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clave: "consejo_estado:providencia:05001233300020210049001-72407-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-02-13"
radicado: "05001233300020210049001"
numero: "72407"
ponente: "JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ"
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# Consejo de Estado: procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-02-13
- **Radicado:** 05001233300020210049001
- **Número interno:** 72407
- **Ponente:** JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** EPM
- **Demandado:** SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., AZACÁN S.A.S.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020210049001-72407-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233300020210049001/DC7FDDE75C84169397712B228F598B3B914C0F36C37859295B3D8032A3B410E1/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000202100490011100103

## Regla de decisión

Procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual, relevante e imputable de la otra parte, que afecta directamente la exigibilidad de sus propias obligaciones, siempre que quien la alega no se encuentre en incumplimiento grave.

## Problema jurídico

¿Procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual, relevante e imputable de la otra parte, que afecta directamente la exigibilidad de sus propias obligaciones, siempre que quien la alega no se encuentre en incumplimiento grave?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido cuando se fundamenta en incumplimientos pretéritos que fueron superados mediante modificaciones contractuales posteriores aceptadas por las…
- ¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido invocada por el contratista para justificar la no entrega de las obras…
- ¿La asignación de tramos no previstos inicialmente y la modificación sustancial del objeto contractual mediante acuerdos bilaterales configuran, por sí mismas…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 84 de 1873, art. 1609

## Extracto

La excepción de contrato no cumplido… , consagrada en el artículo 1609 del Código Civil, constituye un mecanismo de defensa propio de los contratos bilaterales que permite a una de las partes abstenerse legítimamente de cumplir sus obligaciones mientras la otra no haya cumplido las suyas o no se allane a hacerlo en la forma y tiempo debidos. El fundamento de esta figura radica en la interdependencia de las prestaciones recíprocas y en la buena fe, fijando que quien pretende exigir el cumplimiento del otro debe, a su vez, haber satisfecho sus deberes o estar en la posición real y seria de hacerlo.

## Síntesis temática

El contratista o la parte interviniente en un contrato bilateral opone legítimamente la excepción de contrato no cumplido cuando acredita fehacientemente un incumplimiento actual, relevante e imputable de su contraparte que afecta de manera directa la exigibilidad de las obligaciones propias, siempre que quien la alega no se encuentre en una situación de incumplimiento grave. Este mecanismo de defensa, fundamentado en el artículo 1609 del Código Civil y en el principio de buena fe, busca restablecer la equivalencia de las prestaciones recíprocas sin constituir una suspensión indefinida o arbitraria del acuerdo de voluntades.

## Descriptores temáticos

EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO, CONTRATO BILATERAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, BUENA FE CONTRACTUAL, PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAS, RELACIÓN DE CAUSALIDAD, PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO, VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PERMISO ADMINISTRATIVO, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS, MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA, OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL, PRÓRROGA DEL PLAZO, ADICIÓN PRESUPUESTAL, ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, DICTAMEN PERICIAL, TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, PROCEDENCIA DEL ERROR JUDICIAL, LUCRO CESANTE, UTILIDAD CAUSADA Y NO RECIBIDA, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO, REVOCATORIA DE LA CONDENA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, JORNADA LABORAL NOCTURNA, RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL, PROVISIÓN CONTABLE PARA CONTINGENCIAS, PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, COSTOS INDIRECTOS, PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA, OBLIGACIÓN DE HACER, EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE, DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO, CONTROL JUDICIAL, IDENTIDAD DE OBJETO, GASTOS, ALCANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO, CONTRATO DE OBRA, PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, DAÑO PATRIMONIAL, INFORME DEL INTERVENTOR, SINIESTRO, OCURRENCIA DEL SINIESTRO, PAGO DEL SINIESTRO, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR, CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS, VALORACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL, NEGLIGENCIA, MEDIO AMBIENTE, MAYOR VALOR DE LOS COSTOS, CARGA DE LA PRUEBA, DAÑO, INTERVENTORÍA, CONTRATO ESTATAL, SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, AJUSTE DE PRECIO, NEXO DE CAUSALIDAD, DETRIMENTO DEL PATRIMONIO, RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS, EPM, REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO, INDEXACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA, IPC, RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, ACTIVIDAD ASEGURADORA, ENTIDAD ASEGURADORA, DANE, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, ASEGURADO, BENEFICIARIO, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, CONTRATO DE SEGURO, RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO, PERJUICIO PATRIMONIAL, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO, EXCLUSIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO, ASEGURADOR, DAÑO EMERGENTE, SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, GESTIÓN AMBIENTAL, BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS Y UTILIDADES, RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, CONDENA EN COSTAS, SEGUNDA INSTANCIA, REVOCATORIA DE LA SENTENCIA, COSTAS PROCESALES, DEMANDA DE RECONVENCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN PRIMERA INSTANCIA, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, AGENCIAS EN DERECHO, PRIMERA INSTANCIA, DEMANDA, LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES

