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clave: "consejo_estado:providencia:08001233300020200077001-73724-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el contratista está llamado a desplegar una debida diligencia en el análisis de la información suministrada por la entidad"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-10-05"
radicado: "08001233300020200077001"
numero: "73724"
ponente: "ALBERTO MONTAÑA PLATA"
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# Consejo de Estado: el contratista está llamado a desplegar una debida diligencia en el análisis de la información suministrada por la entidad

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-10-05
- **Radicado:** 08001233300020200077001
- **Número interno:** 73724
- **Ponente:** ALBERTO MONTAÑA PLATA
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección B)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CONSORCIO PAVIMENTOS CANDELARIA 2015 - 2017
- **Demandado:** MUNICIPIO DE CANDELARIA (ATLÁNTICO)
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:08001233300020200077001-73724-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/08001233300020200077001/E085CEAE9041451626CABBCA8E802E4C11084CE53F4B7034FEF17A1AC0630EFA/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=080012333000202000770011100103

## Regla de decisión

El principio de buena fe incorpora un deber de información recíproco, a partir del cual las partes deben suministrar información precisa, veraz y autentica que conlleva una carga de verificación y valoración por la parte interesada.

## Problema jurídico

¿La deficiente estructuración de costos del contrato por parte de la entidad, al no incluir un impuesto municipal, configura por sí misma un desequilibrio económico o un incumplimiento contractual que releve al contratista experto de su deber de conocer y asumir la carga tributaria aplicable?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Procede reconocer al contratista los perjuicios por mayor permanencia en obra cuando en el acta de suspensión y en sus prórrogas renunció de manera expresa a reclamar los gastos derivados de la…
- ¿Puede el juez de lo contencioso administrativo reconocer intereses moratorios que no fueron reclamados en las pretensiones de la demanda…
- ¿Debe revocarse la decisión del juez de primera instancia de abstenerse de condenar en costas a la entidad cuando las pretensiones prosperaron parcialmente…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887, art. 9

## Extracto

La Sala considera relevante precisar que los defectos de planeación no constituyen, por sí mismos, situaciones imprevistas susceptibles de afectar la ecuación económica del contrato, pues sostener lo contrario conduciría a confundir las instituciones del incumplimiento contractual y del desequilibrio económico del contrato. En el presente caso, las falencias que se atribuyen al Municipio en la estructuración del contrato podrían eventualmente configurar un incumplimiento contractual, siempre que se demuestre que se concretaron en la inobservancia de una obligación a su cargo y que tuvieron incidencia en las obligaciones asumidas por el contratista. Ello, por cuanto los defectos en la planeación, considerados en abstracto, no constituyen un incumplimiento contractual autónomo.

## Síntesis temática

El contratista no puede alegar que la deficiente estructuración de costos por parte de la entidad estatal, al no incluir un impuesto municipal, configura un desequilibrio económico o un incumplimiento contractual que lo exima de conocer y asumir la carga tributaria aplicable, ya que el deber de planeación implica una colaboración activa del contratista con la administración para advertir y subsanar deficiencias en la planeación, y el principio de buena fe requiere que ambas partes suministren información precisa y veraz, con lo que el contratista debe desplegar una debida diligencia en el análisis de la información precontractual. Además, el contratista experto debe conocer y cumplir con las leyes y normas aplicables, incluyendo los impuestos, y no puede excusarse de su conocimiento por la falta de una adecuada estructuración de costos por parte de la entidad. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el deber de colaboración y diligencia del contratista, reforzando que la mala planeación no constituye automáticamente un incumplimiento contractual o un desequilibrio económico, y que el contratista debe asumir la responsabilidad de conocer y cumplir con las obligaciones tributarias derivadas de su actividad contractual.

## Cita textual

> no se puede confundir el principio de buena fe y de planeación con un proteccionismo a favor del contratista

## Descriptores temáticos

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, DEBER DE DILIGENCIA, IMPUESTO MUNICIPAL, IGNORANCIA DE LA LEY, OFERTA, MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMO JUDICIAL, DERECHO A LA AUTONOMÍA PRIVADA, CARGA DE LA PRUEBA, MALA FE, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INTERÉS MORATORIO, JURAMENTO ESTIMATORIO, REMISIÓN NORMATIVA AL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, CONDENA EN COSTAS, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA, PARTE RECURRENTE, LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

