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clave: "consejo_estado:providencia:05001233300020180148501-72745-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: no puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-09-01"
radicado: "05001233300020180148501"
numero: "72745"
ponente: "FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ"
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# Consejo de Estado: no puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-09-01
- **Radicado:** 05001233300020180148501
- **Número interno:** 72745
- **Ponente:** FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** DIÓCESIS DE SANTA ROSA DE OSOS
- **Demandado:** ANTIOQUIA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020180148501-72745-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233300020180148501/116214B49C760A5D42FB16A5995F43FBA2C6545120760AB8CDC064322B8DDA8B/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201801485011100103

## Problema jurídico

¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación, sin que estos hayan sido objeto de debate en la demanda o la contestación?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Está sometido al régimen de contratación pública un contrato de prestación del servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa?
- ¿Pueden considerarse actos administrativos las manifestaciones contractuales realizadas por una entidad pública en contratos estatales regidos por normas de derecho privado?
- ¿Constituyen actos administrativos las resoluciones expedidas por una entidad pública para liquidar unilateralmente un contrato estatal regido por normas de derecho privado?

## Extracto

No es viable referirse a las modificaciones a la causa petendi que se busquen introducir mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho fundamental al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las excepciones planteadas en la contestación, con lo que se busca impedir que se sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio.

## Síntesis temática

El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación si estos no han sido objeto de debate en la demanda o la contestación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que exigen que el fallo se ajuste a los hechos y pretensiones formulados en la demanda y las excepciones planteadas en la contestación, evitando sorprender a las partes con decisiones sobre aspectos no debatidos. El contrato de prestación de servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa no está sometido al régimen de contratación pública, sino a las normas del Código Civil y del Comercio, y a disposiciones especiales en materia de prestación del servicio educativo, conforme a la Ley 1294 de 2009 y su reglamentación. En contratos estatales regidos por normas de derecho privado, los actos contractuales emitidos por la entidad pública no se consideran ejercicios de potestades administrativas, manteniendo la igualdad entre contratantes, aunque pueden convenir una etapa de liquidación del contrato para definir reajustes, revisiones o reconocimientos, siempre dentro de los límites del orden público y las buenas costumbres.

## Descriptores temáticos

DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, RECURSO DE APELACIÓN, EXCEPCIÓN PREVIA, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, HECHOS DE LA DEMANDA, DEBATE PROBATORIO, SENTENCIA, SEGUNDA INSTANCIA, ENTIDAD SUJETA A RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL, CONTRATO ENTRE PARTICULARES, SERVICIO EDUCATIVO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IGLESIA, CONFESIÓN RELIGIOSA, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ENTIDAD TERRITORIAL, ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO ESTATAL, CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, ACTO CONTRACTUAL, ACTO ADMINISTRATIVO, POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, IGUALDAD DE ACCESO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, BALANCE, ORDEN PÚBLICO, COSTUMBRE, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE IGUALDAD, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALSA MOTIVACIÓN, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL, PRECIO UNITARIO, CONTRATISTA, OBJETO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, IMPREVISIBILIDAD, CORPORACIÓN PÚBLICA, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS IGLESIAS, ESTUDIANTE, CERTIFICADO DE TIEMPO DE SERVICIO, CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, OBLIGACIONES DEL CONTRATO, COSTAS PROCESALES, AGENCIAS EN DERECHO, APODERADO JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALARIO MÍNIMO LEGAL, CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

