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clave: "consejo_estado:providencia:05001233300020200401501-68549-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: las actas de obra 4 y 5 fueron conocidas y aceptadas por la entidad demandada"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-10-11"
radicado: "05001233300020200401501"
numero: "68549"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: las actas de obra 4 y 5 fueron conocidas y aceptadas por la entidad demandada

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-10-11
- **Radicado:** 05001233300020200401501
- **Número interno:** 68549
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CONSTRUCCIONES ESCOBAR ORTEGA S.A.S
- **Demandado:** MUNICIPIO DE BELLO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020200401501-68549-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233300020200401501/067E917F08A6CB36C7860F5CD986B834EE474D7A7E3CD6D2E8601CDFF39A1C1A/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000202004015011100103

## Problema jurídico

¿Las actas de obra 4 y 5 fueron conocidas y aceptadas por la entidad demandada, acreditadas o gestionadas por el interventor durante la vigencia de sus funciones, y como consecuencia de ello, el municipio está obligado a su pago?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Procede la condena en costas a la entidad demandada, en la medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló y se confirmará la sentencia de primera instancia?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1150 de 2007, art. 13
- Ley 80 de 1993, arts. 13 y 2 núm. 1

## Extracto

El contrato de obra pública 406 de 2016 es un negocio jurídico regido por el Estatuto General de la Contratación Pública y en los aspectos sustanciales no reglados allí, por las disposiciones civiles y mercantiles, por cuanto el municipio contratante es uno de los entes públicos definidos en el artículo 2, literal a) del numeral 1 de la Ley 80 de 1993, que no está sujeto a ningún régimen especial o exceptuado en los términos del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.… Su objeto consistió en realizar las obras conducentes a mitigar el riesgo presentado en la institución educativa Tomás Cadavid del municipio de Bello, con fundamento en la urgencia manifiesta declarada mediante la Resolución 201600000952 del 15 de marzo de 2016.

