados de la Fiscalía General de la Nación, esto es, aquellas personas que cumplen funciones en la entidad, pero no tienen la calidad de fiscales, estaba radicada en la Dirección de Control Disciplinario de la entidad, para la primera instancia, mientras que la segunda instancia estaba asignada al fiscal general de la Nación. Ahora bien, el Acto Legislativo 02 de 2015 asignó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la función jurisdiccional disciplinaria frente a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, lo que comprende tanto a los funcionarios judiciales de la Fiscalía General de la Nación, esto es, los fiscales, como a los empleados de dicha entidad. Sin embargo, como ya se explicó, en virtud de la regla de intangibilidad de la competencia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y sus seccionales, solo tienen competencia para ejercer la función disciplinaria frente a los empleados de la Fiscalía, en relación con los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en funcionamiento, el 13 de enero de 2021, lo que implica que la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación mantiene la competencia para ejercer el control disciplinario sobre tales empleados, por actos ocurridos antes de la señalada fecha.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia disciplinaria de la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220003300 del 6 de julio de 2022.
FUENTE FORMAL:
ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015, DECRETO LEY 016 DE 2014 - ARTÍCULO 14 NUMERAL 10, DECRETO LEY 016 DE 2014 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 24, DECRETO LEY 261 DE 2000 - ARTÍCULO 11, DECRETO LEY 261 DE 2000 - ARTÍCULO 27, DECRETO LEY 261 DE 2000 - ARTÍCULO 29, DECRETO LEY 2699 DE 1991 - ARTÍCULO 107, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 93, LEY 2094 DE 2021 - ARTÍCULO 14, LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 76 PARÁGRAFO 1, LEY 938 DE 2004 - ARTÍCULO 20
COMPETENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / EMPLEADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias a que haya lugar en contra de los empleados de la Fiscalía General de la Nación (por determinar) por las presuntas conductas omisivas en el curso del proceso disciplinario número 47621, que condujeron a la caducidad de la acción en dicha actuación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Revisados los antecedentes normativos y los documentos que obran en el expediente, la Sala encuentra que la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias que correspondan, en contra de empleados de la Fiscalía General de la Nación (por determinar), que presuntamente pudieron incurrir en las conductas omisivas que condujeron a configurar la caducidad de la acción disciplinaria en el proceso número 47621. Lo anterior, por las siguientes razones: La caducidad de la acción disciplinaria, en términos del artículo 30 de la Ley 734 de 2002 (norma aplicable para la fecha de los hechos), se configuraría si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se hubiese proferido auto de apertura de investigación disciplinaria, como en este caso ocurrió. La etapa preliminar del proceso disciplinario número 47621 ordenado por Auto del 25 de noviembre de 2019, tuvo por objeto indagar sobre la presunta responsabilidad disciplinaria que pudiese derivarse de la inactividad en el proceso 25905 surtido desde el 18 de diciembre de 2015, fecha que a su vez constituye el extremo inicial para contabilizar el término de caducidad de la acción materia del mencionado proceso 47621. Es de precisar que la fecha de los hechos no puede determinarse únicamente a partir del momento en el cual cesó la omisión, sino desde su inicio, por lo siguiente: Como lo ha expuesto la Corte Constitucional, las infracciones disciplinarias suponen un incumplimiento de deberes funcionales, y desde este punto de vista, se debe analizar las conductas de aquellos funcionarios encargados de adelantar la investigación disciplinaria durante el plazo legal dispuesto para este efecto en el código disciplinario único. Lo anterior, con el fin de determinar el presunto incumplimiento de sus deberes funcionales y las posibles sanciones disciplinarias. Así las cosas, puede decirse que, el presunto incumplimiento de los deberes funcionales por parte de los servidores judiciales responsables de dar impulso procesal al proceso disciplinario 47621 ocurrió a partir de la fecha en la que inició la etapa de indagación preliminar, esto es, el 18 de diciembre de 2015. En ese sentido, la autoridad competente para adelantar las investigaciones disciplinarias correspondientes debe realizar un examen integral de los hechos, desde el 18 de diciembre de 2015, para identificar los posibles servidores responsables, determinar si hubo incumplimiento de sus deberes funcionales e imponer, si hay lugar a ello, las sanciones disciplinarias. En suma, la presunta conducta omisiva estaría configurada entre el 18 de diciembre de 2015 y el 17 de diciembre de 2020, es decir, con anterioridad al 13 de enero de 2021, fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, razón por la cual, el competente para adelantar la actuación disciplinaria correspondiente es la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las infracciones disciplinarias de los trabajadores de la fiscalía, ver: Corte Constitucional Sentencia C-948 de 2012
FUENTE FORMAL:
LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 30

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas. 2024-04-10. C.P. MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA. Rad. 11001030600020230060300. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001030600020230060300-606-auto-interlocutorio).
