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clave: "consejo_estado:providencia:08001233300020160018601-67668-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-12-09"
radicado: "08001233300020160018601"
numero: "67668"
ponente: "NICOLÁS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-12-09
- **Radicado:** 08001233300020160018601
- **Número interno:** 67668
- **Ponente:** NICOLÁS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** RITA ANTONIA CUELLO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO CUELLO ESCORCIA, JESUS MANUEL CUELLO RODRIGUEZ, PEDRO JOAQUIN CUELLO RODRIGUEZ, DOMINGO JULIO CUELLO CANTILLO, JOSE ANTONIO CUELLO RODRIGUEZ
- **Demandado:** INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:08001233300020160018601-67668-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/08001233300020160018601/99D7333E49067E1AF0E79CB4090CFDC9A4F0A1B61F8EA7EC35B655488E10E933/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=080012333000201600186011100103

## Regla de decisión

El juez contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de contratos celebrados por entidades públicas.

## Problema jurídico

¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de controversias contractuales originadas en contratos celebrados por entidades públicas?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿El contrato de compraventa celebrado entre los apelantes y el ICBF se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública…
- ¿En consideración a que el contrato de compraventa de bien inmueble es un contrato de ejecución instantánea, el cómputo del término de caducidad de la acción contractual se inicia desde el momento en…
- ¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes del contrato de compraventa que dio lugar a la controversia?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152 núm. 5

## Extracto

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato de compraventa del 31 de enero de 2015 frente al cual se alegó una lesión enorme fue suscrito por el ICBF, en tanto establecimiento público del orden nacional, en el marco de su actividad contractual. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, según el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la pretensión mayor para la fecha de presentación del escrito inicial supera los 500 SMLMV.

