---
clave: "consejo_estado:providencia:05001333302620120024501-70951-aclaracion-voto-2024-08-30"
titulo: "Aclaración de voto: los jueces son los primeros llamados a acatar la ley"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-08-30"
radicado: "05001333302620120024501"
numero: "70951"
ponente: "JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001333302620120024501-70951-aclaracion-voto-2024-08-30"
---

# Aclaración de voto: los jueces son los primeros llamados a acatar la ley

- **Título oficial / radicado:** Aclaración voto — Aclaración de voto
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-08-30
- **Radicado:** 05001333302620120024501
- **Número interno:** 70951
- **Ponente:** JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** SEGUROS DEL ESTADO S. A.
- **Demandado:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001333302620120024501-70951-aclaracion-voto-2024-08-30
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001333302620120024501/88A0CFF0D100236F34058BE50CF3DAC6F8079938FF5EB48CB4707D54E463E015/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050013333026201200245011100103

## Problema jurídico

¿La providencia no podía ni tenía por qué estatuir que las solicitudes del artículo 271 CPACA, para el caso de los tribunales sólo pueden presentarse por las salas de decisión?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Extracto

Comparto la decisión en cuanto no accedió a la solicitud, porque, tal como lo entendió la Sala, no se evidencia la existencia de criterios divergentes que se deban unificar. No obstante, como a la anterior razón se agregaron otras consideraciones que no comparto, aclaro voto. Según el auto, la interpretación histórica y sistemática de los artículos 122 y 271 CPACA lleva a concluir que sólo las salas de decisión de los tribunales administrativos están facultadas para presentar una solicitud de unificación de jurisprudencia ante el Consejo de Estado, de modo que un magistrado de tribunal por iniciativa individual no está autorizado para ello.

## Descriptores temáticos

ACLARACIÓN DE VOTO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, AUTO QUE NO AVOCA CONOCIMIENTO PARA FINES DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, PRINCIPIO DE LEGALIDAD, UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Nulidad procesal: Auto interlocutorio](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020081003002-52171-auto-interlocutorio-2023-07-19.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no se debe avocar la solicitud de unificación de jurisprudencia relacionada con la procedencia del recurso](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001333302620120024501-70951-auto-interlocutorio.md)
- [Consejo de Estado — El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer apelaciones de sentencias de tribunales cuando la cuantía supera la exigida por el CCA.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:08001233100020090063701-55834-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Sentencia de unificación: Sentencia Unificación](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020090013101-42003-sentencia-unificacion.md)

