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clave: "consejo_estado:providencia:05001233300020160055301-66241-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: no se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-07-31"
radicado: "05001233300020160055301"
numero: "66241"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
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# Consejo de Estado: no se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-07-31
- **Radicado:** 05001233300020160055301
- **Número interno:** 66241
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** MEMBRILLAL S.O.M., JUPITER S.O.M., LLANADA S.O.M., ESQUIMAL S.O.M.
- **Demandado:** ANTIOQUIA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020160055301-66241-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233300020160055301/D99560B2FD5B4C7E5F13C85F9379DD9977308D19DF5DB4F95ED05AA7206682F1/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201600553011100103

## Problema jurídico

¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales…
- ¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera…
- ¿El concesionario tiene la prerrogativa de renunciar libremente a la concesión?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 85 y 88
- Ley 685 de 2001, art. 108
- Ley 80 de 1993, art. 5

## Extracto

Le compete a la Sala determinar si las Resoluciones No. S2015Q00Q4143 del 16 de febrero de 2015 y No. S201500290166 del 27 de julio de 2015 están viciadas de nulidad, por haber sido expedidas sin competencia, por la configuración previa del silencio administrativo positivo establecido en el artículo 108 de la Ley 685 de 2001.… En criterio de la Sala, el departamento de Antioquia no perdió la competencia para resolver la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera KHP-08081 presentada el 7 de marzo de 2014, dado que el silencio administrativo positivo que se alega no operó en favor del titular minero, por la falta de los requisitos sustanciales previstos en el artículo 108 de la Ley 685 de 2001 para la renuncia que el concesionario pretendió protocolizar como silencio positivo; requisitos que, en esencia…