## Síntesis temática

El juez contencioso administrativo conoce de las demandas de controversias contractuales originadas en contratos celebrados por entidades públicas conforme al artículo 104 del CPACA. En el presente caso, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues el contrato de compraventa del 31 de enero de 2015 frente al cual se alegó una lesión enorme fue suscrito por el ICBF, establecimiento público del orden nacional. Asimismo, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, dada la vocación de doble instancia y al superar la pretensión mayor los 500 SMLMV.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO DE COMPRAVENTA, CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA, ICBF, LESIÓN ENORME, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN, PROCESO DE DOBLE INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL, CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, MANUAL DE CONTRATACIÓN, BIEN INMUEBLE, PREDIO, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA, DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, VENDEDOR, REPRESENTACIÓN SUCESORAL, FALTA DE PRUEBA, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, COMPRADOR, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ, OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, JUSTICIA ROGADA, PAGO DE LOS FRUTOS CIVILES DEL BIEN, PRESUPUESTOS DE LA LESIÓN ENORME, LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA, OBJETO DE LA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA, PRUEBA DE LA LESIÓN ENORME, VALOR DEL BIEN INMUEBLE, JUSTO PRECIO DE LA COMPRAVENTA, RESCISIÓN DEL CONTRATO POR LESIÓN ENORME, PRESUPUESTOS DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR LESIÓN ENORME, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, DERECHO CIVIL, DERECHO COMERCIAL, CARGA DE LA PRUEBA, IDONEIDAD DE LA PRUEBA, IMPROCEDENCIA DE LA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA, OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA, ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE, PROCESO DE SUCESIÓN, OCUPACIÓN DE BIEN INMUEBLE, CONSTRUCCIÓN DE OBRA PRIVADA, CONSTRUCCIÓN DE PROPIEDAD, AVALÚO DEL BIEN INMUEBLE, AVALÚO DEL BIEN INMUEBLE EN ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, DETERMINACIÓN DEL AVALÚO DEL BIEN INMUEBLE, VALIDEZ DEL AVALÚO, REGLAS PARA ESTABLECER EL VALOR DEL AVALÚO COMERCIAL, PREDIO EDIFICADO, EDIFICACIÓN, VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, BUENA FE CONTRACTUAL, CONSTRUCCIÓN EN BIEN AJENO, PAGO, VENTA DEL PREDIO, REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA, VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, PROCEDENCIA DEL DICTAMEN PERICIAL, EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE, ACUERDO DE VOLUNTADES, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD, CONSENTIMIENTO, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA, VOLUNTAD PRIVADA, OFERTA, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS, CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE COMPRAVENTA / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / ICBF / LESIÓN ENORME / ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de controversias contractuales originadas en contratos celebrados por entidades públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato de compraventa del 31 de enero de 2015 frente al cual se alegó una lesión enorme fue suscrito por el ICBF, en tanto establecimiento público del orden nacional, en el marco de su actividad contractual. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, según el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la pretensión mayor para la fecha de presentación del escrito inicial supera los 500 SMLMV.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5
CONTRATO DE COMPRAVENTA / RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / ICBF / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / MANUAL DE CONTRATACIÓN / BIEN INMUEBLE / PREDIO
Problema jurídico:
¿El contrato de compraventa celebrado entre los apelantes y el ICBF se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en atención a la naturaleza del negocio jurídico y a la destinación del inmueble objeto del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
En consideración a que los sujetos procesales han formulado dudas en torno al régimen aplicable al acuerdo de voluntades del 31 de enero de 2015 suscrito entre los aquí apelantes y el ICBF, vale precisar que el artículo 38 de la Ley 7 de 1979 estableció que los contratos que celebrara el ICBF se sujetarían a las ritualidades, requisitos, formalidades y solemnidades del Decreto 150 de 1976, normativa que fue derogada y/o sustituida por el Decreto 222 de 1983 y, posteriormente, por la Ley 80 de 1993, de suerte que al negocio jurídico en comento le aplica ese último estatuto -General de la Contratación de la Administración Pública - EGCAP-, lo cual es reafirmado por el manual de contratación de la entidad. Ahora bien, vale advertir que las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 no son aplicables al presente asunto, dado que, aunque dicha normativa reguló tanto la expropiación como la compraventa voluntaria de inmuebles por entidades del Estado -entre otros asuntos, en el listado de eventos para dicho proceder, previsto en el artículo 10 de ese estatuto -reformado por el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, no se encuentra el almacenamiento, procesamiento y distribución de bienes de consumo básico, como lo es el predio con número de matrícula inmobiliaria 040-299253 objeto de la controversia que se destinó a la producción de bienestarina, como sí se había concebido en la redacción original de esa disposición jurídica, de suerte que al suprimir ese escenario el legislador quiso excluirlo de tal marco normativo. En tal virtud, no cabe duda de que al contrato del 31 de enero de 2015 le aplica la Ley 80 de 1993 y sus reformas, y bajo ese derrotero se analizarán los cuestionamientos de la apelación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen aplicable al contrato de compraventa celebrado con entidades públicas, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de mayo de 2019, rad. 37690, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 150 DE 1976, DECRETO 222 DE 1983, LEY 388 DE 1997, LEY 7 DE 1979 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993, LEY 9 DE 1989