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## Texto del documento

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBER DE DILIGENCIA / IMPUESTO MUNICIPAL / IGNORANCIA DE LA LEY / OFERTA
Problema jurídico:
¿La deficiente estructuración de costos del contrato por parte de la entidad, al no incluir un impuesto municipal, configura por sí misma un desequilibrio económico o un incumplimiento contractual que releve al contratista experto de su deber de conocer y asumir la carga tributaria aplicable?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala considera relevante precisar que los defectos de planeación no constituyen, por sí mismos, situaciones imprevistas susceptibles de afectar la ecuación económica del contrato, pues sostener lo contrario conduciría a confundir las instituciones del incumplimiento contractual y del desequilibrio económico del contrato. En el presente caso, las falencias que se atribuyen al Municipio en la estructuración del contrato podrían eventualmente configurar un incumplimiento contractual, siempre que se demuestre que se concretaron en la inobservancia de una obligación a su cargo y que tuvieron incidencia en las obligaciones asumidas por el contratista. Ello, por cuanto los defectos en la planeación, considerados en abstracto, no constituyen un incumplimiento contractual autónomo. En ese sentido, debe advertirse que el contrato no estableció una obligación específica a cargo del Municipio que se derivara del deber de planeación –como, por ejemplo, la entrega de determinados estudios al Consorcio–, por lo que no basta con acreditar una deficiencia en la estructuración del negocio para evidenciar un incumplimiento contractual. El deber de planeación impone al contratista un deber de colaboración activa con la Administración que comprende, entre otros aspectos, advertir a la entidad contratante las deficiencias en la planeación que identifique, con el fin de que puedan ser subsanadas. A su vez, el principio de buena fe incorpora un deber de información recíproco, a partir del cual las partes deben suministrar información precisa, veraz y autentica que, a su vez, conlleva una carga de verificación y valoración por la parte interesada. De esta manera, el contratista está llamado a desplegar una debida diligencia en el análisis de la información suministrada por la entidad durante la etapa precontractual. En este contexto, el argumento del Consorcio no resulta procedente, pues no puede excusar su falta de diligencia y sagacidad negocial bajo el entendido de que el Municipio no realizó una adecuada estructuración de costos del AIU al no incluir en debida forma un impuesto; en la medida en que, en atención a su calidad de experto, tenía el deber de examinar los documentos precontractuales incorporados al proceso –entre ellos, el presupuesto planeado–, y estructurar una propuesta que reflejara un AIU acompasado con la realidad de los impuestos municipales. De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, el Consorcio manifestó en la carta de presentación de la oferta que conocía y aceptaba “en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual”. De esta manera, resulta claro que debía conocer los impuestos establecidos para el presente proceso contractual, y la exigencia de dicho conocimiento no resultaría desproporcionada, pues, como lo establece el artículo 9 del Código Civil, el Consorcio no puede alegar el desconocimiento de una norma como excusa para no sufragar los impuestos derivados de su actividad contractual. Si bien es cierto que el Consorcio afirmó que el tesorero municipal había certificado el porcentaje de los impuestos y deducciones aplicables; lo cierto es que dicha certificación no obra en el expediente y, en todo caso, su eventual existencia no lo eximiría de su deber de no solo contrastar la información suministrada; sino, también, conocer y cumplir la carga impositiva. Como lo ha precisado la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (se trascribe): “no se puede confundir el principio de buena fe y de planeación con un proteccionismo a favor del contratista”. Por lo anterior, el argumento elevado en el recurso no está llamado a prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber de colaboración activa del contratista en la planeación, consistente en advertir a la entidad las deficiencias que identifique, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de julio de 2026, exp. 65190; Subsección B, sentencia de 3 de abril de 2020, exp. 48676. Sobre el deber de información recíproco derivado de la buena fe y la debida diligencia del contratista en el análisis de la información precontractual, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 27 de febrero de 2026, exp. 71667; Subsección C, sentencia de 19 de noviembre de 2012, exp. 22043; Subsección A, sentencia de 2 de septiembre de 2013, exp. 23827. Sobre la imposibilidad de confundir los principios de buena fe y de planeación con un proteccionismo a favor del contratista, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de mayo de 2022, exp. 56449.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 9
MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMO JUDICIAL / DERECHO A LA AUTONOMÍA PRIVADA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MALA FE
Problema jurídico:
¿Procede reconocer al contratista los perjuicios por mayor permanencia en obra cuando en el acta de suspensión y en sus prórrogas renunció de manera expresa a reclamar los gastos derivados de la suspensión, sin que se haya probado que la entidad incumplió una obligación a su cargo ni que actuó de mala fe?
Respuesta al problema jurídico: No
Cabe aclarar que el Consorcio pretende atribuir un desequilibrio económico a unos actos que, en ejercicio de la autonomía privada de las partes, generaron una mayor permanencia en obra. Sin embargo, esta circunstancia no se encuentra reconocida como un supuesto de ruptura del equilibrio económico de los contratos estatales. Por ende, el análisis debe efectuarse desde la perspectiva de la responsabilidad derivada de la mayor permanencia en obra. Al respecto, en cada uno de los actos suscritos por las partes se estableció que la suspensión del plazo de ejecución contractual (se trascribe): “no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de [la] alcald[í]a del Municipio de Candelaria”. En atención a lo expuesto, se advierte que, tanto en el acta de suspensión como en sus sucesivas prórrogas, el Consorcio y el Municipio regularon los efectos económicos derivados de estos actos. En particular, pactaron de manera expresa e inequívoca la renuncia a reclamar cualquier gasto derivado de la suspensión del plazo de ejecución contractual. Esta renuncia no se encontraba supeditada a