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clave: "consejo_estado:providencia:05001233300020200021301-74687-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la controversia no ha de resolverse mediante el examen de las causales de nulidad de violación de la ley y de falsa motivación"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-09-21"
radicado: "05001233300020200021301"
numero: "74687"
ponente: "JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ"
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# Consejo de Estado: la controversia no ha de resolverse mediante el examen de las causales de nulidad de violación de la ley y de falsa motivación

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-09-21
- **Radicado:** 05001233300020200021301
- **Número interno:** 74687
- **Ponente:** JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** Controversias contractuales
- **Actor:** CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - COREDI
- **Demandado:** ANTIOQUIA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020200021301-74687-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233300020200021301/1C6AD28D3528200EAF362D296E33734C0B6FA6292B82E34428BAE698BBB3C000/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000202000213011100103

## Regla de decisión

Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual.

## Problema jurídico

¿Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿En el contrato estatal regido por el derecho privado, la facultad de la entidad contratante para liquidar unilateralmente el contrato deriva exclusivamente del acuerdo de voluntades y no de los…
- ¿En el contrato de administración del servicio educativo regido por el Decreto 2355 de 2009, el valor fijo por alumno determinado con fundamento en los componentes de la canasta educativa ofrecidos…
- ¿Debe declararse el incumplimiento de la entidad territorial por no reconocer al contratista los costos derivados de la disminución de la matrícula estudiantil…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2355 de 2009, arts. 17, 18 y 19
- Ley 115 de 1994, art. 200
- Ley 715 de 2001, art. 27

## Extracto

El contrato… se celebró bajo la modalidad de administración del servicio educativo prevista en el literal c) del artículo 4 del Decreto 2355 de 2009 y en sus considerandos invocó los artículos 200 de la Ley 115 de 1994, 27 de la Ley 715 de 2001 y 17 a 21 del citado decreto.