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## Texto del documento

DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RECURSO DE APELACIÓN / EXCEPCIÓN PREVIA / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / HECHOS DE LA DEMANDA / DEBATE PROBATORIO / SENTENCIA / SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación, sin que estos hayan sido objeto de debate en la demanda o la contestación?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [N]o es viable referirse a las modificaciones a la causa petendi que se busquen introducir mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho fundamental al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las excepciones planteadas en la contestación, con lo que se busca “impedir que se sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la inviabilidad de la modificación de la causa petendi mediante el recurso de apelación, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y del 12 de julio de 2024, exp. 70692, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
ENTIDAD SUJETA A RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL / CONTRATO ENTRE PARTICULARES / SERVICIO EDUCATIVO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / IGLESIA / CONFESIÓN RELIGIOSA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ENTIDAD TERRITORIAL / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Está sometido al régimen de contratación pública un contrato de prestación del servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l legislador estableció un régimen jurídico especial para los contratos de prestación del servicio educativo suscritos con las iglesias o confesiones religiosas, los cuales están sometidos, por regla general, a las mismas condiciones establecidas para la contratación entre particulares, salvo los aspectos concretamente regulados por las normas enunciadas en precedencia (en materia, por ejemplo, de la idoneidad del prestador del servicio, el cálculo de su remuneración y la realización de estudios previos, entre otros). Comoquiera que la última disposición citada fue reglamentada por el Decreto 2355 de 2009, en el que se señaló que la administración del servicio educativo con las iglesias y confesiones religiosas es una de las modalidades de contratación que las entidades territoriales pueden emplear en esta materia, dicha tipología debe entenderse comprendida en el régimen contractual previsto en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994. Por tal motivo, es dable concluir que el contrato 2014-SS-15-0012 no se encontró sometido a las normas de contratación pública, sino a las propias del Código Civil y de Comercio, así como las disposiciones especiales en materia de prestación del servicio educativo (aun cuando en su clausulado se hubiese hecho referencia a algunas del EGCAP).
NOTA DE RELATORÍA:
Esta Corporación ya se ha pronunciado sobre el régimen jurídico de los contratos suscritos por entidades territoriales con comunidades religiosas bajo el amparo de la Ley 1294 de 2009. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1 de junio de 2022, exp. 42.763. C.P. Guillermo Sánchez Luque. En esta providencia se indicó: “Es claro que cuando se cumplieran los requisitos de insuficiencia en las instituciones educativas del Estado establecidas en las citadas disposiciones, los requisitos para contratar los servicios educativos con iglesias y confesiones religiosas serían los previstos en el derecho privado y no los establecidos en la Ley 80 de 1993”.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2355 DE 2009, DECRETO 410 DE 1971, LEY 115 DE 1994 - ARTÍCULO 200, LEY 1294 DE 2009 - ARTÍCULO 1, LEY 84 DE 1873
CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / ACTO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO / POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / IGUALDAD DE ACCESO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / BALANCE / ORDEN PÚBLICO / COSTUMBRE
Problema jurídico:
¿Pueden considerarse actos administrativos las manifestaciones contractuales realizadas por una entidad pública en contratos estatales regidos por normas de derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [T]ratándose de contratos estatales sometidos a las normas de derecho privado, la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera ha precisado que los actos contractuales emitidos por la respectiva entidad pública en el desarrollo negocial no pueden reputarse como el ejercicio de potestades administrativas, comoquiera que los contratantes se encuentran en un plano de igualdad que impide la aplicación de tratos diferenciados o prerrogativas a favor del organismo estatal. En ese sentido, se ha concluido que dichas manifestaciones no pueden analizarse como actos administrativos, y ellos no pueden adolecer de los vicios que se predican de una manifestación de la voluntad de la administración. Sin embargo, también se ha precisado que es posible que los contratantes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, convengan una etapa de liquidación del negocio como un mecanismo para definir los reajustes, revisiones o reconocimientos a que haya lugar, con el fin de declararse a paz y salvo. Inclusive, nada obsta para que se otorgue dicha facultad a la entidad pública contratante, para que sea ésta la encargada de realizar el balance final de cuentas de manera unilateral del vínculo contractual, siempre y cuando la autorregulación de sus intereses se encuentre dentro de los límites que impone la ley, el orden público y las buenas costumbres.