que el Municipio realizara los respectivos trámites para superar los motivos que dieron lugar a la suspensión. Por tanto, en aplicación del principio de buena fe y en respeto de las consecuencias de los términos del negocio jurídico celebrado, no resulta procedente acceder a la reclamación de los perjuicios derivados de la mayor permanencia en obra. Por esta razón, el argumento elevado en el recurso de apelación tampoco está llamado a prosperar con fundamento en tales conceptos. Cabe aclarar que el Consorcio aseguró que suscribió estos actos (se trascribe) “con el fin de que la entidad adelantara las actuaciones necesarias para superar [las causas que dieron lugar a la suspensión], de conformidad con el principio de buena fe; sin embargo (…) ello nunca ocurrió”. A partir de esta afirmación, se advierte que el reparo del apelante también se sustenta, en primer lugar, en un supuesto incumplimiento de una obligación que, a su juicio, estaba a cargo del Municipio, consistente en adelantar las gestiones y trámites necesarios para superar las circunstancias que dieron lugar a la suspensión del contrato y, en segundo lugar, en que la entidad habría actuado de mala fe. Sin embargo, del análisis del contenido del contrato y de cada uno de los actos suscritos por las partes no se desprende la existencia de una obligación a cargo del Municipio relativa a lo señalado por el Consorcio. En consecuencia, no se encuentra acreditado el incumplimiento de una obligación contractual que no fue asumida por la entidad. Tampoco se encuentra demostrada la mala fe del Municipio. Si bien el Consorcio sostuvo que la entidad no adelantó las gestiones necesarias para superar las circunstancias que dieron lugar a las suspensiones, tal circunstancia, por sí sola, no permite concluir que estas hubiesen sido acordadas de manera deliberada con el propósito de prolongar injustificadamente la ejecución del contrato. La mala fe de las entidades estatales no puede presumirse a partir de la sola existencia de las suspensiones o de la falta de acreditación de determinadas actuaciones, sino que debe encontrarse debidamente demostrada a partir de elementos probatorios claros y concluyentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 769 del Código Civil. Así las cosas, en el presente caso, no se acreditó que el Municipio hubiese promovido o suscrito las suspensiones con la finalidad de mantener injustificadamente paralizado el contrato, ni que hubiera actuado de manera deliberada para impedir la superación de las causas que las originaron. Por consiguiente, el argumento elevado en el recurso de apelación no está llamado a prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los efectos de las renuncias expresas a formular reclamaciones económicas en la suscripción de acuerdos modificatorios, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencias de 15 de julio de 2026, exp. 74090, y de 4 de mayo de 2022, exp. 66291.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 769
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INTERÉS MORATORIO / JURAMENTO ESTIMATORIO / REMISIÓN NORMATIVA AL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿Puede el juez de lo contencioso administrativo reconocer intereses moratorios que no fueron reclamados en las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo expresado por el demandante en el juramento estimatorio?
Respuesta al problema jurídico: No
Conviene precisar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del CGP –aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA– la sentencia debe (se trascribe): “estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”. Por lo anterior, no puede el juez reconocer intereses moratorios que no fueron reclamados en las pretensiones de la demanda, pues el juramento estimatorio no tiene la potencialidad de introducir pretensiones que no hayan sido expresamente formuladas –con independencia de que se le entienda como un medio de prueba o no dentro de esta Jurisdicción. Lo contrario supondría desconocer el principio de congruencia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Debe revocarse la decisión del juez de primera instancia de abstenerse de condenar en costas a la entidad cuando las pretensiones prosperaron parcialmente, las costas no se encontraban causadas ni acreditadas y el juez expuso los fundamentos de su decisión?
Respuesta al problema jurídico: No
Esta Subsección ha precisado que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, la imposición de costas se rige por un criterio objetivo derivado de la aplicación de las reglas previstas en el CGP. De modo que, su procedencia no depende de la valoración del comportamiento de las partes o de los demás sujetos procesales, sino de la verificación de los presupuestos objetivos relacionados con su causación, en los términos previstos por el CGP. Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 5 y 8 del artículo 365 de dicho estatuto procesal, el juez de primera instancia decidió abstenerse de condenar en costas al considerar que las pretensiones de la demanda habían prosperado de manera parcial y que, además, no se encontraban causadas ni debidamente acreditadas. Cabe resaltar que la citada disposición faculta al juez para abstenerse de imponer una condena en costas cuando la demanda prospera parcialmente, siempre que exponga los fundamentos de su decisión. En el caso concreto, el juez de primera instancia sustentó su determinación en las razones antes señaladas, de modo que ofreció una justificación suficiente, comprendida dentro de los supuestos previstos por la norma. Por lo anterior, se advierte que no hay lugar a acceder a la solicitud presentada por el Consorcio en su recurso de apelación. En consecuencia, la Sala confirmará la Sentencia de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el criterio objetivo para la imposición de la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de octubre de 2021, exp. 63217.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / PARTE RECURRENTE / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
Procede condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante recurrente cuando la sentencia de primera instancia se confirma en todas sus partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del artículo 365 del CGP, se condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante a favor de la parte demandada, pues esta Sentencia ha confirmado en todas sus partes la providencia recurrida. Estas deberán ser tasadas y liquidadas por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-10-05. C.P. ALBERTO MONTAÑA PLATA. Rad. 08001233300020200077001. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:08001233300020200077001-73724-sentencia).