## Síntesis temática

El contratista no puede invocar el silencio administrativo positivo para renunciar a un contrato de concesión minera si no se encuentra al día con sus obligaciones, según establece la Sala. La entidad estatal no pierde competencia para resolver la solicitud de renuncia cuando el concesionario no cumple con los requisitos legales y contractuales, como estar a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones económicas. La Sala concluye que la expedición de resoluciones que negaron la renuncia no desconoce los efectos del silencio positivo, ya que este no se configura en ausencia de los requisitos materiales del derecho pretendido. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo que el silencio administrativo positivo no opera si el concesionario incumple sus obligaciones, lo que implica que las resoluciones que negaron la renuncia fueron expedidas con competencia y legalidad.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, VICIO DE NULIDAD ALEGADO, NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA, CONFIGURACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, INOPERANCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, TÍTULO MINERO, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTO ADMINISTRATIVO, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA, RECURSO DE REPOSICIÓN, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, FALTA DE CONFIGURACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, AUTORIDAD MINERA, CONTRATO DE CONCESIÓN, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, EXPLOTACIÓN DE MINERALES, ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN PRIMERA INSTANCIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SILENCIO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO FICTO POSITIVO, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PROPIEDAD DEL SUBSUELO, PROPIEDAD ESTATAL SOBRE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, EXPLOTACIÓN DEL SUBSUELO, EXPLORACIÓN MINERA, EXPLOTACIÓN DE LA MINA, PROPIEDAD DE LA MINA, CONTRATO DE ADHESIÓN, NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO, CONDICIONES DEL CONTRATO, MODALIDADES DEL CONTRATO, PRUEBA DEL CONTRATO, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL, EFECTOS DEL CONTRATO, TÉRMINO DEL CONTRATO, EJERCICIO DE LA SERVIDUMBRE, CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL, CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO, CONCESIONARIO, CONCESIÓN, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, MEDIDAS PREVENTIVAS EN INFRACCIÓN AMBIENTAL, MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, AUTORIDAD AMBIENTAL, CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO, PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN, AUSENCIA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD ELEVADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, ACTO ADMINISTRATIVO FICTO, EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO, SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO, TÉRMINO PARA RECONOCER EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, REVOCATORIA DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO PARA EFECTIVIZAR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, PROTOCOLIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, EFECTOS DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA TRIBUTARIA, CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, PRINCIPIO DE LEGALIDAD, OBJETO DEL CONTRATO, CONDENA EN COSTAS, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, CONDUCTA DE LAS PARTES, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, SEGUNDA INSTANCIA, RECURSO DE APELACIÓN, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / VICIO DE NULIDAD ALEGADO / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / CONFIGURACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / INOPERANCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / TÍTULO MINERO / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA / RECURSO DE REPOSICIÓN / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO
Problema jurídico:
¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]e compete a la Sala determinar si las Resoluciones No. S2015Q00Q4143 del 16 de febrero de 2015 y No. S201500290166 del 27 de julio de 2015 están viciadas de nulidad, por haber sido expedidas sin competencia, por la configuración previa del silencio administrativo positivo establecido en el artículo 108 de la Ley 685 de 2001. […] En criterio de la Sala, el departamento de Antioquia no perdió la competencia para resolver la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera KHP-08081 presentada el 7 de marzo de 2014, dado que el silencio administrativo positivo que se alega no operó en favor del titular minero, por la falta de los requisitos sustanciales previstos en el artículo 108 de la Ley 685 de 2001 para la renuncia que el concesionario pretendió protocolizar como silencio positivo; requisitos que, en esencia, se circunscribían a encontrarse el titular al día con todas las obligaciones exigibles al momento de solicitar la renuncia. […] En criterio de la Sala, estas decisiones fueron expedidas con competencia, porque como el concesionario no se encontraba a paz y salvo en sus obligaciones, el silencio administrativo que se alega no operó. […] En este caso, no es posible señalar que la sociedad ESQUIMAL S.O.M. ostentaba un derecho preexistente, reivindicable bajo el silencio administrativo positivo sólo por el simple paso del tiempo. Tal circunstancia carece de asidero jurídico, especialmente porque desde antes de radicarse la solicitud de renuncia ya se encontraba en discusión el no pago de sus obligaciones, todo lo cual se resolvió en contra de la sociedad a través de unos actos administrativos que, a la fecha, tienen su presunción de legalidad incólume. En otras palabras, al presentar la petición, el titular minero guardaba apenas una expectativa por el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 005704 del 14 de febrero de 2014, pero de ninguna manera tenía en su favor consolidado un derecho que permitiera dar por entendido que se encontraba “a paz y salvo con todas las obligaciones exigibles”, como lo dispone el artículo 108 del código de minas. Por tanto, en el caso de la solicitud de renuncia radicada el 07 de marzo de 2015, más allá de la protocolización del silencio administrativo, se resalta el no cumplimiento de los presupuestos legales para acceder a la petición de terminación del contrato por el no pago de las obligaciones económicas fijadas en la cláusula sexta del contrato. Esta condición no solo se encuentra expresamente estipulada en el artículo 108 de la Ley 685 de 2001, sino que se pactó en el contrato No. KHP-08081, que es ley para las partes, en la cláusula décima sexta, según la cual la terminación por renuncia solo procederá “siempre que [el consecionario] se encuentre a Paz y Salvo en el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de concesión”. Así las cosas, en ausencia de los requisitos materiales del derecho que se pretendió cristalizar por la vía del silencio administrativo positivo, no es posible tener éste por configurado, por lo que la Sala concluye que las Resoluciones S2015Q00Q4143 de 16 de febrero del año 2015 y S201500290166 del 