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## Texto del documento

EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / CONTRATO BILATERAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual, relevante e imputable de la otra parte, que afecta directamente la exigibilidad de sus propias obligaciones, siempre que quien la alega no se encuentre en incumplimiento grave?
Respuesta al problema jurídico: Si
La excepción de contrato no cumplido (…), consagrada en el artículo 1609 del Código Civil, constituye un mecanismo de defensa propio de los contratos bilaterales que permite a una de las partes abstenerse legítimamente de cumplir sus obligaciones mientras la otra no haya cumplido las suyas o no se allane a hacerlo en la forma y tiempo debidos. El fundamento de esta figura radica en la interdependencia de las prestaciones recíprocas y en la buena fe, fijando que quien pretende exigir el cumplimiento del otro debe, a su vez, haber satisfecho sus deberes o estar en la posición real y seria de hacerlo. Por ello, este medio exceptivo solo procede cuando se acredita (i) un incumplimiento actual, relevante y jurídicamente imputable a la otra parte; (ii) una relación de causalidad directa entre ese incumplimiento y la imposibilidad o inexigibilidad del cumplimiento propio; y (iii) que quien la alega no se encuentre, a su turno, en una situación de incumplimiento grave que desdibuje la buena fe contractual. No se trata, entonces, de un mecanismo para suspender indefinidamente las obligaciones o para desconocer el acuerdo de voluntades, sino de una herramienta estricta de equilibrio, cuyo ejercicio debe ser proporcionado y coherente con la naturaleza y el momento de las prestaciones afectadas.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1609
EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / BUENA FE CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido cuando se fundamenta en incumplimientos pretéritos que fueron superados mediante modificaciones contractuales posteriores aceptadas por las partes?
Respuesta al problema jurídico: No
Bajo esta óptica, la prosperidad de la excepción de contrato no cumplido exige verificar una relación de causalidad directa y actual entre el incumplimiento del demandante y la resistencia del demandado. De allí que no pueda edificarse sobre irregularidades pretéritas o históricas, sino que exige la demostración de incumplimientos actuales, concurrentes y de tal gravedad que hagan objetivamente inexigible la prestación propia en el momento en que esta debe ejecutarse. Por la misma razón, tampoco puede ser invocada por quien, con pleno conocimiento de esas faltas pretéritas, las ha tenido por superadas al suscribir modificaciones contractuales posteriores que redefinen los plazos, alcances y condiciones de ejecución, generando en la contraparte la legítima expectativa de que tales hechos no volverán a ser alegados como obstáculo para el cumplimiento de la prestación bajo las nuevas condiciones pactadas. En este sentido, salvo que se acredite la existencia de un vicio del consentimiento, o que los incumplimientos anteriores no fueron efectivamente superados por las renegociaciones y que, pese a la diligencia exigible, no era razonable conocer su subsistencia al momento de suscribir las modificaciones, las faltas anteriores de la contraparte no pueden servir de excusa para dejar de cumplir cuando se ha aceptado continuar la ejecución bajo otros términos, reconociendo que esas nuevas condiciones resultan suficientes para garantizar la prestación correspondiente. Finalmente, la Sala deja consignando que quien alega esta excepción, acepta que ha incumplido, pues justamente justifica esa omisión en su contraparte.
EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / BUENA FE CONTRACTUAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PERMISO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido invocada por el contratista para justificar la no entrega de las obras, cuando los hechos alegados como incumplimientos corresponden a situaciones superadas mediante modificaciones contractuales aceptadas por las partes y no se acredita un incumplimiento actual imputable a la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: No