## Síntesis temática

Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo con iglesias y confesiones religiosas, celebrado conforme al literal c) del artículo 4 del Decreto 2355 de 2009, se resuelven con las normas civiles y comerciales pertinentes y con la regulación especial del sector educativo, no con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 establece un régimen que excluye la aplicación de las normas de contratación pública y somete el negocio al derecho privado; la regulación especial del servicio educativo rige aspectos concretos, como la idoneidad del prestador, la planeación, la cobertura y el cálculo de la remuneración; y la mención de la Ley 80 de 1993 o de la Ley 1150 de 2007 en el encabezado o en algunas estipulaciones no cambia ese régimen. Por ello, el incumplimiento de este tipo de contratos debe analizarse conforme al derecho privado y a las reglas que regulan el incumplimiento contractual en ese ámbito. La providencia de primera instancia se confirma.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO, SERVICIO EDUCATIVO, CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, APLICACIÓN DE LA NORMA, NORMATIVA DEL DERECHO CIVIL, NORMAS DEL DERECHO COMERCIAL, INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ACUERDO DE VOLUNTADES, ACTO CONTRACTUAL, FALSA MOTIVACIÓN, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, COSTO DIRECTO DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS, REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO, IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, PRECIO DEL CONTRATO, RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL, RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO, ESTUDIANTE, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO, VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO, INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, REQUISITOS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, VALORACIÓN DEL TESTIMONIO, VALORACIÓN DEL JUEZ, VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA, ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES, FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, AGENCIAS EN DERECHO, EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO / SERVICIO EDUCATIVO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO / APLICACIÓN DE LA NORMA / NORMATIVA DEL DERECHO CIVIL / NORMAS DEL DERECHO COMERCIAL / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ACUERDO DE VOLUNTADES / ACTO CONTRACTUAL / FALSA MOTIVACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA
Problema jurídico:
¿Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contrato (…) se celebró bajo la modalidad de administración del servicio educativo prevista en el literal c) del artículo 4 del Decreto 2355 de 2009 y en sus considerandos invocó los artículos 200 de la Ley 115 de 1994, 27 de la Ley 715 de 2001 y 17 a 21 del citado decreto. Bajo esa configuración, COREDI fue vinculada por el Departamento como una entidad comprendida en la modalidad especial de administración con iglesias y confesiones religiosas, presupuesto que ambas partes mantuvieron durante la formación, ejecución y liquidación del negocio y que no fue discutido en el proceso. (…) La posición mayoritaria de la Sala ha entendido que esta disposición [artículo 200 de la Ley 115 de 1994] establece un régimen que excluye la aplicación de las normas de la contratación pública y somete el negocio al derecho privado, salvo en los aspectos concretamente regulados por las normas del servicio educativo, entre ellos, la idoneidad del prestador, la planeación, la cobertura y el cálculo de la remuneración. De ahí que el contrato se encuentre disciplinado por las normas civiles y comerciales pertinentes y por la regulación especial del sector, pero no por el EGCAP. La anterior conclusión no cambia porque el encabezado del contrato, algunas de sus estipulaciones y la cláusula vigésima novena hayan mencionado la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias, toda vez que las referencias acordadas por las partes no transforman el régimen atribuido por la ley ni convierten en potestades administrativas las facultades que únicamente encuentran sustento en la autonomía privada. (…) Por consiguiente, tratándose de un contrato estatal sometido a las normas del derecho privado, las manifestaciones que la entidad emite en desarrollo del vínculo no constituyen ejercicio de potestades administrativas cuando carecen de habilitación legal, sin que ello impida que las partes atribuyan convencionalmente a una de ellas facultades de ejercicio unilateral, cuya existencia, alcance y efectos deberán establecerse con arreglo al acuerdo de voluntades. Tales decisiones se aprecian como actos jurídicos contractuales sujetos a lo pactado, a las normas imperativas, al orden público y a las buenas costumbres, de modo que su denominación como resoluciones, la forma utilizada para expedirlas o la participación de una entidad estatal no las convierte en actos administrativos ni les confiere presunción de legalidad o ejecutoriedad. En consecuencia, las categorías de violación de la ley y falsa motivación no pueden operar frente a ellas como causales de nulidad propias del control de los actos administrativos, ni era necesario obtener su anulación como presupuesto para discutir el pago reclamado. (…) La calificación jurídica formulada por la demandante no vincula al juez, de manera que la aplicación del régimen correspondiente permite examinar la controversia desde el cumplimiento del contrato sin modificar los hechos que sustentan la demanda, la pretensión económica ni el ámbito dentro del cual se ejerció la defensa. Por ende, la controversia no ha de resolverse mediante el examen de las causales de nulidad de violación de la ley y de falsa motivación —predicables únicamente de los actos administrativos—, ni a través del restablecimiento del equilibrio económico propio de los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino desde el contenido obligacional del negocio y las reglas del incumplimiento contractual.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen de derecho privado aplicable a los contratos celebrados bajo la modalidad del artículo 200 de la Ley 115 de 1994, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 1.º de septiembre de 2025, exp. 05001-23-33-000-2018-01485-01(72745), C. P. Fernando Pardo Flórez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2355 DE 2009 - ARTÍCULO 17, DECRETO 2355 DE 2009 - ARTÍCULO 18, DECRETO 2355 DE 2009 - ARTÍCULO 19, DECRETO 2355 DE 2009 - ARTÍCULO 20, DECRETO 2355 DE 2009 - ARTÍCULO 21, DECRETO 2355 DE 2009 - ARTÍCULO 4 LITERAL C), LEY 115 DE 1994 - ARTÍCULO 200, LEY 715 DE 2001 - ARTÍCULO 27