27 de julio de 2015 fueron expedidas con competencia y, en tal virtud, el cargo fundado en el desconocimiento de los efectos del silencio positivo no puede prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la consulta de información del estado de los procesos registrada a través de instrumentos electrónicos que es susceptible de valoración, por corresponder a mensajes de datos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de marzo de 2018, rad. 48524, C. P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de mayo de 2018, rad. 44889, C. P. María Adriana Marín. Sobre el silencio administrativo positivo en la actividad contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de abril de 2015, rad. 33127, C. P. Stella Conto Díaz Del Castillo; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de julio de 2015, rad. 37170, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2015, rad. 49915, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de marzo de 2017, rad. 36714, C. P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre el principio de buena fe objetiva aplicable a los contratos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 2011, rad. 18836, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2012, rad. 22642, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 85, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 88, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 108, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1063, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUTORIDAD MINERA / CONTRATO DE CONCESIÓN / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / EXPLOTACIÓN DE MINERALES / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SILENCIO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO FICTO POSITIVO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales, contrato que fue debidamente adjudicado y perfeccionado?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el presente asunto, la parte actora demandó la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el departamento de Antioquia, como autoridad minera, negó la solicitud de renuncia al contrato de concesión No. KHP-08081 presentada por la sociedad ESQUIMAL S.O.M., lo cual torna la controversia planteada en un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales de oro, platino y sus concentrados en los municipios de Dabeiba y Frontino, contrato que fue debidamente adjudicado y perfeccionado; por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 293 de la Ley 685 de 2001 -norma especial de competencia aplicable al presente asunto debido a la naturaleza del negocio jurídico en litigio-, la competencia en primera instancia residía en los Tribunales Administrativos. En ese orden de ideas, la Sala es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia, comoquiera que en el sub lite se analiza el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 11 de agosto de 2020. […] En ese orden de ideas, con la nulidad de las referidas resoluciones, lo que pretende la parte actora es que se le dé validez a los efectos del acto administrativo positivo y, por tanto, se entienda que, con su silencio, la entidad aceptó la petición de renuncia y el contrato de concesión minera KHP-08081 terminó una vez operó el acto ficto positivo. Así, como lo que en el fondo se discute es la terminación del contrato No. KHP-08081, suscrito por el departamento de Antioquia y la sociedad ESQUIMAL S.O.M., el término de caducidad aplicable al presente asunto es el de 2 años previstos en el numeral 2, literal j), del artículo 164 del CPACA, el cual deberá ser contabilizado desde el momento en que al demandante se le notificó la resolución S201500290166 del 27 de julio de 2015, mediante la cual se confirmó la decisión S2015Q00Q4143 del 16 de febrero de 2015, que negó la solicitud de renuncia, causal de terminación contemplada en la Ley 685 de 2001.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la potestad del juez de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, rad. 46005, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 108, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 293
PROPIEDAD DEL SUBSUELO / PROPIEDAD ESTATAL SOBRE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES / EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES / EXPLOTACIÓN DEL SUBSUELO / EXPLORACIÓN MINERA / EXPLOTACIÓN DE LA MINA / PROPIEDAD DE LA MINA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONTRATO DE ADHESIÓN / NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO / CONDICIONES DEL CONTRATO / MODALIDADES DEL CONTRATO / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / PRUEBA DEL CONTRATO / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL / EFECTOS DEL CONTRATO / TÉRMINO DEL CONTRATO / EJERCICIO DE LA SERVIDUMBRE / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / AUTORIDAD MINERA / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO
Problema jurídico:
¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Constitución Política de 1991 le reconoció expresamente al Estado su condición de único propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, y le asignó al legislador la función de determinar o establecer las condiciones de explotación de dichos recursos. En observancia de tales mandatos superiores, la Ley 685 de 2001 […] estableció que el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse “mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional”. El artículo 45 del indicado estatuto define el contrato de concesión minera como aquel que se celebra entre el Estado y un particular para que éste, por su cuenta y riesgo, adelante actividades de exploración y explotación de minerales de propiedad estatal que se hallen dentro de una zona determinada, todo ello en los términos y condiciones previstos en la misma ley. […] La Ley 685 de 2001 refiere de manera detallada las características del contrato mencionado. En términos generales, el artículo 49 del aludido código establece que la concesión minera es un acuerdo de adhesión, por cuanto no admite prenegociación de sus términos, condiciones y modalidades, en tanto que el artículo 50 reitera que, para su perfeccionamiento y prueba, el negocio jurídico debe ser inscrito en el Registro Minero Nacional. Tal inscripción determina, entonces, el surgimiento del contrato a la vida jurídica y la posibilidad de que produzca efectos legales frente a las partes y frente a terceros. De ahí que el artículo 70 del estatuto referido establezca que el término de duración de la concesión minera se cuenta desde la fecha de su inscripción en el registro. El artículo 58 de la misma codificación enuncia los derechos que surgen del contrato de concesión minera, negocio este que –a la luz de la norma- le otorga al concesionario la facultad excluyente de efectuar dentro de la zona concedida, los estudios, trabajos y obras necesarias para determinar la existencia de los minerales objeto del contrato y para explotarlos “de acuerdo con los principios, reglas y criterios propios de las técnicas aceptadas por la geología y la ingeniería de minas”. Según la misma disposición, la concesión minera también le concede a su titular el derecho a instalar, dentro y fuera de la zona afectada al contrato, los equipos y obras q