La defensa de Azacán se cimentó en la invocación de la exceptio non adimpleti contractus para justificar la no entrega de las obras al vencimiento del plazo contractual. (…) En primer término, la denominada deficiente planeación del proyecto —particularmente en lo relativo a la inviabilidad inicial de las obras en Rionegro—, corresponde a hechos de la fase precontractual y de los primeros meses de ejecución, que fueron objeto de una reestructuración integral del negocio mediante las AMB 9 y 10. Una vez se constató la negativa del municipio de Rionegro a autorizar las intervenciones, las partes acordaron suprimir definitivamente esos 23 km de redes y compensar su alcance con nuevas obras en otros frentes (como El Retiro y Alto Palmas), con adiciones presupuestales, desembolsos de un nuevo anticipo y redefinición de plazos, dejando consignado que el contrato quedaba totalmente compensado y que el contratista renunciaba a reclamaciones futuras por la imposibilidad de ejecutar en ese municipio. En tales condiciones, Azacán no puede, sin desconocer la fuerza vinculante del negocio jurídico (art. 1602 C.C.) y el principio de buena que rige su ejecución, reabrir sus causas como una falta actual de EPM un asunto que con pleno conocimiento de causa tuvo por superado, para con ello, excusarse de terminar las obras en las condiciones bajo las cuales luego de comprometió. Algo similar ocurre con las supuestas deficiencias, ausencia y cambios constantes en planos y diseños. Si bien es cierto que durante la ejecución se presentaron ajustes técnicos y modificaciones de alcance que llevaron a la suscripción de varias de las AMB e, incluso, a una suspensión temporal por falta de tubería (periodo durante el cual EPM reconoció los costos administrativos al demandante), lo cierto es que el propio contratista aceptó que tales dificultades quedaban resueltas con la reconfiguración del contrato. (…) En tales condiciones, las referencias genéricas del contratista a “hitos por definir” o a instrucciones supuestamente tardías no bastan para demostrar que, al tiempo del AMB 12, persistía un incumplimiento actual de EPM de tal entidad que hiciera inexigible el cumplimiento del contratista, o que de haber existido, no era razonable que Azacán lo conociera. Las críticas relacionadas con la supuesta falta de gestión de permisos por parte de EPM tampoco consolidan la excepción, pues no se acreditó que para las obras que seguían a cargo del contratista al amparo del AMB 12, hubiera una falta de permisos o de disponibilidad del espacio público imputable a EPM que, en el periodo final de ejecución, hubiera impedido materialmente continuar los trabajos.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL PLAZO / ADICIÓN PRESUPUESTAL / ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La asignación de tramos no previstos inicialmente y la modificación sustancial del objeto contractual mediante acuerdos bilaterales configuran, por sí mismas, un incumplimiento de la entidad contratante que habilite la excepción de contrato no cumplido?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [L]a asignación de tramos no previstos inicialmente y el cambio sustancial del objeto, derivados de las doce AMB, no configuran por sí mismos un incumplimiento de EPM que habilite la exceptio. Los contratos de obra a precios unitarios se caracterizan precisamente por la posibilidad de variar las cantidades y aún los frentes de trabajo dentro de un mismo proyecto, siempre que se respeten los parámetros económicos y técnicos pactados. En este caso, las modificaciones bilaterales no solo definieron nuevos tramos y tipologías de tubería (CCP, HD), sino que, además, determinaron prórrogas de plazo, adiciones al valor del contrato y anticipos adicionales para financiar la ejecución. El contratista no alegó vicios del consentimiento, ni acreditó que dichas modificaciones hubieran sido impuestas.
EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DICTAMEN PERICIAL / TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / PROCEDENCIA DEL ERROR JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Se configura la excepción de contrato no cumplido cuando no se acredita un incumplimiento actual, grave y concurrente de la entidad contratante que haga objetivamente inexigible la obligación del contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
Tampoco se demostró un incumplimiento actual, grave y concurrente de las obligaciones de EPM que hiciera objetivamente imposible o inexigible el cumplimiento de Azacán. Del acervo probatorio se desprende, más bien, que la causa real de la inejecución fue el deficiente desempeño que tuvo durante la toda la ejecución del contrato. En este sentido, la correspondencia da cuenta de los reiterados llamados de atención al contratista por atrasos, ocasionados principalmente por deficientes niveles de organización y baja disponibilidad de recursos, (…). (…) [L]a sentencia recurrida apoyó su exoneración de Azacán esencialmente en un dictamen pericial de parte donde se concluía que la imposibilidad de terminar la obra obedeció a los cambios de alcance y condiciones del contrato, no obstante, el mismo parte de una premisa fáctica equivocada, pues atribuye sin explicación a tales circunstancias un carácter determinante y una incidencia directa en la inejecución, cuando, a la luz del acervo probatorio y conforme a lo expuesto previamente, no se acreditó que ellas constituyeran un incumplimiento esencial, actual y atribuible a EPM capaz de tornar inexigible la prestación a cargo del contratista. En virtud de todo lo expuesto, se concluye que Azacán incumplió el contrato al no finalizar las obras en el plazo definitivamente pactado en el AMB 12, sin que concurran los elementos para la configuración de la excepción de contrato no cumplido, argumento nodal de defensa del demandado (quien no negó la inejecución total de las obras) y figura que el Tribunal acogió como sustento para negar las pretensiones de la demanda de la entidad contratante. Al confundir la disrupción general del contrato causada por problemas previos (por la cual, dicho sea de paso, Azacán recibió compensaciones económicas y las extensiones de plazo pactadas) con una supuesta imposibilidad de ejecución de las obras, la sentencia de primera instancia incurrió en un error, pues no se acreditó un impedimento material insalvable que excusara al demandado de cumplir lo acordado en los términos en que se comprometió conforme el AMB 12. En este escenario, y a la luz de los criterios generales expuestos sobre la excepción de contrato no cumplido, debe concluirse que no resultan jurídicamente válidos los argumentos de Azacán para excusar su incumplimiento posterior a la última prórroga convenida. (…) Atendiendo a lo expuesto prospera la apelación de EPM en este aspecto, debiéndose revocar la decisión absolutoria y declarar la responsabilidad contractual del contratista conforme a las pretensiones de la demanda principal.
LUCRO CESANTE / UTILIDAD CAUSADA Y NO RECIBIDA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / REVOCATORIA DE LA CONDENA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Es procedente reconocer al contratista la utilidad dejada de percibir cuando se demuestra que la inejecución del contrato fue consecuencia de su propio incumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: No
En primera medida, debe indicarse que al haberse desvirtuado la premisa de la sentencia apelada que situaba la causa de la inejecución en la esfera de la entidad contratante, se impone la revocatoria de la condena por concepto de la utilidad dejada de percibir que el a quo reconoció a su favor. El reconocimiento de dicho rubro indemnizatorio —propio del lucro cesante— se edificaba sobre el supuesto errado de que la terminación del negocio jurídico y la falta de culminación de las obras obedecían a causas imputables a EPM, escenario en el cual habría sido procedente reconocer al contratista el beneficio económico esperado del contrato frustrado. S