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2024, exp. 53.962, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. En dicha oportunidad se concluyó, de manera amplia, que “la naturaleza de los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, se afilia a la categoría de actos contractuales y no a la de actos administrativos”. Sobre la potestad de los contratantes de convenir la etapa de liquidación del negocio jurídico, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de mayo de 2025, exp. 71.103. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO CONTRACTUAL / ENTIDAD SUJETA A RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL / PRINCIPIO DE IGUALDAD / DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Problema jurídico:
¿Constituyen actos administrativos las resoluciones expedidas por una entidad pública para liquidar unilateralmente un contrato estatal regido por normas de derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: No
En el caso sub examine, el departamento de Antioquia, en ejercicio de la potestad contractual, profirió las Resoluciones S201500308189 del 11 de diciembre de 2015 y S2016060079978 del 6 de octubre de 2016, a través de las cuales liquidó unilateralmente el contrato No. 2014-SS-15-0012. Sobre estas decisiones, la Sala precisa que, pese a que la demandante y el a quo le dieran un tratamiento de actos administrativos, lo cierto es que, de acuerdo con la equivalencia e igualdad en que actuaron las partes según el régimen jurídico aplicable al negocio, aquéllas no gozan de esa condición, por lo que deben ser analizadas como actos jurídicos contractuales.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la naturaleza de los actos jurídicos contractuales y la adecuación de la demanda, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2024, exp. 53.962, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RECURSO DE APELACIÓN / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Debe el juez aplicar el principio iura novit curia para reclasificar jurídicamente los actos cuestionados por falsa motivación, cuando estos no tienen la naturaleza de actos administrativos?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [E]n aquellos eventos en que las pretensiones de la demanda y los cargos de la apelación se enfilen de modo que se eleven cargos propios de nulidad contra actos administrativos -por ejemplo, falsa motivación-, corresponderá al juzgador garantizar el acceso a la administración de justicia, en aplicación del principio iura novit curia y, de ese modo, definir el cauce bajo el cual se logre resolver la controversia planteada entre las partes. En el caso, los reproches concretos del recurso de apelación están dirigidos a que se declare la nulidad de las decisiones por medio de las cuales se liquidó unilateralmente el contrato -bajo el cargo de falsa motivación- y el Tribunal a quo resolvió la controversia en primera instancia bajo esa misma lógica. Pese a ello, debido a que la decisión cuestionada no correspondió a un acto administrativo, los argumentos del recurrente se deben interpretar para efectos de abordar la controversia desde la óptica de la responsabilidad contractual, en atención al mandato imperativo derivado de la máxima iura novit curia, conforme a la cual corresponde al juez la aplicación correcta del derecho.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el control judicial de los actos jurídicos contractuales, ver: Sentencia del 12 de diciembre de 2022, exp. 59.832, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 27 de octubre de 2023, expediente 54709. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO UNITARIO / CONTRATISTA / OBJETO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD SUJETA A RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL / IMPREVISIBILIDAD / CORPORACIÓN PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Deben aplicarse reglas distintas para la remuneración del contratista estatal dependiendo del sistema de precio pactado, sea este global o por precios unitarios, sin importar el régimen jurídico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el fin de dilucidar la forma en la que debía calcularse el valor que debió ser pagado, cabe recordar que esta Corporación ha reconocido que existen distintos sistemas de precio que pueden ser empleados en los negocios del Estado - independientemente de su régimen jurídico-. Así, por un lado, se ha hecho referencia a los contratos por precio global, en los que se establece una remuneración en favor del contratista que incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurrirá para la ejecución de lo pactado, y en virtud de lo cual asumirá la responsabilidad por aquellas actividades requeridas para la satisfacción del objeto contractual, no obstante lo cual dicha responsabilidad no es de carácter absoluto, dado que el ejecutor no está obligado a soportar los riesgos que se encuentren por fuera de su ámbito de control. Por otro, en contraposición a dicha lógica, en el sistema de precios unitarios el contratista se obliga a ejecutar una serie de ítems que en su conjunto satisfacen el objeto contractual, por lo que el pago corresponderá al valor total que resulta de multiplicar las unidades totales por el precio unitario convenido. La diferencia principal entre los dos sistemas de precios referenciados se centra en la determinación del riesgo de la mayor o menor cantidad de actividad que se