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿En consideración a que el contrato de compraventa de bien inmueble es un contrato de ejecución instantánea, el cómputo del término de caducidad de la acción contractual se inicia desde el momento en que se entiende ejecutado su objeto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según lo previsto en el ordinal i) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en las pretensiones relativas a contratos, cuando dicho acuerdo de voluntades es de ejecución instantánea, el término para demandar es de 2 años, contados a partir del día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto negocial. En tal virtud, considerando que el contrato del 31 de enero de 2015 tuvo por objeto la venta del bien inmueble identificado con el número de matrícula inmobiliaria 040299253 al ICBF, así como se perfeccionó y ejecutó en esa misma fecha -pues entre otros, el predio ya estaba en manos del comprador, como obra en la cláusula cuarta del negocio jurídico-, no cabe duda de que es un acuerdo de voluntades de ejecución instantánea y, por tanto, los 2 años para ejercer el derecho de acción corrieron a partir del día siguiente. Así las cosas, los dos años para ejercer el derecho de acción corrieron entre el 1° de febrero de 2015 y el 1° de febrero de 2017 y, dado que la demanda se presentó el 24 de febrero de 2016, no cabe duda de que fue radicada en tiempo, sin perjuicio del agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, que se llevó a cabo entre el 19 de noviembre de 2015 y el 16 de febrero de 2016.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE / VENDEDOR / REPRESENTACIÓN SUCESORAL / FALTA DE PRUEBA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ICBF / COMPRADOR
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes del contrato de compraventa que dio lugar a la controversia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los señores (…) se encuentran legitimados en la causa por activa, pues fungieron como vendedores del contrato de compraventa del 31 de enero de 2015. No sucede lo propio con la señora (…), quien si bien se adhirió a la demanda afirmando ser sucesora del señor (…) -otrora vendedor en el negocio de venta-, no acreditó dicha condición y, dado que tampoco demostró ser parte del acuerdo de voluntades objeto de la controversia, resulta palmario concluir que no está legitimada en la causa por activa para comparecer a la contienda, lo cual se declarará en la parte resolutiva de la presente decisión. Finalmente, el ICBF se encuentra legitimado en la causa por pasiva, dado que actuó como comprador en el contrato de venta del 31 de enero de 2015 frente al cual gira la controversia.
MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / JUSTICIA ROGADA / PAGO DE LOS FRUTOS CIVILES DEL BIEN
Problema jurídico:
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia está determinado por los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin limitaciones. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no fue objeto de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”. En virtud del principio de congruencia, el juez contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule y en consonancia con lo que haya sido ventilado en la demanda y su contestación (…). Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, aunque en las pretensiones de la demanda se solicitó, entre otros, el reconocimiento de los frutos civiles por el uso del bien, en la apelación no se formuló ningún reparo que sustentara ese aspecto, pues el extremo apelante se restringió a sostener que, contrario a lo argumentado por el a quo, frente al contrato de compraventa del 31 de enero de 2015 hubo una lesión enorme, motivo por el cual la Sala se abstendrá de estudiar dicho aspecto en segunda instancia, so pena de transgredir el principio de congruencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de congruencia, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, rad. 46005, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 13 de marzo de 2024, rad. 62848, C. P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
LESIÓN ENORME / PRESUPUESTOS DE LA LESIÓN ENORME / LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA / OBJETO DE LA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA / PRUEBA DE LA LESIÓN ENORME / VALOR DEL BIEN INMUEBLE / JUSTO PRECIO DE LA COMPRAVENTA / RESCISIÓN DEL CONTRATO POR LESIÓN ENORME / PRESUPUESTOS DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR LESIÓN ENORME / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DERECHO CIVIL / DERECHO COMERCIAL / CARGA DE LA PRUEBA / IDONEIDAD DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Es procedente alegar la figura de la lesión enorme en los contratos estatales sometidos a la Ley 80 de 1993, con fundamento en las normas del Código Civil, a través del medio de control de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a lesión enorme es un fenómeno en virtud del cual, cuando se enajena un bien inmueble en el marco de negocios jurídicos como el de venta, entre otros, el vendedor recibe un precio inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende, o el comprador lo adquiere con un valor inferior a la mitad del precio que paga por ella -es decir, en la práctica paga más del doble del valor real del bien-, en los términos del artículo 1947 del Código Civil. La lesión enorme es un vicio de naturaleza objetiva, por lo que su configuración no pende de la voluntad de las partes del contrato que la origina, sino que, en el caso de la compraventa, basta que el valor pagado por el bien o que su costo al adquirirse sea menor al 50% del justo precio, lo que exige de quien la alega en sede judicial probar dicha diferencia aritmética que, de configurarse, podrá llevar a la rescisión del acuerdo de voluntades o, alternativamente: i) de alegarse por el vendedor contra el comprador, a que se complete el justo precio con deducción de una décima parte; o ii) de formularse por el comprador contra el vendedor, a que se le restituya el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte. (…) Precisado lo anterior, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha admitido la posibilidad de que se alegue la lesión enorme frente a los contratos sometidos a la Ley 80 de 1993 y sus reformas, considerando que el artículo 13 de ese estatuto estableció que el régimen de los acuerdos de voluntades en mención es, en lo no regulado en dicha normativa, el derecho civil y/o mercantil de suerte que, en caso de que se considere que con ocasión de una venta u otro negocio jurídico operó la figura, ello se puede alegar judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales ya sea con el objetivo de pedir la rescisión del contrato, o de solicitar que se complete o restituya el justo precio, según el caso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos de la lesión enorme, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de abril de 2010, rad. 18014, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 3 de agosto de 2016, rad. 56288, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 29 de agosto de 2012, rad. 22307, C. P. Danilo Rojas Betancourth. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. sentenc