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿En el contrato estatal regido por el derecho privado, la facultad de la entidad contratante para liquidar unilateralmente el contrato deriva exclusivamente del acuerdo de voluntades y no de los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 como normas atributivas de una potestad administrativa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como el contrato se regía por el derecho privado, esa atribución [la facultad de liquidación unilateral] no podía derivarse de los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 como normas atributivas de una potestad administrativa, sino exclusivamente del acuerdo de voluntades, por lo que su existencia y alcance deben determinarse a partir del clausulado. La cláusula vigésima segunda dispuso que el contrato sería liquidado de común acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación y que durante esa etapa las partes podrían acordar los ajustes, revisiones, reconocimientos y transacciones a que hubiera lugar, para después estipular que, si no comparecían o no alcanzaban acuerdo sobre el contenido de la liquidación, esta sería practicada directa y unilateralmente por el Departamento. La facultad fue, por tanto, conferida de manera expresa y quedó condicionada al fracaso de la etapa bilateral, mientras que la remisión al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 incorporó el término dentro del cual podía ejercerse, sin modificar su fuente contractual ni convertirla en una prerrogativa pública. La mención adicional del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 tampoco le atribuyó una naturaleza distinta ni amplió materialmente las competencias conferidas por la estipulación. El alcance de la facultad debe definirse con arreglo a los términos en que fue pactada (…). [L]a estipulación no lo [al Departamento] autorizaba para resolver con fuerza vinculante las controversias subsistentes, crear o imponer obligaciones nuevas, extinguir créditos discutidos ni atribuir efectos transaccionales a su propia posición sobre las reclamaciones de COREDI. (…) [E]l Departamento contaba con una facultad contractual expresa para practicar la liquidación unilateral, la ejerció oportunamente, después de que no fue posible alcanzar un acuerdo bilateral y mantuvo el balance dentro de lo ejecutado, reconocido y pagado, sin definir unilateralmente derechos u obligaciones controvertidas.
NOTA DE RELATORÍA:
NO SE IDENTIFICA NOTA DE RELATORIA RELEVANTE.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
CONTRATO / SERVICIO EDUCATIVO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / COSTO DIRECTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO / RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Problema jurídico:
¿En el contrato de administración del servicio educativo regido por el Decreto 2355 de 2009, el valor fijo por alumno determinado con fundamento en los componentes de la canasta educativa ofrecidos debe reajustarse según el costo efectivamente ejecutado por el contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 5 de la citada norma [Decreto 2355 de 2009] ordena determinar el valor por estudiante “teniendo en cuenta los componentes de la canasta educativa ofrecidos”, expresión que remite de manera inequívoca a la oferta y no a la ejecución, y ordena calcular el valor total multiplicando ese valor unitario por “el número de estudiantes atendidos”, con lo que radica la variabilidad del negocio en la cobertura y no en el precio. El artículo 17, a su turno, califica la retribución como “suma fija”, reitera que se causa “por alumno atendido” y precisa que corresponderá “exclusivamente” al costo de los componentes aportados, adverbio que cumple una función de tope y no de garantía, en un esquema en el que el contratista administra establecimientos oficiales cuya infraestructura pertenece al ente territorial y en el que los bienes adquiridos con recursos públicos ingresan al patrimonio de este. (…) [E]l inciso 2 del artículo 5 refuerza la conclusión contraria al prohibir que en los contratos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, el valor reconocido por alumno atendido supere la asignación definida por la Nación, así como al ordenar que cualquier exceso se financie con recursos propios de la entidad territorial, previsión que carecería de sentido si el valor unitario debiera acomodarse automáticamente al costo en que el contratista incurriera. (…) [L]a interpretación propuesta por el apelante no se acompasa con la fuerza obligatoria del contrato ni con la intención común que revelan sus cláusulas. Si el precio unitario tuviese que ajustarse siempre al costo ejecutado, la contraprestación de la entidad contratante quedaría indeterminada al momento de contratar y sujeta a la magnitud del gasto que el contratista decidiera realizar, con lo que el negocio dejaría de ser de valor unitario para convertirse en uno de administración delegada con reembolso de costos, categoría que ni la regulación especial ni el clausulado contemplan y que resultaría incompatible con la disponibilidad y el registro presupuestales expedidos por un monto cierto (…). En consecuencia, el Tribunal acertó al concluir que, una vez fijado el valor por alumno, la remuneración dependía de los estudiantes efectivamente atendidos y de la canasta ofrecida, sin que el contrato obligara al Departamento a reembolsar todos los costos en que el contratista hubiera incurrido cuando no resultaran de la fórmula pactada. Como no existía una obligación de reajustar el precio unitario según el gasto ejecutado, su negativa no constituyó incumplimiento y el primer cargo no prospera.
NOTA DE RELATORÍA:
NO SE IDENTIFICA NOTA DE RELATORIA RELEVANTE.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2355 DE 2009 - ARTÍCULO 17 INCISO 2, DECRETO 2355 DE 2009 - ARTÍCULO 5, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1622
CONTRATO / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ESTUDIANTE / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SERVICIO EDUCATIVO
Problema jurídico:
¿Debe declararse el incumplimiento de la entidad territorial por no reconocer al contratista los costos derivados de la disminución de la matrícula estudiantil, cuando dicha variación fue un riesgo expresamente previsto en el contrato, asociado a la remuneración por alumno atendido, y no se acreditó la ocurrencia de una circunstancia extraordinaria e imprevisible que alterara la distribución contractual de riesgos?