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

juicio consecuencial remoto, sino de un gasto adicional en que la entidad se vio obligada a incurrir para obtener, por vía de sustitución, la ejecución de las obligaciones contractuales incumplidas. Nada en la póliza excluye este tipo de sobrecostos, sino que, por el contrario, son la expresión típica del riesgo asegurado en los contratos de obra. ii) Reparaciones y limpieza de la tubería de 600 mm (obra defectuosa). Los costos por desobstrucción, limpieza y ejecución de empalmes y termofusiones para restablecer la continuidad hidráulica de la red se originan en la ejecución defectuosa de la obra y en el incumplimiento de las obligaciones de custodia y adecuada terminación de la infraestructura a cargo de Azacán. Tales gastos son un daño emergente directo, imputable al contratista, que encaja plenamente en el incumplimiento “tardío o defectuoso” que el amparo de cumplimiento contempla. iii) Costos de pruebas hidrostáticas. La obligación de realizar pruebas hidrostáticas satisfactorias sobre la tubería instalada formaba parte del alcance contractual de Azacán y constituía una condición para el recibo a satisfacción de la obra. Al no ejecutarlas, EPM debió contratar con Acassa su diseño y realización. El diferencial de costos reconocido por la Sala no representa una mejora ni un gasto autónomo, sino el precio de una obligación técnica que el contratista estaba obligado a cumplir, por lo que al tratarse de daño emergente derivado de un incumplimiento técnico específico, se encuentra amparado por el seguro de cumplimiento. (iv) Gestión ambiental y social (cambio de modalidad de pago). Las actuaciones de gestión ambiental y social requeridas para la ejecución de la obra no constituyen un ítem extraño al contrato, sino un componente inherente a la correcta ejecución de las obligaciones a cargo del contratista, que en el contrato inicial se remuneraban a través del A.I.U. y en el contrato de terminación con Acassa se pactaron como costos directos. El perjuicio reconocido por la Sala se limita al diferencial entre el costo directo asumido por EPM en el contrato CW51135 y lo que se habría pagado a Azacán por concepto de A.I.U., es decir, al sobrecosto efectivamente generado por el incumplimiento. Se trata, entonces, de un daño emergente directo que se inscribe en el amparo de cumplimiento. (v) Mayores costos de interventoría. (…) el contrato de seguro no limita la cobertura al costo directo de ejecución de la obra, sino que ampara “los perjuicios patrimoniales que le cause el contratista” a EPM por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Dentro de esos perjuicios patrimoniales se encuentran, de manera evidente, los costos adicionales que el asegurado debe asumir para la supervisión técnica del contrato cuando el incumplimiento del contratista prolonga injustificadamente el plazo y obliga a extender la interventoría más allá de lo ordinariamente previsto. Aunque el contrato de interventoría es autónomo, el mayor costo no habría existido de no mediar el incumplimiento y constituye una consecuencia inmediata y directa del mismo, lo que lo ubica plenamente dentro del ámbito del daño indemnizable. (…) En consecuencia, la Sala concluye que todos los rubros de daño emergente reconocidos se encuentran comprendidos en el amparo de cumplimiento, y no están cobijados por las exclusiones de la póliza.
CONDENA EN COSTAS / SEGUNDA INSTANCIA / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / COSTAS PROCESALES / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN PRIMERA INSTANCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Cuando la sentencia de segunda instancia revoca totalmente la de primera instancia debe imponerse condena en costas de ambas instancias a la parte vencida?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso, la condena en costas no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido, por lo que resulta procedente la condena en costas en contra de las demandadas, en la medida en que prosperaron los cargos de apelación que formuló EPM contra la sentencia de primera instancia. Adicionalmente, el artículo 365 del CGP, en el numeral 4, dispone que cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. En consecuencia, al revocarse totalmente la sentencia apelada, habrá lugar a condenar en costas de ambas instancias, con la precisión de que, en lo atinente a la demanda principal, la condena recae en Azacán S.A.S. y Seguros Generales Suramericana S.A.; mientras que, en lo relativo a la demanda de reconvención, la condena recae exclusivamente en Azacán S.A.S., por ser la parte que promovió dicho libelo. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47
AGENCIAS EN DERECHO / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / SEGUNDA INSTANCIA / PRIMERA INSTANCIA / DEMANDA / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿Deben fijarse agencias en derecho como parte de las costas procesales conforme a los criterios establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura en contra de la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con las agencias en derecho, como integrantes de las costas procesales, se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. (…) En este caso, las agencias en derecho se fijan en: (i) tres (3) SMLMV por la segunda instancia, a cargo de cada uno de los demandados vencidos en la demanda principal (Azacán S.A.S. y Seguros Generales Suramericana S.A.) en favor de la demandante principal (Empresas Públicas de Medellín E.S.P.); (ii) por la primera instancia respecto de la demanda principal, en el mínimo del rango aplicable (3% del valor reconocido), lo cual corresponde a $79’977.180, suma que será asumida por los demandados vencidos por mitades, esto es, $39’988.590 a cargo de Azacán S.A.S. y $39’988.590 a cargo de Seguros Generales Suramericana S.A.; y (iii) por la primera instancia respecto de la demanda de reconvención, en el mínimo del rango aplicable (3% de lo pretendido), valor que deberá ser asumido exclusivamente por dicha sociedad, por haber sido vencida en ese extremo del litigio, sin extensión a la aseguradora, que no participó como parte activa en esa acción.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-02-13. C.P. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ. Rad. 05001233300020210049001. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020210049001-72407-sentencia).