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

vincularse mediante este acto unilateral; pero, para que sea efectivo, el titular minero debe haber cumplido con todos los deberes asumidos por virtud de la concesión. Si esta condición no se cumple, la renuncia no será suficiente para extinguir el vínculo jurídico. En suma, como con la renuncia solo se extinguen las obligaciones futuras y no las ya existentes, el titular minero debe estar al día en sus compromisos al momento de solicitarla. Sin el cumplimiento de esta condición, la renuncia no tendrá validez jurídica y no se podrá proceder con la terminación del contrato.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 108
SILENCIO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN / AUSENCIA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD ELEVADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / TÉRMINO PARA RECONOCER EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / REVOCATORIA DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO PARA EFECTIVIZAR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / PROTOCOLIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / EFECTOS DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA TRIBUTARIA / EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / OBJETO DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿El silencio administrativo se presenta cuando la Administración no responde a las solicitudes o recursos presentados por los ciudadanos, resultando en un acto ficto o presunto que, según el caso, puede implicar la aceptación o negación de lo solicitado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El silencio administrativo es un mecanismo legal previsto para salvaguardar el derecho de petición, estipulado en el artículo 23 de la Constitución Política. Este fenómeno se presenta cuando la Administración no responde a las solicitudes o recursos presentados por los ciudadanos, resultando en un acto ficto o presunto que, según el caso, puede implicar la aceptación o negación de lo solicitado. Los efectos del silencio administrativo, según los artículos 83 y 84 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo son, generalmente, negativos. Esto significa que, solo en los casos específicamente previstos en leyes especiales el silencio tiene efectos positivos, en todos los demás casos se considerará como una negación. De conformidad con el artículo 84 de la Ley 1437 de 2011, los términos para que se considere producida la decisión positiva presunta, comienzan a contarse desde el día en que se presentó la petición o recurso, y tiene los mismos efectos de una decisión expresa de la administración, al punto que puede ser objeto de revocatoria directa en los términos establecidos en los artículos 93 y siguientes del mismo estatuto procesal. Esto garantiza que, aunque la decisión se haya producido por silencio, sigue sujeta a control y puede ser revisada para asegurar su legalidad y conformidad con el derecho. El artículo 85 de la Ley 1437 de 2011 detalla el procedimiento que se debe seguir para invocar el silencio administrativo positivo. El interesado debe protocolizar una constancia o copia de la petición original junto con una declaración jurada afirmando que no ha recibido notificación de la decisión dentro del término previsto. Este proceso formaliza la presunción de aceptación de la solicitud. Una vez protocolizados los documentos, la escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la decisión favorable solicitada. Es decir, se consideran como una decisión válida de la administración, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla. Los actos administrativos fictos cobrarán fuerza de ejecutoria a partir del día siguiente a su protocolización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87, numeral 5 de la Ley 1437. En suma, el silencio administrativo positivo, según la Ley 1437 de 2011, es una medida que busca garantizar la eficiencia y eficacia en la respuesta de la administración pública. Solo aplica en casos específicos previstos por la ley y permite que la falta de respuesta de la administración se considere una aceptación tácita de la solicitud. No obstante, en materia contractual, esta Corporación ha sostenido que la figura del silencio administrativo positivo no fue concebida por el legislador para subsanar o convalidar situaciones irregulares ni para instituir a favor del contratista derechos inexistentes o relevarlo de sus obligaciones contractuales, pues las actuaciones enmarcadas en él deben ajustarse al principio de legalidad, dado que no son ajenas a este. En ese sentido, es claro que la figura del silencio administrativo positivo no está prevista para dar cabida a cualquier pretensión del contratista, menos cuando sea contraria al ordenamiento y extraña al objeto del contrato y a sus propias obligaciones contractuales […].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el silencio positivo contractual, el cual no es fuente de obligaciones, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de junio de 2023, rad. 56854, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 23, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 84, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 85, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 87 NUMERAL 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 93
CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / CONDUCTA DE LAS PARTES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿Hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. En efecto, como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino los supuestos decantados por la norma. El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso […]. En este asunto el proceso llegó a segunda instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, el cual no prosperó, por lo que será condenada en costas. En consecuencia, la Sala fijará como agencias en derecho un total de 1 SMLMV, monto que será reconocido en favor del departamento de Antioquia. La liquidación de las costas la realizará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 ejusdem.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-07-31. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 05001233300020160055301. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020160055301-66241-sentencia).