Respuesta al problema jurídico: No
Sostiene el apelante que el a quo incurrió en un indebido análisis al calificar como previsible la disminución del número de estudiantes, comoquiera que esta pudo obedecer al desplazamiento por causa de la violencia, a la alta ruralidad de las comunidades beneficiadas, a la movilidad poblacional o a otros factores desconocidos por ambas partes al momento de contratar, todo lo cual configuraría circunstancias extraordinarias y anormales cuyos efectos económicos debe soportar la entidad. (…) Para que una circunstancia sobreviniente pudiera desplazar el riesgo hacia la entidad sería necesario que se tratara de un hecho extraordinario, imprevisible y ajeno a la distribución de riesgos pactada, presupuesto que aquí no concurre, pues la variación de la matrícula fue expresamente prevista por las partes y sus consecuencias económicas quedaron vinculadas a la remuneración por alumno atendido. El contrato sujetó el pago a la cobertura efectiva, calificó el listado inicial como marco de referencia y asignó a la parte actora los deberes de informar la variación, sostener la relación alumno-grupo y adaptar su estructura mediante un modelo flexible, la reubicación de docentes o la modificación de los establecimientos atendidos. El expediente muestra, además, que el contratista mantuvo casi inalterado el componente de recurso humano pese a los requerimientos para ajustar la canasta a la población realmente atendida. (…) [L]a variación de la matrícula fue expresamente contemplada y sus consecuencias económicas quedaron vinculadas al número de estudiantes atendidos, mientras que el contrato no garantizó la concurrencia de la población proyectada ni estableció que el Departamento reembolsaría los costos que no pudieran absorberse con la remuneración causada. Como la parte actora tampoco demostró que la estructura mantenida constituyera el mínimo indispensable para la prestación del servicio ni que una circunstancia extraordinaria hubiera superado el riesgo contractualmente distribuido, la negativa de la entidad territorial a reconocer esa diferencia no constituyó incumplimiento y el segundo cargo no prospera.
NOTA DE RELATORÍA:
NO SE IDENTIFICA NOTA DE RELATORIA RELEVANTE.
VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO / INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN DEL JUEZ / VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Las comunicaciones unilaterales en las que el contratista afirma mayores costos de ejecución y solicita un reajuste, y el testimonio de quien tuvo a su cargo la parte administrativa del contrato por cuenta de aquel, demuestran por sí solos la causación y la cuantía del crédito reclamado, en ausencia de soportes contables y financieros?
Respuesta al problema jurídico: No
[U]na cosa es que esos documentos prueben la existencia y la oportunidad de la reclamación, y otra, distinta, es que prueben su fundamento y su cuantía. Las comunicaciones en cuestión son manifestaciones unilaterales del contratista en las que se afirma un costo de ejecución y se solicita un reajuste, de manera que su mérito demostrativo se agota en dar cuenta de que la solicitud se formuló, sin que de ellas pueda derivarse la efectiva causación de las erogaciones allí relacionadas. El Tribunal no incurrió, pues, en falta de valoración, sino que atribuyó a esas piezas el alcance que les corresponde. (…) En cuanto al testimonio (…), valorado en su integridad debe indicarse que, si bien resulta ilustrativo sobre la mecánica de conformación de la canasta educativa y sobre las dificultades operativas derivadas de la dispersión rural, no puede suplir la ausencia de prueba sobre las erogaciones. (…) [E]n el segundo [plano de la declaración], relativo a la magnitud de las erogaciones y al monto del desbalance reclamado, la declaración carece de aptitud demostrativa, pues el testigo estuvo vinculado al contratista y tuvo a su cargo la parte administrativa del contrato, de modo que su dicho debe apreciarse con el rigor que impone esa relación, y en todo caso, sus afirmaciones sobre la magnitud del gasto no vienen acompañadas de soporte documental alguno. (…) De lo expuesto se sigue que, (…) la pretensión tampoco podría prosperar por falta de prueba del crédito. Del solo cuadro de ejecución elaborado por la actora no es posible establecer que las erogaciones se causaron, que correspondían a la ejecución necesaria del contrato, ni que debían ser asumidas por el Departamento. Sin los soportes contables y financieros ni una confrontación técnica con la fórmula de pago, la Sala carece de parámetros ciertos para concluir que quedó insoluta una parte de la remuneración. La súplica subsidiaria de reconocer el valor que se acreditara dentro del proceso tampoco puede abrirse paso, pues no fue acreditado valor alguno. El tercer cargo, en consecuencia, no prospera.
NOTA DE RELATORÍA:
NO SE IDENTIFICA NOTA DE RELATORIA RELEVANTE.
COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Es procedente imponer condena en costas a la parte recurrente vencida en segunda instancia, de conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, cuando no se encuentra acreditada la causación de agencias en derecho por falta de actuación procesal de la contraparte?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 188 del CPACA dispone que la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de Procedimiento Civil, actualmente CGP. El artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 de esta codificación, sería procedente la condena en costas en esta instancia a la parte demandante, toda vez que en esta providencia se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación que propuso al mantenerse la negativa de las pretensiones. No obstante, el numeral 8 de la norma referida dispone que “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, con fundamento en lo cual, la posición mayoritaria actual de la Sala ha establecido que solo hay lugar a fijar agencias en derecho cuando su causación se encuentre acreditada mediante la actuación efectiva de los apoderados. En este caso, la entidad demandada no actuó en segunda instancia, por lo que no se causaron agencias en derecho a su favor.
NOTA DE RELATORÍA:
NO SE IDENTIFICA NOTA DE RELATORIA RELEVANTE.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-09-21. C.P. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ. Rad. 05001233300020200021301. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020200021301-74687-sentencia).