## Texto del documento

ACLARACIÓN DE VOTO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / AUTO QUE NO AVOCA CONOCIMIENTO PARA FINES DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL
Problema jurídico:
¿La providencia no podía 
ni tenía por qué estatuir que las solicitudes del artículo 271 CPACA, para el caso de 
los tribunales sólo pueden presentarse por las salas de decisión?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]omparto la decisión en cuanto no accedió a la solicitud, porque, tal como lo entendió la Sala, no se evidencia la existencia de criterios divergentes que se deban unificar. No obstante, como a la anterior razón se agregaron otras consideraciones que no comparto, aclaro voto. Según el auto, la interpretación histórica y sistemática de los artículos 122 y 271 CPACA lleva a concluir que sólo las salas de decisión de los tribunales administrativos están facultadas para presentar una solicitud de unificación de jurisprudencia ante el Consejo de Estado, de modo que un magistrado de tribunal por iniciativa individual no está autorizado para ello. Esta interpretación de los preceptos que regulan el funcionamiento de los tribunales administrativos (art. 122) y de la procedencia de la selección de asuntos para unificación jurisprudencial a cargo del Consejo de Estado (art. 271) parte del entendimiento conforme al cual, las ponencias discutidas en el trámite legislativo que llevó a la expedición de la Ley 2080 de 2021, revelan que la «intención» del Legislador, cuando la petición de unificación de jurisprudencia la presenta un tribunal, fue restringir esa atribución a las salas de decisión. (…) La determinación de competencias, atribuciones y facultades de las autoridades judiciales es un asunto reservado a la ley, como se desprende de los artículos 6, 29, 122 y 230 de la Constitución Política, en la medida en que ello garantiza postulados esenciales como el principio de legalidad, el juez natural y el establecimiento de necesarios límites al poder judicial. Dado que los jueces en sus decisiones sólo están sometidos al imperio de la ley, es indiscutible que el ejercicio de la actividad judicial se debe llevar a cabo dentro de los estrictos márgenes legales. Los jueces, en un Estado de derecho, son los primeros llamados a acatar la ley. Con base en estas premisas, se debe revisar con mucho cuidado la asignación o restricción de competencias, atribuciones y facultades de los jueces, por vía de interpretación judicial. Por ello, no comparto la postura de la Sala en cuanto determinó que los tribunales administrativos, al ejercer la facultad de solicitar al Consejo de Estado la selección de asuntos para unificar jurisprudencia, únicamente pueden hacerlo por conducto de una sala de decisión. A mi juicio, la providencia intervino en una materia reservada al legislador o, en su defecto, a la autoridad que este designó para regular el funcionamiento de los tribunales por medio de reglamentos, esto es, el Consejo Superior de la Judicatura. No se puede perder de vista que la función de unificación de la jurisprudencia en materia de lo contencioso administrativo, a cargo del Consejo de Estado, que tiene por objeto lograr la unidad en la interpretación y aplicación del derecho, de conformidad con los artículos 2562 y 2703 CPACA, se circunscribe –como toda competencia judicial– al marco de la ley. De modo que en desarrollo de la función unificadora, esta Corporación no tiene competencia para restringir o regular quién o cómo hace uso de la facultad para presentar peticiones de unificación ante el mismo Consejo de Estado. De ahí que, en mi entender, la providencia que aclaro no podía ni tenía por qué estatuir que las solicitudes del artículo 271 CPACA, para el caso de los tribunales sólo pueden presentarse por las salas de decisión. Una determinación en ese sentido corresponde al mandato inexorable de la ley. Asimismo, la función de unificación de jurisprudencia tampoco se extiende a establecer «reglas o subreglas» para restringir el marco de las facultades que la ley asigna a los jueces, sin importar su nivel dentro de la estructura de la Rama Judicial. La labor de interpretación o hermenéutica no implica modificar o adicionar el precepto interpretado, máxime si este es de carácter procesal, porque ello sería tanto como permitir a los jueces fijar el alcance de las reglas que rigen sus actuaciones. No se olvide que los preceptos que establecen competencias en materia judicial son de orden público, tienen el carácter de normas adjetivas y, por tanto, son indisponibles para el juez y para las partes (artículo 13 CGP). Por otra parte, dado que la solicitud de unificación de jurisprudencia por parte de un tribunal administrativo no tiene el carácter de providencia judicial, en mi opinión, es innecesario intentar «encasillar» tal actuación en las normas que regulan las competencias funcionales de los tribunales, es decir, si dicha petición debe redactarla un ponente o una sala de decisión. En efecto, debido a las particularidades de la solicitud y a su objeto, no es posible asumir que se trata de una providencia –auto o sentencia– y, por ello, para su tratamiento no pueden aplicarse las normas que regulan la adopción de las resoluciones judiciales por el ponente o por la sala. La primera clave para entender que la solicitud de unificación no tiene la naturaleza de providencia es el contenido normativo del artículo 271 del CPACA que, de manera consistente, la trata como petición. Esta denominación y las consecuencias que de ella se desprenden se destacan especialmente en el inciso cuarto del artículo 271, al prever que «La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica (…)». Nótese que la misma ley delimita los requisitos de la petición en razón de su objeto: la unificación de jurisprudencia. De modo que la solicitud no tiene, ni debería tener, la misma estructura que caracteriza una providencia judicial, pues esta última se encamina a impartir impulso a un proceso, mediante decisiones de trámite o interlocutorias, es decir, autos; o a través de sentencias, que resuelven sobre las pretensiones y excepciones– (arts. 278 y 279 CGP). Por ello, precisamente respecto de la petición de unificación no se predican los mismos requisitos que la ley procesal tiene establecidos para autos y sentencias, contenidos en los artículos 55 de la Ley 270 de 1996; 278, 279, 280 CGP y 187 CPACA. (…) El texto definitivo de la ley es la mejor muestra del «espíritu del legislador» y no las proposiciones que, por no haber obtenido la aprobación de la mayoría de los congresistas, quedaron excluidas de la norma. Una cosa es quién puede solicitar la unificación de jurisprudencia y otra muy distinta es quién tiene la función de unificación. De ahí que resulta impropio traer discusiones referidas al debate sobre el órgano que tiene la competencia de unificar la jurisprudencia para, con ello, pretender justificar interpretaciones sobre quién y cómo puede pedir la unificación.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 29, 122 Y 230 , LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 122, 187, 271 , LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 13, 278, 279, 280 , LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 55

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Aclaración voto — Aclaración de voto. 2024-08-30. C.P. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ. Rad. 05001333302620120024501. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001333302620120024501-70951-aclaracion-voto-2024-08-30).