## Síntesis temática

El contratista es obligado al pago de las actas de obra 4 y 5 por la entidad estatal, ya que estas fueron conocidas, aceptadas y gestionadas por el interventor durante la vigencia de sus funciones, y formaron parte del informe final de interventoría y del acta de recibo final de las obras, además de ser reconocidas en la auditoría y en la liquidación del contrato. La entidad no objetó las actas durante la ejecución del contrato ni en sede judicial, y procedió a su pago parcial, lo que demuestra su aceptación. La regla reitera la obligación de pago del contratista cuando las actas de obra son aprobadas por el interventor y reconocidas por la entidad, independientemente de que no hayan sido pagadas en su totalidad, lo que implica que el contratista puede exigir el pago pendiente conforme a la cláusula tercera del contrato.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INCUMPLIMIENTO DEL PAGO, INTERVENTOR, PAGO DE LA OBLIGACIÓN, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NEGOCIO JURÍDICO, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MUNICIPIO, CONTRATANTE, ENTIDAD PÚBLICA, OBJETO DEL CONTRATO, URGENCIA MANIFIESTA, DECLARACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA, CONTRATACIÓN DIRECTA, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, PRECIO UNITARIO, VALOR DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATISTA, INTERVENTORÍA, ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, RECURSO DE APELACIÓN, AUDITORÍA DE LA OBRA PÚBLICA, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN, FACTURA, CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PARTE DEMANDADA, SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, TEMERIDAD PROCESAL, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES, PRIMERA INSTANCIA, AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / INTERVENTOR / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NEGOCIO JURÍDICO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / MUNICIPIO / CONTRATANTE / ENTIDAD PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO / URGENCIA MANIFIESTA / DECLARACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA / CONTRATACIÓN DIRECTA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / PRECIO UNITARIO / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / RECURSO DE APELACIÓN / AUDITORÍA DE LA OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / FACTURA
Problema jurídico:
¿Las actas de obra 4 y 5 fueron conocidas y aceptadas por la entidad demandada, acreditadas o gestionadas por el interventor durante la vigencia de sus funciones, y como consecuencia de ello, el municipio está obligado a su pago?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contrato de obra pública 406 de 2016 es un negocio jurídico regido por el Estatuto General de la Contratación Pública y en los aspectos sustanciales no reglados allí, por las disposiciones civiles y mercantiles, por cuanto el municipio contratante es uno de los entes públicos definidos en el artículo 2, literal a) del numeral 1 de la Ley 80 de 1993, que no está sujeto a ningún régimen especial o exceptuado en los términos del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. [...] Su objeto consistió en realizar las obras conducentes a mitigar el riesgo presentado en la institución educativa Tomás Cadavid del municipio de Bello, con fundamento en la urgencia manifiesta declarada mediante la Resolución 201600000952 del 15 de marzo de 2016”. El municipio ordenó contratar directamente a Construcciones y Concretos Ltda. para elaborar los diseños, a la Constructora KPB S.A.S. para efectuar la interventoría técnica, legal, ambiental, administrativa y financiera, y a la sociedad demandante para la ejecución de las obras. Su ejecución se acordó por precios unitarios, con un valor estimado de $14.109’934.088; conforme a esta modalidad contractual acordada por las partes, la sociedad demandante estaba obligada a ejecutar las obras necesarias para superar la urgencia manifiesta determinada en la institución educativa, con base en los diseños que se iban realizando simultáneamente por el consultor (Construcciones y Concretos Ltda.) y en atención a los análisis de precios unitarios acordados con la contratante, de manera que el valor total del contrato correspondería al que resultare de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas. [...] Las partes no discuten que las actas 1, 2 y 3 fueron pagadas al contratista. En lo referente a las obras de las actas 4 y 5 objeto de debate, está acreditado en el expediente lo siguiente: [...] De conformidad con el [...] recuento probatorio, las actas 4 y 5 fueron elaboradas a inicios del año 2018 y dadas a conocer ante la entidad desde abril de ese mismo año, tal como da cuenta el informe mensual de interventoría 22, sin considerar que después fueron nuevamente radicadas ante la entidad por el contratista; además, está acreditado que estas actas hicieron parte del informe final de interventoría y del acta de recibo final de las obras, ambas anteriores también a la liquidación del contrato de la sociedad interventora. Aunque la entidad afirma en el recurso de apelación que el valor del contrato ascendió a $20.275’520.267, lo que se observa es que la sumatoria de las actas 1, 2, 3, 4 y 5 arroja un total de $24.929’270.123, valor que fue reconocido como total de la obra en los informes de interventoría, en la auditoría elaborada por el referido ente de control, así como por la entidad pública demandada en el acta de liquidación bilateral del contrato de interventoría, donde determinó el valor de ese negocio jurídico en la suma de $2.084.173.858, que corresponde al 8% del total de la suma de los diseños y las obras, tomando precisamente como valor de estas $24.929.270.123. Las pruebas tampoco respaldan el cargo de apelación según el cual la entidad desconocía las actas 4 y 5 por lo que no aprobó las obras que ellas relacionan y documentan. [...] [L]os informes mensuales de interventoría son consistentes al demostrar que las mayores cantidades de obra ejecutadas por el contratista, incluyendo las referidas en las actas 4 y 5, fueron plenamente registradas y documentadas durante la ejecución del contrato y obedecieron a las definiciones de los diseños y los requerimientos de la entidad contratante para cumplir el objeto contractual y superar la urgencia manifiesta, quedando también consignadas en el informe final de interventoría y el acta de recibo final de las obras, por lo que no surgieron de manera intempestiva ni fueron ajenas para la entidad con anterioridad a la liquidación del contrato de interventoría, como se afirma para reprochar la decisión del Tribunal de primera instancia. El municipio no objetó, observó ni desconoció los informes mensuales de interventoría durante la ejecución del contrato o en sede judicial, pero además, está acreditado que aceptó y reconoció su contenido junto con el valor de las actas 4 y 5 que determinaban el valor total del contrato, no solo por cuanto fue el soporte que consintió, asumió y utilizó de cara a la auditoría efectuada por el órgano de control competente y posteriormente para liquidar el contrato de interventoría, sino también por cuanto procedió a su pago parcial mediante la Resolución 201900010428 del 27 de diciembre de 2019. Adicionalmente, no hay prueba en el expediente administrativo de que la entidad hubiese objetado o devuelto las facturas presentadas por el contratista para el cobro de las actas 4 (como tampoco cuando posteriormente fueron divididas en 4A y 4B) y 5 (también denominada para liquidación del contrato). [...] En consecuencia, las obras cobradas por el contratista constan en actas parciales elaboradas y aprobadas por la interventoría durante el ejercicio de sus funciones, por lo que cuentan “con la certificación expedida por el supervisor o interventor del contrato” en los términos de la cláusula tercera del negocio jurídico celebrado para que su pago resultara exigible, obras que además fueron solicitadas por la entidad demandante como necesarias para superar la urgencia manifiesta y reconocidas como efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción. Así las cosas, por cuanto los cargos de la apelación resultaron infundados, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la modalidad contractual de obra pública a precios unitarios, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 9 de septiembre de 2008, rad. 1920, C. P. Enrique José Arboleda Perdomo; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2021, rad. 52045, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A
CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PARTE DEMANDADA / RECURSO DE APELACIÓN / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / TEMERIDAD PROCESAL / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PRIMERA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas a la entidad demandada, en la medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló y se confirmará la sentencia de primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
En consideración a que este proceso se rige por el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a la entidad demandada, en la medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló y se confirmará la sentencia de primera instancia. Dicha condena no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán por el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-10-11. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 05001233300020200401501. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020200401501-68549-sentencia).