deba ejecutar para lograr el cumplimiento del objeto contractual. Así, en el precio global, el contratista se compromete a lograr dicha finalidad por el monto acordado en el clausulado, pero no asume riesgos anormales o imprevisibles. Por otra parte, cuando se fijan precios unitarios, se busca que la realización del objeto se ajuste a las cantidades que deben ser desarrolladas, por lo que se estima un valor con mayor o menor grado de certeza en el momento que el negocio queda perfeccionado, no obstante lo cual su determinación final se calculará según la cantidad total ejecutada, por lo que si se realiza menos actividad de la prevista, el monto a reconocer al contratista correlativamente disminuirá y, en contraposición, si es necesario desarrollar mayores actividades el precio aumentará a cargo de la parte que debe la remuneración.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los sistemas de precio empleados en los negocios del Estado, con independencia de su régimen jurídico, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección, sentencia del 31 de agosto de 2011, exp. 18.080. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Respecto al sistema de precio global, ver: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de agosto de 2021, exp No. 44.806, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y, (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de agosto de 2021, exp No. 44.806, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre el sistema de precios unitarios, consultar: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 1999, exp. No. 10.929, C.P. Ricardo Hoyos Duque; y, (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 1999, exp. No. 10.929, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO / IGLESIA / RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS IGLESIAS / CONFESIÓN RELIGIOSA / ESTUDIANTE / CONTRATO ESTATAL / CERTIFICADO DE TIEMPO DE SERVICIO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El Tribunal erró al valorar que la modalidad de remuneración del contrato No. SS-15-0012 de 2014 correspondió al valor que resultase de multiplicar el monto unitario por el número total de alumnos atendidos, sin tener en cuenta la forma en la que se estructuró la canasta educativa en la propuesta?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]sta Sala de decisión pone de presente que, de acuerdo con las normas imperativas que regularon el contrato No. 2014-SS-15-0012 de 2014 -Ley 1294 de 200938 y Decreto 2355 del mismo año-, si bien las entidades territoriales pueden contratar la prestación del servicio educativo con entidades sin ánimo de lucro, su contraprestación financiada con recursos del sistema general de participaciones no puede superar el monto definido por la Nación para cada estudiante y, además, en la modalidad de administración del servicio educativo con las iglesias y las confesiones religiosas, el valor definitivo del negocio se debe determinar teniendo en cuenta la cantidad de alumnos efectivamente atendidos. (…) Esta disposición reglamentaria es concordante con lo previsto en la Ley 1294 de 2009, (…). La anterior previsión no es de impacto menor, comoquiera que se inscribe en la regulación de los recursos del SGP instituido en la Ley 715 de 2001, cuya destinación está prevista, justamente, para la financiación del servicio públ
COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / APODERADO JUDICIAL / RECURSO DE APELACIÓN / SEGUNDA INSTANCIA / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / SALARIO MÍNIMO LEGAL / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Debe imponerse condena en costas a la parte vencida en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Comoquiera que, en el presente asunto, la impugnación de la Diócesis de Santa Rosa de Osos no prosperó, dicha entidad debe ser condenada por este rubro. Las costas procesales se componen, por una parte, de las agencias en derecho (artículo 361 del CGP). En la medida en que se acreditó la gestión de la parte demandada, en segunda instancia, a través de la designación de apoderado judicial que se pronunció sobre el recurso de apelación de la parte demandante, la Sala estima que dicha circunstancia es suficiente para que se disponga dicho concepto en su favor. En cuanto a su monto, el Acuerdo PSAA16-10554 expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, establece que para la fijación de agencias en derecho debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes. También señala que, en los “procesos declarativos en general”, en segunda instancia deben establecerse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese sentido, las agencias para este grado jurisdiccional se establecen a cargo de la Diócesis de Santa Rosa de Osos -derrotada en esta instancia-. Dicha suma corresponderá al equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de la presente providencia, en favor de la parte demandante. Finalmente, la liquidación de las costas deberá ser adelantada por el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del CGP.
NOTA DE RELATORÍA:
En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la demandante (no así a la demandada vencida), podría acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 2080 DE 2021

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-09-01. C.P. FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ. Rad. 05001233300020180148501. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020180148501-72745-sentencia).