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

/ BUENA FE CONTRACTUAL / CONSTRUCCIÓN EN BIEN AJENO / PAGO / VENTA DEL PREDIO
Problema jurídico:
¿Se acreditó la existencia de lesión enorme en la compraventa por haberse pagado un precio inferior al 50% del justo precio?
Respuesta al problema jurídico: No
[P]ara la Sala es claro que los apelantes no acreditaron la existencia de una lesión enorme, debido a que no se evidencia que el bien identificado con el número de matrícula inmobiliaria 040-299253 hubiera sido pagado a los vendedores por un valor menor al 50% del justo precio, ya sea que se tuviera en cuenta el primer avalúo o el segundo realizado en el curso de las negociaciones previas a la enajenación. (…) [S]e acreditó que las partes de la compraventa reconocieron mutuamente que la infraestructura obrante en el predio identificado con el número de matrícula inmobiliaria 040-299253 fue construida por el ICBF para constituir una fábrica de bienestarina (…). Inclusive, la autoría del ICBF en la construcción (…) fue reafirmada por los testimonios recaudados (...), los cuales no fueron tachados de falso y ni siquiera controvertidos en cuanto a ese aspecto, motivo por el cual también permiten acreditar dicha circunstancia. Precisamente, la buena fe como principio rector de la actividad contractual exige un actuar leal de las partes de los contratos, de suerte que no pueden ir contra sus propias declaraciones de voluntad, so pena de desconocer las estipulaciones negociales por aquellos consignadas, que son ley para las partes en los términos de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil (…). A lo anterior se suma que el artículo 739 del Código Civil instituyó que, cuando una persona construya en un predio ajeno, como cuando el ICBF edificó la planta de bienestarina sobre el bien con número de matrícula inmobiliaria 040-299253 por haberlo confundido con el que inicialmente adquirió (hecho probado 7.1.2.), se podrá indemnizar a quien construyó, o también obligarlo a pagar el justo precio del terreno. (…) Así las cosas, es claro que, en virtud de los antecedentes de la compraventa, los únicos valores que era dable considerar para definir el justo precio eran las sumas de $1.304’000.000 y $2.160’000.000, que correspondieron a los avalúos hechos solamente sobre el lote de propiedad de los apelantes (…), es claro que con ello no se incurrió en una lesión enorme, pues el precio del bien no fue menor al 50% de su valor estimado, de suerte que no se haya demostrado un desconocimiento del justo precio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de buena fe en las relaciones contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de julio de 2024, rad. 66566, C. P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 739
CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA / PRUEBA DE LA LESIÓN ENORME / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / PROCEDENCIA DEL DICTAMEN PERICIAL / EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR DEL BIEN INMUEBLE / CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE
Problema jurídico:
¿Se acreditó la lesión enorme pese a la falta de práctica de un dictamen pericial que determinara el justo precio del inmueble al momento de la venta y su comparación con el precio pactado?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]omo se argumentó párrafos atrás, por más de que no existe una tarifa legal, en aquellos eventos en que se alega una lesión enorme, la prueba por antonomasia para acreditarlo es un dictamen pericial, en el que se debería haber determinado el valor del inmueble para el momento de su venta y su cotejo con el precio pactado, para determinar si este último fue menor al 50% del primero o no, nada de lo cual sucedió en el asunto que ocupa la atención de la Sala. Ciertamente, en esta contienda no se aportó ninguna experticia, sino que el extremo activo de la litis se limitó a sostener que la lesión enorme estaba acreditada con los avalúos practicados antes de la venta y, como se probó tras la revisión de aquellos que el precio pactado no fue menor al 50% del justo precio, es claro que los apelantes fallaron en probar el supuesto de hecho alegado, en los términos del artículo 167 del CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
ACUERDO DE VOLUNTADES / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD / CONSENTIMIENTO / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / VOLUNTAD PRIVADA / CONTRATO DE COMPRAVENTA / IMPROCEDENCIA DE LA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA / OFERTA / ICBF
Problema jurídico:
¿Se acreditó que el contrato de compraventa careció de consentimiento libre y voluntario por imposición unilateral de las condiciones por parte del ICBF?
Respuesta al problema jurídico: No
Para efectos de resolver el segundo cargo de apelación, cabe precisar que la celebración de los contratos -entre ellos los estatales- debe ser producto del consentimiento, es decir, de la voluntad libre y plena de las partes negociales que se obligan en virtud de su propia autonomía. Bajo el anterior derrotero, aunque los apelantes formularon tanto en la demanda como en la impugnación que el ICBF les impuso las condiciones del contrato de compraventa del 31 de enero de 2015, entre ellas el precio, de suerte que no fue suscrito voluntariamente, lo cierto es que ello no fue demostrado, pues se acreditó que los propietarios del predio identificado con el número de matrícula inmobiliaria 040-299253 aceptaron sin reparos la oferta de venta por la suma de $1.091’000.000 (...) y, a su vez, suscribieron libremente la promesa de venta del 30 de diciembre de 2014, sin formular siquiera objeción alguna.
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia cuando no prospera el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas en segunda instancia a los señores (...), quienes interpusieron el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, ya que aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que, de todos modos, en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la demandada no intervino en segunda instancia, de tal manera que aquellas no se entienden causadas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-12-09. C.P. NICOLÁS YEPES CORRALES. Rad. 08001233300020160018601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:08001233300020160018601-67668-sentencia).
